El consejero reclama que Berges deje su cargo en el PSOE Aragón si el Ayuntamiento mantiene la impugnación
El recurso de Pedrola contra la gigafactoría de baterías de Stellantis-CATL ha llevado al consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, a exigir su retirada y reclamar responsabilidades políticas. López ha pedido este viernes al Ayuntamiento que desista del contencioso-administrativo contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA). Si lo mantiene, ha instado a la alcaldesa, Manuela Berges, a dimitir como secretaria de Organización del PSOE Aragón o, llegado el caso, a que la secretaria general, Pilar Alegría, la cese de ese cargo.
El consejero ha advertido de que el recurso “puede dañar la confianza de los inversores en el mayor proyecto industrial de la historia de Aragón, que prevé una inversión de 4.100 millones de euros y la creación de más de 4.000 empleos”. Ha defendido que la futura planta contribuirá a sostener el empleo de la automoción durante la transición al vehículo eléctrico y ha recordado que Pedrola, al igual que otros municipios del entorno, se ha beneficiado de la implantación de empresas proveedoras y auxiliares de Stellantis.
LAS CARRETERAS Y LOS INGRESOS MUNICIPALES, EN EL CENTRO DEL RECURSO
López ha cuestionado los argumentos del Ayuntamiento al recordar que, durante la exposición pública del PIGA en agosto de 2025, únicamente presentó alegaciones sobre cuestiones energéticas ajenas al proyecto. Según ha señalado, el consistorio expresó entonces su conformidad y asumió tanto la pérdida de competencias urbanísticas como de ingresos por tributos como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). “Por eso no se entiende que ahora se invoque en el recurso la invasión de competencias municipales y la pérdida de ingresos”. También ha aludido a las declaraciones de Berges del jueves, cuando vinculó la impugnación a la exclusión de determinadas infraestructuras del PIGA, entre ellas una circunvalación que, según la alcaldesa, supondría un coste de 800.000 euros para Pedrola.
Frente a ese planteamiento, el consejero ha precisado que los principales accesos a la planta discurren por la autovía A-68 y la carretera A-122, cuya titularidad y conservación corresponden al Estado y a la comunidad autónoma, respectivamente. Además, ha detallado que, de los 7,4 kilómetros de viales que rodean la factoría de Stellantis y la futura fábrica de baterías, solo un kilómetro pertenece a una vía municipal de Pedrola. Se trata de un tramo asfaltado “que siempre ha mantenido y conservado, tal como le corresponde, el ayuntamiento”.
López ha lamentado que Berges no trasladara previamente sus inquietudes ni al consejero ni a la empresa antes de acudir a los tribunales, donde el recurso ya ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Asimismo, ha recordado que la gigafactoría dispone del respaldo del Gobierno de España y de una importante financiación con fondos europeos. Con ese contexto, ha emplazado al Ayuntamiento de Pedrola a resolver las discrepancias mediante el diálogo. “Aragón necesita certidumbre para asentar la industria del presente y del futuro, necesita empleo”, ha concluido.
