El Ayuntamiento de Linares y su compañía aseguradora han reconocido la vulneración del derecho al honor de una vecina y han acordado indemnizarla de forma conjunta y solidaria con 15.000 euros, después de que la Policía Local difundiera públicamente su imagen sin pixelar a través de sus redes sociales oficiales. El acuerdo, recogido por Europa Press, ya se ha ejecutado y se ha abonado la cantidad acordada a la perjudicada. Los hechos se remontan a una publicación realizada en la cuenta oficial de Instagram de la Policía Local de Linares. En dicha publicación se mostraba el rostro de la afectada, lo que permitió su identificación pública y la vinculó con un accidente de tráfico en el que se la relacionaba con la conducción bajo los efectos del alcohol. Según ha informado el despacho CH Abogados, la mujer interpuso una demanda contra la administración local y su aseguradora por la vulneración de los derechos fundamentales al honor y a la propia imagen, reclamando una compensación por los daños y perjuicios ocasionados. El procedimiento judicial llegó a iniciarse y, durante la celebración de la vista oral, declararon varios agentes de la Policía Local. Sin embargo, ninguno de los comparecientes pudo identificar quién era la persona responsable de gestionar las redes sociales de la Jefatura en el momento de los hechos ni quién había realizado concretamente la publicación. Esta falta de identificación obligó a interrumpir el juicio para acordar la práctica de nuevas diligencias y señalar una fecha posterior para su continuación, con el fin de que compareciera el encargado de las redes sociales. No obstante, antes de alcanzar dicha fecha, el Ayuntamiento de Linares y la compañía asegurado alcanzaron el acuerdo con la representación de la perjudicada. La resolución ha sido homologada mediante el Auto 168/2026, de 28 de octubre, dictado por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Jaén, Plaza número 2, declarando finalizado el proceso. El letrado Carlos Chamorro ha manifestado que este caso “trasciende la propia indemnización económica” y plantea un debate sobre los límites de las administraciones públicas y el respeto a los derechos fundamentales. “Una persona puede cometer un error, puede verse involucrada en un incidente o incluso ser investigada (...). Pero nada de eso significa que pierda sus derechos fundamentales ni que cualquiera pueda exponerla públicamente”, ha aseverado. Asimismo, el abogado ha rechazado el argumento de la defensa del Ayuntamiento, que justificaba la publicación bajo una finalidad de concienciación ciudadana. “Concienciar a la población no puede convertirse en una excusa para vulnerar el honor, la intimidad o la propia imagen de una persona”, ha señalado Chamorro, incidiendo en que existen otras vías para realizar campañas de seguridad vial sin utilizar el rostro de un ciudadano. “Las redes sociales de una Administración no son un espacio ajeno a la ley ni una zona libre de derechos fundamentales”, ha concluido el letrado, advirtiendo sobre la estigmatización social y el impacto familiar y laboral que sufren las personas afectadas por este tipo de publicaciones oficiales.
Guardar Copiar Silenciar… Descansar… 
