La Audiencia de Bizkaia entiende que el eurodiputado y el digital difundieron una información policial "no contrastada" y acusaron a un hombre de llevar explosivos en su coche Alvise acude a sus primeras generales rodeado de su ejecutiva y abandonado por sus candidatos de las europeas Un tribunal de Euskadi ha condenado al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez a pagar 20.000 euros a un hombre por publicar su foto en su canal de Telegram y asegurar falsamente que se dirigía a Madrid con un coche cargado de “posibles explosivos”. La sentencia, que también condena a Okdiario por difundir la misma información, reconoce que es cierto que la Ertzaintza envió un aviso policial interno apuntando a ese hombre como posible portador de explosivos, pero también que la propia alerta avisaba de que era una información “no contrastada” que, sin embargo, ambos difundieron con su foto incluida. La información –actualmente borrada– fue publicada en primer lugar por el digital Okdiario el 17 de noviembre de 2023 bajo el titular “La Policía busca a un magrebí en un Peugeot 308 sospechoso de llevar un artefacto explosivo a Madrid”. La noticia explicaba que las comisarías de Madrid habían recibido de madrugada un aviso de la Ertzaintza por un sospechoso acusado de llevar el coche lleno de explosivos en dirección a la capital. Una noticia que incluía la foto, el nombre y los apellidos del hombre junto con la matrícula y modelo de su coche. El entonces agitador y hoy eurodiputado Alvise Pérez difundió la misma información horas más tarde en su canal de Telegram, donde la publicación llegó a casi 225.000 personas y obtuvo miles de reacciones de sus seguidores. Expuso la foto, el nombre y los apellidos del hombre, junto al mensaje: “Vehículo con 'posibles explosivos' rumbo Madrid desde Baracaldo. Fuente de Alto Nivel confirma la información e identidad del responsable, presuntamente un paciente fugado de un psiquiátrico. (Descartado terrorismo, según fuentes policiales)”. Tanto la noticia como el mensaje de Alvise omitían un dato clave que sí exponía la propia Ertzaintza en su aviso policial interno sobre esa información: “No está contrastada”. De hecho, el hombre fue parado en un control policial en Barakaldo y los agentes pudieron comprobar que no llevaba ningún explosivo en el vehículo. El digital de Eduardo Inda actualizó la noticia y Alvise editó su mensaje meses después, pero para entonces su fotografía, su nombre y sus apellidos ya circulaban por la red con miles de visualizaciones como un sospechoso de terrorismo. El caso llegó a juicio por la vía civil y un juzgado de Barakaldo condenó a Okdiario, en primera instancia, a indemnizar al hombre con 15.000 euros por vulnerar su honor, pero decidió exonerar a Alvise y otras dos personas más que compartieron la noticia en diversas redes y webs. Ahora, según ha podido comprobar elDiario.es, ha sido la Audiencia Provincial de Bizkaia la que ha confirmado la sentencia contra el periódico y ha añadido también la condena del eurodiputado, que tendrá que pagar 20.000 euros al afectado. Fuentes del caso explican a este medio que el candidato de Se Acabó La Fiesta ya ha anunciado que llevará la condena ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Mientras, su mensaje sigue publicado y accesible con la foto y el nombre del afectado. El tribunal, que ha tenido como ponente a la magistrada Ana García Orruño, no pone en duda que un aviso policial sobre una potencial amenaza terrorista pueda tener interés público y convertirse en una noticia. “No ofrece duda”, dice la sentencia sobre la relevancia pública del asunto. Pero sí cuestiona que tanto la noticia de Okdiario como el mensaje de Alvise en Telegram omitieran que la propia Ertzaintza consideraba que era una información que “no está contrastada”. “La reproducción no fue fiel”, reprocha la Audiencia, y eso llevó a señalar en público a un inocente como un potencial terrorista cuando ni llevaba explosivos ni se había fugado de ningún psiquiátrico. La primera sentencia del caso exoneró a Alvise Pérez al entender que se limitó a rebotar la información de Okdiario. Ahora la Audiencia Provincial explica que el líder de SALF puso datos de su cosecha, sin fuentes conocidas y con premisas falsas, que también vulneraron el honor del afectado. Además de colgar su foto y su nombre, habló de una supuesta “fuente de alto nivel” para detallar que podía llevar “posibles explosivos”. “No se limitó a reproducir una noticia ajena”, dice la Justicia sobre Alvise, sino que comunicó todo de manera que “convertía la sospecha en un dato aparentemente corroborado”. “Reforzó la imputación y la presentó como confirmada por una fuente propia no identificada”. Nueva condena para Alvise por sus bulos La sentencia explica que, dado que la materia prima de la información era un aviso de la Ertzaintza a otros cuerpos policiales que incluía una sospecha no ratificada, eso “eleva al máximo la diligencia exigible” a la hora de comprobar y publicar una información, lo que según la Audiencia Provincial no sucedió en este caso. La advertencia de que era información policial “no contrastada” era “expresa, inequívoca y destacada” y, sin embargo, se publicó sin matices y apuntando a un hombre. “No se exigía al medio sustituir la investigación policial ni alcanzar una certeza absoluta. Se le exigía, de forma mucho más elemental, transmitir fielmente lo que sabía: que existía una alerta policial interna, pero que la propia policía advertía que la información no estaba contrastada”. No se valoraron alternativas “menos lesivas”, como informar de la alerta “sin publicar la fotografía ni el nombre completo” o “destacar expresamente que la información no estaba contrastada”. Que la noticia fuera posteriormente actualizada, añade el tribunal vasco, “debe valorarse favorablemente, pero no elimina la intromisión ya producida”. Otras dos personas que rebotaron la información en LinkedIn y en una página web sí son exonerados. El candidato de Se Acabó La Fiesta ya ha sido condenado por difundir bulos o atentar contra la privacidad de Ana Pastor (7.000 euros), José Luis Ábalos ( 10.000 y 60.000 euros en dos sentencias diferentes), Manuela Carmena (5.000 euros), al propio Eduardo Inda (20.000 euros) o al jefe de Policía de Canarias (10.000 euros). Las diferentes sentencias dibujan el modus operandi seguido por Alvise Pérez desde hace más de un lustro para cargar contra sus rivales políticos y mediáticos a través de sus redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores. Publicar fotos hechas a escondidas a sus objetivos dando a entender que están haciendo algo ilegal o, directamente, inventar bulos, como que Manuela Carmena recibió un respirador en los peores días de la pandemia de COVID y ese material escaseaba en los hospitales de todo el país. El agitador ultra no ha sido condenado por el momento por la vía penal, pero ahora mismo se enfrenta a media docena de causas abiertas en el Tribunal Supremo. Una de ellas está relacionada con la financiación supuestamente ilegal de su campaña a las elecciones europeas de 2024 con 100.000 euros en efectivo, pero el resto tienen que ver precisamente con la difusión de bulos en Telegram o el hostigamiento a rivales y enemigos a través de sus redes sociales.
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