La federación de Ecologistas en Acción Castilla y León , de la que forma parte la asociación soriana ASDEN , ha presentado un recurso de alzada contra la resolución autonómica que permite el uso del fuego en el campo. La organización ambiental exige la suspensión cautelar e inmediata de esta disposición dictada el 8 de octubre de 2026 por la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera , y publicada un día después en el boletín oficial, mediante la cual se autoriza la quema controlada de rastrojos agrícolas durante la campaña 2026/2027 bajo el argumento de controlar las poblaciones de topillo campesino . El escrito registrado por el colectivo fundamenta la supuesta ilegalidad de esta medida en la falta de motivación y transparencia por parte de la administración regional. Según han explicado desde la federación, el texto oficial invoca un informe técnico del ITACYL y un acuerdo del Consejo de Gobierno cuya documentación no se ha hecho pública de manera íntegra, siendo que esta circunstancia impide verificar la existencia de datos técnicos que avalen la proporcionalidad de la actuación en todo el territorio autonómico. De este modo, y al amparo del artículo 53 de la Ley 39/2015 , los recurrentes han solicitado la entrega del expediente administrativo completo , incluyendo los citados estudios y las evaluaciones ambientales correspondientes. Asimismo, la agrupación conservacionista considera que la decisión de la Junta de Castilla y León vulnera la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados . Dicha normativa estatal prohíbe con carácter general en su artículo 27.3 la eliminación mediante fuego de restos vegetales, imponiendo que la quema fitosanitaria sea únicamente un último recurso tras motivar la ineficacia de otros tratamientos previos. A juicio de los ecologistas, la resolución recurrida invalida este principio básico toda vez que permite la combustión como una actuación autónoma, sin requerir ni valorar la idoneidad de otras medidas alternativas. Otro de los puntos de fricción radica en el conflicto directo con las directrices de prevención de incendios forestales . Desde la organización han referido que la habilitación otorgada por una dirección general pretende vulnerar una norma de rango superior, concretamente la Orden FYM/510/2013 , la cual prohíbe expresamente quemar rastrojos durante todo el año en montes y terrenos rústicos situados a menos de 400 metros de los mismos. Con todo, el colectivo estima que la administración incurre en una invasión de competencias, así como en una infracción tanto del principio de jerarquía normativa como de la Ley de Montes . Daños ambientales En lo que respecta a la justificación biológica de la medida, desde Ecologistas en Acción han significado que la propia declaración de situación fitosanitaria excepcional aprobada por el Ejecutivo autonómico reconoce la existencia de un nivel bajo en las poblaciones de estos roedores. Sin embargo, el permiso para el uso del fuego se extiende a toda la comunidad, afectando incluso a comarcas donde históricamente no se han registrado explosiones demográficas de esta especie. Para la federación, a la que pertenece ASDEN en Soria , resulta preocupante que se recurra a medidas drásticas sin un criterio científico riguroso. Tal situación recuerda a la organización los errores cometidos durante la crisis de 2007 , época en la que el reparto masivo de raticidas provocó el envenenamiento de la cadena trófica y el colapso de diversas especies protegidas de aves rapaces . Además de este contexto histórico, el documento advierte de que las quemas agrícolas generan emisiones contaminantes a la atmósfera, degradan tanto la estructura como la materia orgánica del suelo y destruyen la macrofauna edáfica , suponiendo a su vez un riesgo evidente de propagación de fuegos forestales. Así las cosas, la solicitud formal de suspensión cautelar tramitada mediante el artículo 117 de la Ley 39/2015 busca evitar que la ejecución de estas prácticas antes de resolver el fondo del recurso cause daños ambientales de imposible o difícil reparación. Habrá que estar a la espera de la respuesta administrativa a un planteamiento que reclama priorizar la protección de la biodiversidad y el interés público frente a lo que califican como pretensiones sectoriales.
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