Los impuestos son la punta de lanza con la que el PP ha cuestionado las políticas económicas del actual Gobierno. Calificativos como “infierno fiscal”, “voracidad recaudatoria” o “asfixia fiscal” han aparecido habitualmente en los discursos de los líderes de la formación popular para criticar la carga impositiva que se aplica en España. La derecha tiende a preferir una menor carga fiscal y un ejemplo claro es la política que ha mantenido Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, con bonificaciones en los impuestos sobre Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, algo que también han promovido comunidades como Andalucía o Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Castilla y León, La Rioja, Extremadura y Baleares, con bonificaciones de hasta el 99% para familiares directos. Una política que ha sido tachada en muchas ocasiones como un ejemplo de competencia desleal entre comunidades, también conocida como "dumping fiscal". Como baza electoral, los impuestos son el caballo de batalla del PP, pero una fiscalidad baja tiene un coste recaudatorio y para los servicios públicos que puede contrarrestar su atractivo de cara a las urnas, pese al ejemplo madrileño. Un estudio de las universidades de Viena y Zúrich sostiene que un 65% de los españoles apoya las bajadas fiscales, pero cuando se informa a los encuestados sobre las consecuencias (como un menor gasto en servicios públicos), el porcentaje cae unos 10 puntos. Así, el 55% de los españoles rechaza las bajadas de impuestos si suponen menos gasto público o un incremento de la deuda . Por ejemplo, este tipo de políticas pierden pie si se considera que Madrid es uno de los territorios que menos invierte en sanidad por ciudadano (1.779 euros) o que menos paga a sus docentes con respecto al coste de la vida en esta comunidad autónoma. Pese a ello, Madrid sigue cultivando una política de bajadas de impuestos que la presidenta de la Comunidad suele presentar en oposición a las decisiones del Gobierno central. “Tenemos el IRPF más bajo de España y hemos eliminado todos los impuestos propios, la mayoría inventos artificiales, para seguir rascándole el bolsillo a todo el mundo”, señalaba Ayuso en septiembre. Unas políticas que, sin embargo, tienen efectos serios en la recaudación y en los servicios públicos: un informe del think tank World Inequality Lab (WIL) cuantifica en 500 millones de euros lo que la comunidad madrileña habría dejado de ingresar de no estar en vigor el impuesto estatal a las grandes fortunas que estableció el Gobierno en 2022. Las medidas de las distintas comunidades no permiten anticipar lo que está en juego a nivel nacional, ya que muchas competencias están cedidas, pero dan una pista de la posición del PP en materia fiscal. José María Mollinedo, portavoz del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), explica que no todas las autonomías gobernadas por el PP mantienen posiciones como la de Madrid porque ello conlleva renunciar a una parte sustancial de sus ingresos, pero señala la s contradicciones en las que incurren aquellas que defienden una baja fiscalidad y protestan por infrafinanciación . “El modelo de corresponsabilidad buscaba que las comunidades soportasen el peso de sus decisiones para que, cuando deciden tener una carga fiscal baja, esa merma en la recaudación no sea compensada por el Estado”, señala. Si observamos las propuestas a nivel nacional que el Partido Popular ha lanzado en su plan económico, la formación contempla también bajadas impositivas en gravámenes como el IRPF o el IVA, así como en la cotización de los autónomos . En el documento figuran medidas como duplicar el mínimo por descendientes en el IRPF (es decir, lo que Hacienda considera que el contribuyente necesita para cubrir las necesidades básicas de sus hijos y que no tributa) y actualizar la tarifa estatal del IRPF para adecuarla a la inflación. Sobre el mínimo exento, el experto señala que tendría un impacto económico significativo, ya que se doblaría la cantidad actual (5.550 euros), aunque hasta el momento los populares no han hecho pública ninguna memoria que cuantifique el coste que tendría para las arcas públicas. En cuanto a adecuar el IRPF a la inflación, el PP lo ha propuesto para evitar lo que en la jerga económica se denomina progresividad en frío. Este fenómeno es como se define el efecto recaudatorio resultante de no indexar las principales desgravaciones que operan en la base del IRPF a la evolución de los precios. Así, si los salarios suben, cambian a un tramo superior de cotización, pero si se tiene en cuenta el aumento de los precios, puede darse el caso de que pierdan poder adquisitivo y aumente la recaudación en detrimento del trabajador . Sobre esto, Mollinedo explica que es una medida que no se ha tomado nunca porque “tiene un coste recaudatorio muy alto”, señala. “Ningún gobierno lo ha actualizado con la inflación porque hacerlo tiene unos costes brutales. El coste supondría tener que aumentar impuestos por otra vía porque si no sería difícil pagar los servicios públicos sin incurrir en un déficit desbocado”, concluye. Otra de las propuestas del PP que van en la misma línea de rebaja impositiva son aplicar un IVA del 0% a los alimentos básicos –pescado, carne, leche, quesos, aceite, huevos, frutas, verduras y conservas– y reducir del 21% al 10% el IVA a la energía. También plantea la eliminación del IVA para autónomos que facturen por debajo de 85.000 euros. El debate sobre la fiscalidad ha ganado terreno en la precampaña; sin embargo, el dilema principal al que se enfrentarán los partidarios de recortar impuestos es explicar cómo hacerlo sin comprometer la viabilidad de los servicios públicos y manteniendo intactas prestaciones como las pensiones.
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