Qué dice la ley de 2015 que concedía la nacionalidad a descendientes sefardíes y sus diferencias con la ‘ley de nietos’

A raíz de la convocatoria electoral para el próximo 29 de noviembre, publicaciones en redes sociales han comparado la conocida como ‘ley de nietos’ y la suspensión cautelar del derecho a voto de sus beneficiarios con aquellas personas que adquirieron la nacionalidad española por ser judíos sefardíes originarios de España.

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Expertas consultadas por Newtral.es señalan que la principal diferencia se encuentra en la documentación que se requirió a los sefardíes originarios de España que solicitaron la nacionalidad española. En cambio, esta no se le ha exigido a aquellas personas que han pedido la nacionalidad a través de la ‘ley de nietos’ tras la publicación de una instrucción, añaden las especialistas.

Sefardíes. En junio de 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la ley 12/2015 de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España. Estos son los descendientes de los judíos que vivían en la Península Ibérica en el siglo XV, hace más de 500 años, y que fueron expulsados en 1492 tras ser obligados a convertirse al cristianismo.

• La norma de 2015 permitió a aquellos que justificaran una “especial vinculación con España” adquirir la nacionalidad sin renunciar a la que tuvieran anteriormente.

• Estos tuvieron un plazo de tres años desde el 1 de octubre de 2015 para presentar su solicitud, período que se extendió hasta octubre de 2019 después de que el Consejo de Ministros lo prorrogase un año, como contamos en Newtral.es.

Requisitos. Para adquirir la nacionalidad española, los sefardíes originarios de España debían acreditar su condición a través de un certificado de la presidencia de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), por el cargo análogo de la comunidad judía de la zona de residencia del solicitante o por la autoridad rabínica competente y reconocida legalmente en su país.

• También debían presentar un informe que demostrara que los apellidos de la persona interesada pertenecen al “linaje sefardí de origen español”.

• Los solicitantes también tenían que acreditar el uso como idioma familiar del ladino o haketí y aportar la “partida de nacimiento o el certificado matrimonial en el que conste su celebración según las tradiciones de Castilla”.

Para demostrar una “especial vinculación con España”, las personas interesadas en adquirir la nacionalidad por esta vía debían superar pruebas administradas por el Instituto Cervantes para demostrar conocimientos sobre “lengua española, la Constitución, la realidad social y la cultura de nuestro país”.

• También se consideraron pruebas de esa “especial vinculación con España” el haber llevado a cabo “actividades benéficas, culturales o económicas a favor de personas o instituciones españolas y todas aquellas orientadas al estudio, conservación y difusión de la cultura sefardí”.

La solicitud para adquirir la nacionalidad española se registraba en el Consejo General del Notariado (CGN) y se remitía a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) del Ministerio de Justicia, organismo encargado de tramitar y resolver el expediente.

Los datos. Como contamos en Newtral.es, 153.774 sefardíes originarios de España solicitaron la nacionalidad española mediante esta vía en el plazo establecido. Según datos que ha facilitado el ministerio a este medio, y a fecha de publicación de este artículo, 74.543 de ellos la han adquirido.

Estos datos, desglosados de manera trimestral, muestran que las nacionalidades a sefardíes originarios de España comenzaron a otorgarse en el último trimestre de 2016 y la mayoría de ellas se concedieron entre 2020 y 2022.

La ‘ley de nietos’. En Newtral.es hemos explicado que la ‘ley de nietos’ no es una norma independiente. Se trata del nombre informal con el que se conoce a la vía de acceso a la nacionalidad española para los descendientes de ciudadanos españoles que sufrieron el exilio. Está incluida en la ley de memoria democrática en la disposición adicional octava.

• Esta ley entró en vigor en 2022 y el plazo para solicitar la nacionalidad española por dicha vía estuvo abierto durante tres años, hasta octubre de 2025 (los dos años que marcaba la norma y uno de prórroga que se aprobó en el Consejo de Ministros).

Como ha explicado en varias ocasiones el Ministerio de Asuntos Exteriores, aquellos que quisieron optar por la nacionalidad española mediante esta vía no tenían que renunciar a la suya anterior (página 1 y página 3).

Los datos. De acuerdo con los últimos datos facilitados por el Gobierno, a fecha del 31 de agosto, en las oficinas consulares de España en el extranjero se han recibido 1.317.108 solicitudes presenciales de opción a la nacionalidad española mediante la ‘ley de nietos’. 

• Casi 600.700 de ellas han sido aprobadas y cerca de 300.700 personas han sido inscritas en el registro consular que nutre el CERA.

La polémica en torno a la ‘ley de nietos’ surge a raíz de una instrucción publicada días después de la entrada en vigor de la ley de memoria democrática que establecía cómo debía aplicarse la disposición adicional octava.

• Dicha instrucción ampliaba la opción de adquirir la nacionalidad española a personas nacidas en el extranjero y cuyos ascendientes hubieran sido españoles, “sin ningún requisito adicional”; en otras palabras, sin tener que estar vinculadas a una situación de exilio, como explicaron expertas a Newtral.es. 

A raíz de ello, el Tribunal Supremo suspendió de manera cautelar la inscripción en el censo electoral de españoles residentes-ausentes (CERA) de quienes habían obtenido la nacionalidad con la ‘ley de nietos’ y no hubieran presentado documentación que acreditase que eran descendientes de exiliados por motivos políticos, religiosos o de orientación sexual.

• La medida afecta a 163.355 personas.

Similitudes. Patricia Ruiz Bautista, mánager del área de Inmigración y Movilidad Internacional en Ceca Magán Abogados, señala a Newtral.es que tanto la ‘ley de nietos’ como la que concede la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España “comparten una misma idea de reparación, un vínculo del pasado con España”. 

• La experta añade que ambas normas también “otorgan una nacionalidad sin necesidad de residir previamente en España”.

• Además, ninguna de las dos obliga al solicitante a renunciar a su nacionalidad anterior para optar a la española.

Diferencias. Para Ruiz Bautista, la principal diferencia entre ambas normas, y lo que ha llevado a la polémica, es la documentación a aportar que se requirió a los sefardíes originarios de España y que no se ha hecho con la ‘ley de nietos’.

“Cuando se probaba la condición de sefardí, se exigían pruebas con certificados de presidentes de federaciones de comunidades judías, un árbol genealógico, exámenes de idioma y conocimientos socioculturales… Una documentación que no se le ha exigido a la ‘ley de nietos’” tras la publicación de la instrucción, subraya la experta.

• Ruiz Bautista añade que con dicha medida “se presume que todos los que salieron entre 1936 y 1955 salieron por esa condición de exilio y no se han presentado esas pruebas”.

• En el caso de la ley que otorga la nacionalidad a los sefardíes originarios de España, al ser necesaria la aportación de la documentación previamente mencionada y haber realizado las pruebas, “en ningún caso hubo ningún tipo de medida cautelar ni un precedente como el que hay ahora con la ‘ley de nietos’”, explica la experta.

Otra de las diferencias entre ambas normas está en su estructura jurídica: mientras que la ‘ley de nietos’ otorga una nacionalidad por origen, la norma aplicable a los sefardíes originarios de España da una nacionalidad adquirida al tratarse de una carta de naturaleza.

• La nacionalidad de origen “se da a aquellas personas que, aunque no hayan residido en España y se encuentren fuera del país, adquieren un estatus como cualquier nacional español según el artículo 17 del Código Civil”, señala la experta.

• En cambio, la adquirida “depende de cuándo y cómo se adquiere, pues puede ser por opción (hay una serie de personas que pueden tenerla), por carta de naturaleza (como la ley sefardí) o por residencia (alguien que está residiendo legalmente en España y cuando cumple un determinado plazo de residencia puede adquirir la nacionalidad)”, puntualiza Ruiz Bautista.

Con este segundo caso, “la posibilidad de pérdida de nacionalidad es mayor”, añade la experta, pues la de origen está blindada por la Constitución en su artículo 11, que establece que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”.