La asociación ilicitana reclama a las administraciones públicas que suspendan su colaboración con la entidad hasta que se produzca un relevo en su dirección y recuerda que los actos individuales de una persona no representan al conjunto del colectivo LGTBIQ+
ELCHE. La asociación LGTBIQ+ Dimove manifiesta su más absoluta condena y rechazo ante los graves hechos por los que la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a cuatro años de prisión a José Ramón S. B., presidente y coordinador de Alicante Entiende, por un delito de agresión sexual contra una persona migrante en situación de especial vulnerabilidad.
"Desde Dimove consideramos que los hechos recogidos en la sentencia, que todavía no es firme, revisten una extraordinaria gravedad, especialmente por haberse producido en un contexto en el que la víctima había acudido en busca de ayuda y protección", señalan en un comunicado. Según la resolución judicial, el condenado se aprovechó de su posición de poder y de la situación de vulnerabilidad de un solicitante de asilo que había huido de su país por la persecución sufrida a causa de su orientación sexual.
"Resulta absolutamente intolerable que una persona que se presenta públicamente como defensora de los derechos LGTBIQ+ pueda aprovechar una posición de confianza y acompañamiento para cometer actos de esta naturaleza", subrayan, agregando que las entidades que trabajan por la igualdad, la diversidad y los derechos humanos, "tenemos la obligación de garantizar espacios seguros, especialmente para aquellas personas que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad".
"Por ello, desde Dimove exigimos la dimisión inmediata de José Ramón S. B. de la presidencia de Alicante Entiende y de cualquier responsabilidad de representación o dirección que ostente dentro de la organización que opera bajo esa denominación". Consideran que su continuidad al frente de una entidad vinculada al activismo LGTBIQ+ resulta "incompatible" con los principios de respeto, protección, confianza y defensa de los derechos humanos que deben regir su movimiento asociativo.
Esta exigencia responde a la necesidad de que se asuman responsabilidades ante la gravedad de la condena judicial, con independencia de que esta pueda ser recurrida. La presunción de inocencia y el derecho a recurrir deben ser respetados, pero ello no impide exigir responsabilidades asociativas y públicas ante unos hechos que ya han sido objeto de una sentencia condenatoria.
Asimismo, reclaman a las administraciones e instituciones públicas que suspendan temporalmente cualquier colaboración institucional con Alicante Entiende y con la estructura asociativa que la ampara hasta que se produzca un relevo efectivo en su dirección, garantizando que la persona condenada deje de ejercer funciones de representación y responsabilidad. Entendemos que las instituciones deben actuar con coherencia y responsabilidad, evitando respaldar institucionalmente a quienes han recibido una condena por hechos de semejante gravedad.
Un caso individual que no representa al colectivo LGTBIQ+
"Desde Dimove queremos trasladar un mensaje especialmente claro a la sociedad: estamos ante un caso individual y aislado que en ningún caso representa al colectivo LGTBIQ+, a sus entidades ni a las miles de personas que trabajan cada día por la igualdad, la inclusión y la defensa de los Derechos Humanos". Inciden en que la orientación sexual, la identidad de género o la vinculación con el activismo LGTBIQ+ no guardan relación alguna con la comisión de una agresión sexual. La responsabilidad por estos hechos corresponde exclusivamente a quien los ha cometido y no puede extenderse a toda una comunidad.
Dimove se desvincula de manera absoluta de los hechos condenados judicialmente y de cualquier intento de justificar, minimizar o amparar comportamientos de esta naturaleza. "No podemos permitir que la conducta de una persona, por muy visible que haya sido su papel público, se utilice para cuestionar la legitimidad de un movimiento que lleva décadas luchando contra la discriminación, la violencia y la desigualdad", relatan.
Precisamente por respeto al conjunto del colectivo, "consideramos imprescindible que se asuman responsabilidades. La defensa de los derechos LGTBIQ+ no puede convertirse en un escudo frente a conductas que vulneran los derechos fundamentales de otras personas. Quienes ostentan responsabilidades asociativas deben estar sometidos a las mismas exigencias de integridad y responsabilidad que reclamamos al resto de la sociedad".
También queremos advertir del riesgo de que este caso sea instrumentalizado para alimentar discursos de odio, prejuicios o estigmatización contra las personas LGTBIQ+. Frente a cualquier intento de generalización, reivindicamos la labor de las asociaciones y de las personas voluntarias que dedican su tiempo y sus recursos a acompañar a quienes sufren discriminación, ofrecer apoyo psicológico y social, promover espacios seguros y defender una sociedad más justa.
Aclaración sobre Alicante Entiende y su estructura asociativa
Por otra parte, desde Dimove consideran necesario aclarar la estructura organizativa que se presenta públicamente bajo la denominación Alicante Entiende. Según la información de la que dispone la asociación, "Alicante Entiende no constituye actualmente una entidad asociativa independiente, sino una denominación integrada bajo el paraguas de Arcoíris Entiende", organización creada en julio de 2024 que agrupa distintas marcas o denominaciones territoriales, entre ellas Alicante Entiende y Altea Entiende.
Esta circunstancia resulta relevante a la hora de determinar las responsabilidades de representación y dirección, así como para identificar correctamente a la entidad con la que mantienen relaciones las administraciones públicas.
Por ello, reclamamos que el relevo exigido se haga efectivo también en la estructura directiva de Arcoíris Entiende, de manera que no se limite a un cambio de denominación o de representación pública sin consecuencias reales en la organización.
Responsabilidad, transparencia y protección de las víctimas
Por último, la asociación ilicitana quiere expresar su solidaridad con la víctima y con todas aquellas personas que han sufrido violencia sexual, especialmente cuando esta se produce en situaciones de dependencia, desprotección o vulnerabilidad. "Las organizaciones sociales tenemos una responsabilidad especial hacia quienes confían en nosotras. La ayuda y el acompañamiento nunca pueden convertirse en instrumentos de abuso de poder. Por eso, consideramos indispensable que las entidades LGTBIQ+ mantengamos los máximos estándares de transparencia, integridad y protección de las personas a las que atendemos".
Añaden que exigir responsabilidades no debilita al movimiento LGTBIQ+, sino que refuerza su credibilidad y su compromiso con los derechos humanos. "El silencio, la justificación o la falta de consecuencias ante situaciones de esta gravedad sí pueden perjudicar la confianza de la ciudadanía y de las personas que necesitan nuestros servicios". "El colectivo LGTBIQ+ no es responsable de los actos de una persona. Nuestra responsabilidad como entidades es condenarlos sin ambigüedades, proteger a las víctimas y actuar para que nunca puedan repetirse", sentencian.
