Un estudio de investigadores de la London School of Economics y la Universidad de Cambridge advierte de que los polos industriales y tecnológicos parten con ventaja para captar la inversión y de que los planes nacionales pueden reducir el margen de decisión de las regiones
VALÈNCIA (VP). La Comisión Europea quiere dar más peso a la defensa y la innovación en el presupuesto de la Unión Europea para 2028-2034. Ese giro puede concentrar la inversión en los territorios que ya reúnen empresas especializadas, centros de investigación y personal cualificado, y ampliar la distancia con las regiones que tienen menos capacidad para competir por los fondos. Así lo advierten Andrés Rodríguez-Pose, de la London School of Economics, y Federico Bartalucci, de la Universidad de Cambridge, en un estudio publicado en Global Challenges & Regional Science. "Europa no puede recuperar su competitividad dando por perdidas amplias zonas de su territorio", escriben los autores.
La propuesta inicial de Bruselas roza los dos billones de euros para siete años. De ellos, 409.000 millones corresponden al nuevo Fondo Europeo de Competitividad y a Horizonte Europa, el programa comunitario de investigación e innovación. La ventaja de algunas regiones empieza antes de que se abra una convocatoria. Las regiones que ya cuentan con empresas especializadas, centros de investigación y personal cualificado pueden poner en marcha proyectos complejos con más facilidad. Los autores ponen el ejemplo de la defensa, donde fabricar aeronaves o buques exige años de experiencia, una red de proveedores especializados y vínculos con los grandes contratistas. Al dar más peso a sectores como este, el presupuesto puede dirigir más inversión hacia polos donde esas capacidades ya existen.
El reparto de los fondos de cohesión
La Comisión Europea plantea agrupar 14 instrumentos de financiación, entre ellos los fondos regionales y sociales y los de la política agraria común, en planes nacionales y regionales de asociación, uno por Estado miembro. El desembolso de una parte más amplia del presupuesto quedaría ligado al cumplimiento de hitos y objetivos, siguiendo el modelo aplicado a los fondos de recuperación. Bruselas defiende que el nuevo sistema simplificará la gestión y permitirá adaptar mejor las inversiones a las necesidades de cada territorio. Su propuesta contempla la participación de las autoridades regionales y mantiene una asignación mínima para las regiones menos desarrolladas.
La segunda ventaja aparece en el reparto de los fondos de cohesión. Al agruparlos en un plan por país, los autores advierten de que las regiones con más peso económico y más acceso a quienes deciden las prioridades nacionales tendrán más margen para defender sus proyectos. Además, si los desembolsos dependen del cumplimiento de hitos, las administraciones con más personal técnico estarán mejor preparadas para diseñar los proyectos, ejecutarlos y acreditar los resultados. Así, un territorio con menos recursos puede tener más dificultades para acceder a los fondos incluso cuando sus necesidades de inversión son mayores.
La Comunitat Valenciana y Murcia, dos trayectorias industriales distintas
Los mapas del estudio dibujan dos trayectorias distintas en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. En ambas, el peso del empleo manufacturero se sitúa por debajo de la media que utiliza el análisis. Entre 2019 y 2024, sin embargo, el empleo industrial creció en la Comunitat Valenciana y cayó en Murcia, según la clasificación de los autores a partir de datos de Eurostat.
Las dos comunidades quedan fuera del grupo de regiones que el estudio considera mejor preparadas para captar los contratos de defensa más exigentes en tecnología. Esa clasificación combina un indicador de innovación regional con el empleo en la fabricación de material de transporte como aproximación a la capacidad industrial vinculada a la defensa. El posible efecto del nuevo presupuesto para ambas comunidades dependerá también de cómo se repartan los fondos de cohesión en el plan español y del papel que tengan las autonomías al definir sus prioridades. El estudio no calcula cuánto dinero ganaría o perdería cada comunidad.
Los autores plantean reservar por ley una parte de los fondos para las regiones en función de sus desventajas económicas y dar a las administraciones territoriales un papel definido en el diseño de los planes. A su juicio, si las ayudas europeas pierden presencia en las zonas con mayor declive industrial, el efecto puede ser también político y alimentar el euroescepticismo. "La huella de la UE en la inversión se desdibujará", advierten.
El reparto sigue abierto. El Consejo Europeo debatió en octubre un borrador de compromiso de la presidencia irlandesa del Consejo de la UE y pidió avanzar hacia un acuerdo antes de que termine 2026. Ese calendario permitiría aprobar la legislación en 2027 y dar continuidad a la financiación europea a partir de enero de 2028.
