El negocio del cobre robado en Tenerife: 11 detenidos y más de 17 toneladas intervenidas

La Policía Nacional ha detenido a 11 personas por su presunta implicación en el robo de cableado de cobre en Tenerife, en una investigación que ha permitido intervenir más de 17 toneladas de este material. Los agentes han identificado a 14 personas presuntamente relacionadas con los hechos, la mayoría residentes en Cataluña.

La operación comenzó después de que una empresa de telecomunicaciones de Santa Cruz de Tenerife denunciara la desaparición de miles de metros de cableado utilizado en la red de comunicaciones de la Isla. El material cuya sustracción denunció la compañía tenía un valor estimado de 111.772,32 euros.

Las pesquisas también han permitido localizar facturas y justificantes relacionados con la adquisición de cables de cobre a nombre de otra empresa situada en Barcelona, una documentación que forma parte de la investigación policial.

Desaparecen más de tres kilómetros de cable de cobre en Tenerife

La investigación arrancó cuando una empresa encargada de instalar y mantener el cableado de la red de comunicaciones de Tenerife puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.

La compañía había detectado a varios individuos realizando trabajos de extracción de cables de cobre, unas labores que, según la denuncia, correspondían exclusivamente a la empresa responsable de las instalaciones.

Tras realizar un inventario, la entidad comprobó que faltaban 3.402,3 metros de cable de cobre, equivalentes a más de tres kilómetros de material.

El peso total del cobre cuya desaparición se denunció ascendía a 15.421 kilogramos, con un valor económico estimado superior a los 111.000 euros.

Con estos datos, los investigadores del Grupo de Investigación de Delitos contra el Patrimonio del Distrito Norte de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife comenzaron las pesquisas para esclarecer la procedencia y el destino del material.

La Policía interviene 17.300 kilos de cobre y encuentra facturas de Barcelona

Las investigaciones llevaron a los agentes hasta una empresa presuntamente relacionada con los hechos.

En las inmediaciones de sus instalaciones, los policías localizaron e intervinieron 17.300 kilogramos de cobre, una cantidad superior a la que figuraba en el inventario presentado por la empresa denunciante.

Durante la actuación también se encontraron facturas y tickets expedidos por la adquisición de cables de cobre a nombre de otra empresa ubicada en Barcelona.

Estos documentos se incorporaron a las diligencias policiales para esclarecer las operaciones relacionadas con el material investigado.

Las gestiones permitieron identificar a 14 personas presuntamente implicadas, la mayoría de ellas residentes en Cataluña.

Por este motivo, los investigadores de Tenerife solicitaron la colaboración de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, cuyos agentes participaron en las actuaciones que culminaron con la localización y detención de 11 personas.

Cinco delitos investigados y prohibición de salir de España

A los arrestados se les atribuye la presunta comisión de delitos de robo con fuerza, daños, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo u organización criminal.

Tras las detenciones, los 11 implicados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Según ha informado la Policía Nacional, el juzgado acordó para los detenidos la prohibición de abandonar el territorio español mientras se resuelve la causa.

La investigación ha permitido poner bajo control policial una importante cantidad de cobre y reconstruir parte de las operaciones presuntamente vinculadas con su sustracción y comercialización.

Por el momento, la información difundida no concreta la situación de las otras tres personas identificadas durante las pesquisas.

La Policía Nacional pide colaboración ciudadana

La Policía Nacional recuerda que cualquier persona que tenga conocimiento o sospechas de actividades delictivas puede facilitar información a través del apartado Colabora de su página web oficial.

La institución señala que estas comunicaciones pueden realizarse de forma anónima y que los datos facilitados serán tratados confidencialmente por los especialistas policiales.