LA ENTREVISTA Daniel Moreno Rodríguez, nacido en Linares, es ingeniero técnico industrial y cuenta con un máster en Ingeniería del Transporte por la Escuela Politécnica Superior de Linares (EPSL), de la Universidad de Jaén (UJA) y otro en Inteligencia para la Seguridad por la Universidad Autónoma de Madrid. En su empresa se dedica a investigar el origen y las causas grandes siniestros: incendios, explosiones, averías... Tras los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, este último el pasado enero, aporta sus conocimientos como profesional y habla de las diferencias y las posibles líneas de investigación de cada uno de ellos. ¿En qué consiste exactamente el trabajo de un ingeniero forense? ¿Qué ocurre desde que se produce un accidente hasta que su empresa recibe el encargo de investigarlo? Soy ingeniero técnico industrial y máster en Ingeniería del Transporte por la Escuela Politécnica Superior de Linares, y máster en Inteligencia para la Seguridad por la Universidad Autónoma de Madrid; con ello, uno la ingeniería forense y el análisis de información. Desde mi empresa, en Madrid, investigamos el origen y las causas de grandes siniestros, como incendios, explosiones, averías o accidentes, y las clasificamos. No es lo mismo una causa contribuyente que la causa eficiente de un daño, y con esa base las empresas reclaman o discuten derechos, como una indemnización. En un accidente grave entra primero la policía judicial, para saber si puede haber delito. Cuando el juez levanta el precinto, en lo civil hay que llegar hasta el último elemento técnico, más allá de lo penal. Ahí entramos nosotros, a veces al día siguiente y a veces un año después. Trabajamos en toda España, y este verano yo he investigado siniestros también en Estados Unidos. Dice que muchas veces llegan cuando los periodistas ya se han marchado e incluso cuando los restos del siniestro han sido retirados. ¿Cómo se reconstruye un accidente en esas circunstancias? ¿Qué pruebas y documentación permiten llegar a conclusiones fiables? Los analistas llegamos cuando el foco mediático ya se ha ido. Normalmente, los restos siguen ahí, pero a veces no. Tras una explosión de gas, se demuele un edificio inestable, y con él desaparecen las pruebas. Entonces, se trabaja con lo que queda y con lo que se puede: fotografías de Policía y Bomberos, testigos, proyectos y documentación previa, registros electrónicos... Lo que hace fiable una conclusión es calibrar su incertidumbre, decir cuánto está demostrado y cuánto no, sin sobreafirmar. No es lo mismo “la causa fue X, sin duda” que “la evidencia es compatible con X y con Y”. Esa calibración es responsabilidad del perito, y exige honestidad. Nuestro trabajo consiste en aminorar la incertidumbre de un caso, no en hacer imposibles. ¿Qué diferencia su trabajo del que realizan los investigadores oficiales y las fuerzas de seguridad? ¿Quién contrata sus servicios y qué independencia tiene un perito cuando trabaja para una de las partes implicadas? El encargo es otro. La Policía Judicial responde a una pregunta penal: si hay delito y quiénes son sus responsables. Nosotros respondemos a preguntas civiles concretas: si un incendio empezó en la nave A o en la B, y por qué. La Policía puede verificar que no hay acelerantes ni en la nave A ni en la nave B, y marcharse sin dilucidar cómo comenzó el incendio. Nos contratan empresas, aseguradoras o directamente las víctimas. El perito declara bajo juramento que ha actuado con la mayor objetividad posible. La independencia no la da quien paga, sino el método forense y no depender de un solo cliente, porque trabajamos para partes distintas en cada caso, pero igualmente nos llaman peritos “de parte” por trabajar para ellas. Con la misma vara de medir, también sería de parte el técnico de un ministerio o el policía cuando pertenecen a la misma administración que se investiga. En su libro “Análisis forense policial y pericial” aborda la denominada inteligencia pericial. ¿En qué consiste este método y cómo ayuda a evitar errores de interpretación, prejuicios o conclusiones precipitadas durante una investigación? Con ese término llevo a la ingeniería forense las técnicas con las que la comunidad de inteligencia combate los fallos de la mente del analista. Los dictámenes rara vez fracasan por falta de conocimiento técnico, sino por fallos en el modo de pensar: sesgos, creencias, la presión del contexto. El cirujano se pone guantes porque su piel acumula gérmenes; la mente acumula sesgos y necesita métodos estructurados y entrenamiento para protegerse de ellos. La diferencia entre un dictamen y un simple relato de los hechos es el método mediante el cual se esclarecen. España ha sufrido dos grandes tragedias ferroviarias en pocos meses, Adamuz y Urda. Desde su formación en Ingeniería del Transporte, ¿qué cuestiones técnicas considera fundamentales para esclarecer accidentes de esta naturaleza? ¿Qué particularidades presenta la investigación ferroviaria? Un accidente ferroviario se investiga como un sistema: la vía, el tren y la circulación, a la vez. El AVE no es uniforme, cambian los sistemas de señalización según la línea y conviven trenes de generaciones distintas. Cuando el accidente deja traza mecánica, como un carril roto, esa traza suele ser elocuente. Cuando la causa está en la circulación, como parece el caso de Urda, la prueba está en los datos y en las órdenes, y la traza mecánica pasa a un segundo plano. Aunque todavía no hayas intervenido directamente en ninguno de estos dos accidentes, ¿qué diferencias técnicas observa entre las líneas de investigación que han trascendido de Adamuz, centrada en una posible rotura de la infraestructura, y Urda, donde se investiga el funcionamiento de los sistemas de señalización y control? Por lo que ha trascendido, Adamuz es un caso de infraestructura y Urda, de circulación. En Adamuz, la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) concluyó en abril que el descarrilamiento lo causó una rotura de carril; el laboratorio debe decir por qué se rompió. En Urda, el LZB, un sistema veterano y seguro mientras funciona, cayó; la circulación pasó a gestionarse a mano y algo falló. La prueba son las grabaciones entre maquinistas y control, los datos de a bordo y la razón por la que cayó el LZB, que puede ser algo tan sencillo como un magnetotérmico que salta si coincide con un sistema de respaldo averiado. Dar una orden de marcha, en este caso al Iryo que iba delante, no significa que la marcha se materialice; por lo que ha trascendido, no ocurrió, pero desde Atocha dieron por hecho que sí. Mi primera impresión, que la investigación tendrá que confirmar o descartar, es que se había normalizado la marcha a la vista. Y digo impresión porque me baso en lo que se ha publicado, que no dejan de ser fragmentos de audios e información parcial. Cuando el controlador dijo “marcha normal” al AVE que iba detrás, pudo querer decir lo normal en esa situación, que con la señalización caída era la marcha a la vista, a 40 km/h como máximo. El maquinista pudo entender “marcha normal” en los términos exactos del protocolo y ejecutar la orden sin cuestionarla. En lo civil se comprueba qué decía el protocolo y si se cumplió. Pero puede que estemos ante una contingencia en la que nadie había pensado al tomar decisiones organizativas y dar órdenes improvisadas fuera del protocolo, y esa posibilidad, en mi opinión, debe guiar la investigación oficial, pues es la más trascendental. En accidentes de esta magnitud, ¿qué importancia tiene preservar las pruebas materiales antes de retirar los trenes o reparar las infraestructuras? ¿Puede perderse información determinante si esas intervenciones se realizan demasiado pronto? Sí, y más cuando los vehículos no solo se retiran, sino que se destruyen al hacerlo o después. Lo que se achatarra sin documentar no vuelve: antes de mover nada, se documenta y se custodia. La prueba depende del accidente. En una rotura de infraestructura, el fragmento de carril; en un accidente de circulación, como parece Urda, la traza electrónica y las comunicaciones, más que el choque. Por ejemplo, el Iryo, que estaba detenido, recibió el golpe por la cola, así que su cabeza se puede ensayar para estudiar si tenía una avería o si, como debe, no podía arrancar sin autorización expresa. ¿Hasta qué punto puede una investigación pericial independiente encontrar elementos que no haya detectado la investigación oficial? ¿Qué sucede cuando dos informes técnicos llegan a conclusiones diferentes? Es más habitual de lo que parece. No es un reproche a la Policía Judicial, pero un accidente en una fábrica con tecnología compleja pide conocimientos que no siempre tienen los agentes. Con dos informes enfrentados decide el juez, y le ayuda mucho una auditoría del método de cada uno, que es precisamente mi especialidad como analista. No gana quien firma con más galones; gana el razonamiento que resiste mejor el intento de refutarlo. En inteligencia existe el “equipo rojo”, un grupo independiente cuyo trabajo es atacar la hipótesis oficial, y hay una máxima: quien investiga no puede depender de quien es investigado. Tras Angrois, la Agencia Ferroviaria Europea concluyó en 2016 que la investigación oficial no había sido independiente, y eso duele. Después de Adamuz y Urda, ¿qué cree que debería revisar el sistema ferroviario español para evitar que se repitan tragedias de estas dimensiones? ¿Qué lecciones pueden extraerse desde el punto de vista de la ingeniería y la seguridad? Adamuz se vivió como un cisne negro, un suceso improbable de enorme impacto. Una desgracia puntual puede serlo, o no; pero la segunda ya puede ser síntoma del sistema. La seguridad tiene tres planos que deben ir alineados: la real, la percibida y la seguridad como valor. En el AVE, la percibida iba por delante de la real a base de imagen de marca, pero nadie medía la distancia entre las dos, como en Urda no se guardó la distancia de seguridad entre los dos trenes. Como valor, toca decidir ahora cuánto estamos dispuestos a rebajar la velocidad, convertida en fetiche político, mientras la seguridad y la calidad del servicio no sean una realidad palpable para la sociedad. Los dos accidentes han ocurrido en la Madrid-Sevilla, nuestra primera línea de alta velocidad y la más antigua, con más de treinta años y, tras la liberalización, con más trenes que nunca. Quienes viajamos en AVE a menudo notábamos más vibraciones, más anomalías y peor puntualidad. El mantenimiento hay que estudiarlo; hoy no hay datos para afirmar que fallara. Yo haría una revisión garantista: mientras no se conozca el estado real del sistema, bajaría la velocidad, como se hace en una carretera en mal estado. La caída de un sistema de protección no puede ser una incidencia más, y la seguridad de dos trenes en la misma vía no puede depender de una orden de palabra, sujeta a interpretación humana. Hemos abusado de la suerte del no pasa nada, y estamos descubriendo que sí pasa.
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