La compañía niega un ataque cibernético y asegura que continúa trabajando para subsanar los problemas en el servicio que impide el acceso a usuarios Microsoft propone un plan de salidas voluntarias para 60.000 empleados, un cuarto de su plantilla Los servicios de la tecnológica Microsoft, entre ellos Microsoft Outlook y Microsoft Teams, sufrieron este jueves una caída global, según confirmó la compañía, que se mantiene a primera hora del viernes. Microsoft, considerado la mayor empresa de software del mundo, vio cómo sus plataformas sufrieron una interrupción simultánea. Primero, la tecnológica reconoció haber identificado fallos en los usuarios para acceder a los buzones de Exchange Online, su correo electrónico en la en la nube en América. Pero luego se extendió. “Mientras trabajamos para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema puede afectar a la conectividad del servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región”, escribió la compañía en un mensaje en X. Según explicó, una parte de la infraestructura en “múltiples regiones” ha experimentado una “carga elevada”, que se ha traducido en errores de conectividad. El portal especializado DowDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en el mundo, registro un pico de reclamaciones en torno a las 13:00 hora local (18:00 GMT) en su correo Microsoft Outlook; en Microsoft 365, una nube con suscripción a Word, Excel, PowerPoint, entre otros; su plataforma de mensajería y videoconferencias Microsoft Teams y su inteligencia artificial (IA), Microsoft Copilot. El gigante tecnológico ha ido detallando los pasos en los que avanzaban sus técnicos para intentar resolver la situación, que continúa investigando. “Estamos probando un cambio de configuración para abordar un problema que está causando que los servidores fallen en las verificaciones automáticas de salud y se vuelvan no disponibles. En paralelo, hemos iniciado un reinicio de todos los servidores afectados y estamos monitoreando la salud a medida que regresan al servicio”, apuntó en su última publicación en X. En su último mensaje, publicado en torno a las 7 de la mañana, Microsoft explicaba que está “trabajando continuamente en la recuperación de nuestros servidores frontend mientras implementamos más acciones de optimización de tráfico para mejorar la estabilidad del servicio e incrementar la capacidad”. Se descarta un ataque El vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, Charles Lamanna, descartó que la caída global de los servicios del gigante tecnológico haya sido causada por un ataque cibernético, mientras la compañía intenta recuperar este viernes la normalidad en sus operaciones. “Por ahora, puedo confirmar que no hay indicios de que esto sea el resultado de una actividad maliciosa o cibernética”, escribió en X Lamanna, quien ocupa el cargo de vicepresidente de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, considerada la mayor empresa de software del mundo. En la misma publicación, lamentó las interrupciones que han afectado a servicios como el gestor de correo electrónico Outlook y la plataforma de videoconferencias Teams “en cualquier región” del mundo.
Las autoridades galas se preparan para las más de 50 protestas programadas para este fin de semana e incluso se esperan movilizaciones de los 'chalecos amarillos' por el encarecimiento de la vida
Las autoridades galas se preparan para las más de 50 protestas programadas para este fin de semana e incluso se esperan movilizaciones de los 'chalecos amarillos' por el encarecimiento de la vida
Más de 4.000 kilómetros de carretera, jornadas de hasta 24 horas al volante y descansos insuficientes. Es lo que ha detectado la Guardia Civil de Cádiz al interceptar en Jerez un conductor de transporte internacional de mercancías que había incumplido gravemente los tiempos de conducción y descanso establecidos por la normativa.Los hechos ocurrieron el pasado 30 de octubre, cuando agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz dieron el alto a un vehículo articulado durante un control de transportes en la carretera A-2004. El camionero realizaba un trayecto desde Francia con destino a Marruecos.Al inspeccionar el tacógrafo, el dispositivo que registra los tiempos de conducción y descanso, los agentes comprobaron que el conductor había acumulado 24 horas de conducción ininterrumpida, superando en más del 50% el límite diario autorizado.Pero no era la única irregularidad. El análisis de los registros reveló que el mismo transportista había realizado recientemente la ruta entre Algeciras y la localidad francesa de Corbie, un recorrido de más de 4.000 kilómetros según la información facilitada por la Guardia Civil. Durante ese trayecto había acumulado 25 horas y 15 minutos de conducción y realizado únicamente una parada de nueve horas de descanso, un tiempo que, según el instituto armado, resultaba insuficiente para cumplir las obligaciones legales.Las infracciones detectadas se han traducido en dos denuncias. La primera, por incumplir la normativa sobre tiempos de conducción y descanso recogida en el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), conlleva una sanción de 2.000 euros. La segunda, por una infracción del Reglamento General de Circulación, supone otros 500 euros y la detracción de seis puntos del permiso de conducir.Además, los agentes procedieron a la inmovilización del vehículo.24 horas al volante sin pararA raíz de esta intervención, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha recordado la importancia de respetar los periodos de descanso, especialmente en el transporte profesional de mercancías, donde la fatiga puede comprometer gravemente la seguridad vial.El instituto armado advierte de que el sueño y el cansancio no se combaten «con fuerza de voluntad» y subraya que «la única solución eficaz es el descanso real».En este sentido, insiste en que el tacógrafo debe utilizarse como una herramienta de prevención y seguridad, y no como un impedimento para cumplir los plazos de entrega. «El tacógrafo debe ser tu aliado para proteger tu vida y la de los demás, nunca un obstáculo para llegar antes», concluye la Guardia Civil.
Una organización criminal dedicada a estafas bancarias telefónicas ha sido desarticulada por la Guardia Civil en una operación con dos detenidos y nueve investigados por defraudar más de 140.000 euros en distintos puntos de España, también en la provincia de Ciudad Real. Los agentes del puesto de Torrox-Algarrobo (Málaga) han esclarecido nueve delitos y los … La entrada Una red de estafas bancarias telefónicas defrauda más de 140.000 euros y salpica a Ciudad Real: hay dos detenidos se publicó primero en infoCLM .
VÍDEO Agentes de la Policía Nacional han detenido a 43 personas en España que, presuntamente, habían estafado a más de 130 víctimas simulando ser el departamento antifraude de sus entidades bancarias, ocasionando un perjuicio superior a 1.140.000 euros. A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales y, además, hay otras 13 personas a las que se ha tomado declaraciones como investigadas, de un total de 95 imputados. La investigación se inició hace un año cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una aplicación de mensajería privada donde, a través de diferentes canales, grupos criminales se organizaban para realizar estafas con identidades ficticias, cada uno desempeñando un rol concreto, permaneciendo en el anonimato para dificultar ser identificados. La persona que creaba el grupo solía ser el que iba a liderar la campaña de fraude e iba añadiendo a gente de su confianza para cubrir todas las funciones que se requerían. El modus operandi de estos individuos comenzaba con el envío masivo de SMS a clientes de entidades bancarias, simulando ser el departamento de seguridad o prevención de su banco, tras un previo estudio del perfil de las víctimas que, por lo general, eran personas mayores de 65 años. En estos alertaban de una supuesta transacción fraudulenta que se estaba cometiendo en su cuenta bancaria, indicando un teléfono o página web al que debían contactar para solventar la incidencia. El mensaje aparentemente parecía ser remitido por los bancos mediante la sustitución de los datos de cabecera del remitente. De esta forma accedían al hilo de los emitidos anteriormente por la entidad bancaria en cuestión, lo que provocaba que la víctima no dudara de la legitimidad de la información recibida. Los métodos más habituales que utilizaban era transferir el dinero a otras posiciones, bien directamente o a través de ingresos en cajeros, haciéndoles creer que son operaciones necesarias para asegurar sus fondos. Entre las técnicas más novedosas empleadas por el grupo investigado se encuentra el relay attack. El ataque de relay NFC funciona aprovechando la tecnología NFC para interceptar y reenviar la comunicación entre una tarjeta bancaria y un lector de pago. Este ataque sigue un proceso muy definido, contactan por teléfono haciéndose pasar por el banco o un servicio oficial y le convencen a la víctima para instalar una aplicación falsa, a veces piden eliminar la aplicación real, la cual compromete el móvil y lo convierte en un puente NFC. El cliente acerca su tarjeta al móvil pensando que es una validación legítima, y se envían los datos en tiempo real a los atacantes, quienes utilizan esos datos en otro cajero u otro dispositivo como si tuvieran físicamente la tarjeta, produciéndose el fraude. En algunas ocasiones, solicitaban las claves de acceso o que compartieran pantalla del terminal, de forma que así accedían al control de la aplicación y sus productos. Estas cuentas bancarias a las que transferían el dinero se abrían a nombre de mulas, jóvenes que captaban a través de redes sociales y personas sin hogar, estando en todo momento controladas por los autores o al menos por un captador de mulas para supervisar que el dinero termina en manos de los estafadores. Incluso llegaban a conocer los límites de las cuentas bancarias de las víctimas para hacer el traspaso en una o varias transferencias, estafando en ocasión más 45.000 euros a una sola víctima, consiguiendo esclarecer 134 hechos con un total defraudado de más de 1.140.000 euros. Cuando la víctima se percataba de que estaban siendo estafados, los presuntos autores les llegaban a intimidar y amenazar con mensajes que contenían datos personales de cada víctima y sus domicilios, consiguiendo atemorizarles y en muchas ocasiones consiguiendo que no denunciaran. El grupo criminal tenía una estructura muy profesional con diferentes roles y altos conocimientos de informática, estructurándose en: - Conseguidor de bases de datos: proporcionaban las bases de datos bancarios de cientos de miles de clientes obtenidas fraudulentamente. - Sender: personas que tienen conocimientos de informática que realizaban un tratamiento de las bases de datos originales que obtenían ilícitamente cruzando sus datos y seleccionando los perfiles de víctimas considerados vulnerables para integrarlo las llamadas de clientes. - Spoofer: se hacía pasar por un empleado del banco para realizar las llamadas directamente a las víctimas de la estafa y convencerlas para que realizaran la transferencia. - Muleros de primer nivel: contrataban y manejaban cuentas bancarias abiertas a nombre de diferentes personas, mulas. - Muleros de segundo nivel: eran los encargados de reintegrar los fondos a través de cajeros automáticos o transferencias a diferentes cuentas. - Exchange: realizaban los cambios de dinero por criptomonedas. Las campañas de ataques estaban perfectamente coordinadas y podían durar unas horas, un día o meses, cerrándose dicho chat una vez habían realizado varias estafas o consideran agotada la posibilidad de lucro con los datos que manejan de las víctimas. La persona que dirigía la actividad solía ser un spoofer que hablaba directamente con las víctimas, el cual se proveía de las personas que cubrían sus necesidades técnicas en la configuración de equipos y cuentas, o participaban en desviar y camuflar el dinero estafado. La operación se realizó en tres fases, terminando la última explotación el pasado mes de octubre donde se realizaron tres registros —dos en Madrid y uno en Cádiz— consiguiendo la detención de 43 personas, 13 investigados no detenidos, y un total de 95 imputados, por los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales. Han sido esclarecidos 134 hechos, con un fraude de más de 1.140.000 euros estafados, y se han analizado 400 canales y grupos de la aplicación de mensajería privada consiguiendo recopilar 300 identidades de las cuales se han identificado plenamente a 100 personas. La investigación continúa abierta y no se descarta que se detengan a más miembros del entramado.
Los agentes lo pararon el pasado 30 de octubre en un control de la A-2004 Se enfrenta a 2.500 euros de multa y a la pérdida de 6 puntos Corte de tráfico en la avenida de las Cortes de Cádiz este fin de semana
La Dirección de la Policía compró 790 sprays como el que rociaron los policías sobre manifestantes pacíficos y lo justifica en que se trata de "un compuesto natural que se extrae de los chiles o los pimientos picantes" y cuyo efecto tiene "escasa peligrosidad" Las duras cargas policiales marcan las movilizaciones por la huelga general entre críticas y denuncias sindicales El Ministerio del Interior rubricó hace un mes la compra de 790 sprays de pimienta como los utilizados por los antidisturbios de la Policía para rociar a manifestantes de la huelga general incluso cuando no hubo provocaciones previas, según denuncian los afectados y organizaciones como Amnistía Internacional. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado este jueves suprimir el empleo del gas pimienta en las actuaciones de las Unidades de Intervención Policíal (UIP), pese a que el pasado 5 de octubre su departamento firmó la adjudicación del contrato, que asciende a 71.656,20 euros, según consta en el expediente de contratación al que ha tenido acceso elDiario.es. Las imágenes de la actuación policial rociando con un bote de spray a los manifestantes apuntan al uso del modelo MK9, destinado específicamente a los antidisturbios. Se trata de un spray que incorpora como agente activo el OC o capsaicina, un compuesto natural que se extrae de los chiles o pimientos picantes. En una de las memorias del expediente de compra, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Policía defiende que la “concentración” de este agente en el MK9 es “óptima para incapacitar temporalmente a una persona sin causar daños permanentes, minimizando riesgos legales y sanitarios”. La Policía considera que se trata de un elemento disuasorio de “escasa peligrosidad”. La periodista María Barrier fue una de las personas que fue reducida por la mañana con el uso del MK9. Ante los medios, Barrier denunció este miércoles : “Estábamos en primera línea sin ejercer violencia y nos han empujado contra la acera (...)”Nosotras [en referencia a ella y a la artista Samantha Hudson, entre otras] no nos podíamos echar más para atrás y la gente se ha empezado a caer en el suelo y han empezado a pegar a la gente del suelo“. ”Estábamos en primera línea y nos han echado a Laura, a Samantha y a mí directamente el spray en los ojos, el oído y las vías respiratorias“, añadió. Las mujeres explicaron que tenían que haber sido atendidas por los servicios sanitarios porque quedaron cegadas por un espacio de tiempo. Por la noche, otro vídeo muestra a los agentes rociando con gas pimienta en plena Gran Vía a un sin techo que no participaba en la protesta. La Policía, en su memoria, insiste en que el MK9 “permitirá resolver incidentes violentos reduciendo el riesgo de lesiones graves y sin necesidad de recurrir a otros medios más agresivos o armas letales”. “Un equipamiento adecuado transmite confianza a la población, incrementando la legitimidad de las intervenciones policiales”. “En resumen, la compra de sprays de defensa MK9 no solo responde a una solicitud de las unidades operativas, sino también a una fundada necesidad funcional y operativa; a la vez que se asegura la actualización y adecuación de los recursos del cuerpo policial, fortaleciendo la seguridad y la confianza en el desempeño de sus labores”, remata el documento interno. El plazo de entrega de los 790 sprays acaba el próximo enero. Los sindicatos de clase denunciaron cargas “desproporcionadas” contra los piquetes a lo largo de la jornada de huelga general y Amnistía Internacional España criticó “actuaciones policiales preocupantes” en Madrid, Alicante, Castellón, Vitoria, Valencia, Málaga, Granada o Santiago. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró perplejo ante las cargas, y presentará una demanda penal por el uso de gas pimienta contra manifestantes pacíficos en Madrid. Por su parte, la organización defensora de los derechos humanos da cuenta de golpes con las defensas policiales a personas que protestaban pacíficamente“, el lanzamiento de spray pimienta ”de forma indiscriminada contra la multitud“ y ”numerosas personas atendidas por los servicios sanitarios y algunos traslados al hospital“. Otros gases pimienta y lacrimógenos que seguirán en uso El spray MK9 de los antidisturbios tiene otra modalidad, la MK3, con la misma composición, pero un tamaño menor que se destina a policías nacionales en funciones de seguridad ciudadana y que, por tanto, portan los miembros de las patrullas. Estos últimos se compran por miles frente a la adquisición de los cientos que se destinan a las UIP. El spray pimienta del MK3 seguirá siendo utilizado en intervenciones en la calle de seguridad ciudadana. Se trata de modelos similares al que introdujo la portavoz de Interior del PP en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez. En la jornada de huelga general se utilizó también una tercera modalidad, gases lacrimógenenos disparados con las denominadas bocachas, las mismas escopetas que se utilizan también para lanzar botes de humo. Estos gases lacrimógenos tienen la denominación técnica de ATL (Artificios Triple Lacrimógenos), de los que se adquirieron 24.000 unidades en 2025 a través de un contrato de 2.057.000 euros que también incluía 44.000 unidades de ATF (Artificios Triple Fumígenos), más conocidos como botes de humo. La utilización de gases lacrimógenos lanzados con escopetas no será sometida a revisión, precisan fuentes de Interior. Fuentes policiales explican que no es la primera vez que se utiliza el spray pimienta en funciones de orden público. En este sentido apuntan al uso del mismo durante los duros enfrentamientos entre manifestantes y policías con motivo de las movilizaciones de Rodea el Congreso de 2012 y años posteriores. A última hora de la tarde del jueves, Marlaska afirmó: “Ayer se produjo una cuestión compleja de orden público en toda España; dicho esto hubo alguna de las imágenes, algunas de las actuaciones, que en un principio no gustan y no coinciden con los principios de proporcionalidad”. Marlaska añadió que el uso del gas pimienta queda suspendido hasta que se revisen los protocolos de actuación de las UIP y anunció una “investigación interna específica” de lo ocurrido. Este viernes, Interior informó de que la Dirección General de la Policía modificará el protocolo que regula el uso del espray de defensa personal para que no sea utilizado en operaciones de orden público. Una adjudicataria próxima al PP El procedimiento para la adquisición de las 790 unidades de spray MK9 se anunció en junio pasado. Se presentaron cuatro empresas, pero el contrato se lo llevó Falken SAU, como viene ocurriendo en la adjudicación de material antidisturbios con distintos gobiernos. La empresa es propiedad de la familia Bardisa Jordá, vinculada al Partido Popular a través de uno de los hermanos, que no pertenece a la misma y que fue diputado nacional en tres legislaturas. Falken SAU se impuso gracias a ofertar el producto más barato, 35 euros por gas pimienta, 14,95 euros más barata que la segunda oferta más ventajosa de las cuatro presentadas. Ante la “apreciación de oferta anormalmente baja”, la empresa argumento que es referente internacional en la fabricación de material antidisturbios, que es fabricante y distribuidor y que eso le permite reducir mucho los costes. Falken SAU también presentó las adjudicaciones de contratos a otros cuerpos de seguridad del Estado a quien hizo ventas en rangos de precios similares. Las alegaciones fueron aceptadas por el Ministerio del Interior.
La Audiencia de Bizkaia entiende que el eurodiputado y el digital difundieron una información policial "no contrastada" y acusaron a un hombre de llevar explosivos en su coche Alvise acude a sus primeras generales rodeado de su ejecutiva y abandonado por sus candidatos de las europeas Un tribunal de Euskadi ha condenado al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez a pagar 20.000 euros a un hombre por publicar su foto en su canal de Telegram y asegurar falsamente que se dirigía a Madrid con un coche cargado de “posibles explosivos”. La sentencia, que también condena a Okdiario por difundir la misma información, reconoce que es cierto que la Ertzaintza envió un aviso policial interno apuntando a ese hombre como posible portador de explosivos, pero también que la propia alerta avisaba de que era una información “no contrastada” que, sin embargo, ambos difundieron con su foto incluida. La información –actualmente borrada– fue publicada en primer lugar por el digital Okdiario el 17 de noviembre de 2023 bajo el titular “La Policía busca a un magrebí en un Peugeot 308 sospechoso de llevar un artefacto explosivo a Madrid”. La noticia explicaba que las comisarías de Madrid habían recibido de madrugada un aviso de la Ertzaintza por un sospechoso acusado de llevar el coche lleno de explosivos en dirección a la capital. Una noticia que incluía la foto, el nombre y los apellidos del hombre junto con la matrícula y modelo de su coche. El entonces agitador y hoy eurodiputado Alvise Pérez difundió la misma información horas más tarde en su canal de Telegram, donde la publicación llegó a casi 225.000 personas y obtuvo miles de reacciones de sus seguidores. Expuso la foto, el nombre y los apellidos del hombre, junto al mensaje: “Vehículo con 'posibles explosivos' rumbo Madrid desde Baracaldo. Fuente de Alto Nivel confirma la información e identidad del responsable, presuntamente un paciente fugado de un psiquiátrico. (Descartado terrorismo, según fuentes policiales)”. Tanto la noticia como el mensaje de Alvise omitían un dato clave que sí exponía la propia Ertzaintza en su aviso policial interno sobre esa información: “No está contrastada”. De hecho, el hombre fue parado en un control policial en Barakaldo y los agentes pudieron comprobar que no llevaba ningún explosivo en el vehículo. El digital de Eduardo Inda actualizó la noticia y Alvise editó su mensaje meses después, pero para entonces su fotografía, su nombre y sus apellidos ya circulaban por la red con miles de visualizaciones como un sospechoso de terrorismo. El caso llegó a juicio por la vía civil y un juzgado de Barakaldo condenó a Okdiario, en primera instancia, a indemnizar al hombre con 15.000 euros por vulnerar su honor, pero decidió exonerar a Alvise y otras dos personas más que compartieron la noticia en diversas redes y webs. Ahora, según ha podido comprobar elDiario.es, ha sido la Audiencia Provincial de Bizkaia la que ha confirmado la sentencia contra el periódico y ha añadido también la condena del eurodiputado, que tendrá que pagar 20.000 euros al afectado. Fuentes del caso explican a este medio que el candidato de Se Acabó La Fiesta ya ha anunciado que llevará la condena ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Mientras, su mensaje sigue publicado y accesible con la foto y el nombre del afectado. El tribunal, que ha tenido como ponente a la magistrada Ana García Orruño, no pone en duda que un aviso policial sobre una potencial amenaza terrorista pueda tener interés público y convertirse en una noticia. “No ofrece duda”, dice la sentencia sobre la relevancia pública del asunto. Pero sí cuestiona que tanto la noticia de Okdiario como el mensaje de Alvise en Telegram omitieran que la propia Ertzaintza consideraba que era una información que “no está contrastada”. “La reproducción no fue fiel”, reprocha la Audiencia, y eso llevó a señalar en público a un inocente como un potencial terrorista cuando ni llevaba explosivos ni se había fugado de ningún psiquiátrico. La primera sentencia del caso exoneró a Alvise Pérez al entender que se limitó a rebotar la información de Okdiario. Ahora la Audiencia Provincial explica que el líder de SALF puso datos de su cosecha, sin fuentes conocidas y con premisas falsas, que también vulneraron el honor del afectado. Además de colgar su foto y su nombre, habló de una supuesta “fuente de alto nivel” para detallar que podía llevar “posibles explosivos”. “No se limitó a reproducir una noticia ajena”, dice la Justicia sobre Alvise, sino que comunicó todo de manera que “convertía la sospecha en un dato aparentemente corroborado”. “Reforzó la imputación y la presentó como confirmada por una fuente propia no identificada”. Nueva condena para Alvise por sus bulos La sentencia explica que, dado que la materia prima de la información era un aviso de la Ertzaintza a otros cuerpos policiales que incluía una sospecha no ratificada, eso “eleva al máximo la diligencia exigible” a la hora de comprobar y publicar una información, lo que según la Audiencia Provincial no sucedió en este caso. La advertencia de que era información policial “no contrastada” era “expresa, inequívoca y destacada” y, sin embargo, se publicó sin matices y apuntando a un hombre. “No se exigía al medio sustituir la investigación policial ni alcanzar una certeza absoluta. Se le exigía, de forma mucho más elemental, transmitir fielmente lo que sabía: que existía una alerta policial interna, pero que la propia policía advertía que la información no estaba contrastada”. No se valoraron alternativas “menos lesivas”, como informar de la alerta “sin publicar la fotografía ni el nombre completo” o “destacar expresamente que la información no estaba contrastada”. Que la noticia fuera posteriormente actualizada, añade el tribunal vasco, “debe valorarse favorablemente, pero no elimina la intromisión ya producida”. Otras dos personas que rebotaron la información en LinkedIn y en una página web sí son exonerados. El candidato de Se Acabó La Fiesta ya ha sido condenado por difundir bulos o atentar contra la privacidad de Ana Pastor (7.000 euros), José Luis Ábalos ( 10.000 y 60.000 euros en dos sentencias diferentes), Manuela Carmena (5.000 euros), al propio Eduardo Inda (20.000 euros) o al jefe de Policía de Canarias (10.000 euros). Las diferentes sentencias dibujan el modus operandi seguido por Alvise Pérez desde hace más de un lustro para cargar contra sus rivales políticos y mediáticos a través de sus redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores. Publicar fotos hechas a escondidas a sus objetivos dando a entender que están haciendo algo ilegal o, directamente, inventar bulos, como que Manuela Carmena recibió un respirador en los peores días de la pandemia de COVID y ese material escaseaba en los hospitales de todo el país. El agitador ultra no ha sido condenado por el momento por la vía penal, pero ahora mismo se enfrenta a media docena de causas abiertas en el Tribunal Supremo. Una de ellas está relacionada con la financiación supuestamente ilegal de su campaña a las elecciones europeas de 2024 con 100.000 euros en efectivo, pero el resto tienen que ver precisamente con la difusión de bulos en Telegram o el hostigamiento a rivales y enemigos a través de sus redes sociales.
Ocho furgonetas de la Policía cortaron el paso de los manifestantes hacia Plaza de España, donde se había anunciado que terminaba el recorrido, una maniobra que acabó dejando el dispositivo policial rodeado por la protesta. Las primeras cargas se iniciaron sin que hubiera ninguna acción violenta previa. El Ministerio de Interior ha ordenado una investigación sobre los "incidentes" Las duras cargas policiales marcan las movilizaciones por la huelga general entre críticas y denuncias sindicales “Vamos a dejar aquí la manifestación porque ya no podemos avanzar”, gritaba la portavoz del Sindicato de Inquilinas, micrófono en mano, poco antes de las 19.30 horas de este miércoles 11 de noviembre. Con sus palabras ponía fin a una multitudinaria marcha por la huelga general que había reunido a cientos de miles de personas en las calles de Madrid, con participantes todavía en Atocha en el momento de la lectura del manifiesto. Este alegato final no se desarrolló en el final previsto para la marcha, que debía llegar a plaza de España, sino que tuvo lugar todavía en la Gran Vía, debido a que el operativo desplegado por la Policía Nacional impedía el avance de los manifestantes hacia un lugar más amplio. Ocho furgones y una hilera de agentes impedía el paso por “ordenes” del mando del operativo, explicaban a las personas que intentaban avanzar, y les conminaban a que lo hicieran por las calles aledañas. Ante el bloqueo para impedir el paso de la protesta, lo que sucedió a continuación fue que parte de los manifestantes accedieron a la plaza rodeando por el lugar que les habían indicado y el dispositivo policial quedó entonces situado entre medias. En ese momento, los agentes se enfundaron los cascos, cogieron sus escudos y empuñaron los rifles, preparándonse para cargar contra los manifestantes, que mantuvieron en todo momento una actitud pacífica, aunque con gritos de protesta ante la incomprensión por negar el paso. Manifestantes a ambos lados del cordón policial que cortó el acceso a Plaza de España, en dirección a Callao (arriba) como en Plaza de España (abajo) A las 19.52, según pudo comprobar este periódico in situ, la Policía Nacional decidió despejar la salida del dispositivo policial hacia Plaza de España y Princesa. Primero avisó a las primeras filas de que la carretera “se va a desalojar”. Luego los agentes empezaron a avanzar reclamando a los asistentes que se movieran, mientras en la acera de los impares de Gran Vía se producía la primera carga, sin que hubiera habido ningún conato de violencia previa. “¡Quiero que todo quede despejado! ¡Usad la goma!”, exhortaba uno de los mandos del operativo a los agentes, pidiéndoles que golpearan con sus porras a los manifestantes. “Si se mueven no se va a pegar a nadie”, decían algunos de los agentes que contenían en ese momento el uso de la fuerza. Aunque el operativo policial tenía despejada la salida hacia la calle Princesa, los mandos decidieron mantener el bloqueo de la Gran Vía impidiendo el avance de la marcha. Miles de manifestantes se agolpaban en esta calle ante la imposibilidad de avanzar, preguntándose qué pasaba. El gentío era enorme y la Gran Vía se había convertido en una gran ratonera por el tapón policial. En toda la marcha fueron entre 120.000 y 750.000 según cifras de Delegación del Gobierno y del Sindicato de Inquilinas, respectivamente. Situación del operativo policial sobre las 20.30 horas, con las primeras cargas ya ejecutadas hacia Plaza de España y antes de las segundas hacia Callao Pasadas las 20.30 horas, cuando el bloqueo duraba ya más de una hora, algunos manifestantes pensaron que podían avanzar pero la Policía Nacional decidió cargar para despejar la Gran Vía en dirección a Callao. Según múltiples testigos y vídeos publicados en redes lo hicieron utilizando sus defensas y empleando los rifles, gases y hasta gas pimienta en la cara de algunos manifestantes y de personas que se encontraban en la zona. La protesta se dispersó pero las cargas cogieron por sorpresa a la mayoría de personas que en ese momento todavía intentan avanzar hacia Plaza España desde Atocha, que ni siquiera habían llegado a escuchar el manifiesto final de la marcha. Las persecuciones policiales se extiendieron después a muchas calles aledañas -llegarón hasta la lejana San Bernardino- e incluso se llegaba a cortar el servicio de Metro en la estación de Noviciado. “Cuando huíamos a la carrera hacia arriba sin poder ver ni respirar por los gases, nos topamos con otros manifestantes que huían Gran Vía abajo en iguales condiciones de otra carga policial, nos encapsularon entre dos líneas de antidisturbios con solo una callejuela como vía de escape, por lo que se produjo un tapón”, relata un testigo de los hechos a este periódico. “Como aún así seguían lanzando gases, las escenas de pánico no acabaron en una avalancha trágica de puro milagro. Nos metieron en una ratonera para darnos porrazos y gasearnos impunemente”, denuncia. Lola Díaz, que el domingo cumplirá 70 años, cuenta en el vídeo sobre estas líneas cómo vio el lanzamiento de gases lacrimógenos. “Menos mal que la gente mantuvo la calma, si no podría haber sido una tragedia (...) no pensaba que en plena democracia una manifestación pacífica podía tener este final”, dice advirtiendo de que “vamos a seguir en las calles”. Pedro, otro de los asistentes, cuenta también cómo vio llegar las pelotas de goma y los gases, mientras estaba rodeado de gente mayor y niños pequeños. “Una vergüenza”, resume al compartir el vídeo que grabó desde su posición (ver más abajo) y que permite hacerse una idea de lo que vivieron la mayoría de manifestantes. “Había gente normal, no éramos punkis insultando a la policía”, resume Marina, psicóloga de 34 años a la que le cayó un bote de gas en los pies. “Yo pensaba que me moría ahogada”, dice al rememorar el momento en el que intentaba correr y no podía por el hacinamiento de personas en un lugar atestado de gente. “Menos mal que había una bocacalle y se ha liberado el aire”, declara a este periódico después de los hechos, mientras siente “injusticia por esta violencia gratuita y de la nada”. Otros vídeos grabados y difundidos por manifestantes y periodistas presentes en Gran Vía dejan ver cómo se produjo el desalojo de la zona. El Sindicato de Estudiantes muestra una grabación en la que un policía dispara a bocajarro contra manifestantes que se estaban marchando. Incluso un vídeo enseña cómo una persona sin hogar es agredida en la cara con spray pimienta por un agente. Fuentes de Delegación del Gobierno explican su versión de lo que sucedió: según les transmitió el operativo, la cabecera de la marcha llegó “a Plaza de España” y ahí fue donde el Sindicato de Inquilinas dio por desconvocada la protesta. Posteriormente, al detectar personas con el rostro cubierto entre los manifestantes se procedió a cortar el paso y a embolsarlos. No se han notificado que iniciaran agresiones contra los agentes. Sin embargo y como pudo comprobra este periódico, la protesta nunca llegó a Plaza de España, ya que se quedó a pocos metros, a la altura de Gran Vía 76. El Sindicato de Inquilinas confirma en declaraciones a este periódico que la decisión de cortar la manifestación fue de la Policía Nacional: “La intención era completar el recorrido previsto y llegar hasta Plaza de España. Sin embargo, al alcanzar este punto nos encontramos con un dispositivo policial extraordinariamente numeroso, con una fuerte presencia de antidisturbios y material potencialmente lesivo desplegado frente a la cabecera”, explica un portavoz. “Ante una situación de tensión creciente y con el objetivo de proteger a las miles de personas que participaban en la manifestación, nos vimos forzadas a desconvocar la manifestación. Pese al discurso tras la llegada de la cabecera a Gran Via, sobre las 19:20, la policía no puede disolver una manifestación de mas de 750.000 personas”, añade. Los organizadores de la marcha denuncian que “miles de personas, entre ellas personas mayores, adolescentes y familias, estaban ejerciendo pacíficamente su derecho fundamental de manifestación en una jornada de huelga general. La respuesta policial fue cargar y gasear con todo su material antidisturbios contra ellas, haciendo uso de una fuerza que consideramos completamente desproporcionada”, critican señalando los numerosos vídeos que documentan lo sucedido y muestran la actuación policial. “No se puede criminalizar ni poner en peligro a quienes ejercen sus derechos fundamentales”. Marlaska prohíbe volver a usar gases Debido a la forma en la que se produjeron las cargas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a la Dirección General de la Policía la apertura de investigaciones específicas sobre las distintas incidencias ocurridas este miércoles 11 de noviembre en todo el país durante la jornada de huelga general. Asegura Interior que estas investigaciones se realizarán con independencia de la propia inspección interna a la que Policía Nacional somete todas sus actuaciones para evaluar su adecuación a las normas vigentes. También ha dado orden Marlaska de que, en lo sucesivo, no se use gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones . Según datos del ministerio del interior, en las protestas por la huelga general que tuvieron lugar en Madrid se produjeron 20 detenidos hasta las 23.00 horas. Varios de ellos lo fueron en un piquete informativo de Mercamadrid desarrollado a primera hora y otros también en el piquete que recorrió la Gran Vía desde las 12.00, pasando por sus establecimientos comerciales. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró perplejo ante estas cargas y presentará una demanda penal por el uso de gas pimienta contra unos manifestantes que calificó de “pacíficos”. Por otro lado, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha condenado las agresiones por parte de miembros de las unidades antidisturbios de la Policía Nacional a periodistas que cubrían la manifestación desarrollada en Madrid con motivo de la huelga general del 11 de noviembre. En un comunicado, la asociación ha expresado su “solidaridad con los compañeros que, pese a encontrarse debidamente acreditados como periodistas, sufrieron los empujones y las cargas de los policías, impidiéndoles llevar a cabo su trabajo”. “Al igual que repudiamos los hostigamientos a periodistas por parte de grupos de manifestantes, rechazamos que miembros de los cuerpos policiales, al tratar de mantener el orden público, actúen de manera indiscriminada, sin respetar a quienes están realizando su labor de informar”, ha subrayado. Apoya el trabajo periodístico de Somos Madrid Esta información ha podido salir a la luz gracias a las personas que apoyan la edición local de Madrid en elDiario.es. 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VÍDEO Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado la comisión de robos con fuerza al que, presuntamente, se le imputan 53 hechos delictivos. Han sido detenidas 9 personas como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, robo con violencia, tenencia ilícita de armas, daños, falsedad documental, contra la salud pública y contra la seguridad vial. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de cinco de ellos si bien, la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones. Han sido realizadas nueve entradas y registros en Valencia (7) y en Castellón (2), donde se intervinieron dos armas de fuego, ocho armas blancas, seis armas simuladas, cuatro vehículos, 6.000 euros, diversas joyas y efectos electrónicos sustraídos. La investigación se inició el pasado mes de diciembre de 2025, tras la comisión de un robo con fuerza mediante el método del alunizaje en una joyería de un centro comercial de Sagunto –Valencia-, utilizando tres vehículos de alta gama para sustraer joyas valoradas en 217.000 euros. Tras este hecho, los agentes identificaron a los autores y constataron que se trataba de una red criminal, afincada en la provincia de Valencia, con una estructura jerarquizada y una división de funciones, especializada en la comisión de alunizajes en joyerías. Además de esta tipología delictiva, el grupo evolucionó cometiendo robos en entidades bancarias haciendo uso de explosivos, técnica conocida como pizza slide, consistente en la introducción por la ranura dispensadora del cajero de una herramienta artesanal que habían fabricado a partir de una muleta ortopédica, a la que adosaron un artefacto explosivo para provocar su apertura de forma violenta y acceder a los cajetines donde se encontraba el dinero. Esta técnica no la habían perfeccionado ya que en una ocasión consiguieron hacer explotar el local y dañar vehículos que estaban aparcados en vía pública sin conseguir su botín. Los últimos hechos atribuidos al entramado son robos con intimidación en centros de distribución logística de aparatos electrónicos, donde tras amenazar a los empleados con armas blancas consiguieron sustraer material electrónico valorado en 500.000 euros. El grupo criminal hacía uso de una finca rústica en la que se reunían para la preparación de los robos, y que también servía como lugar de almacenamiento tanto de los efectos como de los vehículos sustraídos. Los hechos se producían a altas horas de la madrugada usando coches de alta gama sustraídos previamente bien en vía pública o en concesionarios, a los cuales les cambiaban las matrículas por otras robadas. Durante la comisión de los robos, los integrantes del grupo portaban vestimenta de color oscura y con el rostro tapado, además de hacer uso de extintores para eliminar pruebas y evitar ser identificados. El grupo, estaba afincado en la provincia de Valencia, destacaba por su intensa actividad delictiva y capacidad técnica a la hora de cometer los delitos, con una jerarquía y reparto de funciones entre sus miembros. El pasado mes tuvo lugar la explotación de la operación, practicándose nueve registros —Valencia (7) y Castellón (2) —, donde se intervinieron dos armas de fuego, ocho armas blancas, seis armas simuladas, cuatro vehículos, 6.000 euros, diversas joyas y efectos electrónicos procedentes de los robos investigados. El valor de los efectos sustraídos y el perjuicio económico ocasionado se estima en 2.000.000 de euros. Han sido detenidas un total de nueve personas en Valencia (7), Bailén (1) y Murcia (1), entre las que se encuentran los dos líderes del grupo, uno de los cuales intentó darse a la fuga saltando la valla de su vivienda y ocultándose en un arcón donde fue localizado bajo un colchón. A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, robo con violencia, tenencia ilícita de armas, daños, falsedad documental, contra la seguridad vial y contra la salud pública. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión de cinco de ellos.
El consejero de Sanidad y Bienestar Social , Alejandro Vázquez Ramos , ha presentado este jueves en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 relativo a su departamento. Las cuentas ascienden a 6.882 millones de euros , lo que representa un 64,4 % del gasto social de la Junta, toda vez que el Ejecutivo autonómico busca consolidar un modelo más integrado y preventivo que resuelva de manera conjunta las necesidades sanitarias y sociales que confluyan en una misma persona. Según ha explicado el titular del ramo, la unión de estas dos áreas en una misma consejería ofrece una oportunidad notable para afrontar retos como el envejecimiento, la cronicidad, la dependencia, la discapacidad o la soledad no deseada. De este modo, durante la presente legislatura se reforzará la atención sociosanitaria y la coordinación entre los profesionales del Servicio Público de Salud y del Sistema Público de Servicios Sociales para reducir barreras entre ambos ámbitos. En el desglose de las grandes cifras, a la sanidad pública , que engloba la Consejería y la Gerencia Regional de Salud, se destinarán 5.604 millones , un 14,9 % más que en 2024 y con una inversión superior al 7 % del PIB autonómico, hasta alcanzar los 2.379 euros por habitante protegido. Por su parte, los servicios sociales asumidos esta legislatura contarán con 1.277 millones , destacando la evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que contabiliza 129.768 personas con grado reconocido, de las cuales el 99,9 % tiene prestación asignada. El consejero ha resaltado que estos resultados se apoyan en el Sistema Único de Servicios Sociales y en la colaboración entre la Junta, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y las entidades del tercer sector. Así las cosas, el Acuerdo Marco de Servicios Sociales 2024-2027 consolidará el próximo año una financiación de 218,7 millones , un 24,5 % más que en 2024, sin contabilizar la adenda anual con las entidades locales. Por lo que respecta a la provincia de Soria , el presupuesto de 2027 contempla actuaciones de calado tanto en el ámbito sanitario como en el asistencial. Una vez finalizada la obra de modernización y ampliación del Hospital Santa Bárbara , que incluyó la dotación de la Unidad Satélite de Radioterapia tras una inversión que superó los 100 millones, el próximo ejercicio comenzará la primera fase de la reforma del Hospital Virgen del Mirón , mientras que en el área de servicios sociales continuarán las mejoras en la residencia Los Royales de la capital para su adaptación al modelo de unidades de convivencia, con una inversión superior al millón de euros, además de ejecutarse allí las primeras obras de eficiencia energética junto con la residencia de Miranda de Ebro. Asimismo, las cuentas autonómicas recogen el avance de las infraestructuras de Atención Primaria en Soria , donde culminará la construcción del nuevo centro de salud de El Burgo de Osma ?incluyendo su plan de montaje de mobiliario, equipamiento y el avance de su nueva unidad de Emergencias Sanitarias?, progresará la ejecución del nuevo centro de salud Soria Norte y se iniciarán las obras del nuevo centro de salud de San Leonardo de Yagüe . A todo ello se sumará la redacción del proyecto de ampliación y reforma del centro de salud de Almazán , además de la inclusión de dos plazas de otorrinolaringología en Soria dentro de la primera declaración de puestos de difícil cobertura presentada a las organizaciones sindicales. Plantillas, formación y puestos de difícil cobertura La consejería integra a más de 50.000 profesionales , lo que se traduce en un capítulo de gastos de personal dotado con 2.975 millones , un 11 % más que en 2024, de los cuales 92,3 millones corresponden a la Secretaría General y a las direcciones generales de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación y de Salud Pública. En el ámbito de la Gerencia Regional de Salud , la partida alcanza los 2.663 millones , con un incremento del 12,2 %, lo que permitirá implantar el expediente único electrónico del profesional, denominado EXPEDIENT-E , una herramienta llamada a centralizar la información laboral, formativa y administrativa de cada trabajador de Sacyl para agilizar bolsas de empleo, procesos selectivos, traslados, carrera profesional, movilidad o sustituciones. De igual modo, se adaptarán las plantillas orgánicas ampliando las especialidades de enfermería, habida cuenta de que tras ofertar más de 9.200 plazas en la pasada legislatura ?2.000 de ellas para médicos?, en el primer trimestre de 2027 culminará la OPE de 2025 con 759 plazas , repartidas en 250 de Medicina Familiar y Comunitaria, 78 de licenciados especialistas hospitalarios y 329 de enfermería, incluidas 59 de enfermera especialista. También se negociará un nuevo modelo de bolsa de empleo vinculado al expediente electrónico y continuará el concurso de traslados abierto y permanente, que ya ha incorporado a 686 profesionales de otras comunidades y al que se suma la adjudicación de plazas de otras 88 categorías, incorporando tres nuevas: Licenciado Especialista en Laboratorio Clínico, Técnico Superior en Nutrición y Dietética y Técnico en Farmacia. En materia formativa, se destinarán 156 millones al Programa de Formación de Residentes, donde tras el inicio en mayo de 2026 de los primeros residentes de Medicina de Urgencias y Emergencias , en mayo de 2027 aumentará el número de residentes y de hospitales acreditados hasta alcanzar los ocho centros docentes. La Junta ha solicitado al Ministerio de Sanidad seis nuevas unidades docentes, seis nuevas plazas y la ampliación de otras catorce unidades con quince plazas adicionales, lo que permitiría sumar 21 nuevas plazas a los 2.425 residentes actuales ?284 de Enfermería Especializada?, todo ello apoyado en la plataforma digital FESCYL , en el Programa de Fidelización que ya ha sumado a más de 1.100 profesionales y en la nueva Escuela de Directivos, que estrenará en 2027 el Programa Integral de Formación en Liderazgo y Gestión Sanitaria. Para desarrollar la Ley 3/2025, de 22 de diciembre , sobre provisión de puestos de difícil cobertura, junto a las dos plazas de otorrinolaringología de Soria se han declarado como tales las de esta misma especialidad en El Bierzo (tres), Palencia (cuatro) y Miranda de Ebro (una), así como las de anestesia y reanimación en Ávila (tres), El Bierzo (cuatro), Miranda de Ebro (dos), Aranda de Duero (una) y Segovia (dos), iniciándose de forma inmediata la negociación de la movilidad voluntaria extraordinaria y de los concursos de méritos. Por su parte, la Gerencia de Servicios Sociales dispondrá de 220 millones para personal, orientados a reforzar plantillas en residencias y centros de día y a elaborar en 2027 una estrategia específica de prevención de agresiones a los profesionales junto a colegios profesionales y agentes sociales, económicos y judiciales. Suministros, farmacia e inversiones en la Comunidad El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios suma 2.168,6 millones , correspondiendo 1.677,3 millones a la Consejería y a la Gerencia Regional de Salud, donde más de 991 millones ?el 59 % del capítulo? se dedican a productos farmacéuticos hospitalarios y material sanitario, ampliando en 2027 la compra centralizada con 20 acuerdos marco por más de 213 millones para dos años en más de 900 lotes y la adjudicación centralizada de medicamentos exclusivos por más de 428 millones, mientras que la Gerencia de Servicios Sociales contará con 491,2 millones , un 73,3 % más que en 2024. Asimismo, las transferencias corrientes alcanzan los 1.432 millones ?el 21 % del total?, incluyendo 866 millones para recetas farmacéuticas (un 14,7 % más), 680.000 euros para 19 asociaciones de pacientes, 3,4 millones para investigación e innovación y 506,8 millones para la Gerencia de Servicios Sociales (un 34,3 % más, con 130 millones adicionales), que financian los 218 millones del Acuerdo Marco, la dependencia y programas como la Universidad de la Experiencia y el Club de los 60. En el apartado de inversiones reales y transferencias de capital, el presupuesto supera los 304 millones , un 13 % más que en las cuentas anteriores. Dentro de los 45 millones asignados a la Atención Primaria para obras en diez centros de salud y trámites en otros veinte ?además de 1,5 millones en subvenciones a ayuntamientos para consultorios locales?, en Ávila finalizarán las obras de Madrigal de las Altas Torres y Arévalo, concluirá el nuevo centro de Sotillo de la Adrada y se reformará el Punto de Atención Continuada de Ávila Estación, mientras que en Burgos comenzará la reforma del pabellón 4 del Hospital Militar para ampliar Las Huelgas, se iniciarán las obras de Roa de Duero y se redactarán los proyectos de Valle de Mena, Villadiego y Melgar de Fernamental. En la provincia de León finalizará el nuevo centro de Sahagún, se licitará el proyecto de la unidad de fisioterapia de Pinilla-San Andrés del Rabanedo, comenzará la primera fase de reforma de José Aguado y se prepararán los proyectos de Villaquilambre y Ponferrada I cuando haya parcelas disponibles; en Palencia se ejecutarán las obras de Venta de Baños, la ampliación de Torquemada y la reforma integral de Baltanás; en Salamanca se harán las obras de San José-Zurguén; y en Segovia seguirán las de Cuéllar y se licitará el proyecto de El Espinar. Por su parte, en Valladolid concluirá la reforma de Medina de Rioseco, empezará la construcción de Arturo Eyries, se redactará el proyecto de La Pilarica y se tramitarán los de Delicias II y la ampliación de La Cistérniga con unidad de fisioterapia, en tanto que en Zamora comenzará la ampliación de Villalpando y se tramitará el proyecto del nuevo centro Virgen de la Concha a la espera de parcela, sumando en la Comunidad nuevos equipos de radiología en Sotillo de la Adrada, Vitigudino, Peñaranda de Bracamonte y Aliste, así como el montaje de mobiliario y nuevas unidades de Emergencias Sanitarias, dotadas con 550.000 euros globales, en Medina de Rioseco, Sotillo de la Adrada, Madrigal de las Altas Torres, Sahagún y El Burgo de Osma. Las inversiones en Atención Hospitalaria contarán con 165 millones ?92 para obras, incluidos casi 19 millones de conservación, y más de 73 para equipamiento como cirugía robótica, exoesqueletos pediátricos o radiología digital?, lo que permitirá en Ávila estrenar el Hospital de Día Onco-Hematológico, finalizar el Servicio de Farmacia con salas blancas para iniciar la ampliación de Urgencias y sumar dos quirófanos de cirugía mayor ambulatoria en el Hospital Provincial; en Burgos , completar el nuevo Hospital de Aranda de Duero (más de 130 millones de inversión global), mejorar hospitalización y laboratorio e incorporar una resonancia magnética en el Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, y ejecutar el tercer búnker de Oncología Radioterápica y una sala de Hemodinámica en el Hospital Universitario de Burgos; y en León , continuar la unidad de Reanimación con una inversión superior a los 7 millones para ampliar la UCI e iniciar la Unidad Satélite de Radioterapia en El Bierzo. Del mismo modo, en Palencia seguirá la tramitación del contrato de proyecto y obra del bloque técnico y hospitalización del Nuevo Hospital Río Carrión por 250 millones; en Salamanca abrirá el edificio de consultas externas; en Segovia comenzará la infraestructura de 20.000 metros cuadrados y más de 45 millones para consultas externas, hospitales de día y unidad satélite de radioterapia; en Valladolid se tramitará la reanudación de las consultas externas del Clínico, la ampliación del Río Hortega y las obras para una resonancia magnética en Medina del Campo; y en Zamora se harán las obras para instalar otra resonancia magnética en el Virgen de la Concha. En cuanto a los 34,5 millones de inversión de la Gerencia de Servicios Sociales ?un 33 % más que en 2024 descontados los Fondos Europeos MRR, con 26,5 millones para infraestructuras, climatización y equipamiento?, además de la actuación soriana, se destinarán 11,5 millones en Ávila para la nueva residencia con 100 plazas más; 4,8 millones en Burgos para unidades de convivencia, equipamiento en Aranda de Duero y la nueva sede de la Gerencia Territorial y Unidad de Valoración; un millón en León para las residencias de la capital y Ponferrada y la nueva Unidad de Valoración; medio millón en Palencia para unidades de convivencia; más de un millón en Salamanca (más de la mitad en 2027) para los centros de discapacidad intelectual de la capital y Béjar; cerca de 100.000 euros en Segovia para la residencia de mayores y la de San Lorenzo; un millón en Valladolid para reconvertir plazas en las residencias de la capital y Parquesol; y 900.000 euros en Zamora para poner en marcha la nueva residencia de 180 plazas (152 más), adaptar la de Benavente y renovar el centro Virgen del Yermo. Salud pública, vacunas y planificación estratégica El programa de Salud Pública crecerá un 29,4 % respecto a 2024 hasta los 143,2 millones , impulsado por los más de 65 millones destinados a vacunación. En 2027, la inmunización frente al VRS ?recomendada ahora a mayores de 18 años en centros de mayores o de discapacidad y pacientes de muy alto riesgo? se extenderá a personas con enfermedades cardiorrespiratorias graves; la del Herpes Zóster sumará la cohorte de quienes cumplan 71 años a las de 65 y 80 años; seguirá la captación de varones hasta 18 y 25 años para el Virus del Papiloma Humano (VPH); se mantendrá la vacunación intranasal de otoño frente a la gripe estacional en niños ampliada de los ocho hasta los 11 años inclusive; la Junta asumirá íntegramente por más de 10 millones la compra de vacunas frente a la COVID-19 tras finalizar los contratos del Ministerio de Sanidad; y se incorporará la vacuna frente al virus chikungunya para viajeros internacionales. En materia de detección precoz, desde el 1 de enero de 2027 la Comunidad cribará hasta 29 enfermedades congénitas en el programa neonatal, superando la cartera común del Sistema Nacional de Salud, al tiempo que reforzará los cribados de cáncer de mama, cuello de útero y colorrectal, avanzará en la implantación del cribado de cáncer de pulmón e incrementará un 27 % el apoyo al diagnóstico genético del cáncer hereditario hasta los 460.000 euros , creando además una nueva red autonómica integral de atención al cáncer. Finalmente, el programa de Planificación y Desarrollo contará con cerca de 1,2 millones para desplegar herramientas como el Plan Integral de Enfermedades Raras 2023-2027, el V Plan de Salud 2032, el Plan Estratégico de Medicina Personalizada y de Precisión 2024-2030 y el Plan de Investigación e Innovación en Salud 2023-2027 junto a la Estrategia en Terapias Avanzadas 2025-2030. A ello se unirá la aprobación del Plan de Cuidados Paliativos , la futura Estrategia de Atención al Paciente Oncológico, el futuro Modelo de Atención Sociosanitaria y la Estrategia Integral de Abordaje de la Obesidad Infantil, coordinada con educación y deporte, además del Plan de Calidad y Seguridad del Paciente, el Plan Persona, la Estrategia Cardio-Metabólica-Renal, la Estrategia de Salud Digital, el II Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2024-2027 y la Estrategia de Cuidados de Larga Duración y Fomento del Envejecimiento Activo y Saludable 2025-2027, mientras que el programa de Asistencia Sanitaria incluirá en primer lugar el subprograma de Atención Primaria.
Los vínculos de una organización criminal belga con una banda brasileña dedicada al tráfico de cocaína han sido el centro de atención de un importante juicio celebrado en Bruselas, en el que se han denunciado vínculos de contrabando entre actores europeos y los cárteles de la droga de América Latina Cómo el traficante de cocaína más buscado de Europa forjó el primer narcoestado real del mundo Un convoy de policías fuertemente armados atravesaba las somnolientas calles del centro de Bruselas en la madrugada del 7 de septiembre. Su destino estaba en las afueras nororientales de la ciudad: el complejo militarizado con aspecto de búnker del número 22 en Avenue du Bourget, antigua sede de la OTAN en el barrio de Haren. Modernista, austero y funcional, el complejo que se construyó a toda prisa en 1967 alberga hoy la sala de vistas Justitia, donde se celebran los juicios federales de Bélgica. Fue ahí donde, en 2022, fueron juzgados los autores y cómplices de los atentados terroristas de París (2015) y Bruselas (2016). La misión de los agentes armados con fusiles de asalto era patrullar los amplios pasillos del edificio para proteger a los implicados en el caso Bressers-Carvalho, el juicio más mediático de la década. A un lado de una gran mampara de cristal blindado, los jueces y la legión de abogados que durante un mes compartieron aquel espacio con el público y los periodistas. Al otro lado, los 31 acusados, flanqueados por agentes con el rostro enmascarado para protegerlos de represalias. Una escena más propia de un país asolado por la mafia. Dos de los acusados destacaron especialmente durante las largas vistas. El primero, Flor Bressers, un belga de 40 años nacido en Lommel (una localidad de 35.000 habitantes en la provincia de Limburgo). Su perfil no era habitual en los círculos del hampa. Licenciado en Criminología por la Universidad Libre de Bruselas, sus compañeros lo llamaban ‘el profesor’, ‘el académico’ y, sobre todo, ‘el cortadedos’, un apodo que contradice cualquier posible imagen de hombre íntegro y refinado. Detenido en 2022 durante una cata de vinos junto a su esposa en un ático del hotel suizo de lujo Renaissance Zurich Tower, Bressers fue acusado de secuestro, detención ilegal, extorsión con armas de fuego y dirección de organización criminal. El otro personaje clave y presunto miembro de la organización criminal es Sérgio Roberto de Carvalho, brasileño de 68 años. En una operación conjunta de Interpol, Europol, Policía Federal brasileña y Agencia Antidroga de Estados Unidos, Carvalho fue detenido el 21 de junio de 2022 en Budapest, la capital de Hungría, en un hotel de lujo con vistas al Danubio. Con base en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, la zona de la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay que se ha convertido en uno de los centros del crimen organizado del continente, se hizo conocido en su país con el apodo de “Mayor”, en referencia al cargo que ocupaba cuando era agente de la policía militar incurriendo en actividades criminales y corruptas. El nombre que le daban en Europa era más revelador: ‘el Escobar brasileño’. Con la red internacional de tráfico de cocaína entre Latinoamérica y Europa en el punto de mira, el ‘cortadedos’ y el ‘Escobar brasileño’ fueron los principales acusados en la sala del tribunal belga repleta de medidas de seguridad. Se sospecha que Bressers y Carvalho estaban al frente de una organización responsable de transportar hasta 45 toneladas de cocaína a Europa. De las empresas pantalla a las criptomonedas Según la Fiscalía, usaban empresas pantalla para mover cientos de millones de dólares de una operación multinacional y al margen de la ley. Entre esas sociedades figuraba Kriva Rochem, responsable del tratamiento de aguas en Amberes, cuyo nombre se ha usado para rebautizar el caso. Usando criptomonedas, mercados financieros y propiedades inmobiliarias, blanqueaban el dinero que financiaba la compleja logística de transportar la cocaína producida en Bolivia y Perú por las polvorientas rutas de Brasil y hasta el Atlántico, desde donde viajaba a un número indeterminado de países europeos y más allá. Bressers figuraba en la lista de fugitivos más buscados de Europol desde el año 2021. Según el aviso de la agencia, lo buscaban por secuestro y privación de libertad, extorsión con armas de fuego y participación en organización criminal. En un caso anterior de 2010 fue acusado de ordenar un ajuste de cuentas en el que la víctima perdió un dedo cortado por unas tijeras de podar, dando origen a su apodo (ese juicio terminó con la absolución en 2015 de Bressers por falta de pruebas). Imagen del puerto de Róterdam, una importante ruta utilizada para importar drogas desde Latinoamérica. En 2020, Bressers fue condenado por otra venganza: el secuestro de un neerlandés traficante de drogas al que golpearon, amenazaron de muerte y cortaron con una cuchilla de afeitar responsabilizándolo de la desaparición de un cargamento de cocaína. Bressers se convirtió entonces en fugitivo y pasó dos años desaparecido. Bressers también figuraba como sospechoso en al menos otro caso violento, esta vez en Guyana, relacionado con la muerte de un mayorista después de que se detectara cocaína en un cargamento de arroz que había importado. Se cree que su muerte fue un intento de evitar que desmantelara la red. El caso tampoco llegó a juicio. Al menos diez identidades falsas Carvalho, el socio de Bressers, tal vez es más conocido en Europa que en Brasil. Según los documentos judiciales brasileños, lideraba el grupo que adquiría docenas de toneladas de cocaína producida en Perú y Bolivia para transportarla por el centro y oeste de Brasil hasta los puertos de Paranaguá y Natal, desde donde se enviaba a Europa. Nacido en 1958 en Ibiporã (estado de Paraná, em el sur de Brasil), Carvalho creció en Mato Grosso do Sul y se involucró en actividades criminales desde que comenzó a trabajar como agente de policía en ese estado. Aunque en 1998 lo condenaron por primera vez a 15 años de cárcel por tráfico de drogas, no lo expulsaron del cuerpo hasta el año 2010. En lugar de seguir dirigiendo sus operaciones desde Latinoamérica, el ‘Escobar brasileño’ se mudó a Europa, escondiéndose en Portugal, primero, y en España, después. Según la policía española, Carvalho se instaló en una mansión de dos millones de euros en Marbella bajo la identidad de Paul Wouter, un acaudalado ciudadano de Surinam. En los últimos años, el consumo de drogas en Europa ha aumentado de forma notable. Si miras los informes de la ONU, se trata de un mercado importante Juan Gabriel Tokatlian — Experto en crimen organizado latinoamericano y profesor de RRII en la Universidad Torcuato Di Tella La Fiscalía belga sostuvo que entre 2017 y 2020 Carvalho coordinó desde su base en España, conocido centro del tráfico internacional de la cocaína, una red de crimen organizado especializada en drogas que abarcaba toda la Península. Estaban implicados los puertos de Setúbal, cerca de Lisboa, y de Leixões, en el norte de Portugal. Además del aeropuerto de Lisboa y de los puertos de Róterdam, en Países Bajos; y Amberes, en Bélgica. La policía portuguesa sospechaba que Carvalho mantenía vínculos con el Primeiro Comando da Capital, la organización criminal más importante de Brasil. En noviembre de 2020, lo acorralaron, aunque no llegaron a detenerlo, en una serie de redadas coordinadas donde intervinieron más de 1.000 agentes de policía de Europol, Portugal, España, Bélgica, Países Bajos, Rumanía y Emiratos. La operación se saldó con 45 detenciones, la incautación de 70 coches de lujo, de 37 aeronaves, de 136 propiedades inmobiliarias y de más de 13 millones de euros en efectivo. Según se expuso ante el tribunal, se cree que Carvalho simuló su propia muerte ese mismo año con un certificado de defunción a nombre de Wouter, supuestamente muerto por complicaciones relacionadas con la covid-19. Después de eso se trasladó a Budapest, donde lo detuvieron en 2022 mientras usaba un pasaporte mexicano a nombre de Guillermo Díaz Flores. Se sospecha que Carvalho utilizó al menos diez identidades falsas antes de ser detenido en Hungría. En Bélgica lo encarcelaron en una prisión de alta seguridad tras su extradición en junio de 2023. “Fue un homónimo quien cometió estos delitos, no yo” En el juicio ‘el cortadedos’ se reencontró con su presunto cómplice. Los dos han sido acusados de dirigir una organización criminal internacional. Durante la audiencia, Bressers no admitió ninguna de las acusaciones y dijo ser víctima de una cacería de brujas montada para los medios. “Tengo la firme convicción de que todo esto fue orquestado por las autoridades”, dijo. Su equipo de defensa impugnó las pruebas y solicitó que se desestimara el caso. Contactado por The Guardian, el abogado principal Hans Rieder no hizo ningún comentario. Durante el juicio, la defensa ha acusado a la prensa de “pintar una imagen absolutamente monstruosa” de su cliente. Carvalho no asistió a todas las sesiones del juicio alegando problemas de salud. Mantiene su inocencia y afirma ser víctima de una persecución de las autoridades federales brasileñas. “Llevo cinco años en la cárcel, pero nadie me hace caso”, dijo durante la vista. “Fue un homónimo quien cometió estos delitos, no yo”. The Guardian trató de hablar con Frédéric Thiebaut y Renaat Landuyt, abogados de Carvalho, pero no obtuvo respuesta. El fiscal federal belga a cargo del caso tampoco quiso hacer declaraciones. Las vistas concluyeron el 9 de octubre y se espera un veredicto para el 15 de diciembre. Bressers podría ser condenado a un máximo de hasta 20 años de cárcel, mientras que Carvalho podría pasar hasta 15 años encerrado. Antes era al revés, pero ahora es una vía de doble sentido, llevábamos décadas viendo a delincuentes europeos de alto nivel estableciéndose en Latinoamérica. Ahora vemos cada vez más a delincuentes latinoamericanos activos también en Europa, de forma permanente o semipermanente Andy Kraag — Jefe del centro de delincuencia organizada de Europol Casos como el de Bressers y Carvalho se han multiplicado en la última década. Un período en el que Europol, las fuerzas policiales nacionales y los servicios de inteligencia de Portugal, España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, países nórdicos, Europa del Este, los Balcanes, y el norte de África han detectado células de redes de narcotraficantes latinoamericanos. Según Andy Kraag, que dirige la unidad de delincuencia organizada en Europol, estas ramificaciones criminales se han arraigado en Europa a través de ‘intermediarios’, miembros de cárteles de la droga que “prestan servicios especializados relacionados con la producción de cocaína en Europa, incluida la extracción de cocaína de los diversos materiales que sirven para el transporte, o el procesamiento de la pasta de coca”. “Los delincuentes latinoamericanos están muy implicados en esto, la presencia de criminales latinoamericanos en Europa va en aumento y sus actividades cobran cada vez más relevancia”, dice. “Antes era al revés, pero ahora es una vía de doble sentido, llevábamos décadas viendo a delincuentes europeos de alto nivel estableciéndose en Latinoamérica. Y ahora vemos cada vez más a delincuentes latinoamericanos activos también en Europa, de forma permanente o semipermanente”. Vista exterior de la sede de Europol en La Haya, Países Bajos. Según fuentes de alto nivel en Europa y América Latina, estos grupos están ampliando sus operaciones y su poder en la economía real y en la digital usando criptomonedas, empresas de juego y a los sectores inmobiliario y financiero. De acuerdo con Juan Gabriel Tokatlian, experto en crimen organizado latinoamericano y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, la guerra contra las drogas que se libró en Colombia volvió más resistentes y dinámicos a los cárteles, lo que explica su capacidad actual para adaptarse y expandirse a nivel internacional. “En los últimos años, el consumo de drogas en Europa ha aumentado de forma notable; si miras los informes de la ONU, se trata de un mercado importante”, dice. “Pero en la década de los 80, y sobre todo en lo que respecta a la cocaína, no era relevante”. “En ese contexto de demanda europea y con una política antidroga errática que militariza para terminar coexistiendo, nos encontramos con una serie de situaciones que terminan por fortalecer al crimen organizado”, añade Tokatlian. Como Carvalho, decenas de presuntos líderes de organizaciones criminales de América Latina: el Primeiro Comando da Capital, el Tren de Aragua, el cártel de Sinaloa, el Clan del Golfo o Los Lobos están encerrados en cárceles por toda Europa, aparecen en los listados de criminales más buscados de la Interpol o son activamente rastreados por las fuerzas policiales nacionales o por Europol por tráfico de cocaína a Europa y tráfico de armas y drogas sintéticas a Latinoamérica, además de vínculos con la mafia italiana ‘Ndrangheta o con organizaciones criminales de los Balcanes. “Plataformización” del crimen organizado Según Gabriel Feltran, sociólogo de la universidad Sciences Po de París, grupos como el Primeiro Comando da Capital o el Cártel de Sinaloa están formando ‘empresas conjuntas’ con organizaciones criminales europeas, como las de Albania o como la ‘Ndrangheta’. De acuerdo con Feltrán, que también es director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, estas empresas conjuntas adquieren la coca directamente a los productores latinoamericanos y también se encargan de la distribución hasta el cliente final, de forma que la propiedad de la droga ya no pasa de mano en mano en una larga cadena de suministro. Es lo que Feltran denomina la ‘plataformización’ del crimen organizado. Los cárteles integran sus infraestructuras y modelos económicos igual que plataformas digitales internacionales como Amazon, Google y Meta. El objetivo es controlar toda la cadena del tráfico, desde la producción en lo más profundo de América Latina hasta la venta en las calles de Europa. La propiedad de la droga ya no cambia de manos, lo concentran todo, optimizan mucho y crecen muy rápidamente Gabriel Feltran — Sociólogo de la universidad Sciences Po de París Eso implica que todo se concentra en la cúspide: las comunicaciones, los pagos, las sustancias químicas (precursores) necesarias para fabricar la droga, los laboratorios y hasta la logística. Como los conductores de Uber, los transportistas y operadores locales suelen ser contratados como proveedores de servicios remunerados, en muchas ocasiones sin saber lo que llevan. Feltran afirma que, antes de la ‘plataformización’, el tráfico se basaba en rutas y en intermediarios que eran propietarios de la droga en cada eslabón de la cadena. Según él, estas “empresas conjuntas se unen ahora en la cúspide, compran directamente al productor y entregan directamente al final de la cadena, sin pasar por intermediarios”. “La propiedad de la droga ya no cambia de manos, lo concentran todo, optimizan mucho y crecen muy rápidamente”, dice. “Cuanta más gente utiliza sus servicios, más dependientes se vuelven; es un efecto de red”. Traducción de Francisco de Zárate.
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