Abre esta vía tras sorprender la Guardia Civil por tercera vez estos bombeos en uso y sin permiso "haciendo caso omiso" a la resolución del propio juez, que ha rechazado los recursos de la Fiscalía y Ecologistas en Acción contra el archivo de la causa que investigaba un delito contra el medio ambiente La Casa de Alba volvió a poner en marcha por su cuenta sus pozos dos meses antes de que el juez le diese permiso para ello La decisión de la Casa de Alba de poner en funcionamiento por su cuenta sus pozos clausurados sin tener todavía el correspondiente permiso del juez ha derivado en una nueva actuación judicial. El magistrado que ha instruido la causa penal por un posible delito contra el medio ambiente por estas captaciones sin licencia, que archivó hace dos meses al apreciar sólo irregularidades administrativas, ha decidido abrir una causa al margen –que será otro juez el que decida si cristaliza o no– por unos bombeos que es la tercera vez que son sorprendidos funcionando sin permiso. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor, que ha investigado el caso de estos nueve pozos sin licencia , ha decidido deducir testimonio de las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, que cuando en septiembre fue a desprecintarlos se encontró con que la propiedad los había puesto en marcha dos meses antes tras romper los sellos judiciales. Por ello, el juez considera que podemos estar ante un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial o quebrantamiento de medida cautelar. El magistrado apunta que, “visto que se informa y se documenta gráficamente” por la Guardia Civil que estos bombeos se encontraban en funcionamiento “haciendo caso omiso” a la resolución judicial, da este paso ante el que la parte acusada puede presentar recurso. Lo siguiente será remitir esta causa al Decanato para su reparto al juzgado que corresponda, cuyo titular será el encargado de investigar el caso y concluir si considera que hay delito. El 'teórico' desprecinto El instituto armado acudió el pasado 22 de septiembre a la finca Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar, a tiro de piedra de Doñana. El agente al mando apuntó en su informe, no sin sorna, que ese día “se procedió al teórico desprecinto de todos y cada uno de los pozos”. “Y digo teórico porque todos los pozos que supuestamente tendríamos que haber desprecintado ya se encontraban en pleno funcionamiento desde hacía aproximadamente dos meses”, tal y como reconoció el encargado. La hacienda está gestionada por Eurotécnica Agraria, una empresa de la propia Casa de Alba cuyo consejo de administración integran los hermanos Martínez de Irujo a excepción del actual duque de Alba. El apoderado de la compañía alegó que habían decidido reabrir las captaciones al entender que ya estaban autorizadas , después de que el pasado mes de mayo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (organismo estatal que concede los derechos de agua) autorizó el cambio del sistema de regadío de la finca. Esto, en la práctica, implica la regularización de unos pozos que han funcionado sin licencia y “despilfarrando” agua, según la propia Confederación, que tiene abierto un procedimiento sancionador por vía administrativa por estos hechos. Además, la propiedad es reincidente en el marco de una causa judicial que se abrió en 2023 tras denunciarse que estas captaciones llevaban una década extrayendo sin permiso. El juez levantó después el precinto pero con la advertencia expresa de que no podían usarse, lo que cayó en saco roto porque pocos meses después (a finales de 2024) fueron otra vez descubiertos a pleno rendimiento. Es decir, que estaríamos ante la tercera ocasión en la que la Casa de Alba ha estado sacando agua sin permiso. Desestima los recursos por el archivo del caso Mientras se sustancia o no esta nueva vía judicial, el propio magistrado firmó días antes un auto por el que desestimaba los recursos presentados por la Fiscalía de Medio Ambiente y Ecologistas en Acción en contra del archivo de la causa principal. En él, admite que estamos ante “extracciones no autorizadas”, pero se reafirma en su conclusión de que estamos ante “una infracción de tipo administrativo”, en línea con lo argumentado por la defensa de la Casa de Alba . El juez recuerda que alrededor de Aljóbar hay otras fincas con derechos de riego mucho más elevados, por lo que los propios informes de la Confederación del Guadalquivir reconocen que no se puede culpar en solitario a la propiedad de los Alba del descenso que ha sufrido el acuífero del que extraen, el Aljarafe Sur. “La conclusión no puede ser otra”, apostilla. Ante esta decisión cabe todavía recurso de apelación ante la Audiencia, que fuentes del caso calculan que puede tardar hasta un año en pronunciarse. Durante la investigación, la Fiscalía ha mantenido que en Aljóbar se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua sin licencia, “mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural”. La Guardia Civil calculó que Eurotécnica Agraria extrajo de manera ilegal entre 3.800 y 6.640 millones de litros durante más de una década, lo que le reportó un “beneficio ilegal” de 5,1 millones de euros y provocó daños al entorno de entre 732.000 euros y 1,1 millones.
Las cuentas del Olivia Energy Group , con importante representación en la provincia de Cádiz, están bajo sospecha. LA VOZ ha podido confirmar que la Guardia Civil llevó a cabo este jueves una operación coordinada en Cádiz, Huelva y Sevilla en las oficinas de la empresa. El motivo de esta actuación de la Guardia Civil era efectuar un registro por orden judicial. Concretamente las actuaciones se centran sobre la división Olivia Valoriza SLU , dedicada al t ratamiento de los aceites usados de distintas actividades y a su almacenaje como combustible. Esta empresa los decanta y los centrifuga para retirar a los aceites los óleos en suspensión, los metales pesados y el agua, dándole un tratamiento final para que pueda usarse como combustible , lo que ha llevado también a relacionar esta actividad con el posible apoyo a las mafias del narcotráfico. En el operativo montado en Cádiz han sido d etenidas tres personas, un hombre y dos mujeres , entre ellos el gerente de la firma Alfonso Lorente.En Cádiz se ha detenido a tres personas (un hombre y dos mujeres) que han pasado este viernes a disposición judicialEste grupo empresarial, que se instaló en la Zona Franca de Cádiz en 2011, es uno de los gigantes de la distribución de combustible , desde biodiésel hasta fueloil, a través de la división de Olivia Petroleum. El primero de ellos es un combustible de origen natural que permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que el otro es una fracción del petróleo y es el material más pesado de los que se pueden destilar a presión atmosférica.Gestión económicaLa Guardia Civil trata ahora de aclarar la gestión que llevó a cabo uno de sus gerentes, Alfonso Lorente, y su equipo. Olivia Petroleum es una empresa instalada en la Zona Franca de Cádiz desde 2011. Se trata de una ubicación estratégica para cubrir el tráfico mediterráneo y el europeo-africano. Su actividad gira en torno a arrendamiento de instalaciones de tancaje o almacenaje, transporte nacional e internacional de mercancías por carretera, comercio al por mayor de productos energéticos y de toda clase de mercancías, exclusivamente dentro de las zonas y depósitos francos portuarios y aeroportuarios. La relación entre Olivia Petroleum y Olivia Valoriza es íntima, mientras que los primeros se encargan de la distribución, los segundos de su reciclaje y almacenamiento . Olivia Valoriza SLU se ha visto perseguida por la Agencia Tributaria (AEAT), por un supuesto fraude de 40,3 millones de euros por impago del IVA en su actividad con los hidrocarburos. La denuncia, como se puede advertir, sigue su curso y es la Guardia Civil la que trata ahora de arrojar luz sobre este presunto fraude . Según los datos de las últimas cuentas que depositaron en el Registro Mercantil, las de 2021, obtuvieron una cifra de negocios de 839,6 millones de euros, que contrasta con los casi 119 millones de 2020. De la misma manera, el ejercicio resultó en unos beneficios con un crecimiento de casi el 700%, superando los 10 millones de euros, frente a los 1,3 millones del año anterior.Gracias a Olivia Petroleum, el recinto fiscal gaditano recuperó en 2018 las operaciones de tráfico de productos energéticos , ausente desde 2003. En aquella ocasión la operativa consistió en una descarga de 7.000 toneladas métricas de biodiésel.
El 22 de septiembre de 2026, una patrulla de guardias civiles llegaron la finca de Aljóbar en Aznalcázar (Sevilla) con una tarea la mar de sencilla: quitar los precintos judiciales de nueve pozos. Doce días antes y ras una farragosa causa judicial, el juez había archivado todo y ordenado levantar la prohibición de usarlos. El problema es que, cuando llegaron allí, los pozos ya estaban funcionando . De hecho, a la luz de lo que vieron en Aljóbar, el agente al mando llegó a la conclusión de que hacía ya dos meses que esos motores estaban bombeando a todo trapo. Y, en el centro de todo, la Casa de Alba. No deja de ser curioso que hayan ganado un caso de tres años y millones de metros cúbicos de agua para terminar en un juicio por desobediencia. Pero, bueno, a menudo la justicia funciona así. Nueve pozos bajo una malla verde. Todo empezó en la primavera de 2023, cuando dos extrabajadores de la finca denunciaron que algo raro pasaba entre los naranjos. Sobre el papel, Aljóbar (gestionada por Eurotécnica Agraria, la sociedad agraria de la familia Alba) tenía permiso para un pozo de riego. Tras esta denuncia, los agentes encontraron ocho pozos sin licencia y sin contador cubiertos con mallas verdes para que no se distinguieran en las imágenes aéreas. En febrero de 2025, encontraron uno más . En Xataka Doñana lleva décadas al borde del precipicio. Ahora tenemos un experimento para ver si podemos rehacerla desde cero ¿Y qué conllevaba eso? Según la Guardia Civil , entre 3.800 y 6.640 millones de litros fueron extraídos ilegalmente en once campañas. Eso representaba un beneficio ilegal de 5,1 millones de euros por la fruta producida con esa agua y un daño ambiental de entre 732.000 euros y 1,13 millones. La defensa sostuvo que nunca se superó el volumen que les permitía la concesión y, finalmente, el juez no encontró delito. ¿Cómo es posible? Es sencillo: el juez sí que reconoció las "extracciones no autorizadas", pero las consideró una infracción administrativa. Para el juzgado, el riesgo ambiental "no puede presumirse" y la gravedad alegada "carece de base". Y el motivo está en el Córdigo Penal, no basta con que el pozo sea ilegal, para que sea delito hay que demostrar el daño que le confirió al acuífero. Y el asunto central es que Aljóbar, pese a estar cerca de Doñana, no bombea del acuífero de Almonte-Marismas, sino del acuífero del Aljarafe Sur. Como esta masa está un 2% por encima del límite que la definiría como "en mal estado" y pese a que los informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) dicen que los pozos de Aljóbar son "susceptibles" de haber agravado el estado de la masa, resultaba difícil ponderar el daño que han causado esas extracciones ilegales. Así que ahora mismo solo queda investigar la rotura del precinto. Y ni siquiera es seguro que los condenen. En España, condenar a alguien por un uso indevido del agua sigue siendo algo extremada difícil y este está empezando a convertirse en un caso paradigmático de ello. Imagen | Jusotil_1943 En Xataka | Estamos reforestando Europa con árboles que no llegarán al 2100. Si no los matan las plagas, lo hará el cambio climático - La noticia Un juez investiga a la Casa de Alba por reabrir por su cuenta nueve pozos clausurados por la justicia fue publicada originalmente en Xataka por Javier Jiménez .
El choque institucional al que estamos asistiendo entre el Tribunal Constitucional y la Sala II del Tribunal Supremo con motivo de la declaración de constitucionalidad de la ley de Amnistía y su aplicación al delito de malversación de caudales públicos viene de lejos, y es frecuente en los países que contemplan la existencia de un Tribunal Constitucional con la potestad de anular las sentencias judiciales, si observan que se ha vulnerado alguno de los derechos que constituyen la columna vertebral de un sistema democrático, en el que se salvaguarde el derecho a un juicio justo y con todas las garantías, encomendado a jueces independientes, imparciales, responsables y sometidos al imperio de la ley. Todos los poderes del Estado están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. El Tribunal Supremo no puede ser una excepción. Confrontaciones de esta naturaleza las hemos visto en varios países en los que conviven ambas instituciones. Ni el Tribunal Supremo puede envolverse en el manto de ser la cúspide del Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional puede ir más allá de ser el intérprete supremo de la Constitución, ni convertirse en el censor de todas las actividades del resto de los poderes del Estado. El Tribunal Constitucional español se constituyó y comenzó a funcionar el 12 de julio de 1980. De sus doce integrantes, diez eran catedráticos de un alto prestigio nacional e internacional y dos nombrados por el Consejo General del Poder Judicial de indudable prestigio profesional. Desde sus comienzos tuvo que sentar las bases de lo que debería constituir el debido proceso, a la luz de la interpretación del artículo 24 de la Constitución que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva con especial hincapié en el derecho a la presunción de inocencia, sin perjuicio de otras garantías. La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 establece claramente que la sentencia debe construirse sobre las pruebas practicadas en el juicio oral sin acudir a los atestados policiales. En estos momentos los informes de la UCO y la UDEF se han convertido en una especie de Evangelios. También se les recuerda que no pueden valerse de pruebas ilegítimamente obtenidas y algo tan elemental como que la duda favorece al acusado. El primer impacto sobre la mala práctica judicial en el proceso penal se produce con la sentencia del Tribunal Constitucional 31/1981, (Sala Primera), de 28 de julio, ponente Gloria Begué Cantón, que señaló que para destruir la presunción de inocencia era necesario contar con una mínima actividad probatoria, obtenida y practicada en el juicio oral con todas las garantías procesales constitucionales y legales. Denuncia que la única prueba que ha servido para condenar al demandante de amparo es su confesión ante la policía, realizada sin la garantía constitucional que supone la asistencia de Letrado. Se le ha colocado en una situación discriminatoria de práctica indefensión, vulnerándose el derecho a un proceso con todas las garantías y el principio de presunción de inocencia reconocidos en el art. 24 de la Constitución. En la sentencia ya se vislumbraba la resistencia tradicional de los órganos jurisdiccionales, plasmada en el voto particular de Ángel Escudero del Corral, que había sido magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se aferra al valor probatorio de las diligencias practicadas durante la fase de investigación. Son innumerables las sentencias en este sentido. La tendencia a nombrar catedráticos y expertos ajenos a las funciones jurisdiccionales se ha ido perdiendo y ha sido sustituida por la colonización del Tribunal Constitucional por el mecanismo de los tres quintos, salvo en el caso de los designados por el Gobierno en un reparto de cuotas entre el Partido Popular y el PSOE, que inexorablemente provoca su politización ante la opinión pública. Que quede claro que esta objeción no supone demérito alguno para los designados, ya que siempre he considerado que lo importante es el contenido y los razonamientos de las sentencias. En estos momentos el choque de trenes entre ambos Tribunales adquiere su máxima gravedad al abordar la aplicación de la Ley de Amnistía a los independentistas catalanes en lo relativo al delito de malversación. Ante la negativa del Tribunal Supremo a aplicarla se recurrió en amparo y el Tribunal Constitucional confirma la amnistía. El Constitucional reprocha al Supremo que su resolución representa: " una interpretación extensiva que (desconoce) el debido nexo de coherencia con la norma que las contempla" . El criterio de esta Sala asume una interpretación que "… conduce a una drástica contradicción (…) manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la ley que se interpreta". Añade que la interpretación del Supremo es contraria "… a las reglas de la lógica y del sentido común», además de incluir "… razonamientos que (presentan) de forma manifiesta un carácter contradictorio, irrazonable y carente de sentido". La contestación del Supremo se acomoda a los reproches: “La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia, revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia. Según la redacción de Marchena, t ales manifestaciones tratan de “enriquecer su decisión con consideraciones absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto". Tras destacar que asume en su integridad la decisión del TC, el Supremo resalta que “la fundamentación jurídica de la mayoría que ha inspirado el otorgamiento de amparo incluye consideraciones que son manifiestamente prescindibles para otorgar sentido a la resolución estimatoria. Atribuir a la interpretación de esta Sala una "drástica contradicción", una "reducción teleológica" , una "interpretación extensiva", una "interpretación impredecible de los preceptos aplicables", un distanciamiento del "sentido común", de "la lógica", de la finalidad de la ley y, en fin, la ausencia de un elemental "nexo de coherencia", representa enriquecer su decisión con consideraciones absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto”. El tono y los comentarios de la prensa alineada con la derecha extrema auguran un futuro choque todavía más trascendente con motivo de la suspensión, por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, del derecho de sufragio de los descendientes de españoles que optaron a la nacionalidad según la ley de Memoria Democrática y que voluntariamente se inscribieron en el Censo de Residentes ausentes (CERA). Están abonando el terreno para denunciar un fraude electoral si el Tribunal Constitucional restaura el sufragio suspendido. Queda poco tiempo para comprobarlo. _____________ José Antonio Martín Pallín es abogado, y ha sido el fiscal y magistrado del Tribunal Supremo.
El bogotano dedica una sala al disputado Tesoro Quimbaya, en poder del Museo de América en Madrid, y pide su restitución: “Está en buenas manos, pero podría estar en mejores" La censura ultra en Colombia decide qué es arte y qué no: de la violencia política a los encuentros en un cine gay “No se puede mirar el arte desde un lado apolítico”, afirma el artista colombiano Miguel Ángel Rojas (Bogotá, 1946) conversando con elDiario.es durante la inauguración de su exposición en Madrid. Por eso La noche , la muestra que el Museo Reina Sofía acaba de inaugurar, mantiene un compromiso político y ético firme con el arte que vive en los márgenes: desde la reivindicación de la homosexualidad hasta la crítica al extractivismo, la guerra del narco, la codicia colonial o el impacto del cambio climático. La exposición reúne en seis salas medio siglo de carrera y la profunda relación del artista con su país. Llega apenas unas semanas después de que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ordenara retirar del Museo Nacional de Colombia Fanny (1978), un aguafuerte de Rojas, junto a decenas de piezas sobre luchas feministas, LGBTIQ+ y memoria de la violencia. Una decisión incomprensible para el artista, aunque, explica, “ha conseguido unir tanto a artistas de izquierdas como de derechas contra la censura”, y ha logrado destacar el humanismo con el que Rojas se define. Lo mismo piensa el director del museo, Manuel Segade: “Hacemos este tipo de exposiciones para que estas acciones no ocurran”, comentó a la prensa. Por su parte María Wills Londoño, recuerda que el arte de Rojas siempre ha tenido muy buena acogida en su país, y que la retirada de la obra del artista es una acción residual en su larga carrera. La obra de Rojas está profundamente ligada a la tierra, y eso se nota en los materiales, en los que a menudo incluye hojas de coca en distintos formatos. “A lo mejor está mal que lo diga aquí, pero yo soy una persona materialista”, bromea el artista. En El nuevo Dorado (2012), el trazo pixelado del Amazonas, hecho en oro, atraviesa un paisaje verde de mambe (hoja de coca en polvo), arcilla y pigmentos minerales: una denuncia del saqueo de los recursos naturales. Y, sin embargo, Rojas no quiere que se le encierre en un solo contexto. “Pienso que mis obras se ensanchan, adquieren nuevos significados”, dice. Autoconocimiento, oro, sed y restitución El recorrido empieza con Autorretrato con luz de luna (1968), una fotografía hecha con una Kodak 1A en la que el artista aparece de perfil, apenas rozado por un haz de luz. Para él es una obra fundacional: parte de la experiencia personal para hablar de un país atravesado por el duelo, donde la noche parece no acabar. Muy cerca, La Cosecha (2012) alinea 147 pequeñas cabezas precolombinas de la cultura Tumaco, hechas con maíz, cal y cemento: otro autorretrato simbólico con el que asume su vínculo con los pueblos indígenas. Y en la antesala aguarda la pieza que da título a la muestra, La noche (1980): Rojas aplicó cocaína sobre una fotografía y la selló con resina para declarar el fin de su adicción. Miguel Ángel Rojas: 'Autorretrato con luz de luna' (1964) La primera sala, El nuevo Dorado, se sumerge en las violencias del extractivismo heredado de la colonia. Aquí se estrena Carbón carbón (2026), dieciséis módulos de frottage con carbón que dibujan un territorio erosionado por los incendios y la destrucción del Amazonas, pero del que brotan, en oro, especies vivas que garantizarán su supervivencia, como son las celdas de panal de la abeja meliponina, que es la encargada de polinizar todo el Amazonas, y que Rojas menciona como el reverso optimista, la búsqueda de soluciones al desastre climático. Miguel Ángel Rojas: ''Restitución' (2009) La segunda, Sed , gira en torno al Tesoro Quimbaya , hallado en Colombia en 1890 y regalado en 1892 por el presidente Carlos Holguín Mallarino a la monarquía española. Rojas lo resume con ironía: “Está en buenas manos, pero podría estar en mejores manos en Colombia”. Para la ocasión ha producido un vídeo inédito en el que las sombras del tesoro, sobre un fondo dorado, se van desvaneciendo. Alrededor, Restitución (2009) reflexiona sobre la devolución de piezas y la importancia de reconocer a las comunidades de origen, mientras que en Las Tablas de la Ley (2018) el cobre y el oro chapado forman “In gold we trust” y una frase atribuida al boxeador Pambelé: “It is better to be rich than poor”. Mestizaje, coca y minas: el cuerpo como territorio “Yo soy el Tumaco viviente” es una de las salas más importantes, según la comisaria Wills Londoño. Rojas recuerda y se interroga por su origen mestizo y por el vínculo con la tierra heredado de su madre campesina, así, trabaja el barro, trenza fibras vegetales, procesa hojas de coca en su taller. En Buritaca (1992) la planta aparece junto al poporo, objeto ceremonial de la Sierra Nevada de Santa Marta, no como mercancía sino como un vehículo ancestral de pensamiento. En Broadway (1996/2012), las hojas de coca que sostienen las hormigas simulan el tránsito del narcotráfico. Después llega Quiebramales , la sala más dura, donde cuelga una de sus obras más míticas: David (2004), diez fotografías a gran escala hechas con José Antonio Ramos, un soldado mutilado por una mina antipersona. Se ha convertido en emblema del sufrimiento de las víctimas del conflicto armado. A su lado, la palabra Quiebramales , escrita con lapiceros de colores, se opone a “quiebrapatas”, como se conoce popularmente a esas minas. Miguel Ángel Rojas: 'David' (2004) “Es una obra que habla de la guerra, de las víctimas de la guerra, de las poblaciones que sufren las decisiones que se toman desde los altos gobiernos, e incluyen también a los soldados, la milicia”, cuenta Rojas. “A esos muchachos los reclutan jóvenes, les ponen un fusil, les dan un entrenamiento y los mandan a la guerra sin que sepan para quién están luchando ni por qué. Es lo más injusto de la guerra en general”. Es, añade, una imagen antibélica con un fundamento, como es el de las diferencias culturales. “La mente humana, más que el color de la piel, hace que las personas se distancien, se enfrenten y se creen enemigos”. Esas diferencias, insiste, tienen que ver con la educación. Ramos, que según el artista desciende de aquellos antioqueños que llegaron huyendo de la Inquisición, no tuvo acceso a ella y acabó de soldado raso, expuesto a los peligros de la guerra hasta que un quiebrapatas lo mutiló. “Yo uso ese cuerpo para hablar de situaciones específicas en Colombia, de esas diferencias radicadas en los niveles culturales”. De ahí que la polémica le toque de lleno. “El David es una pieza que está en la colección del museo desde hace varios años y no fue movida de su sitio, mientras otra que no es para nada explícita, pero se refería a encuentros gays en sitios en decadencia, en los que los asistentes éramos clase media o media baja, fue retirada”, explica. La oscuridad como refugio El final del recorrido es un descenso a la noche. En Cuarto oscuro , Rojas convierte la fotografía en pintura a golpe de químicos y pinceles, con pigmentos de plomo y hasta fluidos corporales, en los años del sida y del miedo, destacan sus obras Felicidad perdida (1987), Virosis (1986) y Cupido equivocado (1988). Y en Las tardes tensas regresa a los cines del centro de Bogotá, como Faenza, Imperio, Mogador, donde, entre 1975 y 1979, fotografiaba a escondidas con una Pentax en plena oscuridad, calculando la distancia contando filas de butacas y enfocando con una linterna, unas fotos que están marcadas por la rapidez, por la fugacidad, y por la experiencia. Miguel Ángel Rojas: 'Virosis' (1986) “Bajé a los sótanos más oscuros de mi experiencia”, escribe “con el firme propósito de mirar desde afuera y con distancia, a aquellas situaciones que viví, para encontrar en ellas renovación”. De ahí nacieron imágenes que son apenas insinuaciones, fantasmas de cuerpos una forma de resistir sin dejarse leer del todo. La muestra se cierra con Grano (1981) una instalación que constituye una vuelta a casa. Tan solo un suelo de baldosas hecho con tierras de colores, réplica de la intervención que Rojas hizo en 1980 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, e inspirada en el patio de la casa de sus abuelos en Girardot. En el original, una gallina paseaba sobre el dibujo y lo iba deshaciendo. Con los años, escribe el artista, se ha convertido en símbolo de los desplazamientos forzados por la guerra o el hambre. Después de atravesar la noche el visitante sale pisando tierra.
La intermitente lluvia que ha acompañado a la jornada de la h uelga general del 11N en Soria no ha impedido que cientos de sorianos acudieran a la manifestación convocada por los sindicatos. En concreto, un millar largo de personas salían de la plaza Mayor acompañados con sus paraguas, sus pitos y una consigna muy clara: ?que baje el alquiler, que suban los sueldos?. La marcha contaba con dos cabeceras. Una primera formada por la U nión General de Trabajadores y las Comisiones Obreras y otra, más cañera en estética y cánticos, convocada por el Sindicato de la Vivienda y la Confederación Nacional del Trabajo . Los cánticos también iban modulándose. Desde la versión de la clásica canción infantil ?había una vez un pisito chiquitito que no podíamos pagar? al ?ni rentistas ni banqueros, la vivienda para los obreros?. No han faltado las canciones clásicas de huelga, como Rolando Alarcón, ni el ?hacía falta ya una huelga general?. En este punto es conveniente recordar que la anterior huelga general fue en 2012 contra el gobierno de Mariano Rajoy por las medidas de austeridad y que esta se ha producido a poco más de 24 horas del comienzo de una campaña electoral para las elecciones generales. En la vertiente más política, en la segunda parte de la manifestación se han escuchado cánticos antifascistas y el lema ?rentistas culpables, gobierno responsable? . Con todo, el lema que mejor resumía las reivindicaciones rezaba: ?que baje el alquiler, que suban los sueldos?. La huelga suma a la crisis de la vivienda otros factores como el mantenimiento del sistema de pensiones o la defensa de los servicios públicos. Los sindicatos ven ?un clamor social? Juanma Peña, de UGT , María Enciso, de CCOO , y Eduardo Gallego, de CGT , son quienes han puesto voz a la huelga. Todos han celebrado lo que han calificado de un ?clamor social? que ha acompañado a la huelga con ?la mayoría de los ciudadanos mojándose? más allá de los datos de participación. Una movilización social que ?sirve? y que en este caso interpela tanto a los políticos como a la patronal, aseguran. Comisiones celebra un ?día importante? de ?reivindicación del estado de bienestar? mediante la exigencia de un salario digno, una vivienda asequible y unos servicios públicos de calidad. María Enciso habla de ?un clamor social a pesar del (mal) tiempo? y pide mayor ?conciencia de clase? ya que estas movilizaciones ?sí funcionan? como pone de ejemplo el acuerdo alcanzado en el sector cárnico. Por parte de UGT se comparte el diagnóstico ya que, más allá de datos de participación, consideran que ha habido ? una inmensa mayoría de ciudadanos mojándonos literal y metafóricamente? por unas mejores condiciones de vida. Juanma Peña pide una ?vivienda universal? que no deje en la pobreza a la clase obrera y ?blindar las pensiones?. Por su parte, CGT ve una ?acogida muy favorable? de la jornada entre la clase obrera y se cuestionan los datos ofrecidos por FOES. Eduardo Gallego denuncia ?un sistema que no nos deja vivir? y pide ?menor jornada laboral y más salario mínimo ?, asegurando que esta huelga ?también es laboral? además por los servicios, los derechos y la vivienda. Gallego rechaza que sea una huelga oportunista ya que llevan años de movilizaciones sectoriales, incluida la vivienda. Preguntado por Soria Noticias sobre a quién interpela esta huelga, señala que interpela a políticos y empresarios por igual.
Francisco José Alcaraz, candidato de VOX al Congreso de los Diputados, ha anunciado que el Parlamento Europeo tramitará por la vía de urgencia un debate en la Comisión de Peticiones para abordar la “competencia desleal” que sufren los productores de olivar españoles debido a las importaciones procedentes de Marruecos. Esta iniciativa ha salido adelante gracias al impulso y la gestión de Vox en las instituciones europeas, en lo que el candidato tosiriano ha calificado como una “victoria crucial para el campo español”. Alcaraz ha denunciado que este avance se ha logrado “a pesar del rechazo del PSOE, que, una vez más, ha dado la espalda a nuestros agricultores al votar en contra de que las denuncias de Jaén y de toda España se escuchen en Europa”. Para el candidato de VOX, la postura de los socialistas en Bruselas evidencia una “falta de compromiso alarmante” con el tejido productivo nacional. Asimismo, ha señalado como una “grave injusticia” la desigualdad regulatoria que ahoga a los productores locales frente a los extracomunitarios. “No podemos tolerar que mientras a nuestros agricultores se les exigen costes e imposiciones astronómicas, a Marruecos se le dé vía libre sin exigir ni la misma calidad, ni la misma seguridad fitosanitaria, ni los mismos derechos laborales”, ha aseverado Alcaraz. Ante esta situación de desprotección, la formación de Abascal ha exigido a la Comisión Europea la implantación de controles estrictos en frontera, una trazabilidad real y transparente del producto importado y la activación inmediata de los mecanismos de salvaguardia recogidos en los tratados comerciales. Francisco José Alcaraz ha concluido reafirmando el compromiso total de su partido con el mundo rural: “Para VOX, la prioridad absoluta son nuestros productores y nuestra soberanía alimentaria”. Con la apertura de esta tramitación urgente, el partido ha asegurado que llevará la voz y las reivindicaciones del sector olivarero hasta el corazón de las instituciones europeas para frenar el desmantelamiento del campo español.
España concentra una veintena de los 75 actos convocados este fin de semana en Europa para exigir una moratoria en la construcción de estas infraestructuras, así como reglas claras sobre el consumo de energía y agua Los trucos contables de las grandes tecnológicas camuflan hasta un 85% de la contaminación de la inteligencia artificial Zaragoza, Madrid, Barcelona, Huelva, Helsinki, Viena, París, Dublín, Bruselas, Milán, Marsella, Londres, Ámsterdam. La lista de la primera movilización de protesta contra los centros de datos a nivel europeo se extiende hasta las 75 ciudades. Manifestaciones, actos de protesta y puntos de información tendrán lugar este viernes y sábado bajo el lema Stop Dirty Data Centres (Paremos los centros de datos contaminantes), convocados por unas 102 organizaciones y colectivos adheridos. España, con hasta 20 eventos coordinados en grandes y pequeñas localidades, lidera la protesta. La chispa contra estas infraestructuras, fundamentales en el entrenamiento y despliegue de inteligencia artificial, saltó hace un año a nivel local. Especialmente, contra aquellas de mayor tamaño cuyo consumo eléctrico puede rivalizar con ciudades enteras, conocidas como hiperescalares . Desde entonces, cada vez más colectivos de distintos ámbitos, desde plataformas vecinales a ecologistas, pasando por organizaciones de derechos digitales, sindicatos, académicos y observadores de transparencia, se han organizado para impugnar la construcción “descontrolada” de centros de datos y los efectos sociales no deseados de la IA. Están convencidas de que el movimiento debe tener carácter continental, ya que de nada sirve frenar en un solo territorio. “Había que hacerlo a nivel europeo y apoyándonos entre todos para evitar que, al expulsar un centro de datos de un país, aparezca en el de al lado”, explica Aurora Gómez, portavoz de la plataforma Tu Nube Seca Mi Río, una de las más activas a nivel nacional e internacional. Ese respaldo mutuo resulta determinante porque las regiones más afectadas suelen ser las menos pobladas. “Los que están avanzando en las zonas rurales son los más grandes, porque es donde hay más territorio y más posibilidad de extraer recursos, pero sobre todo porque hay más diferencia de poder”, denuncia la activista en conversación con elDiario.es: “Un agricultor, como nos pasa en Trigueros (Huelva) o en un pueblo de Huesca, tiene mucha menos capacidad de luchar o incluso contratar abogados en su zona”. Moratoria a la construcción Toda la movilización gira alrededor de una única petición: una moratoria en la construcción de centros de datos que permita aprobar leyes sobre su transparencia, así como su consumo de energía y agua . “Están jugando al salvaje Oeste: meterlo todo deprisa y corriendo antes de que dé tiempo a regular nada”, avisa Gómez. “La moratoria sería un debate con los políticos y la ciudadanía para decidir qué centros de datos queremos y qué es lo que consideramos hiperescala. Y no construir ninguno más para que nos dé tiempo a regular”. Los estudios muestran que tanto el número como la potencia de los centros de datos se han disparado desde 2020, con crecimientos acelerados desde 2024. Sin embargo, la disparidad de empresas operadoras y de servicios que prestan impide que existan siquiera registros oficiales para cuantificar el fenómeno. La consultora EY calcula que en Europa hay unas 3.000 de estas infraestructuras en Europa, aproximadamente un 30% más que hace siete años, con otros 565 proyectos ya en marcha en 21 países. Manifestación contra los centros de datos en Zaragoza. Las cifras más fiables son las que miden la potencia instalada en mercados concretos. En el gran polo europeo de los centros de datos (denominado el FLAP-D, siglas de Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín) la capacidad operativa pasó de 1,8 gigavatios (GW) en 2019 a 3,8 GW en el primer semestre de 2026, más del doble en siete años, según la consultora inmobiliaria y de gestión de inversiones JLL. En España, uno de los mercados de mayor crecimiento, al cierre de 2025 se contabilizaban cerca de 100 centros de datos comerciales y 439 megavatios (MW) de potencia instalada, un 24% más que un año antes. Según los cálculos de la patronal, SpainDC, la capacidad puede dispararse hasta los 2.537 MW en 2030, lo que implicaría multiplicarla por seis . Incluso el Gobierno ha alertado de que ese aumento tan “abrupto” de la demanda tendría “consecuencias indeseadas” sobre los precios de la electricidad y las emisiones contaminantes. En un informe preparado por los ministerios para la Transición Ecológica, de Economía y de Transformación Digital presentado este jueves, el Ejecutivo defiende la necesidad de regular el sector a través del real decreto presentado el pasado agosto. Una norma con medidas sobre el uso de energía que el sector ha tachado de “inasumibles” , negando también “la urgencia” que argumenta el Gobierno para aprobarlas. Rechazo global El Gobierno ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad del real decreto que ayude a frenar un descontento social creciente contra los centros de datos y la inteligencia artificial en general. A través de ministros como Óscar López, el Ejecutivo ha tratado de transmitir la idea de que la regulación es lo único que puede evitar que las incipientes movilizaciones en España y Europa se conviertan en las masivas protestas que estas instalaciones han desencadenado en EEUU. Este movimiento ha sido, de hecho, uno de los más transversales y unánimes de las elecciones de medio mandato celebradas esta semana. De los 34 referéndums sobre la expansión de los centros de datos que se han celebrado junto a las votaciones regionales, las empresas tecnológicas han perdido 33. Las consultas, que incluían desde moratorias en la construcción hasta la imposición de más medidas de transparencia, han tenido apoyos superiores al 80% en la mayoría de casos. Manifestación frente a la sede de OpenAI en San Francisco (EEUU), el pasado 21 de septiembre. En EEUU, donde el boom de centros de datos es anterior y aún más explosivo que en Europa, está dejando conflictos sociales, medioambientales y económicos. El principal es la subida de la factura de la luz para los vecinos por el aumento de la demanda. Un fenómeno que también está directamente relacionado con el aumento de la contaminación del aire, con centrales de carbón extendiendo su vida útil y la instalación de nuevas turbinas de gas adyacentes a los centros de datos. Pero que también se deja notar en la inquietud de las comunidades con escasez de agua por el consumo de estas instalaciones, así como el deterioro de la calidad de vida por la pérdida de espacios naturales, la multiplicación de subestaciones eléctricas, líneas de alta tensión y el ruido constante de los sistemas de ventilación. “Aquí el sistema eléctrico es diferente al de Estados Unidos. La manera en la que la gente va a empezar a notar esto quizás sea algo distinta en España, pero creemos que también se va a empezar a sentir fuerte y es uno de los motivos de preocupación ciudadana de cara a la movilización”, dice Enol Nieto, miembro de la organización Litigio Estratégico, que plantea interponer recursos ante los tribunales para cuestionar las facilidades que las autonomías han dado a las empresas para instalar grandes centros de datos en su territorio. Este movimiento no es contra los propios centros de datos, que han existido desde hace años y tiene sentido que existan; es contra este modelo masivo que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Aragón Enol Nieto — Litigio Estratégico La primera de esas acciones se fragua en Aragón , donde Amazon y Microsoft han concentrado despliegues de decenas de miles de millones de euros. “Lo que queremos es sentar un precedente jurídico que sirva a otros territorios, y que esa acción sirva para que la gente entienda cuál es la materialidad de esta nube digital, cuáles son los posibles impactos que puede traer a muchos niveles”, describe Nieto. “Lo decimos siempre: este movimiento no es contra los propios centros de datos, que han existido desde hace años y tiene sentido que existan; es contra este modelo masivo que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Aragón y en otras zonas del Estado”, concluye el activista en conversación con este medio. elDiario.es se ha puesto en contacto con SpainDC para incluir su posicionamiento en esta información, pero la patronal de los centros de datos ha preferido no participar. Todo por la IA A la inquietud por el impacto de los propios centros de datos se suman las incertidumbres sobre la tecnología que los motiva. En el centro de las críticas de los convocantes está también el propio modelo de negocio de la IA, al que acusan de concentrar aún más poder y capital en manos de las grandes tecnológicas. “No tiene el impacto positivo que decían”, desmiente Aurora Gómez. “La IA es un bluf . Ya demostramos la falsa promesa del empleo. Todas las cifras que dicen no son nada; todas las promesas de la IA son falsas, por tanto, los centros de datos tampoco son necesarios”, sentencia. “Pero es que, además, nos han demostrado que algunas de esas falsas promesas son peligrosas, porque conectar todo con inteligencia artificial es un problema de ciberseguridad”, recuerda, en referencia a los últimos incidentes en los que sistemas de OpenAI o Anthropic han hackeado incluso páginas gubernamentales . En España, las movilizaciones se repartirán por una veintena de localidades, con especial protagonismo de Zaragoza (manifestación el sábado a las 12.00 horas desde la plaza Paraíso), Madrid (encuentro el sábado a las 14.00 horas en calle Iglesia, paseo reivindicativo por Madrid Río y concentración ante el Ministerio para la Transición Ecológica) y Barcelona (concentración ante el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès el sábado a las 11.30 horas). También hay convocatorias en Huelva y en municipios de Aragón y otras zonas rurales afectadas. Todas las acciones pueden seguirse desde la página oficial de protesta Stopdirtydatacentres.eu .
Vox ha conseguido la tramitación urgente de un debate, previsto para enero de 2027, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la “competencia desleal” que las importaciones procedentes de Marruecos ejercen contra el sector español del olivar. Todo ello a pesar de que el PSOE ha votado en contra de la propuesta, lo cual supone “una nueva traición al campo español” por parte del Partido Socialista, que “se ha opuesto a que las denuncias de los agricultores sean escuchadas con urgencia en la Eurocámara”. Vox denuncia el doble rasero de las políticas nacionales y comunitarias que cargan de obligaciones y costes al campo español mientras dan rienda suelta a las importaciones marroquíes, y exige que la apertura comercial no sea jamás en detrimento de la rentabilidad de nuestras explotaciones, cooperativas y empleo rural. La petición de Vox alerta de la diferencia entre los requisitos laborales, medioambientales y fitosanitarias exigidos a los productos españoles y a los marroquíes. Fruto de este desequilibrio, nuestros productores están quedando en una situación de desventaja competitiva que se traduce en terribles pérdidas para las familias y empresas que sustentan un sector fundamental para España como el del olivar de Jaén. En concreto, la iniciativa busca que la Comisión Europea dé explicaciones sobre los controles de residuos de pesticidas, la trazabilidad y la verificación del origen de las importaciones, incluida la diferenciación entre productos procedentes de Marruecos y del Sáhara Occidental. Asimismo, VOX reclama una evaluación económica y jurídica de las importaciones, los precios y los costes de producción para que, en caso de acreditarse perjuicios graves al mercado, se activen los mecanismos de salvaguardia previstos en el acuerdo comercial. Frente al rechazo del PSOE, Vox “seguirá defendiendo la prioridad del campo español, la reciprocidad comercial y la protección de la soberanía alimentaria”.
El hito ornitológico nacional que supone el hallazgo de este ave por parte de la Asociación Proyecto Ría San Martín confirma la importancia del estuario para las aves migratorias Antecedentes - “Catástrofe ambiental” en Suances: muerte masiva de aves en la ría San Martín y preocupación por si afecta a las playas El municipio cántabro de Suances se ha convertido en el centro de atención de la ornitología en España tras un avistamiento excepcional. Abel Ojugas, presidente de la Asociación Proyecto Ría San Martín, ha identificado este miércoles 4 de noviembre un macho de la especie calliope calliope , conocida como ruiseñor calíope. El ejemplar había sido localizado previamente por Orlando Parrilla, quien contactó con Ojugas para su identificación. Este hallazgo supone la primera cita documentada de este ave de origen asiático en territorio español, caracterizada por su llamativa garganta roja. El hito constata, según Ojudas, el valor estratégico del estuario cántabro a nivel mundial. El 24 de julio de 2025, el propio Ojugas recuerda que descubrió en las aguas de la Ría de San Martín un ejemplar de playero aliblanco, un ave de origen norteamericano que también significó la “primera cita” de la especie en España. Ambos registros excepcionales, según Ojugas, “ponen de manifiesto la relevancia del municipio como enclave y punto de descanso estratégico para las aves migratorias que transitan por el arco cantábrico”. En el argot de la ornitología y avistamiento de aves ( birdwatching ), el concepto de “primera cita” se refiere a un hito científico. En concreto, una “cita” es el registro documental preciso de un avistamiento que incluye la fecha, la localización y el nombre del observador. Por tanto, una “primera cita” supone el primer registro histórico y homologado de una especie en un territorio determinado, ya sea a escala provincial, autonómica o nacional. Un santuario de biodiversidad sin escudo legal A pesar de su evidente trascendencia ecológica, la Ría San Martín arrastra una marcada paradoja administrativa, ya que es la única ría de Cantabria que carece por completo de cualquier figura de protección medioambiental. Ubicada en la desembocadura de los ríos Saja y Besaya, se trata del cuarto humedal más importante de la comunidad autónoma para la avifauna acuática invernante, solo por detrás de las Marismas de Santoña, la Bahía de Santander y el Embalse del Ebro. Además, concentra en torno al 10 % de las aves invernantes de la región. Avistadores ornitológicos que se han desplazado hasta Suances, algunos desde otras comunidades autónomas, para observar al ruiseñor calíope. El trabajo científico desarrollado en el municipio por la Asociación Proyecto Ría San Martín, en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Suances, ha quedado plasmado recientemente en el Atlas de las Aves Nidificantes de Suances 2024–2026 , coordinado por el propio Abel Ojugas. El estudio ha inventariado un total de 61 especies nidificantes en el término municipal, registrando un 95% de casos con reproducción segura. Asimismo, el estuario actúa como hábitat de especies vulnerables o amenazadas como la anguila europea, el salmón atlántico, el aguilucho lagunero y el águila pescadora. Sin embargo, las peticiones para preservar el estuario sufren una constante parálisis institucional. Las organizaciones ecologistas y sociales llevan solicitando desde 2017 la declaración de Área Natural de Especial Interés (ANEI). Aunque el proyecto se sometió a consulta pública en 2023, colectivos como Ecologistas en Acción ya denunciaban en 2025 que el Gobierno autonómico mantenía paralizado el expediente tras más de dos años sin responder a las alegaciones e instancias presentadas. La urgencia de esta protección jurídica ha quedado a s vez evidenciada este último verano, con una catástrofe ambiental que se tradujo en la aparición de decenas de aves muertas en la ría de Suances -94 según los registros de la Asociación Proyecto Ría San Martín y 44 según el Gobierno autonómico- sin que los análisis oficiales posteriores hayan arrojado causas concluyentes . Por todo ello, colectivos como SEO/BirdLife, Proyecto Ría San Martín y Ecologistas en Acción coinciden en que dotar a la ría de la figura de ANEI o su incorporación a la Red Natura 2000 es indispensable para regular los usos del espacio y otorgar garantías de conservación a un estuario de alto valor ambiental.
Los vínculos de una organización criminal belga con una banda brasileña dedicada al tráfico de cocaína han sido el centro de atención de un importante juicio celebrado en Bruselas, en el que se han denunciado vínculos de contrabando entre actores europeos y los cárteles de la droga de América Latina Cómo el traficante de cocaína más buscado de Europa forjó el primer narcoestado real del mundo Un convoy de policías fuertemente armados atravesaba las somnolientas calles del centro de Bruselas en la madrugada del 7 de septiembre. Su destino estaba en las afueras nororientales de la ciudad: el complejo militarizado con aspecto de búnker del número 22 en Avenue du Bourget, antigua sede de la OTAN en el barrio de Haren. Modernista, austero y funcional, el complejo que se construyó a toda prisa en 1967 alberga hoy la sala de vistas Justitia, donde se celebran los juicios federales de Bélgica. Fue ahí donde, en 2022, fueron juzgados los autores y cómplices de los atentados terroristas de París (2015) y Bruselas (2016). La misión de los agentes armados con fusiles de asalto era patrullar los amplios pasillos del edificio para proteger a los implicados en el caso Bressers-Carvalho, el juicio más mediático de la década. A un lado de una gran mampara de cristal blindado, los jueces y la legión de abogados que durante un mes compartieron aquel espacio con el público y los periodistas. Al otro lado, los 31 acusados, flanqueados por agentes con el rostro enmascarado para protegerlos de represalias. Una escena más propia de un país asolado por la mafia. Dos de los acusados destacaron especialmente durante las largas vistas. El primero, Flor Bressers, un belga de 40 años nacido en Lommel (una localidad de 35.000 habitantes en la provincia de Limburgo). Su perfil no era habitual en los círculos del hampa. Licenciado en Criminología por la Universidad Libre de Bruselas, sus compañeros lo llamaban ‘el profesor’, ‘el académico’ y, sobre todo, ‘el cortadedos’, un apodo que contradice cualquier posible imagen de hombre íntegro y refinado. Detenido en 2022 durante una cata de vinos junto a su esposa en un ático del hotel suizo de lujo Renaissance Zurich Tower, Bressers fue acusado de secuestro, detención ilegal, extorsión con armas de fuego y dirección de organización criminal. El otro personaje clave y presunto miembro de la organización criminal es Sérgio Roberto de Carvalho, brasileño de 68 años. En una operación conjunta de Interpol, Europol, Policía Federal brasileña y Agencia Antidroga de Estados Unidos, Carvalho fue detenido el 21 de junio de 2022 en Budapest, la capital de Hungría, en un hotel de lujo con vistas al Danubio. Con base en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, la zona de la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay que se ha convertido en uno de los centros del crimen organizado del continente, se hizo conocido en su país con el apodo de “Mayor”, en referencia al cargo que ocupaba cuando era agente de la policía militar incurriendo en actividades criminales y corruptas. El nombre que le daban en Europa era más revelador: ‘el Escobar brasileño’. Con la red internacional de tráfico de cocaína entre Latinoamérica y Europa en el punto de mira, el ‘cortadedos’ y el ‘Escobar brasileño’ fueron los principales acusados en la sala del tribunal belga repleta de medidas de seguridad. Se sospecha que Bressers y Carvalho estaban al frente de una organización responsable de transportar hasta 45 toneladas de cocaína a Europa. De las empresas pantalla a las criptomonedas Según la Fiscalía, usaban empresas pantalla para mover cientos de millones de dólares de una operación multinacional y al margen de la ley. Entre esas sociedades figuraba Kriva Rochem, responsable del tratamiento de aguas en Amberes, cuyo nombre se ha usado para rebautizar el caso. Usando criptomonedas, mercados financieros y propiedades inmobiliarias, blanqueaban el dinero que financiaba la compleja logística de transportar la cocaína producida en Bolivia y Perú por las polvorientas rutas de Brasil y hasta el Atlántico, desde donde viajaba a un número indeterminado de países europeos y más allá. Bressers figuraba en la lista de fugitivos más buscados de Europol desde el año 2021. Según el aviso de la agencia, lo buscaban por secuestro y privación de libertad, extorsión con armas de fuego y participación en organización criminal. En un caso anterior de 2010 fue acusado de ordenar un ajuste de cuentas en el que la víctima perdió un dedo cortado por unas tijeras de podar, dando origen a su apodo (ese juicio terminó con la absolución en 2015 de Bressers por falta de pruebas). Imagen del puerto de Róterdam, una importante ruta utilizada para importar drogas desde Latinoamérica. En 2020, Bressers fue condenado por otra venganza: el secuestro de un neerlandés traficante de drogas al que golpearon, amenazaron de muerte y cortaron con una cuchilla de afeitar responsabilizándolo de la desaparición de un cargamento de cocaína. Bressers se convirtió entonces en fugitivo y pasó dos años desaparecido. Bressers también figuraba como sospechoso en al menos otro caso violento, esta vez en Guyana, relacionado con la muerte de un mayorista después de que se detectara cocaína en un cargamento de arroz que había importado. Se cree que su muerte fue un intento de evitar que desmantelara la red. El caso tampoco llegó a juicio. Al menos diez identidades falsas Carvalho, el socio de Bressers, tal vez es más conocido en Europa que en Brasil. Según los documentos judiciales brasileños, lideraba el grupo que adquiría docenas de toneladas de cocaína producida en Perú y Bolivia para transportarla por el centro y oeste de Brasil hasta los puertos de Paranaguá y Natal, desde donde se enviaba a Europa. Nacido en 1958 en Ibiporã (estado de Paraná, em el sur de Brasil), Carvalho creció en Mato Grosso do Sul y se involucró en actividades criminales desde que comenzó a trabajar como agente de policía en ese estado. Aunque en 1998 lo condenaron por primera vez a 15 años de cárcel por tráfico de drogas, no lo expulsaron del cuerpo hasta el año 2010. En lugar de seguir dirigiendo sus operaciones desde Latinoamérica, el ‘Escobar brasileño’ se mudó a Europa, escondiéndose en Portugal, primero, y en España, después. Según la policía española, Carvalho se instaló en una mansión de dos millones de euros en Marbella bajo la identidad de Paul Wouter, un acaudalado ciudadano de Surinam. En los últimos años, el consumo de drogas en Europa ha aumentado de forma notable. Si miras los informes de la ONU, se trata de un mercado importante Juan Gabriel Tokatlian — Experto en crimen organizado latinoamericano y profesor de RRII en la Universidad Torcuato Di Tella La Fiscalía belga sostuvo que entre 2017 y 2020 Carvalho coordinó desde su base en España, conocido centro del tráfico internacional de la cocaína, una red de crimen organizado especializada en drogas que abarcaba toda la Península. Estaban implicados los puertos de Setúbal, cerca de Lisboa, y de Leixões, en el norte de Portugal. Además del aeropuerto de Lisboa y de los puertos de Róterdam, en Países Bajos; y Amberes, en Bélgica. La policía portuguesa sospechaba que Carvalho mantenía vínculos con el Primeiro Comando da Capital, la organización criminal más importante de Brasil. En noviembre de 2020, lo acorralaron, aunque no llegaron a detenerlo, en una serie de redadas coordinadas donde intervinieron más de 1.000 agentes de policía de Europol, Portugal, España, Bélgica, Países Bajos, Rumanía y Emiratos. La operación se saldó con 45 detenciones, la incautación de 70 coches de lujo, de 37 aeronaves, de 136 propiedades inmobiliarias y de más de 13 millones de euros en efectivo. Según se expuso ante el tribunal, se cree que Carvalho simuló su propia muerte ese mismo año con un certificado de defunción a nombre de Wouter, supuestamente muerto por complicaciones relacionadas con la covid-19. Después de eso se trasladó a Budapest, donde lo detuvieron en 2022 mientras usaba un pasaporte mexicano a nombre de Guillermo Díaz Flores. Se sospecha que Carvalho utilizó al menos diez identidades falsas antes de ser detenido en Hungría. En Bélgica lo encarcelaron en una prisión de alta seguridad tras su extradición en junio de 2023. “Fue un homónimo quien cometió estos delitos, no yo” En el juicio ‘el cortadedos’ se reencontró con su presunto cómplice. Los dos han sido acusados de dirigir una organización criminal internacional. Durante la audiencia, Bressers no admitió ninguna de las acusaciones y dijo ser víctima de una cacería de brujas montada para los medios. “Tengo la firme convicción de que todo esto fue orquestado por las autoridades”, dijo. Su equipo de defensa impugnó las pruebas y solicitó que se desestimara el caso. Contactado por The Guardian, el abogado principal Hans Rieder no hizo ningún comentario. Durante el juicio, la defensa ha acusado a la prensa de “pintar una imagen absolutamente monstruosa” de su cliente. Carvalho no asistió a todas las sesiones del juicio alegando problemas de salud. Mantiene su inocencia y afirma ser víctima de una persecución de las autoridades federales brasileñas. “Llevo cinco años en la cárcel, pero nadie me hace caso”, dijo durante la vista. “Fue un homónimo quien cometió estos delitos, no yo”. The Guardian trató de hablar con Frédéric Thiebaut y Renaat Landuyt, abogados de Carvalho, pero no obtuvo respuesta. El fiscal federal belga a cargo del caso tampoco quiso hacer declaraciones. Las vistas concluyeron el 9 de octubre y se espera un veredicto para el 15 de diciembre. Bressers podría ser condenado a un máximo de hasta 20 años de cárcel, mientras que Carvalho podría pasar hasta 15 años encerrado. Antes era al revés, pero ahora es una vía de doble sentido, llevábamos décadas viendo a delincuentes europeos de alto nivel estableciéndose en Latinoamérica. Ahora vemos cada vez más a delincuentes latinoamericanos activos también en Europa, de forma permanente o semipermanente Andy Kraag — Jefe del centro de delincuencia organizada de Europol Casos como el de Bressers y Carvalho se han multiplicado en la última década. Un período en el que Europol, las fuerzas policiales nacionales y los servicios de inteligencia de Portugal, España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, países nórdicos, Europa del Este, los Balcanes, y el norte de África han detectado células de redes de narcotraficantes latinoamericanos. Según Andy Kraag, que dirige la unidad de delincuencia organizada en Europol, estas ramificaciones criminales se han arraigado en Europa a través de ‘intermediarios’, miembros de cárteles de la droga que “prestan servicios especializados relacionados con la producción de cocaína en Europa, incluida la extracción de cocaína de los diversos materiales que sirven para el transporte, o el procesamiento de la pasta de coca”. “Los delincuentes latinoamericanos están muy implicados en esto, la presencia de criminales latinoamericanos en Europa va en aumento y sus actividades cobran cada vez más relevancia”, dice. “Antes era al revés, pero ahora es una vía de doble sentido, llevábamos décadas viendo a delincuentes europeos de alto nivel estableciéndose en Latinoamérica. Y ahora vemos cada vez más a delincuentes latinoamericanos activos también en Europa, de forma permanente o semipermanente”. Vista exterior de la sede de Europol en La Haya, Países Bajos. Según fuentes de alto nivel en Europa y América Latina, estos grupos están ampliando sus operaciones y su poder en la economía real y en la digital usando criptomonedas, empresas de juego y a los sectores inmobiliario y financiero. De acuerdo con Juan Gabriel Tokatlian, experto en crimen organizado latinoamericano y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, la guerra contra las drogas que se libró en Colombia volvió más resistentes y dinámicos a los cárteles, lo que explica su capacidad actual para adaptarse y expandirse a nivel internacional. “En los últimos años, el consumo de drogas en Europa ha aumentado de forma notable; si miras los informes de la ONU, se trata de un mercado importante”, dice. “Pero en la década de los 80, y sobre todo en lo que respecta a la cocaína, no era relevante”. “En ese contexto de demanda europea y con una política antidroga errática que militariza para terminar coexistiendo, nos encontramos con una serie de situaciones que terminan por fortalecer al crimen organizado”, añade Tokatlian. Como Carvalho, decenas de presuntos líderes de organizaciones criminales de América Latina: el Primeiro Comando da Capital, el Tren de Aragua, el cártel de Sinaloa, el Clan del Golfo o Los Lobos están encerrados en cárceles por toda Europa, aparecen en los listados de criminales más buscados de la Interpol o son activamente rastreados por las fuerzas policiales nacionales o por Europol por tráfico de cocaína a Europa y tráfico de armas y drogas sintéticas a Latinoamérica, además de vínculos con la mafia italiana ‘Ndrangheta o con organizaciones criminales de los Balcanes. “Plataformización” del crimen organizado Según Gabriel Feltran, sociólogo de la universidad Sciences Po de París, grupos como el Primeiro Comando da Capital o el Cártel de Sinaloa están formando ‘empresas conjuntas’ con organizaciones criminales europeas, como las de Albania o como la ‘Ndrangheta’. De acuerdo con Feltrán, que también es director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, estas empresas conjuntas adquieren la coca directamente a los productores latinoamericanos y también se encargan de la distribución hasta el cliente final, de forma que la propiedad de la droga ya no pasa de mano en mano en una larga cadena de suministro. Es lo que Feltran denomina la ‘plataformización’ del crimen organizado. Los cárteles integran sus infraestructuras y modelos económicos igual que plataformas digitales internacionales como Amazon, Google y Meta. El objetivo es controlar toda la cadena del tráfico, desde la producción en lo más profundo de América Latina hasta la venta en las calles de Europa. La propiedad de la droga ya no cambia de manos, lo concentran todo, optimizan mucho y crecen muy rápidamente Gabriel Feltran — Sociólogo de la universidad Sciences Po de París Eso implica que todo se concentra en la cúspide: las comunicaciones, los pagos, las sustancias químicas (precursores) necesarias para fabricar la droga, los laboratorios y hasta la logística. Como los conductores de Uber, los transportistas y operadores locales suelen ser contratados como proveedores de servicios remunerados, en muchas ocasiones sin saber lo que llevan. Feltran afirma que, antes de la ‘plataformización’, el tráfico se basaba en rutas y en intermediarios que eran propietarios de la droga en cada eslabón de la cadena. Según él, estas “empresas conjuntas se unen ahora en la cúspide, compran directamente al productor y entregan directamente al final de la cadena, sin pasar por intermediarios”. “La propiedad de la droga ya no cambia de manos, lo concentran todo, optimizan mucho y crecen muy rápidamente”, dice. “Cuanta más gente utiliza sus servicios, más dependientes se vuelven; es un efecto de red”. Traducción de Francisco de Zárate.
Federico Jiménez Losantos ha encontrado en los disturbios de Barcelona la pieza que le faltaba para completar su mapa del fin de los tiempos. En su columna de El Mundo sostiene que “la autodestrucción de Occidente, cuyo último episodio empezó en Ceuta y continúa por París, Milán o Barcelona, sería imposible sin la abierta complicidad de casi todos los medios y la mayoría de los periodistas con el comunismo, el islamismo o el terrorismo antisistema”. A la cabeza de esa conjura coloca a Pedro Sánchez, que, según él, dirige “la barbarie izquierdista”. Para que no queden dudas de que el debate se libra en el terreno de las ideas, lo retrata como “un tío con pinta de viejo chapero”. La tesis encuentra un avalista con experiencia en la materia. Jorge Fernández Díaz , el exministro del Interior juzgado en el caso Kitchen por poner los recursos de su ministerio al servicio del PP, escribe en La Razón que “es el Frente Popular instalado en la Moncloa el que incendia las calles, estando a la altura de su histórico predecesor, el Frente Popular de 1936”. Que quien tuvo a su cargo la Policía durante cinco años —y la usó para lo que la usó— se presente ahora como experto en desórdenes públicos tiene su lógica. Que elija como referencia la victoria electoral de la izquierda que motivó el golpe militar de julio de 1936 dice bastante más de su visión de lo que viene. La insistencia en esa fecha totémica revela, por lo que parece, una obsesión muy extendida en las filas de la división mediática de la derecha. Leyre Iglesias la asume en El Mundo sin rodeos y anuncia “una campaña terrible, inhumana”. “Frente contra frente, como antes de la guerra”. Lo que para un lector desprevenido sonaría a advertencia es en realidad una declaración de intenciones, porque la conclusión de la columnista es que “hay que mancharse las manos” y que, puestos a dar ese paso, y aunque sea “soso, serio y formal, Feijóo es hoy el lado correcto de la historia”. La guerra, en su relato, la declara siempre el otro, aunque la trinchera ya esté excavada y tenga al candidato dentro. Esa convicción convive con una inquietud que asoma en cada página del universo mediático conservador. La Razón publica una encuesta que anticipa a PP y Vox una mayoría holgadísima del Congreso, pero el editorial del mismo periódico parece no fiarse de sus propios datos y advierte de que “Pedro Sánchez está en pleno acelerón electoral y la colosal maquinaria del poder se ha desperezado para contrariar a las encuestas”. Por si acaso, el diario que dirige Francisco Marhuenda y que obedece a los intereses del Grupo Planeta se adelanta al día siguiente de las elecciones y duda de que Sánchez acepte el resultado “como el demócrata que no ha sido hasta ahora”. Su consejo final, “con Sánchez de por medio hay que aguardar lo peor”, sirve igual para una victoria que para un tropiezo. José Antonio Zarzalejos dibuja en El Confidencial el mismo escenario con mejor prosa. A su juicio, el PSOE ha convertido el voto suspendido por el Supremo de los nacionalizados por la llamada ley de nietos en un casus belli que le servirá “para impugnarlos si finalmente no pueden votar”, una “pieza más del puzle socialista para terminar de componer un argumentario de deslegitimación electoral”. Zarzalejos está tan seguro del desenlace que se permite aconsejar a la oposición que no arroje “en absoluto dudas sobre la limpieza de las elecciones y el cómputo de votos”, porque hacerlo “sería alimentar el monstruo de la deslegitimación democrática”. Haría bien en dirigir su consejo a algunos de sus colegas, que llevan semanas hablando de pucherazos que nadie ha documentado porque no existen. Juan Soto Ivars prefiere el sarcasmo y en Abc —propiedad de Vocento , en manos del gestor de fondos Francisco García Paramés— , imagina lo que hará la izquierda si pierde. “Habrá que quemar el país. Tirar cosas a la Policía represiva. Ir con antorchas por la noche”, escribe asumiendo la voz de un progresista imaginario que también promete la vuelta de “la pobreza energética” y de “los programas de Salvados ”. La caricatura le sirve para concluir que “es sociológicamente fascinante que millones de españoles estén dispuestos a votar a un puñado de corruptos, hipócritas, ladrones y manipuladores”. Lo que resulta fascinante, en cualquier caso, es que la amenaza de calles ardiendo por un resultado adverso siempre se atribuya a quienes no la han formulado. Pablo Pombo , siempre dispuesto, va un paso más allá en El Confidencial . Para él, España vive “una operación de intoxicación masiva” dirigida por Iván Redondo “con la anuencia o la ignorancia de no pocos informadores”, cuyo objetivo es “generar un cambio de ánimo contrario a la evidencia demoscópica”. La siguiente fase, anuncia, será la de “los columnistas y trolls en redes del sanchismo” que fingirán que “hay partido”. Pombo responde a su propia pregunta con un “no, no es no” y asegura que “la distancia entre la derecha y la izquierda es insalvable”. Con las encuestas en esa disposición, parece decirnos, ¿para qué hace falta poner urnas? Marta García Aller , sin embargo, no lo da tan por hecho. La conductora de La Brújula (Onda Cero, también de Planeta) recuerda en El Confidencial que en los últimos 15 días la ventaja de la derecha “se ha reducido más de tres puntos” y que “más que se va a reducir si el PP sigue hablando del aborto y la eutanasia”. Su ejemplo es Feijóo en la SER , cuando aseguró ser feminista porque se había criado con más mujeres que hombres, lo que la lleva a desear “que no fuera en La casa de Bernarda Alba ”. Su diagnóstico de fondo es que “si hay alguien capaz de movilizar a la izquierda, es la derecha”, sobre todo cuando salgan a relucir los temas de la “cruzada anti-woke que de momento tienen en segundo plano”. Su recomendación, traducida, es que la derecha gane hablando lo menos posible. Es la versión educada de Eduardo Inda pidiendo engañar a los electores sobre lo que viene. A callarse, estúpidos. Quien no ha callado es Joaquín Manso . Al director de El Mundo —el diario del empresario italiano Urbano Cairo, que considera “bravissima” a Meloni— no le ha gustado que Sánchez invocara el Guernica en campaña para plantear, según él, una elección binaria entre “razón” o “barbarie”. Tiene gracia que lo haga desde un periódico que lleva años planteando las elecciones como un plebiscito entre sanchismo y antisanchismo. Para Manso, el cuadro de Picasso es “un símbolo compartido de la reconciliación entre los españoles”, y reclama “que el Guernica vuelva a ser de todos”, como si alguien lo hubiera robado. Alguien debería explicarle, porque parece no saberlo, que Picasso lo pintó en 1937 como respuesta al bombardeo de la localidad vizcaína por la Legión Cóndor de la Alemania nazi, al servicio de los sublevados. Así que, por mucho que se empeñe, es difícil sostener que la denuncia de ese bombardeo pertenezca por igual a quienes lo sufrieron y a quienes lo ordenaron. Manso también se suma a la alarma general en la que vive la derecha sobre el día después y advierte de que los españoles votarán “bajo la sombra de una sospecha sobre la limpieza del sistema electoral”, conjetura que hasta ahora han alimentado sobre todo sus propios columnistas. Su artículo también culpa a Sánchez de “la crispación deliberadamente inducida”. Seguramente se le pasó que en las mismas páginas de El Mundo Losantos llamaba “viejo chapero” al presidente del Gobierno.
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