El nuevo barrio, planteado para 2035, servirá para dar cobijo a 70.000 nuevos vecinos y ya establece el precio del metro cuadrado en los 2.000 euros Leer
Ya es definitivo. Los propietarios que suban la renta a sus inquilinos sufrirán una penalización fiscal que puede llegar a ser muy severa cuando hagan su declaración de la Renta. La maniobra del Gobierno para convalidar este jueves a través de la Diputación Permanente uno de los decretos de vivienda -el otro, impuesto por el ala de Sumar y que aspiraba a implantar alquileres indefinidos en España, decayó como se esperaba- que fue rechazado en su día por la mayoría del Congreso de los Diputados ha consolidado en la normativa española la nueva configuración de la reducción en el Impuesto sobre la Renta de los rendimientos procedentes del arrendamiento de viviendas. La modificación pone este dispositivo fiscal al servicio del... Ver Más
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
El plan incluye 32 actuaciones que permitirán "dignificar" el barrio.
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Una promoción en Sant Antoni ofrece varias viviendas de obra nueva por debajo de los 400.000 euros. Se trata de Cova Blanca, una promoción de nueva construcción que comercializa pisos y áticos de dos dormitorios con precios a partir de 345.000 euros, según un anuncio publicado en Idealista.
La alcaldesa, Esperanza Marcos, descarta riesgos para las viviendas próximas y acometerán primero la limpieza, mientras que CHD asegura que en 2019 realizó un informe "desfavorable" a la ejecución de obras en la calle La Presa
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha dado este viernes un paso definitivo para hacer realidad los dos primeros microparkings anunciados por José Luis Sanz, llamados a paliar el déficit de estacionamientos que ya denunció el alcalde en la mayoría de los barrios de Sevilla. En concreto, se ha adjudicado la venta de las parcelas de subsuelo municipal situadas en las calles Virgen de la Antigua (Los Remedios) y Bogotá (El Porvenir), en las que se construirán estas infraestructuras para los vecinos a lo largo de este próximo año. La intención del gobierno municipal es que la venta de otro suelo más, en este caso en la calle Virgen de Luján, también en el barrio de Los Remedios, se concrete la próxima semana, sumándose así a este plan de mejora de la ciudad impulsado por el ejecutivo local.Entrando el detalle, la primera de las porciones de subsuelo adjudicada en la reunión de este viernes cuenta con 4.452 metros cuadrados de superficie y está situada bajo parte de la calle Virgen de la Antigua, concretamente en el tramo comprendido entre las calles Padre Damián y Virgen de la Oliva. La misma le ha correspondido a la empresa Promociones Eurosevilla 2000 por un importe total de 52.441,91 euros (sin IVA). De este modo, el gobierno de José Luis Sanz ha estimado la oferta presentada en su día y que contempla la construcción de un aparcamiento subterráneo con capacidad para 155 plazas, que saldrán a la venta a un precio de 58.500 euros cada una (sin IVA).La parcela en Virgen de Luján se adjudicará la semana que viene y las de Genaro Parladé y Felipe II han quedado desiertas por la falta de ofertas presentadasPor su parte, la segunda de las fincas que ha enajenado la Junta de Gobierno Local está situada bajo parte de la calle Bogotá, en el tramo comprendido entre las calles Felipe II y Pedro Salinas , y se extiende por una superficie de 2.720,133 metros cuadrados. La misma se ha adjudicado a Novalar Orbe, la empresa que ofertó un precio de 38.558,81 euros (sin IVA) por este terreno. Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Sevilla, este nuevo microparking propuesto tendrá capacidad para 104 plazas de aparcamiento (algunas de ellas con trastero), que saldrán a las venta para los vecinos de las viviendas más cercanas a un precio medio de 57.345,30 euros (sin IVA).Cabe recordar que el gobierno de José Luis Sanz sacó a licitación a primeros de este año la enajenación de un total de cinco porciones de subsuelo para la construcción del mismo número de nuevos aparcamientos subterráneos en la ciudad. Esta decisión estuvo precedida de una consulta pública al mercado para conocer la disposición privada existente en la promoción de estas instalaciones, tras la cual se decidieron las distintas localizaciones por las que los operadores habían manifestado mayor interés. No obstante, dos de ellas, las de las calles Genaro Parladé y Felipe II , ambas en el barrio del Porvenir en el distrito Sur, no han despertado interés en las empresas del sector. Por ello, el Ayuntamiento de Sevilla ha declarado estos proyectos como desiertos y ahora se estudia si volver a sacarlos a concurso público.
Las viviendas se reparten en un total de diez municipios, includia la capital, con superficies de entre 60 y 145 m²
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La modificación presupuestaria, respaldada por unanimidad, eleva a más de cuatro millones de euros la aportación municipal para construir 48 viviendas protegidas en régimen de alquiler.
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El plan incluye 32 actuaciones que permitirán "dignificar" el barrio.
Tener la casa asegurada es, para la inmensa mayoría de las familias, el único salvoconducto para dormir tranquilos por las noches. De hecho, los datos sectoriales más recientes revelan que casi el 80% de las viviendas en nuestro país cuentan con una póliza activa. Sin embargo, detrás de esa aparente seguridad financiera se esconde una realidad mucho más amarga, y es que una cantidad alarmante de propietarios ha firmado su contrato cometiendo un error de cálculo idéntico. Un fallo silencioso que no aparece hasta que ocurre un siniestro grave y se abre el expediente, momento en el que muchos descubren que están pagando de más cada mes por una protección fantasma o que la indemnización que van a recibir apenas... Ver Más
La sociedad de José Antonio Rovira que administra su mujer, histórica del PP de Alicante y asesora en la Diputación, ganó 60.800 euros en 2024 y está varios años sin repartir dividendos, por lo que dispone de un capital líquido de ejercicios anteriores de 235.000 euros que no hace falta declarar en su renta como miembro del Gobierno La inmobiliaria del polémico conseller de Educación de Mazón mejora sus beneficios y anota un patrimonio de 2,3 millones El conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, es lo que se llamaría en el actual debate sobre la vivienda un rentista. Tiene tres viviendas en propiedad al cien por cien, otra al 50%, dos garajes y un local comercial. Además, es propietario al 100 % de la empresa Rojo Inver SL, una sociedad de alquiler de inmuebles por cuenta propia que tiene un patrimonio que alcanza los 2,4 millones de euros. En las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil la pasada semana, las de 2024, la empresa del político ingresó 146.040 euros por esos alquileres: 1.000 euros menos que en 2023. Estos números le permitieron ganar a la compañía 60.800 euros, después de computar los gastos de gestión de esos inmuebles y pagar impuestos. La empresa, que está administrada por su esposa, Consuelo Maluenda Quiles, gana todos los años unas cantidades similares y hace prácticamente un lustro que no reparte dividendos entre sus socios, ni tampoco destina esos beneficios a reservas. Eso le permite disponer de 235.000 euros de líquido en la empresa, según las propias cuentas de la compañía, cantidad que tampoco tiene por qué incluir en su declaración como conseller de Hacienda ante Transparencia. En su última renta presentada ante la Generalitat, el político alicantino declaró haber ganado en 2022 poco más de 78.000 euros, de los que 523 euros fueron rendimientos de capital inmobiliario. José Antonio Rovira fue en la primera parte de la legislatura de Carlos Mazón conseller de Educación, muy criticado por los sindicatos por su reforma educativa y su impacto negativo en la enseñanza del valenciano. Tras la llegada de Pérez Llorca en diciembre de 2025, Rovira se convirtió en conseller de Hacienda y en el ariete de la reforma fiscal de PP y Vox. El actual conseller ha aplicado y defendido rebajas fiscales, entre ellas la exención del impuesto sobre el Patrimonio a las rentas superiores a los dos millones de euros —sin contar la primera vivienda ni las empresas—, cuando con el anterior gobierno de izquierdas el límite se situaba en los 500.000 euros. La compañía del conseller se está beneficiando de los buenos tiempos que corren y de la alta demanda de alquiler de vivienda. Además, no tiene gastos de personal y se gasta en explotar el negocio poco más de 37.000 euros. Las deudas también son bajas en comparación con los activos, de casi 2,5 millones de euros, ya que suponen 75.000 euros, 50.000 de los cuales son con entidades de crédito. La administradora de la sociedad, Consuelo Maluenda, también está vinculada al mundo de la política y del Partido Popular. Es asesora en el gabinete del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y ha sido trabajadora del partido durante años. Cobra un sueldo público de más de 65.000 euros al año. Rovira gana 83.000 euros al año.
El Consorcio, que subvenciona su rehabilitación con 129.067 euros, ha instado a la congregación a establecer precios asequibles para las mismas La entrada La casa sacerdotal de Capuchinas se convertirá en dos viviendas con ayudas públicas sin límite de precio se publicó primero en Noticias Toledo y Provincia | Toledodiario .
El plazo abre este sábado y concluye el 26 de noviembre
La Generalitat selecciona el proyecto del Ayuntamiento en el marco del Pla de Barris para construir una biblioteca, rehabilitar viviendas y crear nuevos ejes verdes, entro otros Más: Sant Boi sumará un quinto CAP en 2028: el Govern inicia las obras con una inversión de 12 millones de euros
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha adjudicado por 452.835 euros las obras de rehabilitación de 88 viviendas públicas situadas en el Polígono Puerta de Madrid de Andújar. La intervención cuenta con un plazo de ejecución de once meses y contempla mejoras de eficiencia energética, accesibilidad y conservación de los edificios. La actuación se desarrollará en cinco de los siete bloques que integran esta promoción pública de 120 viviendas, situada entre el Sector Almería y la calle Santo Reino. En concreto, los trabajos afectarán a los bloques F1, C1, D2 y A2 del Sector Almería y al edificio ubicado en el número 27 de la calle Santo Reino. El proyecto contempla la renovación de las cubiertas de estos inmuebles para solucionar los problemas de impermeabilización existentes y mejorar su aislamiento térmico. Para ello, se retirarán las cubiertas actuales y se instalarán nuevos paneles sándwich con aislamiento incorporado y acabado exterior en teja. Asimismo, las obras incluirán la instalación de un nuevo ascensor en el bloque D2, destinado a mejorar las condiciones de accesibilidad del edificio. La intervención se completará con mejoras en las zonas comunes, como la renovación de las puertas de acceso, los buzones y los porteros automáticos, así como la instalación de alumbrado de emergencia, señalización y elementos de protección contra incendios. También se realizarán trabajos de pintura en las cajas de escalera y los rellanos.
