Un jurado popular ha declarado este viernes por unanimidad culpable de un delito de asesinato y otro contra la integridad moral al novio de Dana Leonte, por acabar con la vida de la joven en Arenas (Málaga) en 2019 y luego hacer desaparecer el cuerpo. Tras este veredicto, se ha acordado la detención e ingreso en prisión del procesado , que se encontraba en libertad provisional. La lectura del veredicto se ha producido en la mañana de este viernes y los miembros del Tribunal popular ha considerado probado lo que han venido manteniendo las acusaciones, tanto la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, como la acusación particular, en nombre de la familia. Los hechos sucedieron el 12 junio de 2019.... Ver Más
Los socialistas ven delitos de obstrucción a la Justicia, inducción al falso testimonio, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias en el presunto soborno al exasesor de Ábalos para que lanzara sospechas sobre Sánchez y su entorno Un tribunal condena a Alvise y a Okdiario por difundir “información sin contrastar” sobre un falso terrorista magrebí El PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado al considerar que el pago de la defensa de Koldo García por parte de Okdiario pudiera tratarse en realidad de un intento de soborno para que el exasesor de José Luis Ábalos declarara falsedades ante los tribunales que pudieran implicar en delitos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno. Los socialistas consideran que estas presuntas prácticas, en las que el propio García involucró al abogado del PP, Alberto Durán , podrían constituir delitos de obstrucción a la Justicia, inducción al falso testimonio, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias. En la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la representación del PSOE denuncia a Durán, el Partido Popular, el director de Okdiario, Eduardo Inda, y la empresa editora de ese medio Dos Mil Palabras, S. L. que fue la que fue la que pagó 242.000 euros (IVA incluido) en dos facturas al despacho IDBO Consultants, donde trabaja Leticia de la Hoz, la abogada que defendió a Koldo García tanto en la causa de la Audiencia Nacional como en la que se siguió en el Tribunal Supremo por el conocido como caso Mascarillas. El PSOE, en su texto, da credibilidad a las declaraciones efectuadas desde la cárcel por Koldo García. Y pide la declaración como querellados de Durán, Inda y los representantes legales tanto del PP como de la editora de Okdiario, que Koldo García sea llamado a declarar como testigo y el volcado de los móviles de todos ellos. Asimismo, solicita que “se acuerde que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que analice las comunicaciones existentes entre los denunciados en el periodo comprendido entre abril de 2025 a septiembre de 2026 para la emisión de informe correspondiente”. Además, pide un requerimiento a la Agencia Tributaria para que “emita informe sobre la corrección y deducibilidad contable del desembolso de 242.000 euros soportado por la editora bajo el concepto de minuta defensiva letrada de un tercero por motivos ajenos a la actividad propia de la empresa que constituye su objeto social”. La denuncia recuerda que el 29 de octubre se conoció “a través de los medios de comunicación”, entre ellos elDiario.es , “que los honorarios de la letrada de Koldo García Izaguirre por los servicios a este, Leticia de la Hoz Calvo, fueron abonados por la mercantil Dos Mil Palabras, S.L., editora de Okdiario”. Hasta su renuncia, el pasado martes, De la Hoz fue la abogada de Koldo García tanto en el juicio del Tribunal Supremo por el caso Mascarillas –por el que terminó condenado a prisión–, como en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Además, el PSOE recuerda que De la Hoz coincidió en esas causas “con la representación del Sr. Duran como letrado de la acusación popular unificada en el Partido Popular”. Un “ropaje de legalidad” en las facturas En las facturas publicadas, “quien aparece como pagador y realizaba las transferencias es la sociedad Dos Mil Palabras, S.L., editora del diario digital Okdiario, por las que se constata que dicha sociedad abonó 242.000 euros (IVA incluido) al despacho IDBO Consultants, por honorarios correspondientes a los servicios de Leticia de la Hoz, correspondientes a los procedimientos donde representaba a Koldo García”. El PSOE considera que a pesar de que Okdiario sostiene que ese desembolso se hizo para la publicación de un libro y la realización de una docuserie, “del contraste con las facturas hechas públicas de los honorarios de Koldo cobrados por Leticia de la Hoz podría evidenciarse una maniobra de simulación negocial”. Así, el abogado de los socialistas apunta a que “el contrato mercantil aparece fechado el 26 de noviembre de 2025, esto es, justo el día antes de realizarse el primer pago que concretaba los términos del acuerdo de retribución e interferencia procesal acordado entre el abogado de la acusación popular del Partido Popular (D. Alberto Durán), el director de Okdiario (D. Eduardo Inda) y D. Koldo García, según este en los audios conocidos, y que vino acompañado de una entrevista el día siguiente”. “La confección del contrato en esa fecha exacta no respondería a una negociación editorial real, sino a la necesidad apremiante de fabricar un 'ropaje de legalidad' que sirviera de tapadera a la causa ilícita pactada previamente y al pago que se iba a realizar”, añade la denuncia. “Si la causa hubiera sido la real adquisición de derechos a Koldo García, el dinero de la contraprestación editorial debería haberse abonado a este en su condición de cedente. Sin embargo, la abogada defensora no le factura a su cliente Koldo García, sino que emite las facturas (de 27 de noviembre de 2025 y 23 de enero de 2026) directamente a la mercantil Dos Mil Palabras, S.L., bajo el concepto inequívoco de 'Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García'”, apunta el PSOE en su escrito. “Es decir, la editorial no le paga a Koldo García por unos derechos de autor inexistentes, sino que paga directamente la factura del despacho de abogados que ejerce la defensa letrada de Koldo García, asumiendo una minuta penal ajena”. “Esta quiebra entre los sujetos del contrato simulado (OKDIARIO-Koldo) y los sujetos del pago efectivo (OKDIARIO-Despacho letrada) probaría de manera incontrovertible que el contrato del 26 de noviembre de 2025 es un mero artificio o negocio simulado, ideado para encubrir una posible entrega de dádivas e inmunidad procesal”, concluye. Los audios de Koldo desde prisión El 5 de noviembre de 2026, “apenas unos días después de desvelarse quien se había hecho cargo de abonar las citadas facturas de la letrada Dña. Leticia de la Hoz”, el PSOE recoge cómo la Cadena Ser [también elDiario.es] difundió unos audios que habría enviado Koldo García desde la cárcel. En uno de ellos afirmó lo siguiente: “En una reunión que mantuve con el Señor Durán, este me planteó una rebaja de pena que supondría no entrar a la cárcel, sacar a mi familia del proceso, pagar a mi defensa y la cantidad de un millón de euros a cambio de declaraciones que afectaran a personas relevantes del Gobierno, claro está, al presidente, muy especialmente a su mujer, al expresidente Zapatero y a alguno más, aun mintiendo”. Además, según la información publicada, Koldo García “sitúa dos reuniones con el Sr. Durán en mayo de 2025, en un despacho de Madrid próximo a la sede del Partido Popular en la calle Génova, afirmando que el pago se canalizaría a través del Sr. Inda y de su empresa Dos Mil Palabras, S. L., editora del periódico digital Okdiario, con quien también se habría reunido, y que parte del importe se justificaría como derechos de un libro, a lo que el Sr. Inda le habría dicho que recuperaría el dinero mediante la publicidad institucional contratada por administraciones gobernadas por el Partido Popular”. También recoge la denuncia las declaraciones de Koldo García asegurando que con posterioridad a la reunión o reuniones con Alberto Durán “mantuvo un almuerzo con el Sr. Inda, en su casa, 'para coordinar el acuerdo económico' y acordar el contenido de la entrevista que se le iba a hacer, y que lo previsto era que ese contenido se transformara después en una declaración ante la autoridad judicial”. “En el desarrollo del plan descrito, Koldo García sitúa también la recepción de advertencias sobre el eventual ingreso en prisión de su pareja y de su hermano, y las consecuencias que ello tendría para su hija. El ofrecimiento de beneficios económicos y procesales aparece así acompañado, en su relato, de presiones referidas a su entorno familiar”, añade. En los audios Koldo García señala que el Inda le manifestó, literalmente: “Inda me dijo que el dinero que iba a adelantar se lo devolverían en pagos de publicidad institucional procedente de las comunidades autónomas gobernadas por el PP”. La denuncia prosigue: “Lo cierto es que el 27 de noviembre de 2025, en la misma fecha en que se factura y se abona el primer pago de los honorarios de la Abogada de Koldo García por Dos Mil Palabras, Okdiario, a través de su página de Facebook, publicó una entrevista a Koldo García, titulada Koldo García tira de la manta en EXCLUSIVA con Eduardo Inda . Y sobre la que se anunciaba: El ex asesor de José Luis Ábalos ha decidido por primera vez y en exclusiva para Okdiario hablar sin tapujos de las miserias, la corrupción y los escándalos que asolan al sanchismo. Con nombres y apellidos y a punto de que un juez decida su ingreso o no en prisión”. En relación con esta entrevista, Koldo, en otros audios publicados el 5 de noviembre de 2026 por elDiario.es, ratificó esa versión y precisó que el pago de su defensa “se llevó a cabo gracias a la entrevista” concedida a Inda. Supuesta reunión con Tellado El PSOE también cita un informe de la UCO de 5 de febrero de 2024 en el que se señalaba que “sobre la base de intervenciones telefónicas y conversaciones de móvil entre Koldo García y un tercero”, el 2 de diciembre de 2023 el exasesor de Ábalos “habría quedado con 'Miguel' y 'Alberto'”, y que el 9 de enero de 2024 “afirmaría haber quedado 'a las 10:15h en Génova', referencia que la UCO considera que 'pudiera' aludir a la sede del Partido Popular. En el citado informe por parte de la UCO se identifica la persona denominada ”Miguel“ como ”Miguel Tellado“, actual secretario general del PP. Y los socialistas añaden: ”Después de conocidas las últimas informaciones es lógico inferir que el 'Alberto' mencionado podría ser D. Alberto Durán, letrado del Partido Popular, y que 'Miguel' es D. Miguel Tellado“. “El pasado 9 de noviembre de 2026 una máxima responsable del Partido Popular, Cuca Gamarra, a preguntas de los medios de comunicación, confirmó la existencia de reuniones entre Alberto Durán y Koldo García, aunque negara taxativamente el ofrecimiento de cantidad alguna al mismo, pero sin aclarar ni donde se produjo, la naturaleza de aquella reunión y cual fue su objeto”, apunta la denuncia, que concluye que Koldo ha sostenido desde la cárcel “que se habría reunido con el letrado del Partido Popular, Alberto Durán, y este último le planteó una rebaja en la petición de pena en la causa abierta en el Tribunal Supremo, que plantearía la acusación popular unificada que lideraba el PP, a través de él mismo; dejar fuera de la causa a su expareja Patricia Úriz y a su hermano, Joseba García Izaguirre, y el pago de su defensa, más un millón de euros”. También cita “unos nuevos audios conocidos el 10 de noviembre a través de la Séptima, enviados al periodista Javier Ruiz desde la prisión”, en los que “Koldo García menciona en relación a sus conversaciones con el Sr. Inda al fiscal Jefe Anticorrupción, Sr. Luzón, y nuevos hechos”. “En estos nuevos audios Koldo García relata que tuvo que grabar una segunda entrevista con el director de Okdiario, Eduardo Inda, porque el contenido de la primera no convencía. Y que en esta segunda entrevista es cuando Inda le transmitió la siguiente advertencia vinculada al fiscal jefe Anticorrupción: ”Esto a Luzón no le vale. Si no sois más explícitos, vais a prisión“. La denuncia recoge, asimismo, que la inversión publicitaria institucional de las comunidades y administraciones gobernadas por el PP a Okdiario en el periodo 2020-2025 “cubren sobradamente el abono y el ofrecimiento revelado” a Koldo García. Así, entre 2017 y 2026, administraciones públicas han pagado a la editora de Okdiario al menos 1.660.880,40 euros en contratos (con IVA) y 3.518.199,51 euros en publicidad institucional (sin IVA), todo ello según fuentes oficiales (Plataforma de Contratación del Sector Público, portales de transparencia autonómicos y municipales, datos abiertos, BDNS y BOCM). Feijóo niega la reunión entre Koldo y el abogado del PP Precisamente este viernes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondía al youtuber Jordi Wild también sobre esa supuesta reunión mantenida entre el jefe de los abogados del PP, Alberto Durán, y el también condenado Koldo García. El dirigente popular la ha negado. “Es evidente que [entre] los abogados hay contactos, lo normal”, ha dicho, para sostener que “Cuca [Gamarra] es la que lleva en el partido los asuntos relacionados con tribunales” y que ella “tenía conocimiento de que el abogado hablaba con distintos abogados de distintas partes”, como por ejemplo “los de Koldo o Aldama”. Pero Feijóo ha rebajado mucho el papel de Alberto Durán dentro del PP , pese a que fue durante años jefe de los servicios jurídicos y director del área de cumplimiento normativo. “Es un abogado del partido que, con carácter general, no llevaba los asuntos que afectaban a temas penales en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo”, ha afirmado, pese a que Durán ha sido el representante del PP en el propio 'caso mascarillas' o en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. En el pasado llegó a estar procesado por participar en la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas. “No hay ofrecimiento de dinero de mi partido a nadie”, ha dicho Feijóo. “No tiene autorización nadie para ofrecer un euro del PP”, ha añadido. También ha criticado que se dé veracidad a Koldo, pese a que él mismo lo hizo en el pasado. De hecho, llegó a utilizar en público contra el Gobierno las declaraciones del exasesor de José Luis Ábalos en OkDiario. La web de Eduardo Inda fue quien pagó la defensa de Koldo .
El Partido Socialista ha presentado una denuncia en Fiscalía sobre los presuntos ofrecimientos del Partido Popular y OkDiario a Koldo García. La formación pide investigar si el letrado de Génova, Alberto Durán, y el director del medio digital, Eduardo Inda, orquestaron una cloaca que ofreció al exasesor de Ábalos dinero a cambio de informaciones para derrocar al Gobierno, como ha ido desvelando en la última semana. El PSOE pide a la Fiscalía que investigue posibles delitos de obstrucción a la Justicia, tráfico de influencias, falsedad documental, cohecho, prevaricación y malversación, según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso ElPlural.com. La denuncia va dirigida a su vez contra uno de los abogados del PP, Alberto Durán, así como a la empresa editora y los socialistas dicen que se habría hecho "con una contrapartida de publicidad institucional de administraciones del mismo signo" y que "indiciariamente indican que el destinatario efectivo del beneficio podría ser el Partido Popular". "Esa comprobación exige en esta instrucción examinar las cuentas del partido, sus relaciones económicas con la editora entre mayo de 2025 y la actualidad y las rendiciones presentadas al Tribunal de Cuentas", abunda el PSOE. Además, hace hincapié en que, el pasado 9 de noviembre, una de las dirigentes 'populares', Cuca Gamarra, "a preguntas de los medios de comunicación, confirmó la existencia de reuniones entre Alberto Durán y Koldo García, aunque negara taxativamente el ofrecimiento de cantidad alguna al mismo, pero sin aclarar ni dónde se produjo, la naturaleza de aquella reunión y cuál fue su objeto". En su turno de última palabra en el juicio del Supremo, Koldo aseguró: "A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión? Yo estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir". En concreto, Koldo ha acusado en varios audios al abogado del PP de haberle ofrecido un millón de euros y el pago de su defensa a cambio de contar corruptelas de Pedro Sánchez, primero en una entrevista a OkDiario, y después ante la Justicia. El que fuera asesor de Ábalos asegura que se reunió con Durán e Inda, y que estos le ofrecieron un acuerdo que se quedó en los 242.000 euros que la editora de OkDiario le pagó a su abogada Leticia de la Hoz, por los "honorarios" de la defensa en el 'caso Mascarillas'. Según el digital de Inda, este dinero se pagó por los derechos de contenido audiovisual sobre Koldo.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se remontan al 21 de noviembre de 2021, cuando la mujer acudió al centro penitenciario de Monterroso, en el partido judicial de Chantada, con varias sustancias estupefacientes escondidas en sus partes íntimas
El Ministerio Público pide un año de prisión para el propietario del animal, que sufrió una herida que pudo costarle la vida. Sin vacunar y con pulgas y garrapatas, fue rescatada y finalmente adoptada
Abre esta vía tras sorprender la Guardia Civil por tercera vez estos bombeos en uso y sin permiso "haciendo caso omiso" a la resolución del propio juez, que ha rechazado los recursos de la Fiscalía y Ecologistas en Acción contra el archivo de la causa que investigaba un delito contra el medio ambiente La Casa de Alba volvió a poner en marcha por su cuenta sus pozos dos meses antes de que el juez le diese permiso para ello La decisión de la Casa de Alba de poner en funcionamiento por su cuenta sus pozos clausurados sin tener todavía el correspondiente permiso del juez ha derivado en una nueva actuación judicial. El magistrado que ha instruido la causa penal por un posible delito contra el medio ambiente por estas captaciones sin licencia, que archivó hace dos meses al apreciar sólo irregularidades administrativas, ha decidido abrir una causa al margen –que será otro juez el que decida si cristaliza o no– por unos bombeos que es la tercera vez que son sorprendidos funcionando sin permiso. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor, que ha investigado el caso de estos nueve pozos sin licencia , ha decidido deducir testimonio de las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, que cuando en septiembre fue a desprecintarlos se encontró con que la propiedad los había puesto en marcha dos meses antes tras romper los sellos judiciales. Por ello, el juez considera que podemos estar ante un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial o quebrantamiento de medida cautelar. El magistrado apunta que, “visto que se informa y se documenta gráficamente” por la Guardia Civil que estos bombeos se encontraban en funcionamiento “haciendo caso omiso” a la resolución judicial, da este paso ante el que la parte acusada puede presentar recurso. Lo siguiente será remitir esta causa al Decanato para su reparto al juzgado que corresponda, cuyo titular será el encargado de investigar el caso y concluir si considera que hay delito. El 'teórico' desprecinto El instituto armado acudió el pasado 22 de septiembre a la finca Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar, a tiro de piedra de Doñana. El agente al mando apuntó en su informe, no sin sorna, que ese día “se procedió al teórico desprecinto de todos y cada uno de los pozos”. “Y digo teórico porque todos los pozos que supuestamente tendríamos que haber desprecintado ya se encontraban en pleno funcionamiento desde hacía aproximadamente dos meses”, tal y como reconoció el encargado. La hacienda está gestionada por Eurotécnica Agraria, una empresa de la propia Casa de Alba cuyo consejo de administración integran los hermanos Martínez de Irujo a excepción del actual duque de Alba. El apoderado de la compañía alegó que habían decidido reabrir las captaciones al entender que ya estaban autorizadas , después de que el pasado mes de mayo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (organismo estatal que concede los derechos de agua) autorizó el cambio del sistema de regadío de la finca. Esto, en la práctica, implica la regularización de unos pozos que han funcionado sin licencia y “despilfarrando” agua, según la propia Confederación, que tiene abierto un procedimiento sancionador por vía administrativa por estos hechos. Además, la propiedad es reincidente en el marco de una causa judicial que se abrió en 2023 tras denunciarse que estas captaciones llevaban una década extrayendo sin permiso. El juez levantó después el precinto pero con la advertencia expresa de que no podían usarse, lo que cayó en saco roto porque pocos meses después (a finales de 2024) fueron otra vez descubiertos a pleno rendimiento. Es decir, que estaríamos ante la tercera ocasión en la que la Casa de Alba ha estado sacando agua sin permiso. Desestima los recursos por el archivo del caso Mientras se sustancia o no esta nueva vía judicial, el propio magistrado firmó días antes un auto por el que desestimaba los recursos presentados por la Fiscalía de Medio Ambiente y Ecologistas en Acción en contra del archivo de la causa principal. En él, admite que estamos ante “extracciones no autorizadas”, pero se reafirma en su conclusión de que estamos ante “una infracción de tipo administrativo”, en línea con lo argumentado por la defensa de la Casa de Alba . El juez recuerda que alrededor de Aljóbar hay otras fincas con derechos de riego mucho más elevados, por lo que los propios informes de la Confederación del Guadalquivir reconocen que no se puede culpar en solitario a la propiedad de los Alba del descenso que ha sufrido el acuífero del que extraen, el Aljarafe Sur. “La conclusión no puede ser otra”, apostilla. Ante esta decisión cabe todavía recurso de apelación ante la Audiencia, que fuentes del caso calculan que puede tardar hasta un año en pronunciarse. Durante la investigación, la Fiscalía ha mantenido que en Aljóbar se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua sin licencia, “mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural”. La Guardia Civil calculó que Eurotécnica Agraria extrajo de manera ilegal entre 3.800 y 6.640 millones de litros durante más de una década, lo que le reportó un “beneficio ilegal” de 5,1 millones de euros y provocó daños al entorno de entre 732.000 euros y 1,1 millones.
Esta es la segunda vez que se acusa a Irán como posible culpable de los ataques informáticos contra las cámaras frigoríficas de supermercados en varios países europeos tras el anuncio de la Fiscalía francesa de la apertura de una investigación La justicia francesa investiga a un grupo iraní como presunto responsable de los hackeos contra supermercados europeos El ministro del Interior de Bélgica, Bernard Quintin, ha asegurado este jueves que los servicios de seguridad de su país disponen de indicios que relacionan los ciberataques contra instalaciones frigoríficas de supermercados con un grupo de piratas informáticos vinculados a Irán, según informa el diario belga Le Soir. Esta es la segunda vez que se señala a Irán como posible culpable de los ataques informáticos contra las cámaras frigoríficas de supermercados en varios países europeos. La Fiscalía de París anunció esta semana que abría una investigación para averiguar si los hackeos contra las cámaras frigoríficas del pasado 11 de octubre son obra del grupo iraní Shahid Kaveh, unidad digital de las fuerzas revolucionarias de Teherán. En el punto de mira de la investigación están los dirigentes de ese grupo, pero también “cualquier otra persona que pueda ser identificada”, señaló la Fiscalía en un comunicado. “En Bélgica también, los servicios de seguridad señalan la existencia de indicios que apuntan a posibles vínculos con actores iraníes conocidos. La Fiscalía Federal está examinando estos indicios más detenidamente. Nos tomamos estos ciberataques muy en serio y estamos movilizando todos los medios necesarios para evaluar la amenaza”, ha explicado el ministro belga de Interior. Quintin ha explicado que su Gobierno a través del Ministerio de Asuntos Exteriores va a respaldar la solicitud de Francia de imponer nuevas sanciones europeas a Teherán. “Irán ha atacado a Francia, quizá también a Bélgica. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Nuestro país debe respaldar sin ambigüedades la petición de imponer sanciones europeas contra los países que llevan a cabo ciberataques en nuestro territorio”, ha comentado el ministro belga. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, anunció que el próximo lunes la UE podría adoptar una respuesta “contundente” contra Irán si se confirma su responsabilidad en los ciberataques. “Los ciberataques que se están produciendo en Europa, si también se atribuyen a determinados responsables, deben recibir una respuesta contundente”, afirmó Kallas. La alta responsable de Exteriores advirtió de que los ataques informáticos forman parte de un conjunto más amplio de tácticas utilizadas por los adversarios de Europa y defendió una mayor cooperación para responder a estas amenazas. La UE designó a la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista a principios de este año, debido a la represión de las protestas políticas que se produjeron en el país, aunque ya había sancionado a varios miembros de su dirección .
La Fiscalía pide para el hombre dos penas de prisión revisable por el asesinato de los dos niños y 27 años de cárcel por matar a la madre, mientras que la acusación particular pide tres penas de prisión permanente.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha anunciado su decisión de no suspender cautelarmente TikTok en España , por lo que la red social podrá seguir operando igual que hasta ahora en el país. La AEPD ha tomado esta decisión después de que el martes el Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, realizase una solicitud por escrito para impedir que la plataforma pudiera seguir tratando los datos de los 23 millones de internautas que, actualmente, emplean la aplicación en territorio nacional. El movimiento vino precedido por una extensa investigación elaborada por 'Maldita' en la que, entre otras cuestiones, se acusa a la red social china y a su algoritmo de permitir la proliferación de material de abuso sexual infantil y de conducir a los depredadores hacia las cuentas de menores. En el trabajo, elaborado a lo largo de 35 días, la fundación localizó más de 200 perfiles que publicaban abiertamente este tipo de contenido y unas 1.000 publicaciones «de niños con adultos en la ducha, en la cama; (...) con restos de semen en la cara; (...) con los ojos vendados (o) esposados...». En total, sumaban 48 millones de visualizaciones. A pesar de que la fundación denunció una muestra del contenido a la red social, y esta solo tomó medidas para eliminar el 10% de total. En un comunicado, la AEPD expresa «su más firme rechazo y su compromiso con la protección de las víctimas», pero reconoce que «debe actuar dentro de lo que el marco constitucional y europeo le atribuye». A este respecto, la agencia apunta que como TikTok ha designado a Irlanda como su establecimiento principal en Europa, le corresponde a la Comisión de Protección de Datos de dicho país «velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos de esta plataforma». La AEPD también señala que la investigación de los hechos descritos en los artículos de Maldita «corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales», que son los encargados de «acordar judicialmente, con carácter general, la retirada de contenidos penalmente ilícitos y cualquier restricción del acceso a un servicio». La agencia, no obstante, ya ha iniciado actuaciones en el ámbito de sus competencias. En concreto, ha solicitado a Maldita los enlaces de su investigación y ha requerido a TikTok información concreta sobre sus actuaciones para la retirada de los contenidos denunciados. Una vez se analice toda esta información ordenará el bloqueo de todos aquellos contenidos en los que se trate ilícitamente los datos de menores. «Se tratará de una medida concreta, proporcionada y adecuada, con pleno respeto a las libertades de expresión e información según la jurisprudencia internacional y nacional», destacan desde la AEPD. «La agencia lo que ha intentado es evitar el fregado de la mejor forma posible», explica en conversación con ABC Samuel Parra, abogado especializado en asuntos tecnológicos. El jurista recuerda que en 2021 el garante italiano de protección de datos ya paralizó temporalmente las operaciones de la red social el país transalpino después de que una niña de 10 años se suicidase debido a uno de los retos virales que circulan por la 'app'. Y que la AEPD hizo lo mismo con la empresa de criptomonedas WorldCoin en 2024 por escanear el iris de sus usuarios. «Técnicamente, la AEPD tenía la facultad para haberlo hecho también con TikTok, el problema es que si hubiera dado ese paso, lo más probable es que la red social hubiera acudido a los tribunales y seguramente habría ganado argumentando falta de proporcionalidad y que con la medida se estaba atacando la libertad de expresión y de información de los españoles», dice el jurista. En su lugar, la agencia ha anunciado que trasladará toda la información recopilada sobre el caso a la autoridad irlandesa y, en lo que proceda, al Comité Europeo de Protección de Datos y a las demás autoridades europeas en esta materia. Asimismo, pondrá la situación en conocimiento de la Comisión Europea, por sus competencias en el Reglamento de Servicios Digitales y, por tanto, la que tiene capacidad para imponer multas a TikTok de hasta el 6% de la facturación global anual en caso de que llegue a la conclusión de que no ha hecho lo suficiente para proteger a los menores de los depredadores sexuales que campan por la plataforma. «Es la Comisión Europea la que debe tomar una decisión sobre este asunto, porque se trata de la que tiene capacidad para ello», explica a este periódico el abogado Javier Prenafeta. En paralelo, la Fiscalía General del Estado ha anunciado la apertura de una investigación de los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores localizados en el interior de TikTok. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha firmado este mismo miércoles un decreto con el que deja la investigación en manos de la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente. Se da este paso después de que la propia Maldita denunciase los hechos y de que el Ministerio de Infancia y Juventud solicitasen el inicio de dicha investigación, cosa que hizo la propia Rego el pasado martes. En la denuncia, la fundación hacía constar que había «tenido conocimiento de actividades relacionadas con la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en la plataforma TikTok, así como la recomendación de contenidos de esa misma naturaleza a los que se puede acceder en la misma o en otras plataformas o la difusión en directo de imágenes con menores de edad, mediando compensaciones de carácter económico». Los representantes de Maldita comparecieron este mismo miércoles ante la fiscal a cargo del caso «para ratificar su denuncia y presentar ante la Fiscalía el material probatorio oportuno, que será objeto de inmediato análisis y valoración».
La Fiscalía, que solicita tres años de prisión, pidió aplazar la vista por la incomparecencia este martes de los cuatro militares agredidos. Diversas fuentes apuntan a que el investigado es un “desertor” de la Fuerzas Auxiliares marroquíes, un grupo
La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar este lunes a un hombre de 45 años acusado de incendiar una casa con su expareja y el hijo menor de ésta dentro. La Fiscalía de Jaén ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en el que solicita penas que suman 21 años de prisión para este hombre acusado también de amenazar a su expareja y de provocar la muerte por asfixia del perro de la familia, en unos hechos ocurridos en la localidad de Jódar. Según el escrito del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, los hechos se desencadenaron la madrugada del 14 de septiembre de 2024, apenas unas horas después de que la mujer le comunicara su decisión de finalizar la relación sentimental de once meses que mantenían. El procesado, que cuenta con múltiples antecedentes penales —entre ellos una condena por lesiones en el ámbito de la violencia doméstica—, acudió en estado ebrio al domicilio familiar. Ante la negativa de la mujer a dejarle entrar debido a su estado y por encontrarse dentro el hijo de esta, de 15 años, el acusado presuntamente manipuló los suministros de agua y luz con unos hierros extraídos de su vehículo.
Los vínculos de una organización criminal belga con una banda brasileña dedicada al tráfico de cocaína han sido el centro de atención de un importante juicio celebrado en Bruselas, en el que se han denunciado vínculos de contrabando entre actores europeos y los cárteles de la droga de América Latina Cómo el traficante de cocaína más buscado de Europa forjó el primer narcoestado real del mundo Un convoy de policías fuertemente armados atravesaba las somnolientas calles del centro de Bruselas en la madrugada del 7 de septiembre. Su destino estaba en las afueras nororientales de la ciudad: el complejo militarizado con aspecto de búnker del número 22 en Avenue du Bourget, antigua sede de la OTAN en el barrio de Haren. Modernista, austero y funcional, el complejo que se construyó a toda prisa en 1967 alberga hoy la sala de vistas Justitia, donde se celebran los juicios federales de Bélgica. Fue ahí donde, en 2022, fueron juzgados los autores y cómplices de los atentados terroristas de París (2015) y Bruselas (2016). La misión de los agentes armados con fusiles de asalto era patrullar los amplios pasillos del edificio para proteger a los implicados en el caso Bressers-Carvalho, el juicio más mediático de la década. A un lado de una gran mampara de cristal blindado, los jueces y la legión de abogados que durante un mes compartieron aquel espacio con el público y los periodistas. Al otro lado, los 31 acusados, flanqueados por agentes con el rostro enmascarado para protegerlos de represalias. Una escena más propia de un país asolado por la mafia. Dos de los acusados destacaron especialmente durante las largas vistas. El primero, Flor Bressers, un belga de 40 años nacido en Lommel (una localidad de 35.000 habitantes en la provincia de Limburgo). Su perfil no era habitual en los círculos del hampa. Licenciado en Criminología por la Universidad Libre de Bruselas, sus compañeros lo llamaban ‘el profesor’, ‘el académico’ y, sobre todo, ‘el cortadedos’, un apodo que contradice cualquier posible imagen de hombre íntegro y refinado. Detenido en 2022 durante una cata de vinos junto a su esposa en un ático del hotel suizo de lujo Renaissance Zurich Tower, Bressers fue acusado de secuestro, detención ilegal, extorsión con armas de fuego y dirección de organización criminal. El otro personaje clave y presunto miembro de la organización criminal es Sérgio Roberto de Carvalho, brasileño de 68 años. En una operación conjunta de Interpol, Europol, Policía Federal brasileña y Agencia Antidroga de Estados Unidos, Carvalho fue detenido el 21 de junio de 2022 en Budapest, la capital de Hungría, en un hotel de lujo con vistas al Danubio. Con base en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, la zona de la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay que se ha convertido en uno de los centros del crimen organizado del continente, se hizo conocido en su país con el apodo de “Mayor”, en referencia al cargo que ocupaba cuando era agente de la policía militar incurriendo en actividades criminales y corruptas. El nombre que le daban en Europa era más revelador: ‘el Escobar brasileño’. Con la red internacional de tráfico de cocaína entre Latinoamérica y Europa en el punto de mira, el ‘cortadedos’ y el ‘Escobar brasileño’ fueron los principales acusados en la sala del tribunal belga repleta de medidas de seguridad. Se sospecha que Bressers y Carvalho estaban al frente de una organización responsable de transportar hasta 45 toneladas de cocaína a Europa. De las empresas pantalla a las criptomonedas Según la Fiscalía, usaban empresas pantalla para mover cientos de millones de dólares de una operación multinacional y al margen de la ley. Entre esas sociedades figuraba Kriva Rochem, responsable del tratamiento de aguas en Amberes, cuyo nombre se ha usado para rebautizar el caso. Usando criptomonedas, mercados financieros y propiedades inmobiliarias, blanqueaban el dinero que financiaba la compleja logística de transportar la cocaína producida en Bolivia y Perú por las polvorientas rutas de Brasil y hasta el Atlántico, desde donde viajaba a un número indeterminado de países europeos y más allá. Bressers figuraba en la lista de fugitivos más buscados de Europol desde el año 2021. Según el aviso de la agencia, lo buscaban por secuestro y privación de libertad, extorsión con armas de fuego y participación en organización criminal. En un caso anterior de 2010 fue acusado de ordenar un ajuste de cuentas en el que la víctima perdió un dedo cortado por unas tijeras de podar, dando origen a su apodo (ese juicio terminó con la absolución en 2015 de Bressers por falta de pruebas). Imagen del puerto de Róterdam, una importante ruta utilizada para importar drogas desde Latinoamérica. En 2020, Bressers fue condenado por otra venganza: el secuestro de un neerlandés traficante de drogas al que golpearon, amenazaron de muerte y cortaron con una cuchilla de afeitar responsabilizándolo de la desaparición de un cargamento de cocaína. Bressers se convirtió entonces en fugitivo y pasó dos años desaparecido. Bressers también figuraba como sospechoso en al menos otro caso violento, esta vez en Guyana, relacionado con la muerte de un mayorista después de que se detectara cocaína en un cargamento de arroz que había importado. Se cree que su muerte fue un intento de evitar que desmantelara la red. El caso tampoco llegó a juicio. Al menos diez identidades falsas Carvalho, el socio de Bressers, tal vez es más conocido en Europa que en Brasil. Según los documentos judiciales brasileños, lideraba el grupo que adquiría docenas de toneladas de cocaína producida en Perú y Bolivia para transportarla por el centro y oeste de Brasil hasta los puertos de Paranaguá y Natal, desde donde se enviaba a Europa. Nacido en 1958 en Ibiporã (estado de Paraná, em el sur de Brasil), Carvalho creció en Mato Grosso do Sul y se involucró en actividades criminales desde que comenzó a trabajar como agente de policía en ese estado. Aunque en 1998 lo condenaron por primera vez a 15 años de cárcel por tráfico de drogas, no lo expulsaron del cuerpo hasta el año 2010. En lugar de seguir dirigiendo sus operaciones desde Latinoamérica, el ‘Escobar brasileño’ se mudó a Europa, escondiéndose en Portugal, primero, y en España, después. Según la policía española, Carvalho se instaló en una mansión de dos millones de euros en Marbella bajo la identidad de Paul Wouter, un acaudalado ciudadano de Surinam. En los últimos años, el consumo de drogas en Europa ha aumentado de forma notable. Si miras los informes de la ONU, se trata de un mercado importante Juan Gabriel Tokatlian — Experto en crimen organizado latinoamericano y profesor de RRII en la Universidad Torcuato Di Tella La Fiscalía belga sostuvo que entre 2017 y 2020 Carvalho coordinó desde su base en España, conocido centro del tráfico internacional de la cocaína, una red de crimen organizado especializada en drogas que abarcaba toda la Península. Estaban implicados los puertos de Setúbal, cerca de Lisboa, y de Leixões, en el norte de Portugal. Además del aeropuerto de Lisboa y de los puertos de Róterdam, en Países Bajos; y Amberes, en Bélgica. La policía portuguesa sospechaba que Carvalho mantenía vínculos con el Primeiro Comando da Capital, la organización criminal más importante de Brasil. En noviembre de 2020, lo acorralaron, aunque no llegaron a detenerlo, en una serie de redadas coordinadas donde intervinieron más de 1.000 agentes de policía de Europol, Portugal, España, Bélgica, Países Bajos, Rumanía y Emiratos. La operación se saldó con 45 detenciones, la incautación de 70 coches de lujo, de 37 aeronaves, de 136 propiedades inmobiliarias y de más de 13 millones de euros en efectivo. Según se expuso ante el tribunal, se cree que Carvalho simuló su propia muerte ese mismo año con un certificado de defunción a nombre de Wouter, supuestamente muerto por complicaciones relacionadas con la covid-19. Después de eso se trasladó a Budapest, donde lo detuvieron en 2022 mientras usaba un pasaporte mexicano a nombre de Guillermo Díaz Flores. Se sospecha que Carvalho utilizó al menos diez identidades falsas antes de ser detenido en Hungría. En Bélgica lo encarcelaron en una prisión de alta seguridad tras su extradición en junio de 2023. “Fue un homónimo quien cometió estos delitos, no yo” En el juicio ‘el cortadedos’ se reencontró con su presunto cómplice. Los dos han sido acusados de dirigir una organización criminal internacional. Durante la audiencia, Bressers no admitió ninguna de las acusaciones y dijo ser víctima de una cacería de brujas montada para los medios. “Tengo la firme convicción de que todo esto fue orquestado por las autoridades”, dijo. Su equipo de defensa impugnó las pruebas y solicitó que se desestimara el caso. Contactado por The Guardian, el abogado principal Hans Rieder no hizo ningún comentario. Durante el juicio, la defensa ha acusado a la prensa de “pintar una imagen absolutamente monstruosa” de su cliente. Carvalho no asistió a todas las sesiones del juicio alegando problemas de salud. Mantiene su inocencia y afirma ser víctima de una persecución de las autoridades federales brasileñas. “Llevo cinco años en la cárcel, pero nadie me hace caso”, dijo durante la vista. “Fue un homónimo quien cometió estos delitos, no yo”. The Guardian trató de hablar con Frédéric Thiebaut y Renaat Landuyt, abogados de Carvalho, pero no obtuvo respuesta. El fiscal federal belga a cargo del caso tampoco quiso hacer declaraciones. Las vistas concluyeron el 9 de octubre y se espera un veredicto para el 15 de diciembre. Bressers podría ser condenado a un máximo de hasta 20 años de cárcel, mientras que Carvalho podría pasar hasta 15 años encerrado. Antes era al revés, pero ahora es una vía de doble sentido, llevábamos décadas viendo a delincuentes europeos de alto nivel estableciéndose en Latinoamérica. Ahora vemos cada vez más a delincuentes latinoamericanos activos también en Europa, de forma permanente o semipermanente Andy Kraag — Jefe del centro de delincuencia organizada de Europol Casos como el de Bressers y Carvalho se han multiplicado en la última década. Un período en el que Europol, las fuerzas policiales nacionales y los servicios de inteligencia de Portugal, España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, países nórdicos, Europa del Este, los Balcanes, y el norte de África han detectado células de redes de narcotraficantes latinoamericanos. Según Andy Kraag, que dirige la unidad de delincuencia organizada en Europol, estas ramificaciones criminales se han arraigado en Europa a través de ‘intermediarios’, miembros de cárteles de la droga que “prestan servicios especializados relacionados con la producción de cocaína en Europa, incluida la extracción de cocaína de los diversos materiales que sirven para el transporte, o el procesamiento de la pasta de coca”. “Los delincuentes latinoamericanos están muy implicados en esto, la presencia de criminales latinoamericanos en Europa va en aumento y sus actividades cobran cada vez más relevancia”, dice. “Antes era al revés, pero ahora es una vía de doble sentido, llevábamos décadas viendo a delincuentes europeos de alto nivel estableciéndose en Latinoamérica. Y ahora vemos cada vez más a delincuentes latinoamericanos activos también en Europa, de forma permanente o semipermanente”. Vista exterior de la sede de Europol en La Haya, Países Bajos. Según fuentes de alto nivel en Europa y América Latina, estos grupos están ampliando sus operaciones y su poder en la economía real y en la digital usando criptomonedas, empresas de juego y a los sectores inmobiliario y financiero. De acuerdo con Juan Gabriel Tokatlian, experto en crimen organizado latinoamericano y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, la guerra contra las drogas que se libró en Colombia volvió más resistentes y dinámicos a los cárteles, lo que explica su capacidad actual para adaptarse y expandirse a nivel internacional. “En los últimos años, el consumo de drogas en Europa ha aumentado de forma notable; si miras los informes de la ONU, se trata de un mercado importante”, dice. “Pero en la década de los 80, y sobre todo en lo que respecta a la cocaína, no era relevante”. “En ese contexto de demanda europea y con una política antidroga errática que militariza para terminar coexistiendo, nos encontramos con una serie de situaciones que terminan por fortalecer al crimen organizado”, añade Tokatlian. Como Carvalho, decenas de presuntos líderes de organizaciones criminales de América Latina: el Primeiro Comando da Capital, el Tren de Aragua, el cártel de Sinaloa, el Clan del Golfo o Los Lobos están encerrados en cárceles por toda Europa, aparecen en los listados de criminales más buscados de la Interpol o son activamente rastreados por las fuerzas policiales nacionales o por Europol por tráfico de cocaína a Europa y tráfico de armas y drogas sintéticas a Latinoamérica, además de vínculos con la mafia italiana ‘Ndrangheta o con organizaciones criminales de los Balcanes. “Plataformización” del crimen organizado Según Gabriel Feltran, sociólogo de la universidad Sciences Po de París, grupos como el Primeiro Comando da Capital o el Cártel de Sinaloa están formando ‘empresas conjuntas’ con organizaciones criminales europeas, como las de Albania o como la ‘Ndrangheta’. De acuerdo con Feltrán, que también es director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, estas empresas conjuntas adquieren la coca directamente a los productores latinoamericanos y también se encargan de la distribución hasta el cliente final, de forma que la propiedad de la droga ya no pasa de mano en mano en una larga cadena de suministro. Es lo que Feltran denomina la ‘plataformización’ del crimen organizado. Los cárteles integran sus infraestructuras y modelos económicos igual que plataformas digitales internacionales como Amazon, Google y Meta. El objetivo es controlar toda la cadena del tráfico, desde la producción en lo más profundo de América Latina hasta la venta en las calles de Europa. La propiedad de la droga ya no cambia de manos, lo concentran todo, optimizan mucho y crecen muy rápidamente Gabriel Feltran — Sociólogo de la universidad Sciences Po de París Eso implica que todo se concentra en la cúspide: las comunicaciones, los pagos, las sustancias químicas (precursores) necesarias para fabricar la droga, los laboratorios y hasta la logística. Como los conductores de Uber, los transportistas y operadores locales suelen ser contratados como proveedores de servicios remunerados, en muchas ocasiones sin saber lo que llevan. Feltran afirma que, antes de la ‘plataformización’, el tráfico se basaba en rutas y en intermediarios que eran propietarios de la droga en cada eslabón de la cadena. Según él, estas “empresas conjuntas se unen ahora en la cúspide, compran directamente al productor y entregan directamente al final de la cadena, sin pasar por intermediarios”. “La propiedad de la droga ya no cambia de manos, lo concentran todo, optimizan mucho y crecen muy rápidamente”, dice. “Cuanta más gente utiliza sus servicios, más dependientes se vuelven; es un efecto de red”. Traducción de Francisco de Zárate.
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