El pódcast que han visitado tres candidatos a la presidencia del Gobierno, excepto Abascal, es cosa de hombres. Las mujeres apenas protagonizan el 7% de sus entrevistas
Ya es definitivo. Los propietarios que suban la renta a sus inquilinos sufrirán una penalización fiscal que puede llegar a ser muy severa cuando hagan su declaración de la Renta. La maniobra del Gobierno para convalidar este jueves a través de la Diputación Permanente uno de los decretos de vivienda -el otro, impuesto por el ala de Sumar y que aspiraba a implantar alquileres indefinidos en España, decayó como se esperaba- que fue rechazado en su día por la mayoría del Congreso de los Diputados ha consolidado en la normativa española la nueva configuración de la reducción en el Impuesto sobre la Renta de los rendimientos procedentes del arrendamiento de viviendas. La modificación pone este dispositivo fiscal al servicio del... Ver Más
El programa reunió este jueves a 2.852.000 espectadores y un 25,7% de cuota con la visita del presidente del Gobierno
El presidente del Gobierno asegura que Zapatero "lo último que querría" es tener las joyas El PSOE denuncia al PP, Eduardo Inda y Okdiario por los pagos de la defensa de Koldo García “Yo pongo la mano en el fuego por José Luis. Sí la pongo, creo en su inocencia”. Así de rotundo se ha expresado este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la situación procesal que atraviesa José Luis Rodríguez Zapatero. En una entrevista concedida al youtuber Jordi Wild, Sánchez ha asegurado que jamás el expresidente interfirió en ninguna gestión con Plus Ultra y que las joyas que tiene en su poder le suponen un problema del que desea liberarse. “Conociendo a José Luis, aunque no lo he hablado con él, pero conociendo a José Luis, yo estoy convencido de que lo último que quiere es tener esas joyas, pero ahora están bajo autoridad judicial”, ha asegurado a preguntas de Jordi Wild. “Yo creo en su inocencia, como creo también en el legado de un presidente que ha hecho grandes cosas por este país”, ha defendido antes de insistir en que, en todas las conversaciones que ha mantenido con Zapatero, “nunca” le ha preguntado por Plus Ultra “ni por ninguna empresa”, sino que han hablado de “políticas”. “No lo hubiera permitido”, ha apostillado. Sánchez ha recordado que durante la pandemia el Gobierno articuló un fondo de préstamos a través de la SEPI para “rescatar a empresas que, siendo competitivas y productivas” corrían “el riesgo de cerrar” en pandemia, como fue el caso de Plus Ultra, con el que se llegaron a salvar “casi 8.500 puestos de trabajo”. A preguntas sobre la crisis de Ceuta, el presidente del Gobierno ha asegurado que a día de hoy sigue sin tener información que certifique que Marruecos estuvo detrás de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes, y ha vuelto a defender que no se marchó de vacaciones, sino que estuvo trabajando en otra “residencia oficial”. Sánchez ha repetido que el Gobierno no tenía información de antemano de que se produciría una avalancha de esas características y ha defendido la labor tanto del CNI como de los cuerpos y fuerzas de seguridad. “Yo no tengo información para acusar a todo un gobierno de esto”, ha defendido, al ser preguntado si sigue sin responsabilizar a Marruecos, subrayando que la frontera de Ceuta es “difícil de gestionar” y que en aquel momento se planteó un “dilema”. “Nos liamos a tiros”, ha dicho, subrayando que había muchos menores entre quienes intentaban entrar, muchos de ellos “chavales desarmados”, “o tratamos de absorber a todos esos chavales para que posteriormente se puedan ir”. “Es evidente que el régimen marroquí, también viéndose superado y sobrepasado por esta realidad, lo que hizo fue facilitar en frontera el que se pudiera gestionar de esa manera esta crisis migratoria”, ha añadido.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que a día de hoy sigue sin tener información que certifique que Marruecos estuvo detrás de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes a Ceuta el 30 y 31 de julio, al tiempo que ha reivindicado que no se marchó de vacaciones sino que estuvo trabajando en otra "residencia oficial".
Aprecia indicios de un posible menoscabo de fondos públicos en el inmueble comprado por 6,3 millones de euros en la calle General Martínez Campos. Más información: Ayuso dará ayudas de 4.000 euros a todas las familias con hijos que contraten a empleadas del hogar para poder conciliar
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MURCIA. La prórroga de los alquileres convalidada ayer por la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados en un Real Decreto-ley con medidas de vivienda permitirá un ahorro mediano de 2.945 euros por hogar en la Región de Murcia , según los cálculos de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia. Así, un total de 46.819 contratos de alquiler podrán beneficiarse en la Comunidad de la prórroga extraordinaria de dos años impulsada por el Gobierno de España para aquellos arrendamientos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. El Instituto Nacional de Estadística señala que, de media, en cada hogar en alquiler hay 2,59 personas por hogar en alquiler a precio de mercado. Con este número de contratos prorrogables, son 117.500 personas las que podrían beneficiarse de esta medida en la Región de Murcia y casi cinco millones de personas en toda España que van a poder prorrogar sus contratos en las mismas condiciones. Los contratos y el ahorro se calculan con una microsimulación a partir del Panel de Hogares del IRPF (Instituto de Estudios Fiscales y Agencia Tributaria), que recoge una muestra de los alquileres declarados por arrendadores personas físicas en territorio fiscal común, con datos hasta 2023. Para la prórroga, en los contratos que vencen entre 2026 y 2028 (calculados según año de firma del contrato) se compara, durante sus dos años, la renta prorrogada, con las actualizaciones y los topes legales, con la de un contrato nuevo, que sube como los precios de oferta de Idealista en su provincia. En las zonas tensionadas no hay salto, porque la renta de un contrato nuevo no puede superar la anterior. Se supone que todos los inquilinos piden la prórroga. Las personas, unos 4,9 millones, se estiman con el tamaño medio de los hogares que viven de alquiler a precio de mercado en cada comunidad (Encuesta de Condiciones de Vida 2025, INE). Esta prórroga de los contratos de alquiler, además de ofrecer estabilidad y certidumbre, va a suponer un importante ahorro para las familias que viven de alquiler. En el conjunto de la prórroga, el ahorro mediano por hogar asciende a 4.341 euros en toda España.
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El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
El Partido Popular se compromete a defender una Política Agraria Común (PAC) que garantice las ayudas que necesita el sector, impulsar un pacto nacional del agua con una inversión de 40.000 millones de euros, reducir la burocracia y los impuestos que soportan agricultores y ganaderos y favorecer el relevo generacional en el campo. Son los cuatro compromisos que la candidata del PP de Ciudad Real al Congreso de los Diputados, Carmen Fúnez , ha trasladado a Asaja en una reunión celebrada este viernes, en el primer día de la campaña electoral, y que ha presentado como parte del proyecto de Alberto Núñez Feijóo para llegar al Gobierno de España. Fúnez ha justificado que la candidatura popular haya elegido a Asaja como primera organización sectorial con la que reunirse por el peso de la a gricultura en la provincia , donde representa el 20% del producto interior bruto y sostiene más de 30.000 explotaciones agrarias y el empleo de más de 15.000 personas. “Era obligatorio. Es responsable que el primer sector con el que nos reuniésemos fuese con Asaja y con los agricultores y ganaderos de esta provincia porque para nosotros es nuestra prioridad”, ha afirmado. La candidata popular ha descrito una situación preocupante para el sector primario : “El campo está mal. El campo está preocupado. El campo está ahogado a impuestos”. A ello ha sumado el encarecimiento de los costes de producción, con subidas durante el último año del 39% en los carburantes y del 21,5% en los fertilizantes, mientras que los precios de los productos no evolucionan al mismo ritmo que los gastos y las inversiones que afrontan las explotaciones. También ha puesto el foco en los autónomos del sector agrario, a los que ha definido como “los grandes contribuyentes del sanchismo”, al considerar que no reciben servicios públicos acordes con los impuestos que pagan. Frente a esta situación, ha defendido un sector primario más fuerte, con menos obstáculos y mayor competitividad, como condición para garantizar el futuro económico de Ciudad Real. PAC El primero de los cuatro compromisos anunciados por Fúnez es la defensa de la PAC en las negociaciones europeas del próximo marco presupuestario, correspondiente al periodo 2027-2035. La candidata ha reclamado que España acuda a Bruselas con una posición firme y argumentos suficientes para garantizar unas ayudas de las que, según ha señalado, procede entre el 17% y el 20% de la renta de los agricultores. Para ello, ha asegurado que el PP contará con un ministro o ministra de Agricultura con experiencia y conocimiento del sector, siguiendo el ejemplo de anteriores responsables populares como Loyola de Palacio, Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina. Agua El segundo compromiso es un pacto nacional del agua que evite que este recurso siga siendo “un elemento de confrontación política y territorial”. Fúnez ha avanzado una inversión de 40.000 millones de euros para modernizar los regadíos, mejorar las infraestructuras y llevar agua a las zonas que la necesitan. La propuesta, ha explicado, se ha calculado con aportaciones de comunidades de regantes, agricultores, ganaderos e ingenieros vinculados a la obra pública. Sobre este asunto, ha precisado que un futuro Gobierno del PP realizaría primero una auditoría hídrica para conocer la situación de los recursos y de las instalaciones de regadío. Ha recordado que Feijóo ha anunciado auditorías en todos los ministerios durante los primeros cien días de Gobierno y ha defendido que, antes de concretar las actuaciones, es necesario conocer el estado de partida. Después, ha planteado un acuerdo en el que participen todas las comunidades autónomas y que esté coordinado por el Ejecutivo central, con el objetivo de aprovechar de manera eficiente los recursos disponibles. Burocracia La reducción de la burocracia y de la presión fiscal constituye el tercer compromiso. Fúnez ha criticado que los agricultores y ganaderos tengan que dedicar demasiado tiempo a realizar trámites administrativos y presentar reiteradamente la misma documentación en las oficinas comarcales agrarias. “No se puede pasar más tiempo en la oficina comarcal agraria que en tu explotación agraria”, ha señalado. En paralelo, ha defendido una bajada de impuestos para que quienes generan empleo y oportunidades dispongan de más recursos para mejorar sus explotaciones y crear puestos de trabajo. Dentro de este tercer eje, también ha reclamado más seguridad en el medio rural, con un refuerzo de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir los robos en sistemas de riego, naves, almacenes y otras instalaciones agrícolas y ganaderas. Relevo generacional El cuarto compromiso pasa por impulsar el relevo generacional. Fúnez ha considerado imprescindible conseguir que los jóvenes encuentren atractivo incorporarse a la actividad agraria y asumir el liderazgo de las explotaciones, como vía para mantener vivo el medio rural. “Sin agricultura tampoco seguirán vivos nuestros pueblos”, ha advertido. Asaja reclama soluciones Por su parte, el presidente provincial de Asaja, Emilio Cepeda , ha agradecido la presencia de la candidatura popular en las instalaciones de la organización y ha expresado su deseo de que este encuentro sea “el inicio de soluciones reales” para los problemas de la agricultura y la ganadería. Cepeda ha señalado la PAC y la burocracia como algunas de las cuestiones que preocupan al sector, aunque ha situado el agua como la principal necesidad. “Sin agua no hay futuro para la agricultura”, ha afirmado, antes de reclamar las infraestructuras necesarias para que agricultores y ganaderos puedan desarrollar su actividad. El sector más importante de la provincia El presidente provincial del PP, Miguel Ángel Valverde , ha defendido también el peso estratégico de la agricultura y la ganadería en Ciudad Real, al considerar que constituyen la base de una industria agroalimentaria que es uno de los principales valores económicos del territorio. Ha recordado que el sector genera directamente el 20% del PIB provincial y tiene además un importante efecto sobre otras actividades económicas y comerciales de los municipios. Valverde ha reclamado estabilidad y un Gobierno que defienda los intereses de los agricultores en Europa para garantizar la continuidad de la PAC, además de acabar con la burocracia que, a su juicio, está asfixiando a las explotaciones. También ha advertido del impacto de los elevados precios de los fertilizantes y los combustibles, que en ocasiones hacen inviables las explotaciones agrarias. En materia hídrica, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no haber tenido en cuenta las necesidades de territorios como Ciudad Real y ha reclamado una auditoría para conocer los recursos disponibles y las posibilidades de obtenerlos. Entre las actuaciones que considera necesarias ha citado las inversiones para llevar agua desde las zonas donde existe disponibilidad hasta aquellas que la necesitan, la recarga de acuíferos, especialmente en el Alto Guadiana, y la reutilización de aguas residuales para el riego. Por último, ha defendido un gran pacto nacional del agua que permita movilizar nuevos recursos y negociar con Europa teniendo en cuenta las diferencias entre los modelos agrícolas del norte del continente y los del Mediterráneo. “Sin agua, este sector que da vida a la provincia va a desaparecer y, si desaparece este sector, la provincia va a tener también un mal futuro”, ha concluido .
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la creación de 700 nuevas plazas de jueces y fiscales para 2027, de las que 500 corresponden a la carrera judicial y otras 200 al Ministerio Fiscal. La medida supone un incremento del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la plantilla de fiscales, según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Estas plazas se suman a las 700 aprobadas el pasado mes de julio para 2026, por lo que el Gobierno habrá creado 1.400 plazas en dos años: 1.000 de jueces y 400 de fiscales. El Ejecutivo destaca que esta ampliación supera las 930 plazas creadas durante los quince años anteriores y la vincula a la aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. De las 500 nuevas plazas judiciales, 104 se destinarán a la jurisdicción social, 96 a la penal y 142 a la civil, estas últimas repartidas entre los Tribunales de Instancia y las Audiencias Provinciales. También se contemplan 87 plazas para órganos mixtos y otras 30 de adscripción territorial, que podrán redistribuirse según las necesidades de trabajo. El refuerzo incluye 18 plazas para las secciones de Violencia sobre la Mujer, cuya dotación ha pasado de 121 a 197 en dos años, lo que representa un incremento del 62,8%. Asimismo, se crearán seis plazas en las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, cuatro en la Audiencia Nacional y 19 en los Tribunales Superiores de Justicia. Por comunidades autónomas, Andalucía y Cataluña recibirán 94 nuevas plazas judiciales cada una, seguidas de Madrid, con 74, y la Comunidad Valenciana, con 53. El Ministerio explica que la distribución responde a criterios como la carga de trabajo, la litigiosidad y la población. En cuanto a las 200 nuevas plazas de fiscales, Cataluña será la comunidad más beneficiada, con 47 incorporaciones, seguida de Andalucía, con 31, y Madrid, con 26. El resto se distribuirá entre las demás comunidades autónomas y los órganos centrales del Ministerio Fiscal. El Gobierno enmarca esta ampliación en su plan de transformación de la Administración de Justicia, que combina medidas organizativas, procesales y digitales para mejorar el funcionamiento del servicio público. Noticia en ampliación...
El órgano fiscalizador rechaza la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda nombrar un delegado instructor para indagar en la operación La Comunidad de Madrid pide al Tribunal de Cuentas que no investigue el ático del Gobierno de Ayuso: “Se ajusta a la legalidad” El Tribunal de Cuentas investigará la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que los hechos denunciados por PSOE, Más Madrid y varios particulares “pueden constituir una salida de fondos públicos (...) carente por completo de justificación legal”. Así consta en un auto dictado por la consejera María del Rosario García Álvarez, en el que el órgano desestima la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda proponer el nombramiento de un delegado instructor para indagar en la operación. La resolución indica que los denunciantes han aportado “elementos indiciarios suficientes” para poder considerar que la compra del ático pudo ocasionar “un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”. En sus alegaciones, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defendió que todos los fondos desembolsados tienen un “destino conocido, documentado y lícito” y que la operación constituyó una mera permuta dado que el ático ingresó en el patrimonio público. También subrayó que esa operación no suponía “un deterioro económico” para las arcas públicas. La resolución del Tribunal de Cuentas , sin embargo, subraya que en la documentación aportada por los denunciantes “se puede advertir la aparente falta de declaración de necesidad previa” que pudiera justificar esta “salida de fondos”. Destaca, en este sentido, que esa declaración fue realizada el 2 de julio de 2026, con posterioridad a compra y cuando ésta ya constaba formalizada en la escritura pública de 14 de abril de 2026, casi tres meses antes. También apunta que el tipo de inmueble —un ático con 200 metros cuadrados de terraza— “parece objetivamente inadecuado para las actividades administrativas y de gobierno de la Comunidad que puedan amparar la inversión”. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. La resolución recuerda que Planifica, de acuerdo a sus estatutos, solo puede comprar inmuebles si se vinculan a la “actividad administrativa” de las consejerías u organismos autónomos de la Comunidad de Madrid. Y dice que, en este caso, hay “dudas” sobre si el ático pudo ser adquirido para otras finalidades, lo que impide la utilización de los fondos de la citada empresa pública. En sus alegaciones, el Ejecutivo regional justificó la operación por la necesidad de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Se basó, para ello, en la memoria que realizó la Comunidad de Madrid para justificar el arrendamiento a Planifica Madrid y que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. En un primer momento, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid. Después, pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta , si bien hasta el momento sigue sin comprador tras quedar desiertas las dos subastas convocadas para deshacerse de él. El auto también afirma que los denunciantes aportan ciertos indicios de que la compra podría haber causado un daño real y efectivo en los fondos públicos por haberse abonado un eventual sobreprecio respecto del valor de mercado. Se basa, para ello, en la diferencia entre el precio de compra —6.300.000 euros— y una primera tasación de 6.242.884,19 euros. En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid y de Planifica alegó que había una segunda tasación de Gesvalt que fijó el valor en 6.320.341,26 euros porque incorporó como superficie interior útil habitable unos 105 metros cuadrados de terraza en la que existe un cerramiento. Sin embargo, respecto a ese cerramiento, el auto dice que las denuncias también han aportado indicios de que puede no ser acorde a la legalidad urbanística, lo que puede rebajar al valor real del inmueble. La Fiscalía respalda la apertura de la investigación y rechaza el archivo de las actuaciones. En dos pronunciamientos remitidos al Tribunal de Cuentas, el fiscal solicitó y reiteró el nombramiento de un delegado instructor al apreciar que las alegaciones del Gobierno regional “no desvirtúan, por el momento, las irregularidades denunciadas”. De este modo, el Ministerio Público concluye que concurren indicios suficientes de un presunto alcance contable susceptible de haber provocado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid y descartó solicitar el archivo. “La Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles. Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no”, afirma el abogado Francisco Javier Flores, quien presentó la primera denuncia ante el órgano fiscalizador. Este letrado afirma que “Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada” y advierte de que “si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños”. “Llegaremos hasta el final”, señala.
La Diputación de Toledo continúa reforzando su compromiso con las bandas de música y asociaciones musicales de la provincia como parte esencial de la vida cultural de los municipios y ha aprobado en Junta de Gobierno las bases y la convocatoria anticipada de subvenciones para el ejercicio 2027, con una dotación máxima de 100.000 euros. … La entrada El Gobierno de la Diputación eleva a 100.000 euros su apoyo a las bandas de música y asociaciones musicales de la provincia de Toledo se publicó primero en infoCLM .
Solo unas semanas después de decir que no apoyaría un Gobierno de Feijóo con Abascal de vicepresidente y de afirmar que un Gobierno de PP-Vox sería un "riesgo" para las Islas, Cristina Valido cambia de postura y señala que su partido apoyará a cualquiera que se comprometa con la llamada Agenda Canaria Coalición Canaria, que respaldó la investidura fallida de Feijóo, anuncia que no apoyará un gobierno del PP con Vox Tres semanas ha tardado Coalición Canaria (CC) en cambiar su discurso. Si a finales de octubre, su cabeza de lista, Cristina Valido, afirmó que el partido no apoyaría un gobierno del PP con Vox , ahora dice lo contrario. Cabe recordar que CC, aunque públicamente critica al partido de Abascal, a quien incluso ha llamado “auténtico fascista”, no le hace ascos al partido de ultraderecha si se trata de alcanzar el poder. Así, ha alcanzado acuerdos con Vox hasta en tres ayuntamientos de Canarias. El partido presidido por Fernando Clavijo confía en que el descontento de numerosos electores con la polarización y la política de bloques se traduzca en las islas en una mayor presencia del nacionalismo canario de CC en el Congreso, donde está dispuesta a apoyar la investidura de quien asuma sus propuestas para Canarias, como ya hizo en 2023. En una entrevista con EFE, Cristina Valido cambia el discurso mantenido en las semanas previas para reconocer ahora que están abiertos a prestar sus votos al candidato que los necesite para la investidura, incluído al líder del PP aunque posteriormente pueda alcanzar un acuerdo de Gobierno con Vox, siempre que exista un compromiso con la denominada Agenda Canaria. “Quien quiera nuestro apoyo en la investidura, sea Pedro Sánchez o sea Feijóo, tendrá que llamar a Canarias y tendrá que negociar con Canarias”, afirma la candidata nacionalista, quien precisa que sus “líneas rojas” son los asuntos pendientes con el archipiélago. Atrás quedan las palabras de la propia Valido cuando afirmó el pasdao 10 de octubre que temía un Gobierno de PP con Vox (y eso que CC es aliado de ambos en las Islas) porque sería “ un riesgo” para Canarias . Apenas un mes después, la propia Valido ofrece el apoyo de CC a ambos. En estas elecciones, CC espera ampliar su base electoral gracias a su alianza con Primero Canarias, el partido fundado por relevantes alcaldes de Gran Canaria que abandonaron Nueva Canarias y crearon una nueva formación. La última encuesta del CIS, sin embargo, les da 0 escaños a ambos . En unos comicios en los que el nacionalismo canario participa dividido en hasta tres candidaturas (NC concurre en alianza con Podemos, Sumar e IU bajo la denominación Unidad del Pueblo Canario, mientras que Drago lo hace en solitario), Valido expresa su confianza en que la suma con Primero Canarias permita a Coalición reforzar su representación en el Congreso, donde llegó a tener cuatro escaños durante tres legislaturas (entre 1993 y 2004). Desde entonces ha ido perdiendo paulatinamente apoyos. Para ello, se dirige a “todos los canarios”, incluidos aquellos que hasta ahora han votado a partidos de derechas o de izquierdas y, especialmente, a los ciudadanos desencantados con la confrontación entre los grandes partidos estatales, a cuyos diputados en Canarias Cristina Valido ve “sometidos” a directrices marcadas desde Madrid. Negociar con quien necesite los votos de CC En su balance de la legislatura, la diputada tinerfeña reivindica la capacidad de negociación de CC y defiende los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Pedro Sánchez, porque está convencida de que habría perjudicado a las islas no haberlos suscrito. “No me arrepiento, porque creo que no haber llegado al acuerdo que llegamos hubiera perjudicado a los canarios”, señala Valido, quien cita entre los avances conseguidos la reforma de la Ley de Extranjería para la acogida de los menores inmigrantes, la modificación de la Reserva para Inversiones en Canarias para destinar capital a la construcción de viviendas y el mantenimiento de la gratuidad del transporte público terrestre en las islas. Como principal decepción, señala el hecho de que no se haya presentado ningún proyecto de presupuestos generales del Estado, lo que entiende que ha impedido avanzar en compromisos de financiación para carreteras, obras hidráulicas e infraestructuras educativas. Vivienda, turismo e inmigración Entre las propuestas que CC plantea está limitar la compra de viviendas en Canarias a personas que no residan en esta comunidad, desde la constatación de que el 25% de las viviendas vendidas el pasado año fueron adquiridas por personas que no viven en las islas. Para la candidata, la solución al problema de la vivienda pasa también por incrementar la oferta de inmuebles, agilizar los trámites urbanísticos y ofrecer garantías a los propietarios para movilizar las viviendas vacías hacia el alquiler residencial. En materia turística, señala que Canarias no necesita seguir incrementando sus visitantes, de ahí la necesidad de establecer una capacidad de carga específica para cada isla, especialmente en el sur de Tenerife y Gran Canaria, lugares que ya han alcanzado su límite de crecimiento, en su opinión. La candidata del partido que más tiempo ha presidido el Gobierno de Canarias admite que los beneficios del turismo no llegan por igual a toda la población y alude a las dificultades económicas que persisten en las islas, donde se registran algunas de las tasas de pobreza más altas de España, pese a la mejora de los indicadores. Sobre el alquiler vacacional, valor la regulación impulsada por el Gobierno de Canarias y destacado que, desde su entrada en vigor, se han reducido en 5.000 las viviendas destinadas a esta actividad. Respecto a inmigración, demanda una mayor implicación del Estado y de la Unión Europea para anticipar las llegadas y evitar el colapso de los servicios públicos en Canarias. También hace hincapié en la necesidad de incrementar la vigilancia marítima y reforzar los efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado en Canarias para evitar que las embarcaciones lleguen a la costa sin ser detectadas. En cuanto a El Hierro, principal punto de llegada de los cayucos a Canarias, defiende instalar medios sanitarios en el puerto de La Restinga y un hospital de campaña para evitar la sobrecarga del hospital de la isla, así como establecer compensaciones económicas para los negocios afectados por la actividad migratoria. En el ámbito económico, reivindica una aplicación efectiva del Régimen Económico y Fiscal (REF) en las leyes estatales y una financiación autonómica que tenga en cuenta las particularidades de Canarias.
El ultraderechista Vox , tercer partido en expectativa de voto para el 29N, cifró el crecimiento de votantes en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA, el de los electores en el exterior) desde las generales de 2023 en 375.027 . La formación extraparlamentaria Iustitia Europa –cuya única actividad conocida es pleitear contra el Gobierno– dio un incremento todavía mayor: 408.262 nuevos electores . Esas dos cifras fueron las que aceptó acríticamente el Tribunal Supremo para apreciar un "incremento extraordinario" en el censo "que no se había producido con anterioridad a la vigencia de la Ley 20/2022", la de Memoria Democrática para suspender el voto a todos aquellos nacionalizados con esa norma que no hubiera demostrado documentalmente ser hijos o nietos de exiliados. La Oficina del Censo Electoral , el organismo al que el Supremo ordenó analizar a quiénes en concreto correspondía prohibir cautelarmente el voto, ha rebajado en casi 300.000 nombres esas cifras dejado en 113.326 el número de españoles residentes en el extranjero afectados por la medida cautelar decretada el 10 de septiembre. Si se proyecta sobre esa cifra los datos de participación del CERA en 2023, el "peligro fundado, real y serio" de pucherazo que aprecia el Alto Tribunal se quedaría en menos de 10.000 votos emitidos. Al recurrir la suspensión del voto de los descendientes del exilio, el abogado del Estado ya reflejó en su escrito que el tribunal había caído en un error al dar por ciertas esas cifras. "Este incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA de españoles residentes en el extranjero y la circunstancia de que tal número está en constante aumento, con cifras de la extraordinaria dimensión expuestas", relataban los magistrados, "son circunstancias que ha de valorar esta Sala, ya que pueden afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados". Sin embargo, el servicio jurídico estatal le recordó que esos datos no se correspondían con los nacionalizados por la ley de nietos que estarían afectados. El letrado aportó un certificado de la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores en el que se afirmaba que los afectados serían, en realidad, 168.896 . En escritos posteriores, la representación de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística (el INE, en el que se encuadra la Oficina del Censo Electoral), redujo todavía más los votantes supendidos hasta los 163.020 . Finalmente, y a toda prisa, con los ministros de Exteriores y de Presidencia y Justicia, José Manuel Albares y Félix Bolaños, apercibidos de multas o la apertura de un proceso penal contra ambos, el Gobierno presentó el pasado 28 de octubre dos listas de supuestos afectados en el Alto Tribunal. En la de Exteriores, elaborada tras un enorme esfuerzo de los consulados que aún hoy conservan sus expedientes en papel, aparecían 163.355 personas . Desde Presidencia y Justicia aportaron los datos obtenidos del Registro Civil Digital, un listado con 76.600 identidades. Fuentes del Gobierno advirtieron del escaso rigor de ambas cifras, con repeticiones y personas residentes en España cuya participación no tendría por qué verse afectada. En sus primeros análisis, la Oficina del Censo Electoral ya advirtió sobre la mala calidad de los listados de datos proporcionados con tanta premura. En numerosas ocasiones, las identidades aparecían incompletos, duplicadas o presentaban errores de difícil solución. El resultado es que la cifra inicial de 408.262 votantes manejada por el Supremo al inicio ha quedado reducida a poco más de 113.000 "una vez finalizado el proceso de comprobación exhaustiva ejecutado sobre la información del Ministerio de Asuntos Exteriores", como relata la Oficina del Censo en su último informe, en el que explica que "el número definitivo de electores a los que resulta aplicable la suspensión del ejercicio de sufragio en las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026 queda establecido en 113.326 ". El organismo dependiente del INE lo elabora después de realizar las últimas comprobaciones que le han servido para eliminar del listado de votantes suspensos a otros 190 que ya aparecían inscritos en el CERA antes de que entrara en vigor la Ley de Memoria Democrática. Fuentes del Ejecutivo así como diplomáticos implicados en el proceso explican que la mayoría de estas personas no optaron a la nacionalidad española con la intención de votar, sino como una medida de reparación o por tener la posibilidad de instalarse en Europa. Esas 113.326 personas representan el 0,2% de los 38,5 millones de personas que componen el censo electoral del 29N . Si se proyecta sobre ellos el porcentaje de participación que los electores del CERA tuvieron en las últimas generales, el dato se queda en el 0,04% de los 24,6 millones de personas que efectuaron su voto en los anteriores comicios a Cortes . Así pues, el incremento real del censo, que demostraría el presunto fraude electoral que, de la mano de Vox y desoyendo al Ministerio Fiscal y a la Junta Electoral Central parece apreciar el Supremo, afectaría a unos 9.800 sufragios a repartir entre 52 circunscripciones y todas las candidaturas . Ese es el verdadero alcance del "peligro fundado, real y serio" de alterar "el resultado deseado por los españoles en unos futuros comicios", que aprecia la más alta instancia de lo Contencioso-Administrativo en España.
La sociedad de José Antonio Rovira que administra su mujer, histórica del PP de Alicante y asesora en la Diputación, ganó 60.800 euros en 2024 y está varios años sin repartir dividendos, por lo que dispone de un capital líquido de ejercicios anteriores de 235.000 euros que no hace falta declarar en su renta como miembro del Gobierno La inmobiliaria del polémico conseller de Educación de Mazón mejora sus beneficios y anota un patrimonio de 2,3 millones El conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, es lo que se llamaría en el actual debate sobre la vivienda un rentista. Tiene tres viviendas en propiedad al cien por cien, otra al 50%, dos garajes y un local comercial. Además, es propietario al 100 % de la empresa Rojo Inver SL, una sociedad de alquiler de inmuebles por cuenta propia que tiene un patrimonio que alcanza los 2,4 millones de euros. En las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil la pasada semana, las de 2024, la empresa del político ingresó 146.040 euros por esos alquileres: 1.000 euros menos que en 2023. Estos números le permitieron ganar a la compañía 60.800 euros, después de computar los gastos de gestión de esos inmuebles y pagar impuestos. La empresa, que está administrada por su esposa, Consuelo Maluenda Quiles, gana todos los años unas cantidades similares y hace prácticamente un lustro que no reparte dividendos entre sus socios, ni tampoco destina esos beneficios a reservas. Eso le permite disponer de 235.000 euros de líquido en la empresa, según las propias cuentas de la compañía, cantidad que tampoco tiene por qué incluir en su declaración como conseller de Hacienda ante Transparencia. En su última renta presentada ante la Generalitat, el político alicantino declaró haber ganado en 2022 poco más de 78.000 euros, de los que 523 euros fueron rendimientos de capital inmobiliario. José Antonio Rovira fue en la primera parte de la legislatura de Carlos Mazón conseller de Educación, muy criticado por los sindicatos por su reforma educativa y su impacto negativo en la enseñanza del valenciano. Tras la llegada de Pérez Llorca en diciembre de 2025, Rovira se convirtió en conseller de Hacienda y en el ariete de la reforma fiscal de PP y Vox. El actual conseller ha aplicado y defendido rebajas fiscales, entre ellas la exención del impuesto sobre el Patrimonio a las rentas superiores a los dos millones de euros —sin contar la primera vivienda ni las empresas—, cuando con el anterior gobierno de izquierdas el límite se situaba en los 500.000 euros. La compañía del conseller se está beneficiando de los buenos tiempos que corren y de la alta demanda de alquiler de vivienda. Además, no tiene gastos de personal y se gasta en explotar el negocio poco más de 37.000 euros. Las deudas también son bajas en comparación con los activos, de casi 2,5 millones de euros, ya que suponen 75.000 euros, 50.000 de los cuales son con entidades de crédito. La administradora de la sociedad, Consuelo Maluenda, también está vinculada al mundo de la política y del Partido Popular. Es asesora en el gabinete del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y ha sido trabajadora del partido durante años. Cobra un sueldo público de más de 65.000 euros al año. Rovira gana 83.000 euros al año.
El 19 de marzo de 1889, el ingeniero de montes Ricardo Codorníu y Stárico subió a pie al Morrón de Espuña, la cima de Sierra Espuña, en la Región de Murcia. El terreno estaba nevado y desnudo: "no vi ni un pino ni una sola encina. Deduje, por lo tanto, que había que repoblarlo todo", escribió después en sus 'Apuntes de la Repoblación de Sierra Espuña', un texto que todavía citan los ingenieros de montes del país. De aquel diagnóstico nació una intervención que dio origen a un parque de 17.804 hectáreas. La sierra no había llegado a aquella desolación por casualidad. La Marina había talado cientos de árboles para construir barcos, y la desamortización de mediados del siglo XIX pasó el monte a manos privadas, donde los aprovechamientos tradicionales de los vecinos perdieron el interés social que tenían. Sin cubierta forestal, el agua de lluvia bajaba por las pendientes arrastrando el suelo y alimentando avenidas cada vez más destructivas, como las de la Ascensión en 1884 o la de la Feria en 1888. El detonante institucional fue la riada de Santa Teresa del 15 de octubre de 1879. Las aguas del Segura provocaron 761 muertos en Murcia , a los que se sumaron trece en Lorca, dos en Librilla, uno en Cieza y otros trescientos en Orihuela. La tragedia llevó al gobierno a crear en 1888 la Comisión de Repoblación de la Cuenca del Segura, en la que Codorníu trabajó junto a los ingenieros José Musso y Juan Ángel de Madariaga. Morrón de Espuña, vía Wikimedia Commons Los trabajos en Sierra Espuña comenzaron en junio de 1891, y lo primero no fue plantar, sino construir. Antes de meter un solo árbol en tierra, los operarios levantaron 240 kilómetros de caminos y sendas, 11 casas para ingenieros, guardas y operarios, dos almacenes, 144 kilómetros de diques en ladera, 420.000 bancalitos para retener el suelo y dos grandes diques reguladores contra las avenidas. Estas cifras proceden del estudio 'Las Raíces del Bosque', del investigador Manuel Águila, publicado en 2024 y recogido por Murcia Plaza . La producción de plantas se concentró en siete viveros que ocupaban cinco hectáreas. El primero, el Vivero Central de Levante, en Huerta Espuña, suministró en sus cinco primeros años seis millones de coníferas y 850.000 frondosas, regadas por 1.400 metros de canales y acequias. Sembrando a tiros Para las laderas inaccesibles, los operarios cargaban piñones en los cañones de escopetas y trabucos y los disparaban en la dirección adecuada. Más del 90% de las semillas acababa devorado por pájaros, hormigas y roedores, pero en los barrancos donde no se llegaba a pie era la única opción. La especie principal fue el pino carrasco entre los 260 y los 700 metros de altitud; por encima se mezclaron pino negral y laricio, según detalla Águila. Wisdom, el albatros más viejo del mundo, ha sobrevivido a varias generaciones de sus propios investigadores. Es un caso extraordinario La repoblación se extendió casi doce años. En 1931, las cerca de 5.000 hectáreas repobladas por Codorníu fueron declaradas Sitio Natural de Interés Nacional. En 1992, la Ley 4/1992 de la Región de Murcia creó el Parque Regional de Sierra Espuña. Tres años después, la Ley 6/1995 fijó sus límites en las 17.804 hectáreas actuales, más de tres veces la superficie que repobló Codorníu. Codorníu, nacido en Cartagena en 1846 y fallecido en Murcia en 1923, no llegó a ver la declaración de espacio protegido. Su intervención sirvió de modelo para el Servicio Hidrológico-Forestal , creado en 1901, que extendió esta metodología por toda España. "Crecen nuestras esperanzas de tener repoblada esta sierra dentro de pocos años, una gran superficie que ejerza su influjo en la salubridad del país, que aumente notablemente el caudal de sus manantiales y que dé valiosos productos al Estado, a la par que empleo y sustento a aquellos jornaleros tan sobrios, tan virtuosos y tan buenos trabajadores", escribió en los mismos 'Apuntes'. Los diques de ladera que Codorníu mandó construir todavía sujetan la tierra. Algunos, como los de La Mezquita y El Aire, tienen carretera por encima, según el estudio de Águila. La reforestación de Sierra Espuña es uno de los ejemplos más antiguos de una tendencia que Xataka Ciencia ya señalaba en 2016: hay más árboles en España que hace un siglo. Foto | Generada con Google Gemini - La noticia En 1891, Murcia se reforestó a tiros. La idea de meter semillas en armas de fuego se ha saldado en casi 18.000 frondosas hectáreas fue publicada originalmente en Xataka Ciencia por Redacción Xataka Ciencia .
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La Asociación Forestal de Soria (ASFOSO) , junto con el centro tecnológico Cesefor y la organización FSC España , ha dado a conocer en la mañana de este miércoles los detalles del proyecto Soria+Madera ante el subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre . El encuentro, que se producía en la sede institucional de la Subdelegación, ha servido para exponer las líneas maestras de una iniciativa que pretende aprovechar el potencial de los montes sorianos para articular toda una cadena de valor en torno a la construcción industrializada con madera . Con el propósito de unir todos los eslabones del sector, desde el monte debidamente gestionado hasta los profesionales encargados de levantar las edificaciones, el programa cuenta con un presupuesto global de 1,54 millones de euros . De esta cuantía, la Fundación Biodiversidad , dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), aporta un total de 923.053 euros a través de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), siendo que las actuaciones se desarrollan en un marco temporal comprendido entre febrero de 2026 y septiembre de 2028 . Bajo la premisa de que la mejor manera de velar por la conservación de los montes productores es garantizando su gestión forestal sostenible , el plan también contempla trabajar en el reconocimiento de los servicios ecosistémicos ligados a estos espacios naturales. De este modo, más allá del aprovechamiento maderero, las entidades promotoras pondrán el foco en valores ambientales como la biodiversidad , la fijación de carbono, la calidad de los suelos y la huella hídrica . Formación especializada y emprendimiento verde En lo que respecta a la vertiente constructiva, cuya coordinación recae directamente sobre Cesefor , se ha diseñado un itinerario formativo orientado a cualificar a 72 profesionales en edificación con madera. Esta capacitación se llevará a cabo en las instalaciones de Maderaula Lab , ubicadas en el término municipal de Garray , así como en un total de 12 centros formativos mediante cuatro programas específicos que incluirán el desarrollo de edificios demostrativos. Asimismo, el apartado tecnológico y empresarial tendrá un peso significativo mediante la puesta en marcha de dos herramientas digitales abiertas para facilitar el acceso al conocimiento técnico, concretadas en un recorrido virtual por la cadena de valor y una biblioteca de soluciones constructivas. Todo ello se verá complementado con un programa de emprendimiento verde que acompañará a 40 personas, con la previsión de generar 12 iniciativas empresariales y la creación de 26 empleos vinculados al sector. Actuaciones sobre el terreno y certificación Por su parte, la Asociación Forestal de Soria asume la tarea de dinamizar la actividad en el origen mismo del recurso, buscando un mejor aprovechamiento de la materia prima que producen los bosques provinciales. Para lograr tal fin, la entidad acompañará a 40 comunidades forestales en la gestión de sus montes de titularidad colectiva, formará a 65 personas gestoras y mejorará la planificación sobre una superficie de 22.600 hectáreas . Las labores previstas sobre el terreno permitirán, igualmente, adecuar los caminos forestales para facilitar tanto la saca de madera como las tareas de prevención de incendios a lo largo de 5.000 hectáreas , estimándose que estas acciones consigan poner en el mercado hasta 34.000 toneladas de madera y biomasa . Para cerrar el círculo productivo, el equipo español del Forest Stewardship Council ( FSC España ) trabajará en la certificación de 4.800 hectáreas bajo su sello de sostenibilidad, ofreciendo así a los consumidores finales la garantía de que las nuevas edificaciones proceden de bosques cuidados de manera responsable.
Así de contundente se ha mostrado el diputado Juanfran Serrano: “Hoy, en la provincia de Jaén, hay 21.000 parados menos que cuando gobernaba el Partido Popular (PP) en octubre del año 2018”. Lo ha dicho en rueda de prensa está mañana en la sede del Partido Socialista (PSOE) de la calle Hurtado, donde el diputado nacional ha puesto en valor los resultados de las políticas en materia de empleo de las últimas legislaturas: “Podemos hacer una afirmación rotunda, y es que Jaén trabaja más que nunca. Hoy más gente se incorpora al mercado laboral y se registra el paro más bajo de lo que llevamos de siglo”. “En octubre de 2018 —aún durante el Gobierno de Mariano Rajoy— casi 53.000 jiennenses estaban en el paro y hoy son poco más de 31.200”, ha subrayado Serrano, que indica que el pasado verano registró la cifra de desempleo “más baja de la historia de la provincia de Jaén”. “Son éxitos del Gobierno de España”, destaca el también secretario de Política Municipal del PSOE, que añade: “Hoy trabajan en Jaén 238.900 personas, 27.000 más que con el anterior Gobierno del PP”. Un hecho, ha precisado, que es posible gracias al impulso de proyectos como el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), que “ha despertado ya el interés de más de un centenar de empresas” vinculadas al sector de la defensa. En este sentido, el responsable de la Ejecutiva federal socialista ha puesto el foco en una reforma laboral, la del actual Gobierno del PSOE y Sumar, que “le ha venido muy bien a la provincia de Jaén”. “En estos últimos tres años y medio no solamente hemos bajado la tasa de paro a la menor que ha tenido la provincia de Jaén, sino que tenemos mejor empleo que cuando gobernaba el PP”, ha asegurado Serrano Martínez, que denuncia que, entonces, los jóvenes y las mujeres, fundamentalmente, “encadenaban contratos de días o semanas”. “Sufrían una inestabilidad laboral con empleos precarios que no les permitía tener una proyección de vida”, ha recordado el diputado, que incide en los efectos de la reforma laboral: “El Gobierno de España consolida empleo en la provincia de Jaén, lo dignifica y le quita la palabra temporalidad. La importancia de la reforma laboral se puede resumir en una pregunta: ¿Cuántos contratos indefinidos se han firmado en la provincia de Jaén en lo que va de año? Más de 86.000 por los 11.141 que se firmaron en el mismo periodo del año 2018 con un Gobierno del PP, casi ocho veces más. Hoy, más del 71% de los afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Jaén tiene un contrato indefinido”. Asimismo, afirma que todo lo logrado lo han hecho “sin la ayuda del PP y Vox”, dos partidos que “solo han puesto piedras en el camino hacia políticas que consolidan un empleo de calidad”, y que conviene a recordarlo a las puertas de una campaña electoral que comienza el próximo jueves y que, paradójicamente, coincidirá con la campaña de recogida de la aceituna y el trimestre en el que más empleo se genera en la provincia de Jaén.
