El 12 de octubre de 2023, Oihan Sancet se estrenaba con la selección española marcando un gol en un partido clasificatorio para la Eurocopa de 2024 frente a Escocia. Tras vestir esa camiseta en tres ocasiones más, el centrocampista del Athletic Club declaró ayer en la sala de prensa de la Federación Vasca de Fútbol, tras ser convocado por primera vez con la selección del País Vasco: «Ojalá el día de mañana podamos pelear un Mundial con la selección de nuestro país». Euskadi, dirigida por Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, se mide este sábado a Venezuela (20:00 horas, San Mamés) en un amistoso con motivo del 90.º aniversario del primer Gobierno Vasco. Sancet, nacido en Pamplona hace 26 años, calificó de «orgullo» la llamada de la 'Euskal Selekzioa' .«Es lo que sueñas desde pequeño: jugar con la selección que amas», afirmó, recurriendo a una expresión muy similar a la que pronunció al ser convocado por Luis de la Fuente por primera vez en 2023: «Estoy muy contento de poder estar aquí. Es un sueño, la verdad», declaró entonces como internacional con La Roja. Y apuntó a un claro objetivo con la selección vasca: «Ojalá el día de mañana pueda ser oficial y nos podamos medir en un Mundial contra los más grandes; creo que es el objetivo principal que tenemos que conseguir entre todos poco a poco». Admitió que «es difícil», pero confió en que «poniendo cada uno su granito de arena» pueda llegar algún día. La Federación plantea la cita como algo más que un partido. Arrasate aseguró tras la primera sesión de preparación, el jueves en Lezama, que el duelo no será solo una fiesta del fútbol, sino también «de la sociedad» y una oportunidad para reivindicar la oficialidad. «Hemos activado una vía que para nosotros es importante. Demuestra que la Federación Vasca no está conforme con lo que tenemos, que queremos más, y el pueblo igual», señaló, y añadió que para acercarse a esa meta «también tenemos que dar un paso adelante en cuanto al nivel de la selección y de los resultados». El técnico habló del «brillo en los ojos» de sus jugadores y destacó la entidad de un rival «habituado a jugar contra las grandes selecciones, como Argentina o Brasil». Sancet había sido subcampeón de Europa sub-21 con España en 2023. Sin embargo, desde el amistoso ante Brasil en el Bernabéu, en marzo de 2024, Luis de la Fuente no ha vuelto a contar con él; una ausencia atribuida, en parte, a lesiones musculares recurrentes. En el Athletic, con contrato hasta 2032, conquistó la Copa del Rey de 2024 y firmó 15 goles en la campaña 2024-25. El contexto no es menor. A finales de agosto, antes del Athletic-Sevilla de la segunda jornada de Liga, tres de sus compañeros —Unai Simón, Nico Williams y Aymeric Laporte—, campeones del mundo con España, ofrecieron el trofeo a San Mamés. Parte de la grada los aplaudió; otra los pitó y exhibió ikurriñas. De la Fuente, que jugó 18 años en el club bilbaíno, lamentó después: «Siento pena». Con este amistoso, la Federación Vasca vuelve a reclamar la oficialidad de la selección, un objetivo que, de momento, no cuenta con el reconocimiento de la FIFA ni de la UEFA. Hasta entonces, su calendario se limita a encuentros como el del sábado. La Federación Vasca de Fútbol (FVF), que preside Iker Goñi, reactivó esta semana el proceso para lograr la oficialidad internacional de sus selecciones. Para ello, invocó el artículo 48.2 de la Ley del Deporte, el mismo al que ya recurrió la pelota vasca. Ese precepto permite que una federación autonómica participe directamente en competiciones internacionales si lo autoriza la federación internacional de su deporte y si este tiene raíces históricas y sociales en el territorio. La FVF remitió sendos escritos al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en los que sostuvo que «el fútbol vasco reúne una trayectoria histórica y una implantación social que justifican esta solicitud». El movimiento enlazaba con el acuerdo de su Asamblea General del 12 de diciembre de 2018, que buscaba la integración directa en la FIFA y la UEFA. El camino es más estrecho que el de la pelota, donde Euskadi ya se midió a España en un Mundial, con la selección española como ganadora del medallero. La FVF pertenece a la RFEF, de modo que no puede avanzar sin su beneplácito. Por eso, su comunicado apostó por «una vía de diálogo y negociación» compatible con el ordenamiento jurídico y con la normativa internacional del fútbol. El precedente tampoco es alentador: en diciembre de 2020, la Federación Vasca presentó una solicitud formal ante la FIFA y la UEFA, con una delegación desplazada a Zúrich y a Nyon, pero no fue recibida. La RFEF la calificó entonces de «situación irrealizable». Los estatutos de ambos organismos añaden otro obstáculo. El de la UEFA (artículo 5) reserva la condición de miembro a las asociaciones nacionales de Estados independientes reconocidos por la mayoría de la ONU. El de la FIFA (artículo 11.1) admite una sola federación por país, con la excepción de las cuatro británicas o de los casos con autorización previa de la federación matriz. A favor de la FVF jugó el respaldo del PNV, que recordó haber logrado la inclusión del artículo 48.2 en la Ley del Deporte dentro del pacto para la investidura de Pedro Sánchez.
El Consejo de Ministros aprueba la tramitación urgente del reglamento que garantizará el poder adquisitivo de las jubilaciones, a la espera de conocerse la cifra definitiva el próximo día 27 de noviembre Por qué el sistema público de pensiones ni “está quebrado” ni “va a petar” como dicen PP y Vox El Gobierno ha dado este viernes el primer paso para actualizar las pensiones desde el 1 de enero de 2027, en el primer día de la campaña electoral oficial de cara a los comicios del 29 de noviembre, con la aprobación en el Consejo de Ministros de la tramitación urgente del real decreto que garantizará su poder adquisitivo. La ministra portavoz y titular de Seguridad Social, Elma Saiz, ha anunciado la aprobación de ese acuerdo que permitirá que el real decreto de mantenimiento de las pensiones sea tramitado de forma urgente (lo que reduce los plazos de cara a los trámites de participación pública y los informes preceptivos), antes de conocerse la cifra oficial con la que se actualizarán. Esta se sabrá el próximo día 27, cuando el INE publique el dato adelantado de la inflación de noviembre, lo que permitirá hacer la media con los 11 meses anteriores, tal y como establece la ley. “Para este gobierno es una prioridad que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo y sigan evolucionando con el coste de la vida las pensiones”, ha dicho Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta subida, ha subrayado la portavoz, será de “una horquilla entre el 3 y el 4%”. Una vez conocida la cifra oficial, el Gobierno tendrá que aprobar un Real Decreto-Ley que autorice el incremento del gasto para la Seguridad Social con la cifra que arroje esa media del IPC de los últimos 12 meses. El Gobierno ha deslizado que podría hacerlo en funciones y llevarlo a la Diputación Permanente antes de que se constituyan las Cortes Generales que deriven de las elecciones del 29 de noviembre, algo que sucederá el próximo 23 de diciembre. Las pensiones se han convertido en uno de los principales temas de campaña, después de que tanto Vox como el PP hayan asegurado en la precampaña que el sistema era un “zombi” (según José María Figaredo, de Vox) o que iba a “petar” (de acuerdo con la portavoz popular Ester Muñoz). Así, Saiz ha aprovechado para sacar pecho de las reformas en materia de pensiones que ha aprobado el Gobierno desde el aterrizaje de Pedro Sánchez en La Moncloa en 2018. Desde entonces, ha dicho la titular de Seguridad Social, las pensiones se han revalorizado un 28,1%, frente al 2% de incremento que habrían experimentado en caso de haber seguido en vigor la ley de pensiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy. La pensión media ha avanzado un 44,5% en el mismo periodo, entre otras razones por las pensiones más cuantiosas de los nuevos jubilados del sistema, que se incorporan con salarios más elevados y carreras profesionales más largas. “Esta es la importancia de garantizar por ley el poder adquisitivo en lugar de dejar que los pensionistas sufran el impacto del incremento del coste de la vida”, ha dicho la portavoz. Saiz ha defendido la sostenibilidad del sistema pese a los augurios de los partidos de la derecha, gracias a la subida de los ingresos por cotizaciones, al dinamismo del empleo y a los flujos migratorios. Una sostenibilidad, ha dicho, avalada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que constató que el gasto medio neto en pensiones hasta 2050 no superará el umbral del 13,3% del producto interior bruto (PIB), lo que habría activado una subida adicional de las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
El Gobierno ha dado este viernes el primer paso para revalorizar las pensiones en 2027 y garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado un acuerdo para tramitar por la vía de urgencia el Real Decreto de Mantenimiento del Poder Adquisitivo de las Pensiones, con el objetivo de actualizar las prestaciones conforme a la evolución de los precios. "Las pensiones subirán en una horquilla entre el 3% y el 4%", ha adelantado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior a la reunión. La ministra ha explicado que este procedimiento permite "arrancar la maquinaria" para aplicar la revalorización, siguiendo el mecanismo utilizado en los últimos ejercicios.
El Gobierno ha dado este viernes el primer paso para revalorizar las pensiones en 2027 y garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado un acuerdo para tramitar por la vía de urgencia el Real Decreto de Mantenimiento del Poder Adquisitivo de las Pensiones, con el objetivo de actualizar las prestaciones conforme a la evolución de los precios. "Las pensiones subirán en una horquilla entre el 3% y el 4%", ha adelantado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior a la reunión. La ministra ha explicado que este procedimiento permite "arrancar la maquinaria" para aplicar la revalorización, siguiendo el mecanismo utilizado en los últimos ejercicios.
El Gobierno ha dado este viernes el primer paso para revalorizar las pensiones en 2027 y garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado un acuerdo para tramitar por la vía de urgencia el Real Decreto de Mantenimiento del Poder Adquisitivo de las Pensiones, con el objetivo de actualizar las prestaciones conforme a la evolución de los precios. "Las pensiones subirán en una horquilla entre el 3% y el 4%", ha adelantado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior a la reunión. La ministra ha explicado que este procedimiento permite "arrancar la maquinaria" para aplicar la revalorización, siguiendo el mecanismo utilizado en los últimos ejercicios.
MADRID (EP). El Consejo de Ministros ha dado este viernes el "primer paso" para subir las pensiones en 2027 "entre un 3% y un 4%" y garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas mediante la aprobación de un acuerdo para tramitar de manera urgente el Real Decreto de Mantenimiento del Poder Adquisitivo de las Pensiones. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz , en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, donde ha explicado que, al igual que se ha hecho en los últimos años, este procedimiento "arranca la maquinaria" para llevar a cabo dicha revalorización. Saiz ha subrayado que para el Ejecutivo constituye "una prioridad" que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo y que las prestaciones sigan evolucionando conforme al coste de la vida. Asimismo, ha precisado que el acuerdo aprobado constituye el primer paso de un proceso al que le seguirá la aprobación de la norma con rango de ley que determinará la cantidad exacta tanto de la revalorización general como de las pensiones mínimas. Para determinar la subida de las pensiones contributivas aún falta por conocer el dato de IPC de noviembre, que el INE avanzará el próximo 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. En concreto, para calcular la revalorización, se toma la inflación media de los últimos doce meses (en este caso diciembre de 2025-noviembre de 2026). En todo caso, Saiz ha avanzado que este incremento estará "entre el 3% y el 4%" a la luz de cómo están evolucionando los precios. Este año la subida fue del 2,7% para las contributivas. "Tenemos que esperar a conocer el dato del IPC, pero lo que sí que puedo decir es que las pensiones subirán en una horquilla de entre el 3% y el 4%", ha avanzado Saiz. Durante su intervención, la titular de Seguridad Social ha presentado un informe sobre la situación actual y futura de las pensiones públicas y ha hecho balance de las reformas emprendidas desde 2018 bajo un triple objetivo: mantener el poder adquisitivo, ofrecer más opciones para acceder a la jubilación y reforzar la sostenibilidad financiera del sistema. Un proceso, ha subrayado Saiz, que se ha desarrollado siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, con el respaldo del Congreso y a través del diálogo social, con cuatro acuerdos suscritos junto a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. Las pensiones han subido más de un 28% desde 2018 Respecto al primer eje, Saiz ha destacado que, frente al 2% que habrían subido las prestaciones con el mecanismo del 0,25% anual aprobado en la reforma de 2013, la revalorización acumulada conforme al IPC entre 2018 y 2026 ha aumentado un 28,1%. En ese mismo periodo, la pensión media ha crecido un 44,5%, impulsada también por la mejora de los salarios y de las bases de cotización, mientras que las pensiones mínimas se han incrementado entre un 43% y un 69%, según la modalidad, y las no contributivas lo han hecho en un 65%. Además, la ministra ha señalado que el complemento aprobado en 2021 ha reducido la brecha de género en 2,4 puntos porcentuales desde 2018. La edad de jubilación sube a 65,4 años En cuanto al segundo eje, centrado en ampliar las modalidades de jubilación desde la voluntariedad -incluidos los incentivos a la demora, el refuerzo de la jubilación activa en 2024 y la reforma de la jubilación flexible en 2026-, la ministra ha resaltado que la edad efectiva de jubilación se sitúa ya en 65,4 años en 2026. Sobre el tercer eje, referido a la sostenibilidad financiera, Saiz ha subrayado que los ingresos por cotizaciones crecerán un 7,6% en 2026, representando el 10,7% del PIB, apoyados en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la subida de las bases máximas, la cuota de solidaridad y los avances en la separación de fuentes de financiación. La ministra ha vinculado esta evolución al dinamismo del mercado laboral -que en octubre superó los 22,6 millones de afiliados, 3,6 millones más que en el mismo mes de 2018 y 785.000 más que hace un año (+3,6%)- y a la contribución de la población extranjera. Gracias a ello, ha destacado que la relación cotizante-pensionista ha pasado de 2,28 cotizantes por cada pensionista en 2018 a 2,51 en 2026, "el mejor dato de los últimos 15 años". Saiz ha defendido que las transferencias que el sistema recibe del Estado se sitúan por debajo de las de otros países europeos, precisando que las cotizaciones sociales financian aproximadamente el 65% del gasto en pensiones de jubilación, dos puntos por encima de la media de la Unión Europea. Asimismo, ha puesto en valor la recuperación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social -la denominada 'hucha de las pensiones'-, destacando que, gracias a las aportaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cerrará 2026 en positivo y seguirá creciendo en los próximos años, frente al "estado deficitario" en el que se encontraba hace ocho años. La ministra ha subrayado además que el sistema ha superado las evaluaciones de sostenibilidad de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), situándose el gasto neto medio en pensiones para el periodo 2022-2050 por debajo del umbral del 13,3% del PIB que habría obligado a adoptar medidas adicionales. Junto a ello, Saiz ha explicado que la Seguridad Social ha desarrollado su propio modelo de análisis y proyección, denominado IntegraSS, cuyas estimaciones sitúan el gasto medio en pensiones en torno al 14% del PIB para el periodo 2022-2050, un esfuerzo que ha calificado de "asumible" y que se sitúa por debajo de países europeos de referencia como Francia o Italia.
El Consejo de Ministros aprueba la tramitación urgente del reglamento que garantizará el poder adquisitivo de las jubilaciones, a la espera de conocerse la cifra definitiva el próximo día 27 de noviembre Por qué el sistema público de pensiones ni “está quebrado” ni “va a petar” como dicen PP y Vox El Gobierno ha dado este viernes el primer paso para actualizar las pensiones desde el 1 de enero de 2027, en el primer día de la campaña electoral oficial de cara a los comicios del 29 de noviembre, con la aprobación en el Consejo de Ministros de la tramitación urgente del real decreto que garantizará su poder adquisitivo. La ministra portavoz y titular de Seguridad Social, Elma Saiz, ha anunciado la aprobación de ese acuerdo que permitirá que el real decreto de mantenimiento de las pensiones sea tramitado de forma urgente (lo que reduce los plazos de cara a los trámites de participación pública y los informes preceptivos), antes de conocerse la cifra oficial con la que se actualizarán. Esta se sabrá el próximo día 27, cuando el INE publique el dato adelantado de la inflación de noviembre, lo que permitirá hacer la media con los 11 meses anteriores, tal y como establece la ley. “Para este gobierno es una prioridad que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo y sigan evolucionando con el coste de la vida las pensiones”, ha dicho Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta subida, ha subrayado la portavoz, será de “una horquilla entre el 3 y el 4%”. Una vez conocida la cifra oficial, el Gobierno tendrá que aprobar un Real Decreto-Ley que autorice el incremento del gasto para la Seguridad Social con la cifra que arroje esa media del IPC de los últimos 12 meses. El Gobierno ha deslizado que podría hacerlo en funciones y llevarlo a la Diputación Permanente antes de que se constituyan las Cortes Generales que deriven de las elecciones del 29 de noviembre, algo que sucederá el próximo 23 de diciembre. Las pensiones se han convertido en uno de los principales temas de campaña, después de que tanto Vox como el PP hayan asegurado en la precampaña que el sistema era un “zombi” (según José María Figaredo, de Vox) o que iba a “petar” (de acuerdo con la portavoz popular Ester Muñoz). Así, Saiz ha aprovechado para sacar pecho de las reformas en materia de pensiones que ha aprobado el Gobierno desde el aterrizaje de Pedro Sánchez en La Moncloa en 2018. Desde entonces, ha dicho la titular de Seguridad Social, las pensiones se han revalorizado un 28,1%, frente al 2% de incremento que habrían experimentado en caso de haber seguido en vigor la ley de pensiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy. La pensión media ha avanzado un 44,5% en el mismo periodo, entre otras razones por las pensiones más cuantiosas de los nuevos jubilados del sistema, que se incorporan con salarios más elevados y carreras profesionales más largas. “Esta es la importancia de garantizar por ley el poder adquisitivo en lugar de dejar que los pensionistas sufran el impacto del incremento del coste de la vida”, ha dicho la portavoz. Saiz ha defendido la sostenibilidad del sistema pese a los augurios de los partidos de la derecha, gracias a la subida de los ingresos por cotizaciones, al dinamismo del empleo y a los flujos migratorios. Una sostenibilidad, ha dicho, avalada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que constató que el gasto medio neto en pensiones hasta 2050 no superará el umbral del 13,3% del producto interior bruto (PIB), lo que habría activado una subida adicional de las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
El Gobierno de coalición activa la revalorización de las pensiones conforme a la inflación de cara a 2027. El proceso de actualización indexado al Índice de Precios de Consumo (IPC) de estas prestaciones está garantizado por la Ley 21/2021; sin embargo, el Ejecutivo debe aprobar anualmente un Real Decreto con el porcentaje determinado del incremento, paso que ha dado este viernes. "Arranca la maquinaria", ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha acordado la tramitación urgente de esta norma. "Las pensiones subirán en una horquilla entre el 3% y el 4%", ha aseverado la también ministra portavoz. No obstante, se deberá esperar a conocer el dato de la inflación del mes de noviembre, cuyo adelanto se conocerá el viernes 27, dos días antes de las elecciones, y su confirmación se producirá el 15 de diciembre, con los resultado ya conocidos, para realizar la habitual media anual, que excluye diciembre. "Es una prioridad", ha defendido Saiz el "trámite ordinario", desmintiendo que responda a un carácter excepcional. En esta línea, la ministra portavoz ha insistido en que para el Ejecutivo constituye "una prioridad" que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo y que las prestaciones sigan evolucionando conforme al coste de la vida. Asimismo, ha precisado que el acuerdo aprobado constituye el primer paso de un proceso, al que le seguirá la aprobación de la norma con rango de ley que determinará la cantidad exacta tanto de la revalorización general como de las pensiones mínimas y no contributivas. Más de un 28% de incremento desde 2018 La titular de la cartera de Seguridad Social también ha presentado un informe relativo a la evolución de las pensiones desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y al efecto de las diferentes reformas acometidas en el sistema, que ahora se está poniendo en duda. Al respecto, Saiz ha asegurado que el Gobierno se ha centrado en mantener el poder adquisitivo, ofrecer más opciones para acceder a la jubilación y reforzar la sostenibilidad financiera del sistema. Sobre la revalorización, la ministra ha defendido que, frente al 2% que habrían subido las prestaciones con el mecanismo del 0,25% anual aprobado en la reforma de 2013 y que defendía Mariano Rajoy, la revalorización acumulada conforme al IPC entre 2018 y 2026 ha alcanzado un 28,1%. En ese mismo periodo, la pensión media ha crecido un 44,5%, impulsada también por la mejora de los salarios y de las bases de cotización, mientras que las pensiones mínimas se han incrementado entre un 43% y un 69%, según la modalidad, y las no contributivas lo han hecho en un 65%. Sobre los tipos de jubilación, la portavoz ha puesto en valor la ampliación de las modalidades de jubilación voluntaria, destacando la jubilación activa y la flexible y los incentivos a la demora. Con todo, la edad efectiva de jubilación se sitúa ya en 65,4 años en 2026, lo que ha celebrado Saiz. Por último...
No es difícil imaginar las dificultades a las que hubo de enfrentarse esa primera memoria subterránea colectiva y oral, estigmatizadas sus protagonistas supervivientes -tras largos años de encarcelamiento- como “rojas” y “expresas”-, no solo a lo largo del franquismo sino también después, en los años de la Transición El pasado 30 de mayo de 2026, en la Córdoba de la República Argentina, fue encontrado el cuerpo desmembrado de la adolescente Agostina Vega en un descampado de las afueras de la ciudad. Se trataba de un nuevo caso de feminicidio, una de las cerca de 150 niñas y mujeres asesinadas hasta agosto, según el Observatorio de las violencias de género Ahora Que Sí Nos Ven, que, precisamente, había denunciado el “escenario de desprotección” que había supuesto el vaciamiento de programas contra la violencia de género promovido por el gobierno del presidente Javier Milei . El asesinato de la joven Agostina impactó de manera especial en el país. En las principales ciudades se convocaron marchas, empezando por Córdoba. La del 3 de junio en Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, fue multitudinaria. Una de las pancartas llamó mi atención por el nombre de la asociación que la portaba: “Trece Rosas”. Cuando me acerqué a preguntar por el mismo a las jóvenes que la sostenían, me respondieron sin dudar: “Obvio que sabemos quiénes fueron las Trece Rosas. Eran comunistas. Lucharon contra Franco”. En seguida me vino a la cabeza una de las primeras veces que oí hablar de ellas. Fue a la altura de 2001, un cuarto de siglo atrás, cuando escuché de los labios de Josefina Amalia Villa, antigua presa de la superpoblada cárcel de Ventas de la posguerra, el relato de la saca de tres de las Trece Rosas en la madrugada del 5 de agosto de 1939: Martina Barroso, Anita López Gallego y Victoria Muñoz. Jose Amalia había estado con ellas en la misma sala de menores de la cárcel, y de aquella noche, entre otros muchos recuerdos, había atesorado este recuerdo concreto: “Se vistieron ayudadas por las demás, nuestras manos temblaban mucho más que las suyas. Anita, al terminar, nos preguntó con voz serena, un poco baja: '¿Llevo las medias derechas?'. Le dijimos que sí, pero, ¿quién las miró? Las abrazamos una y otra vez. Qué horrible mezcla de gritos y de silencio” . Imaginar el largo viaje que había trazado en el tiempo aquel recuerdo, de Madrid a Buenos Aires, a cuatro generaciones de distancia, es algo que me produjo una sensación de vértigo. Cuando Josefina Amalia me concedió aquella entrevista, los recuerdos que sobre las Trece Rosas habían conservado sus antiguas compañeras de prisión, como ella, las testigos directos de la saca, todavía no se habían convertido en “memoria cultural”, pero estaban a punto de recorrer esa nueva etapa de su largo camino. Justo al año siguiente, Dulce Chacón publicó una novela -'La voz dormida'- sobre la primera generación de presas del franquismo que conocería múltiples ediciones, y cuya aparición coincidió con la publicación de 'Las trece rosas', de Jesús Ferrero. Y es que, comenzando el siglo, el interés de la “generación de los nietos” por conocer el pasado traumático de la dictadura, lo ocurrido con los vencidos y vencidas de la Guerra Civil, tuvo su expresión en la producción y circulación de productos culturales diversos sobre aquel episodio en concreto, desde documentales como 'Que mi nombre no se borre de la historia' (Vigil y Almela, 2006) hasta películas como 'Las Trece Rosas', de Martínez-Lázaro, de 2007, basada por cierto en otro libro -reportaje histórico bien documentado- publicado el año anterior por el periodista Carlos Fonseca. Todavía seguirían más libros y películas -como 'La voz dormida', de Zambrano, en 2011- y obras de teatro, con lo que andando el tiempo y traspasando fronteras, el propio tratamiento del episodio histórico se convirtió en una suerte de topos de los estudios culturales, en el marco del desarrollo de un feminismo de tercera o incluso cuarta ola. El último eslabón de esta larga cadena es precisamente una ópera, la primera sobre el tema histórico: 'Las Trece Rosas Rojas', como producción del Teatro de la Zarzuela en Madrid, que se estrenará este 25 de noviembre. Dos memorias Lo sucedido hasta la fecha, con esa producción de “memoria cultural” acelerada a lo largo de estas dos últimas dos décadas, podría hacer creer que el episodio histórico de aquel asesinato estuvo destinado a popularizarse desde un principio, como una suerte de justicia poética. No fue así en absoluto. En realidad dio pie a dos tipos de memorias que, en las difíciles condiciones de la dictadura, siguieron caminos más bien distintos. Con algo de retraso, a partir de 1946, las publicaciones del exilio comunista elaboraron una memoria de carácter escrito fuertemente estereotipada, parca en detalles y politizada, según la fórmula del “mártir político” de lejanas resonancias religiosas. Publicaciones como 'Mujeres Antifascistas' (1946-1950), primero en Francia y luego en México, repitieron la fórmula de las rosas como mártires de la fe (política) a partir de las exiguas noticias de mujeres fugadas de la cárcel franquista como Mercedes Núñez o Adelaida Abarca, al objeto de denunciar la dictadura y provocar la movilización política. La segunda memoria, en cambio, fue esencialmente oral y se elaboró en el interior del país y desde el minuto uno: la tejida -como si se tratara de un tapiz de voces- por las propias compañeras de las Trece Rosas en la prisión madrileña de Ventas y sus familiares. Fue una memoria oral, colectiva y esencialmente subterránea, elaborada y conservada en el mismo centro del ecosistema represivo del franquismo, que, frente a la memoria del exilio, se caracterizó por la precisión y “visualidad” de sus recuerdos -como el de Josefina Amalia sobre Anita López Gallego- así como por su voluntad de credibilidad. Testigos supervivientes como Josefina Amalia Villa, Antonia García Alonso o Mari Carmen Cuesta se empeñaron en la consignación escrupulosa del dato concreto, del detalle vivido, y lo repitieron, se lo recontaron a sí mismas y a quienes quisieran escucharlas con el afán de ser creídas, de combatir la incredulidad de los demás; “creedme porque yo viví esto, yo estuve aquí, esto ocurrió realmente”. De alguna manera quisieron cumplir con aquel mandato moral de Julia Conesa, una de las Trece Rosas, en la carta de despedida a su familia, milagrosamente conservada: “que mi nombre no se borre en la historia”. Eso y no otra cosa es el tan debatido término de “memoria histórica”, como relato de sucesos que nunca o con muchas dificultades -durante el franquismo y la Transición- llegaron a ser públicamente reconocidos, validados como “verdad histórica” al modo de las expuestos en los estudios académicos o los libros de texto. No es difícil imaginar las dificultades a las que hubo de enfrentarse esa primera memoria subterránea colectiva y oral, estigmatizadas sus protagonistas supervivientes -tras largos años de encarcelamiento- como “rojas” y “expresas”-, no solo a lo largo del franquismo sino también después, en los años de la Transición. Quizá la imagen más gráfica de ello sea la que aportó a la altura de los años ochenta una de las compañeras de las Trece Rosas, Mari Carmen Cuesta, citando el filme 'Fahrenheit 451', de Truffaut. Mari Carmen se vio entonces a sí misma y a sus compañeras supervivientes como aquellos “hombres-libro” que, refugiados en los bosques, memorizaban fielmente las obras de la literatura universal que estaban siendo quemadas por el régimen opresor, con la esperanza de que algún día pudieran editarse de nuevo: “(…) Yo cuando vi esta película me causó un impacto tremendo porque pensé que éramos cientos, más que cientos, miles de mujeres que, como en esa película, guardábamos también en nuestras mentes unos profundos testimonios; unos testimonios que también esperábamos que pudieran salir en un momento determinado y poder llenar todas las páginas de la historia, de esa historia que fue la época más larga, más negra y más brutal de nuestro país: la historia del fascismo” . Justamente por entonces, ese momento que tanto esperaba Mari Carmen ya estaba empezando a llegar gracias a la feliz coincidencia de dos factores. El primero fue la emergencia de una conciencia femenina entre las propias militantes antifranquistas -las supervivientes de la primera generación de presas políticas- sobre la importancia de su propia historia, todo ello en el contexto del feminismo de segunda ola de los años sesenta y setenta, que dio como resultado los primeros “textos memorialísticos” de Juana Doña (1978), Ángeles García-Madrid y Tomasa Cuevas (1982). El segundo factor no fue otro que el concurso de investigadoras de esta misma ola feminista -Giuliana di Febo, Fernanda Romeu, Shirley Mangini- que hicieron de “solicitadoras de testimonios” -al decir del sociólogo Michel Pollak-, con trabajos que en buena medida coincidieron con los de las militantes políticas de la generación siguiente -Carmen Alcalde, Lidia Falcón- tanto en libros como en revistas ( Vindicación Feminista , Poder y Libertad ). No podemos dejar de citar también aquí el importante reportaje del periodista Jacobo García Blanco-Cicerón de 1986, en la revista Historia 16, que hizo de solicitador de testimonios, cartas y fotografías no solamente de compañeras de las Trece Rosas, sino también de familiares suyos. El otro largo viaje de la documentación oficial El camino, pues, fue difícil: nada estuvo garantizado, y la construcción del relato propiamente histórico, a partir no solo de las voces, sino de los documentos, tampoco lo tuvo fácil. Cuesta creerlo, pero solo en los años noventa se abrió el acceso a la documentación oficial de la represión franquista: los sumarios judiciales de los archivos militares y la documentación penitenciaria. A principios de esa década fueron abiertos al público los sumarios del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, depositados por aquel entonces en el gobierno militar de la capital. En condiciones muy difíciles, los historiadores Mirta Núñez Díaz-Balart y Antonio Rojas Friend pudieron, tras la consulta del sumario 30.426, publicar por primera vez la lista de los nombres y apellidos exactos de las Trece Rosas en 1993, como parte de una investigación patrocinada por la Fraternidad de Militares por la República sobre el número de personas ejecutadas en el Madrid de la posguerra (1939-1944), que vería la luz en 1997. Los autores averiguaron asimismo por la documentación consultada que las trece rosas habrían debido ser catorce. Antonia Torre Yela se libró aquella noche del fusilamiento porque equivocadamente fue consignada como “Antonio Torres Llera”: la posteriormente denominada “rosa número catorce” sería ejecutada el 19 de febrero de 1940 . Algo después, el examen de otra documentación también muy tardíamente abierta al público, los expedientes de cárcel depositados por entonces en el archivo del centro de inserción “Victoria Kent”, dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, permitió precisar asimismo nombres, fechas y demás detalles . Solo entonces se supo, por ejemplo, la edad exacta que tenían en el momento de su detención. De las trece, las menores de 23 años -el umbral de la edad legal, que no penal, que se cifraba en los 16- fueron nueve: Martina Barroso García, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olalla, Virtudes González García, Anita López Gallego, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente. Por lo demás, solo en 2018 pudo aquilatarse con mayor precisión el número exacto del total de personas ejecutadas en la capital durante el periodo 1939-1944, gracias al estudio encargado por el Ayuntamiento de Madrid que permitió el acceso a los libros de enterramiento y órdenes de inhumación de la Necrópolis del Este. Habían pasado casi ochenta años de los asesinatos masivos cometidos durante el periodo 1939-1944 en las cercanías del cementerio del Este, y ni siquiera entonces -en 2019- el nuevo ayuntamiento del Partido Popular de la capital permitió la colocación de los 2.936 nombres en el monumento previsto. Como dato curioso, aproximadamente en 2004 todos aquellos expedientes penitenciarios -los de las cárceles de Madrid- fueron catalogados y pasaron a depender directamente de un archivo de carácter “no público” -el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI)-, donde merced a una instrucción especial de 12 de julio de 2006, tanto su consulta como su reproducción se vieron a partir de entonces seriamente limitados, con nombres anonimizados, como tuvimos ocasión de explicar hace algún tiempo en otro lugar . Como resultado, la propia investigación histórica, pero también el acceso de los familiares a unos datos fundamentales sobre las personas ejecutadas por la dictadura en Madrid, se vio y continúa viéndose gravemente frenada. Este mismo diario publicó en abril de este año un artículo de denuncia de la situación del AGMI firmado por el catedrático emérito Ángel Viñas y suscrito por prestigiosos profesionales nacionales e internacionales como Paul Preston y Carme Molinero. Poco después se hizo pública una carta abierta al ministro Fernando Grande-Marlaska firmada por la Asociación de Historia Contemporánea y 501 investigadores y docentes, reclamando la retirada de dicha instrucción especial y la transferencia de la documentación histórica del AGMI a los archivos pertinentes en condiciones de consulta equiparables al resto de los archivos estatales. Hasta la fecha, y contraviniendo disposiciones nacionales como la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, relativa al “derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados” sobre la Guerra Civil y la represión franquista, el ministro Grande-Marlaska ha venido negando públicamente, contra viento y marea, que existan este tipo de restricciones. Visto lo visto, ¿ha servido tanta denuncia para algo? Parece ser que sí. Casualmente, y sin ninguna alharaca, el AGMI lleva ya unos meses ejecutando la transferencia de numerosas cajas de documentación al Archivo General de la Administración: entre otras, cerca de un millar de cajas procedentes del antiguo centro de inserción de Victoria Kent, las mismas que contenían los expedientes de todas las prisiones madrileñas, incluidos los de las Trece Rosas, y que hace más de un cuarto de siglo pudieron ser consultadas -por quien esto escribe- sin tachaduras ni censuras. Largo y complicado viaje también este, el de la documentación oficial… casi tanto como el de aquel lejano recuerdo que, nacido en la cárcel madrileña de Ventas del año 1939, continúa resonando hoy día. A través de fronteras y de océanos, en puentes invisibles que vinculan a Madrid con Buenos Aires, a cuatro generaciones de distancia. En libros, ensayos, novelas, documentales, dramaturgias, largometrajes.. y esta vez, en este año de 2026, también con música de ópera.
El bogotano dedica una sala al disputado Tesoro Quimbaya, en poder del Museo de América en Madrid, y pide su restitución: “Está en buenas manos, pero podría estar en mejores" La censura ultra en Colombia decide qué es arte y qué no: de la violencia política a los encuentros en un cine gay “No se puede mirar el arte desde un lado apolítico”, afirma el artista colombiano Miguel Ángel Rojas (Bogotá, 1946) conversando con elDiario.es durante la inauguración de su exposición en Madrid. Por eso La noche , la muestra que el Museo Reina Sofía acaba de inaugurar, mantiene un compromiso político y ético firme con el arte que vive en los márgenes: desde la reivindicación de la homosexualidad hasta la crítica al extractivismo, la guerra del narco, la codicia colonial o el impacto del cambio climático. La exposición reúne en seis salas medio siglo de carrera y la profunda relación del artista con su país. Llega apenas unas semanas después de que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ordenara retirar del Museo Nacional de Colombia Fanny (1978), un aguafuerte de Rojas, junto a decenas de piezas sobre luchas feministas, LGBTIQ+ y memoria de la violencia. Una decisión incomprensible para el artista, aunque, explica, “ha conseguido unir tanto a artistas de izquierdas como de derechas contra la censura”, y ha logrado destacar el humanismo con el que Rojas se define. Lo mismo piensa el director del museo, Manuel Segade: “Hacemos este tipo de exposiciones para que estas acciones no ocurran”, comentó a la prensa. Por su parte María Wills Londoño, recuerda que el arte de Rojas siempre ha tenido muy buena acogida en su país, y que la retirada de la obra del artista es una acción residual en su larga carrera. La obra de Rojas está profundamente ligada a la tierra, y eso se nota en los materiales, en los que a menudo incluye hojas de coca en distintos formatos. “A lo mejor está mal que lo diga aquí, pero yo soy una persona materialista”, bromea el artista. En El nuevo Dorado (2012), el trazo pixelado del Amazonas, hecho en oro, atraviesa un paisaje verde de mambe (hoja de coca en polvo), arcilla y pigmentos minerales: una denuncia del saqueo de los recursos naturales. Y, sin embargo, Rojas no quiere que se le encierre en un solo contexto. “Pienso que mis obras se ensanchan, adquieren nuevos significados”, dice. Autoconocimiento, oro, sed y restitución El recorrido empieza con Autorretrato con luz de luna (1968), una fotografía hecha con una Kodak 1A en la que el artista aparece de perfil, apenas rozado por un haz de luz. Para él es una obra fundacional: parte de la experiencia personal para hablar de un país atravesado por el duelo, donde la noche parece no acabar. Muy cerca, La Cosecha (2012) alinea 147 pequeñas cabezas precolombinas de la cultura Tumaco, hechas con maíz, cal y cemento: otro autorretrato simbólico con el que asume su vínculo con los pueblos indígenas. Y en la antesala aguarda la pieza que da título a la muestra, La noche (1980): Rojas aplicó cocaína sobre una fotografía y la selló con resina para declarar el fin de su adicción. Miguel Ángel Rojas: 'Autorretrato con luz de luna' (1964) La primera sala, El nuevo Dorado, se sumerge en las violencias del extractivismo heredado de la colonia. Aquí se estrena Carbón carbón (2026), dieciséis módulos de frottage con carbón que dibujan un territorio erosionado por los incendios y la destrucción del Amazonas, pero del que brotan, en oro, especies vivas que garantizarán su supervivencia, como son las celdas de panal de la abeja meliponina, que es la encargada de polinizar todo el Amazonas, y que Rojas menciona como el reverso optimista, la búsqueda de soluciones al desastre climático. Miguel Ángel Rojas: ''Restitución' (2009) La segunda, Sed , gira en torno al Tesoro Quimbaya , hallado en Colombia en 1890 y regalado en 1892 por el presidente Carlos Holguín Mallarino a la monarquía española. Rojas lo resume con ironía: “Está en buenas manos, pero podría estar en mejores manos en Colombia”. Para la ocasión ha producido un vídeo inédito en el que las sombras del tesoro, sobre un fondo dorado, se van desvaneciendo. Alrededor, Restitución (2009) reflexiona sobre la devolución de piezas y la importancia de reconocer a las comunidades de origen, mientras que en Las Tablas de la Ley (2018) el cobre y el oro chapado forman “In gold we trust” y una frase atribuida al boxeador Pambelé: “It is better to be rich than poor”. Mestizaje, coca y minas: el cuerpo como territorio “Yo soy el Tumaco viviente” es una de las salas más importantes, según la comisaria Wills Londoño. Rojas recuerda y se interroga por su origen mestizo y por el vínculo con la tierra heredado de su madre campesina, así, trabaja el barro, trenza fibras vegetales, procesa hojas de coca en su taller. En Buritaca (1992) la planta aparece junto al poporo, objeto ceremonial de la Sierra Nevada de Santa Marta, no como mercancía sino como un vehículo ancestral de pensamiento. En Broadway (1996/2012), las hojas de coca que sostienen las hormigas simulan el tránsito del narcotráfico. Después llega Quiebramales , la sala más dura, donde cuelga una de sus obras más míticas: David (2004), diez fotografías a gran escala hechas con José Antonio Ramos, un soldado mutilado por una mina antipersona. Se ha convertido en emblema del sufrimiento de las víctimas del conflicto armado. A su lado, la palabra Quiebramales , escrita con lapiceros de colores, se opone a “quiebrapatas”, como se conoce popularmente a esas minas. Miguel Ángel Rojas: 'David' (2004) “Es una obra que habla de la guerra, de las víctimas de la guerra, de las poblaciones que sufren las decisiones que se toman desde los altos gobiernos, e incluyen también a los soldados, la milicia”, cuenta Rojas. “A esos muchachos los reclutan jóvenes, les ponen un fusil, les dan un entrenamiento y los mandan a la guerra sin que sepan para quién están luchando ni por qué. Es lo más injusto de la guerra en general”. Es, añade, una imagen antibélica con un fundamento, como es el de las diferencias culturales. “La mente humana, más que el color de la piel, hace que las personas se distancien, se enfrenten y se creen enemigos”. Esas diferencias, insiste, tienen que ver con la educación. Ramos, que según el artista desciende de aquellos antioqueños que llegaron huyendo de la Inquisición, no tuvo acceso a ella y acabó de soldado raso, expuesto a los peligros de la guerra hasta que un quiebrapatas lo mutiló. “Yo uso ese cuerpo para hablar de situaciones específicas en Colombia, de esas diferencias radicadas en los niveles culturales”. De ahí que la polémica le toque de lleno. “El David es una pieza que está en la colección del museo desde hace varios años y no fue movida de su sitio, mientras otra que no es para nada explícita, pero se refería a encuentros gays en sitios en decadencia, en los que los asistentes éramos clase media o media baja, fue retirada”, explica. La oscuridad como refugio El final del recorrido es un descenso a la noche. En Cuarto oscuro , Rojas convierte la fotografía en pintura a golpe de químicos y pinceles, con pigmentos de plomo y hasta fluidos corporales, en los años del sida y del miedo, destacan sus obras Felicidad perdida (1987), Virosis (1986) y Cupido equivocado (1988). Y en Las tardes tensas regresa a los cines del centro de Bogotá, como Faenza, Imperio, Mogador, donde, entre 1975 y 1979, fotografiaba a escondidas con una Pentax en plena oscuridad, calculando la distancia contando filas de butacas y enfocando con una linterna, unas fotos que están marcadas por la rapidez, por la fugacidad, y por la experiencia. Miguel Ángel Rojas: 'Virosis' (1986) “Bajé a los sótanos más oscuros de mi experiencia”, escribe “con el firme propósito de mirar desde afuera y con distancia, a aquellas situaciones que viví, para encontrar en ellas renovación”. De ahí nacieron imágenes que son apenas insinuaciones, fantasmas de cuerpos una forma de resistir sin dejarse leer del todo. La muestra se cierra con Grano (1981) una instalación que constituye una vuelta a casa. Tan solo un suelo de baldosas hecho con tierras de colores, réplica de la intervención que Rojas hizo en 1980 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, e inspirada en el patio de la casa de sus abuelos en Girardot. En el original, una gallina paseaba sobre el dibujo y lo iba deshaciendo. Con los años, escribe el artista, se ha convertido en símbolo de los desplazamientos forzados por la guerra o el hambre. Después de atravesar la noche el visitante sale pisando tierra.
Ha sido la huelga general de la vivienda. Del coste de la vida, de no llegar, de no poder emanciparse ni tomar decisiones. La huelga de quienes malcomen a final de mes, siguen en casa de sus padres y del miedo a un futuro laboral en plena transformación. La octava huelga general en democracia que interpela a quienes tienen trabajo y a quienes no. La huelga más generacional de nuestra historia. El acierto de los sindicatos ha sido dejarse arrastrar por la explosión sobrevenida del desahucio de Maricarmen . Por una indignación latente que solo necesitaba una mecha. Y no quedarse descolgados de su razón de ser. La vivienda es la diana en la que confluye todo un pantone de malestares. Es la gran crisis de las clases medias, la fractura de las familias sin distinción. El 67% de los jóvenes de 35 años que viven con sus padres se han dado la mano con trabajadores del metal, profesores, conductores, limpiadores, sindicalistas... padres y madres trabajadoras que también han podido hacer huelga y tienen a sus críos viviendo en casa. Este 11N ya no puede medirse como en los noventa . Más allá del seguimiento sindical y las cifras que den unos y desdeñen otros, los medidores han cambiado. La caída del consumo eléctrico no es un indicador definitivo. Ni la actividad es igual, ni se trabaja igual. Hay un agujero propio de nuestros tiempos. Los miles de pequeños autónomos que viven de facturar lo que pueden y no tienen sindicato ni empresa a la que pedir cuentas. En un país de Pymes, muchos y muchas temen las consecuencias de parar. El Gobierno ha apoyado la convocatoria como si no le interpelara. «Arrimar el ascua a su sardina», en palabras de Pepe Álvarez. Su mérito ha sido convertir la huelga en una palanca política a su favor. Su error sería pensar que ese rédito se trasladará automáticamente a las urnas el 29N. Es una huelga con varios sin precedentes . El principal, el hostigamiento contra los sindicatos por parte de la oposición. Los insultos del PP en fondo y forma no caben en un partido de Estado. A UGT y CCOO se les puede reprochar que no la convocaran antes o coincidir con la precampaña electoral. Pero su legitimidad es incuestionable . A quienes la tachan de ilegal conviene recordarles la naturaleza de la huelga como instrumento de protesta de los trabajadores y su cobertura constitucional y legal. El 8 de marzo de 2018 ya hubo un precedente. Ante el mayor paro de mujeres de la democracia, fueron ellas quienes lo impulsaron y los sindicatos quienes acabaron dándole cobertura legal y sumándose a la reivindicación de igualdad. El PP, al copiar y superar a Vox, ha cometido un error del que es difícil volver. Ayuso lanzó el “basura sindical” y el PP lo ha legitimado . La posición de la dirección nacional, retuiteada por el grupo parlamentario popular, ha difundido una imagen de IA con falsos sindicalistas atiborrándose a gambas y cerveza. Tan chusco como impresentable. Tan fuera del respeto a los agentes del diálogo social que hace saltar toda convención de un partido de gobierno. Hasta la patronal ha sido cautelosa y ha guardado las formas respetando el día de las organizaciones sindicales. Para competir con Vox el PP se está transformando en otra cosa. Saliéndose de un tablero al que cuesta volver a colocar las fichas. En 2024 Alberto Núñez Feijóo fue el primer líder de la oposición en asistir al 44 Congreso Confederal de UGT. En su discurso, aplaudido entonces, recordó a su padre. “Soy hijo de un empleado de la construcción que cuando acabé mi carrera se fue al paro con 50 y pocos años. Nunca se volvió a recuperar anímicamente. El paro cambió su vida y también la mía”. De este Feijóo parece no quedar nada . Y después del “basura sindical” es difícil imaginar qué otros umbrales decidirá traspasar.
Así de contundente se ha mostrado el diputado Juanfran Serrano: “Hoy, en la provincia de Jaén, hay 21.000 parados menos que cuando gobernaba el Partido Popular (PP) en octubre del año 2018”. Lo ha dicho en rueda de prensa está mañana en la sede del Partido Socialista (PSOE) de la calle Hurtado, donde el diputado nacional ha puesto en valor los resultados de las políticas en materia de empleo de las últimas legislaturas: “Podemos hacer una afirmación rotunda, y es que Jaén trabaja más que nunca. Hoy más gente se incorpora al mercado laboral y se registra el paro más bajo de lo que llevamos de siglo”. “En octubre de 2018 —aún durante el Gobierno de Mariano Rajoy— casi 53.000 jiennenses estaban en el paro y hoy son poco más de 31.200”, ha subrayado Serrano, que indica que el pasado verano registró la cifra de desempleo “más baja de la historia de la provincia de Jaén”. “Son éxitos del Gobierno de España”, destaca el también secretario de Política Municipal del PSOE, que añade: “Hoy trabajan en Jaén 238.900 personas, 27.000 más que con el anterior Gobierno del PP”. Un hecho, ha precisado, que es posible gracias al impulso de proyectos como el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), que “ha despertado ya el interés de más de un centenar de empresas” vinculadas al sector de la defensa. En este sentido, el responsable de la Ejecutiva federal socialista ha puesto el foco en una reforma laboral, la del actual Gobierno del PSOE y Sumar, que “le ha venido muy bien a la provincia de Jaén”. “En estos últimos tres años y medio no solamente hemos bajado la tasa de paro a la menor que ha tenido la provincia de Jaén, sino que tenemos mejor empleo que cuando gobernaba el PP”, ha asegurado Serrano Martínez, que denuncia que, entonces, los jóvenes y las mujeres, fundamentalmente, “encadenaban contratos de días o semanas”. “Sufrían una inestabilidad laboral con empleos precarios que no les permitía tener una proyección de vida”, ha recordado el diputado, que incide en los efectos de la reforma laboral: “El Gobierno de España consolida empleo en la provincia de Jaén, lo dignifica y le quita la palabra temporalidad. La importancia de la reforma laboral se puede resumir en una pregunta: ¿Cuántos contratos indefinidos se han firmado en la provincia de Jaén en lo que va de año? Más de 86.000 por los 11.141 que se firmaron en el mismo periodo del año 2018 con un Gobierno del PP, casi ocho veces más. Hoy, más del 71% de los afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Jaén tiene un contrato indefinido”. Asimismo, afirma que todo lo logrado lo han hecho “sin la ayuda del PP y Vox”, dos partidos que “solo han puesto piedras en el camino hacia políticas que consolidan un empleo de calidad”, y que conviene a recordarlo a las puertas de una campaña electoral que comienza el próximo jueves y que, paradójicamente, coincidirá con la campaña de recogida de la aceituna y el trimestre en el que más empleo se genera en la provincia de Jaén.
Catorce años después de la última huelga general de carácter estrictamente laboral, Soria volverá mañana, miércoles 11 de noviembre, a una jornada de paro convocada a escala nacional por Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) a la que se han sumado otros sindicatos y asociaciones. La crisis de la vivienda, convertida en uno de los principales problemas sociales, y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios constituyen los dos grandes argumentos de una movilización que, según los convocantes, pretende poner sobre la mesa las dificultades crecientes para mantener unas condiciones de vida dignas. La convocatoria afecta potencialmente a 43.673 personas afiliadas a la Seguridad Social en la provincia, es el colectivo de trabajadores al que se dirige el llamamiento al paro, que llega acompañado de un respaldo social amplio en el conjunto del país. Alrededor de 20.000 organizaciones de toda España se han adherido a la huelga, según los datos difundidos por sus promotores, en una suma de apoyos que incorpora al movimiento por la vivienda, asociaciones vecinales, colectivos de pensionistas, estudiantes y representantes del mundo de la cultura. Una alianza que refleja el intento de convertir el problema del acceso a una vivienda en una reivindicación transversal, vinculada también a los salarios, la precariedad y el reparto de la riqueza. En Soria , sin embargo, el ambiente previo se presenta más tranquilo . Los llamamientos al paro han partido de CCOO y UGT, los dos sindicatos convocantes, pero también de CGT y del Sindicato de Vivienda de Soria. A ellos se suma el ámbito de la enseñanza a través de STECyL-i, la Confederación Intersindical y los STEs, que han respaldado la jornada con el argumento de que la precariedad habitacional también repercute en la educación y en las condiciones de vida de las familias. Sin unidad sindical La confluencia de organizaciones no significa, no obstante, que todos los colectivos compartan exactamente la misma estrategia. El Sindicato de Vivienda de Soria y CGT conforman un bloque crítico que sitúa la lucha contra la especulación inmobiliaria en el centro de sus reivindicaciones. Por ese motivo, no participarán en la cabecera de la manifestación junto a los sindicatos de clase. Una separación que evidencia los distintos enfoques que conviven en una jornada que tiene en la vivienda su principal elemento de conexión. Tampoco habrá unidad sindical. CSIF ha anunciado que no secundará la huelga al considerar que responde a motivaciones políticas. USO tampoco se suma y cuestiona la oportunidad de la convocatoria, en un contexto marcado por las elecciones del próximo 29 de noviembre, con las cámaras disueltas y un Gobierno saliente. A su juicio, estas circunstancias generan incertidumbre sobre quién debe asumir las reclamaciones planteadas por los convocantes. La última huelga general de carácter estrictamente laboral se remonta a 2012, un año en el que se celebraron dos convocatorias contra las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy. La primera tuvo lugar el 29 de marzo y, según la valoración de la patronal, tuvo una incidencia limitada en los centros de trabajo, donde predominó la normalidad durante buena parte de la jornada. La patronal cifró entonces el seguimiento en Soria en el ocho por ciento. La segunda llegó en noviembre y volvió a enfrentar las estimaciones de empresarios y sindicatos: mientras la patronal habló de una participación ligeramente inferior a la de marzo, las organizaciones sindicales elevaron el seguimiento hasta cerca del 70%. Desde entonces ha habido otras movilizaciones de ámbito general, aunque con motivaciones y formatos distintos. En 2018, el 8 de marzo, el movimiento feminista, amparado por CCOO y UGT, convocó una jornada de paro con interrupciones de dos horas por turno para reivindicar los derechos de las mujeres. Más recientemente, en 2024 y 2025, se sucedieron convocatorias de huelga y movilización vinculadas a la situación en Palestina . La del 11 de noviembre recupera, por tanto, el formato de una huelga general con reivindicaciones laborales y socioeconómicas, con la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo como principales argumentos. Voluntaria y sin obligación de aviso Más allá de las organizaciones que respaldan o rechazan el paro, la jornada afectará a cada trabajador en función de su decisión individual. El derecho a la huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución, pero su ejercicio es voluntario y convive con el derecho al trabajo de quienes opten por acudir con normalidad a sus puestos. Los sindicatos han anunciado la presencia de piquetes informativos en Soria, cuya función es explicar los motivos de la convocatoria e intentar convencer a los trabajadores para que se sumen. Sin embargo , no pueden coaccionar, amenazar ni impedir físicamente el acceso al centro de trabajo . Nadie puede obligar a secundar la huelga, del mismo modo que nadie puede impedir trabajar a quien decida no hacerlo. Tampoco existe obligación de comunicar previamente a la empresa la intención de participar en el paro. Los trabajadores no tienen que avisar con antelación ni justificar su decisión, y la empresa no puede exigirles que revelen sus intenciones, elaborar listas de adhesión o presionarles para que acudan a su puesto. Eso sí, secundar la huelga tiene consecuencias económicas. Durante el paro, el contrato de trabajo queda suspendido y no se percibe el salario correspondiente al tiempo no trabajado, con los descuentos proporcionales que procedan en los conceptos salariales afectados. ¿Cuándo empieza y cuándo termina la huelga? El paro comenzará a las 00.00 horas del martes 11 de noviembre y finalizará a las 24.00 horas de esa misma jornada . La convocatoria también contempla a los trabajadores que comiencen o terminen sus turnos durante la noche, así como el cese anticipado de determinadas actividades productivas. Sin embargo, la cobertura de la convocatoria tiene en cuenta las particularidades de los horarios laborales, especialmente en aquellos sectores que funcionan mediante turnos nocturnos. Así, los trabajadores que tengan previsto incorporarse a su puesto antes de la medianoche del día 11 también podrán secundar la huelga desde el inicio de su jornada si esta corresponde al primer turno afectado. Esto significa que un empleado que comience a trabajar a las 22.00 o a las 23.00 horas del día 10 estará amparado por el derecho de huelga desde ese momento y durante el resto de su jornada, aunque su incorporación se produzca todavía en la víspera del paro. La misma consideración se aplica a quienes comiencen su turno durante la noche del 11 de noviembre y terminen durante la madrugada del día 12. En estos casos, la protección del derecho de huelga se mantiene durante la jornada correspondiente, siempre que el trabajador no esté incluido en los servicios mínimos establecidos. El cese de actividad también afecta a determinados trabajos del día anterior. Según las condiciones de la convocatoria, el 10 de noviembre deberán cesar en sus puestos los trabajadores y funcionarios cuyas tareas estén relacionadas con la elaboración de productos, bienes o servicios y con la distribución de efectos que vayan a tener lugar el día de la huelga. Es el caso, por ejemplo, de una panadería industrial que elaborase con normalidad durante la tarde o la noche del día 10 el pan destinado a su distribución y consumo el 11 de noviembre. Sanidad y educación, entre los servicios esenciales La jornada no supondrá la paralización de todos los servicios públicos . La Junta de Castilla y León ha establecido unos servicios mínimos para garantizar las prestaciones consideradas esenciales, regulados mediante el Acuerdo 154/2026, de 5 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León. En sanidad, la cobertura global no podrá superar aproximadamente un tercio de los efectivos habituales, aunque las actividades urgentes y críticas mantendrán el cien por cien de su operatividad. Entre ellas figuran las unidades de cuidados intensivos, los paritorios, la diálisis, los tratamientos oncológicos, el Hospital de Día, la Farmacia Hospitalaria y los quirófanos cuya actividad no pueda aplazarse . En Atención Primaria se mantendrá la actividad ordinaria de una mañana laborable, con las atenciones urgentes cubiertas por los facultativos y el personal de enfermería de guardia previstos para cada demarcación provincial. También habrá garantías de funcionamiento en los centros educativos públicos. Los equipos directivos, directores o jefes de estudios y el personal subalterno por turno deberán asegurar el acceso a colegios e institutos. En la provincia de Soria, el dispositivo contempla además coberturas específicas en el CEE Santa Isabel, las residencias formativas de Arcos de Jalón, San Esteban de Gormaz, Ágreda y la capital, así como en los Centros Rurales de Innovación Educativa de Navaleno, Almazán y Berlanga de Duero. El decreto incluye igualmente servicios esenciales en la Administración autonómica, el t ransporte asistencial, los centros residenciales y la vigilancia de las carreteras. La manifestación, a las 19.00 horas Con independencia del seguimiento que pueda registrar el paro durante la jornada laboral, la convocatoria tendrá su expresión en la calle por la tarde. En Soria capital, la manifestación está prevista para las 19.00 horas, con salida desde la plaza Mayor. Será el momento de comprobar hasta dónde llega en la provincia una movilización que aspira a reunir reivindicaciones laborales y sociales bajo un mismo paraguas. La vivienda, los salarios y las dificultades para sostener unas condiciones de vida dignas serán los argumentos centrales de una jornada que devuelve a Soria, catorce años después, al escenario de una huelga laboral general.
Los últimos días antes del inicio oficial de la campaña electoral, este viernes a las 00.00 horas, no están siendo tranquilos en los partidos políticos. Las formaciones apuran las horas previas para trasladar sus argumentos a la opinión pública y reivindicar su gestión. Este lunes ha sido el PSOE el que ha comparecido ante los medios de comunicación de la provincia, con su presidente y candidato al Congreso de los Diputados, Luis Rey, y el alcalde de Soria y senador en la legislatura que acaba de terminar, Javier Antón. Ambos han destacado los que consideran los dos grandes méritos del Gobierno saliente: la descentralización de proyectos y servicios estatales, con Soria como uno de los territorios más beneficiados, y una intensa actividad legislativa que, a su juicio, ha permitido mejorar las condiciones de vida de trabajadores, pensionistas, empresas y familias. Un balance que han acompañado de cifras sobre empleo, pensiones, ayudas e inversiones. Sin embargo, Soria Noticias les ha planteado una pregunta: ¿por qué, pese a los buenos indicadores económicos que destaca el PSOE, avalados, eso sí, por los organismos internacionales, tantas familias siguen teniendo dificultades para llegar a fin de mes? Luis Rey ha reconocido que los avances en la reducción de la desigualdad son todavía insuficientes. "Se ha reducido un poquito la desigualdad a lo largo de esta legislatura", ha señalado, antes de admitir que "hay todavía muchísimas familias en España, también en Soria, que tienen dificultades para llegar a fin de mes o para acometer determinadas inversiones o proyectos vitales". El dirigente socialista ha defendido que la valoración de la situación actual debe hacerse también comparándola con lo que habría ocurrido sin las medidas de protección social de los últimos años . Ha puesto como ejemplos la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la subida del salario mínimo interprofesional, el incremento de las becas, el desarrollo de la dependencia y la implantación del ingreso mínimo vital. Rey ha recordado que las pensiones no contributivas han aumentado un 15% adicional y que el resto de las prestaciones han subido prácticamente un 50% desde 2018. También ha destacado que el salario mínimo ha experimentado un incremento superior al 66% y que la inversión estatal en becas se ha duplicado respecto a la etapa de Mariano Rajoy, hasta situarse en torno a los 2.100 millones de euros. La hipótesis retrospectiva del PSOE En su argumentación, ha contrapuesto estas medidas con las políticas aplicadas por el Partido Popular durante su etapa de Gobierno, planteando una hipótesis retrospectiva. "Imaginémonos que las pensiones se hubieran revalorizado al 0,25%, como aprobó el Partido Popular" , ha planteado. A su juicio, las consecuencias habrían sido especialmente perjudiciales en una provincia envejecida como Soria, donde las pensiones tienen un peso relevante en la economía de numerosos municipios. El candidato socialista ha trasladado ese balance a los datos provinciales. Según las cifras aportadas, Soria cuenta con 43.706 afiliados a la Seguridad Social, 4.113 más que en junio de 2018 . Además, 3.651 personas reciben el ingreso mínimo vital, con 1.018 hogares protegidos por esta prestación, mientras que 3.803 sorianos cuentan con cobertura frente a la pobreza energética mediante el bono social eléctrico. En materia de pensiones, Rey ha cifrado en 16.185 los jubilados de la provincia y ha destacado que la pensión media ha aumentado en 526 euros mensuales desde 2018. También ha mencionado a los 5.069 beneficiarios de pensiones de viudedad y las 682 pensiones de orfandad, además de las prestaciones por incapacidad permanente. Sin embargo, el propio dirigente socialista ha situado la vivienda como uno de los principales frenos para que esas mejoras se traduzcan en una mayor capacidad económica de los hogares. "Hay que seguir avanzando, especialmente en materia de vivienda", ha reconocido. En este ámbito ha reclamado que las comunidades autónomas apliquen herramientas como la declaración de zonas tensionadas y la limitación de las subidas desproporcionadas de los alquileres que contempla la ley nacional. Javier Antón ha coincidido con Rey en que "las dificultades de las familias no pueden quedar justificadas por el contexto internacional", pero ha recordado que las dos últimas legislaturas han estado marcadas por la pandemia y por distintos conflictos bélicos que han afectado a la economía mundial y a los precios de la energía. También ha reivindicado la respuesta del Ejecutivo mediante instrumentos como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puestos en marcha en la pandemia. "No quiero que sirva de excusa que una persona tenga dificultades para encontrar una vivienda. Por mucho que le contemos el COVID, lo que necesita es una vivienda", ha afirmado. El senador ha defendido que España ha conseguido mantener el crecimiento y la creación de empleo sin desproteger a la ciudadanía, aunque ha insistido en que la continuidad de esas políticas depende de que se mantenga un Gobierno progresista. La descentralización, el gran argumento Más allá del balance social, Luis Rey ha reivindicado la llegada a Soria de proyectos estatales que, en su opinión, representan un cambio en la relación entre la Administración central y los territorios. Ha citado el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social, el centro Numantia del Ministerio de Defensa, el Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) y el Centro Nacional de Fotografía. El presidente provincial del PSOE ha estimado que estas iniciativas supondrán alrededor de 250 empleos públicos y de calidad, además de actividad económica indirecta. "No hay ninguna provincia de España que haya tenido tantos ejemplos de descentralización de servicios desde Madrid al territorio y, en este caso, a Soria", ha defendido. A estos proyectos ha sumado los fondos europeos del Plan de Recuperación, que, según las cifras aportadas, han supuesto una inyección de 600 millones de euros y han movilizado más de un centenar de proyectos transformadores en la provincia. También ha recordado los 97 millones de euros destinados a ayudas para fertilizantes de unos 2.400 agricultores sorianos y los más de 45 millones de euros de apoyo estatal que, según ha señalado, están sobre la mesa para una empresa que prevé instalarse en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA). Javier Antón, por su parte, ha repasado actuaciones en la capital y en otros puntos de la provincia que, a su juicio, han salido adelante gracias a la reivindicación de los representantes socialistas ante el Gobierno central. Entre ellas ha mencionado la depuradora de Soria , cuya inversión ha cifrado en 80 millones de euros, de los que los ciudadanos asumirían 20 millones a lo largo de 40 años; la relicitación de las obras de la presa del río Mayor , adjudicadas por cerca de 12 millones; la nueva comisaría de Policía Nacional y la rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil de San Esteban de Gormaz. El balance incorpora también la atención a la dependencia, con 5.096 personas beneficiarias en la provincia, y las becas. Según Rey, 565 estudiantes sorianos han recibido 1,12 millones de euros en ayudas no universitarias y otros 456 alumnos han contado con becas de apoyo educativo. A ello ha añadido una aportación estatal superior a los tres millones de euros para impulsar la Formación Profesional. Con estos argumentos, ambos dirigentes han defendido que su partido ofrece una garantía de continuidad para los proyectos y las políticas desarrolladas durante la legislatura. Rey ha resumido su planteamiento con una afirmación dirigida a reivindicar la relación del Gobierno socialista con la provincia: "Cuando gobierna el socialismo en España, a Soria le va mejor porque nos escuchan, porque tiene sensibilidad".
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