Prensa EspañolaTodas las noticias, un solo sitio

Todas las noticias de la prensa española, en un solo sitio

Saltar al listado de noticias

Lo más importante ahora

La portada de ABCABCTecnología

«Es imposible revisar toda la porquería que se sube»: el fracaso de TikTok en su lucha contra los pedófilos (se abre en una pestaña nueva)

La clave del éxito de TikTok reside en su algoritmo; ese software dedicado a dirigir al usuario al contenido que le gusta para mantenerle con los ojos bien pegados a la pantalla el mayor tiempo posible. Si te interesan los videojuegos o los vídeos motivacionales de gimnasio, tranquilo, un par de búsquedas y algún que otro 'like' y será lo que te encuentres cada vez que entres en la 'app'. El problema está en que esta situación es exactamente la misma si el internauta es un depredador de menores y emplea la plataforma como tal. O, al menos, eso es lo que sostiene 'Maldita' en las primeras entregas de una extensa investigación en la que muestra cómo la red social se ha convertido en «el hogar del pederasta» sin que la tecnológica haya hecho suficiente por remediarlo. A lo largo de 35 días, el equipo detrás del estudio comprobó cómo el propio algoritmo de TikTok dirige sin problema al usuario hacia material explícito de abuso sexual infantil. En ese tiempo, encontró más de 200 perfiles que publicaban abiertamente este tipo de contenido y unas 1.000 publicaciones «de niños con adultos en la ducha, en la cama; (...) con restos de semen en la cara; (...) con los ojos vendados (o) esposados...». En total, sumaban 48 millones de visualizaciones. El objetivo de los que lo suben: para muchos, llamar la atención de los pedófilos y hacer negocio con el material a través de otras 'apps', como Telegram. ABC se ha puesto en contacto con varias personas que pasaron años trabajando como moderadores para la red social, en la que se publican diariamente unos 269 millones de vídeos, de acuerdo con otro estudio publicado en 2025 por la Universidad de Cornell. Un volumen gigantesco de contenido que es muy difícil de controlar para los equipos humanos de la 'app'. «Es imposible revisar toda la porquería que se sube. Nosotros trabajábamos 8 horas diarias y el número de contenido a revisar no paraba de subir. Siempre había trabajo que hacer. Además, lo que nosotros revisábamos no se había publicado el mismo día, siempre llevaba más tiempo disponible», señala uno de ellos. Para detectar contenido ilegal, entre este el relativo al abuso infantil, TikTok, como tantas otras redes sociales, recurre principalmente en la inteligencia artificial. En concreto, en modelos con capacidad para revisar todos los detalles que aparecen en una publicación: desde la imagen, hasta el sonido o el texto que aparece en pantalla. De acuerdo con los datos de la propia 'app', durante el primer semestre de 2026 sus sistemas automatizados fueron los encargados de actuar contra el 94,1 % del contenido que infringía las normas sin que se recurriera a la revisión humana. De lo que no hay datos públicos es de la cantidad de contenido que a la tecnología se le escapa. Porque la IA no es perfecta. Además, los criminales pueden ser muy originales para evitar que el sistema los detecte. «Recurren mucho a filtros que hacen que resulte muy complicado ver lo que está ocurriendo en escena hasta que el vídeo ha avanzado lo suficiente. Otros recortan los vídeos para que solo se pueda ver una parte, aunque si lo ves te puede quedar claro lo que está sucediendo», apunta uno de los exmoderadores. «También los hay que tratan de tapar el vídeo original con otros normales para engañar a la máquina. El problema es que nosotros solíamos trabajar sobre todo con el contenido que estaba reportado por otros usuarios o por la IA». Esta misma fuente señala que los vídeos de abuso sexual infantil son «relativamente habituales» dentro del contenido que los equipos de moderación revisan: «Quizá no tanto como los asesinatos o las mutilaciones, pero hay mucha gente que lo sigue, lo comparte y lo sube de nuevo cuando se elimina, de eso no hay duda». Maldita denunció una muestra de 50 vídeos de abuso sexual infantil por el canal que ofrece TikTok para estas cuestiones. Sin embargo, para finales de octubre, la compañía solo había retirado cinco de ellos -es decir, un 10%-, y había bloqueado el acceso a otros 13, pero solo en España. «Es algo aterrador», explica a este diario Fernando Checa, director del máster de Redes Sociales de la Universidad Internacional de La Rioja. En la investigación, el equipo también registró 78 directos en TikTok realizados por menores de edad que recibieron más de 1.900 comentarios sexualmente explícitos o en los que se solicitó la venta de material de abuso sexual infantil. De nuevo, el equipo denunció la situación ante la red social. En concreto, informó de 40 cuentas de menores que estaban haciendo directos en la plataforma, algo que no está permitido de acuerdo con las normas internas. Sin embargo, la red social respondió que «sólo dos de ellos (el 5%) incumplían sus reglas». «TikTok es una aplicación muy utilizada por los niños. No me sorprende nada que esto pase, porque llevamos años viendo cómo en redes sociales hay cosas que no deberían estar», dice Checa. El experto, no obstante, remarca la «gravedad de la falta de filtros de la empresa para evitarlo» y que «una vez que son detectados, la red social no retire el contenido, sancione o lo ponga en conocimiento de las autoridades». «Tienen responsabilidad moral de mantener limpia la plataforma. Si no tienen el control sobre lo que se publica, desde luego deberían tenerlo. Cada vez vale menos eso de que la culpa no es de las redes sociales, sino de los usuarios que las utilizan mal», prosigue. La solución a estos casos: «Que las autoridades les digan que desde el día de mañana no pueden seguir operando en España. Y que la sanción que se les va a imponer va a ser tan escalofriante que todos sus beneficios van a ir destinados a pagarla. Estamos viendo que es la única manera con esta empresas, se llamen TikTok, Meta o X». Pero no es tan fácil. Tras la publicación de la investigación, el Gobierno, a través del ministerio de Juventud e Infancia, solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigue si la aplicación está permitiendo que los pederastas utilicen sin ningún tipo de problema su plataforma para publicar este tipo de contenido. También dejó la puerta abierta a una posible paralización del servicio de la red social en España. No obstante, fuentes jurídicas consultadas por este periódico tienen serias dudas de que este movimiento se llegue a concretar. «Lo que se debe hacer es perseguir a las cuentas que infringen la ley. No eliminar una plataforma que utilizan legalmente millones de usuarios afincados en España», explica Borja Adsuara, abogado especializado en asuntos digitales. El jurista destaca, además, que, en todo caso, es la Comisión Europea la que debe actuar contra TikTok, no el Gobierno de España: «Es la que tiene competencias sobre las redes sociales de gran tamaño. La Comisión -que, además, ya ha abierto expediente a TikTok por no adoptar las medidas adecuadas para proteger a la infancia- deberá realizar su propia investigación y meterle una multa de hasta el 6% de su facturación anual global, que es lo que marca la Ley de Servicios Digitales».

Última hora de elDiario.eseldiario.esGeneral

El Ayuntamiento asegura que no pagará "ni un céntimo de euro" al Real Madrid por los parking ilegales del Bernabéu (se abre en una pestaña nueva)

Borja Carabante ha asegurado que en el consistorio "estamos analizando cuáles son las alternativas para poder ejecutar un parking en esa instalación" ante la futura reclamación de 20 millones de euros El Real Madrid pedirá al Ayuntamiento 20 millones por su gasto en el concurso ilegal de los aparcamientos del Bernabéu El Gobierno de Almeida cree que va a salir sin necesidad de indemnizar al Real Madrid en el caso de los aparcamientos que el club blanco empezó a construir y que la Justicia declaró ilegales por falta de interés público. El concejal de Movilidad, Borja Carabante, garantiza que el Ayuntamiento “no desembolsará ni un céntimo de euro” de la petición de 20 millones de euros que le hace el Real Madrid por los costes en los que había incurrido en el momento de la sentencia. Aunque el consistorio asegura que por el momento no ha recibido la reclamación de del Real Madrid, Carabante ha afirmado con rotundidad a los medios en un acto en Callao: “Lo que sí puedo decir y garantizar a los madrileños es que el Ayuntamiento no va a desembolsar ni solo un céntimo de euro en ese coste”. Carabante ha recordado que se ha renunciado al parking “más controvertido”, el situado bajo la calle Padre Damián, pero el de la Castellana “es importante”. El Ayuntamiento de Madrid insiste en la opción de aprovechar los trabajos ejecutados en esa zona para continuar con las obras: “Estamos analizando cuáles son las alternativas para poder ejecutar un parking en esa instalación, a petición de los vecinos, pero sí quiero recordar que después de esa sentencia hemos tenido reuniones con los vecinos y nos han pedido que se ejecute un aparcamiento con plazas para residentes en el la Paseo de la Castellana”, ha contestado a la prensa. La Asociación de Vecinos Perjudicados por el Bernabéu tumbó el concurso a medida que el área dirigida por Carabante adjudicó al Real Madrid en verano de 2023 después de que este le pidiera los dos aparcamientos como la guinda final para el recinto de eventos que había levantado en el Bernabéu. La Justicia lo anuló un año después por falta de “interés público” , entre otras razones, sentencia ratificada después por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y luego por el Supremo . Ahora, el Ayuntamiento intenta negociar con la asociación demandante una solución que pase por terminar el aparcamiento de Castellana, pero aún no se ha anunciado ningún acuerdo. Carabante ha dicho hoy que “nos hemos comprometido con los vecinos en que, si el Ayuntamiento de Madrid efectivamente lleva a cabo ese parking, habrá plazas para residentes”. Apoya el trabajo periodístico de Somos Madrid Esta información ha podido salir a la luz gracias a las personas que apoyan la edición local de Madrid en elDiario.es. Si tú también quieres y puedes hacerlo, hazte socia, hazte socio y contribuye a sostener nuestro trabajo diario y a publicar exclusivas que cambien las cosas. Si ya tienes una suscripción, puedes hacer una aportación extra a la sección local de Madrid para apoyar las informaciones de proximidad, sobre lo que importa en el día a día de los habitantes de esta ciudad: para hacerlo, entra en el apartado de 'tu cuota' en tu perfil privado . Tu ayuda al periodismo local es importante.

Ver lo último

Lo último

106 noticias

Hace 1 h

eldiario.esGeneral

El Gobierno de Aragón dice que ha acordado cómo alojar a los empleados chinos de Stellantis, pero lo detallará tras el 29N (se abre en una pestaña nueva)

El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.

Silenciar…
Descansar…

Hace 2 h

El PluralGeneralEspaña

El Gobierno cesa al presidente de Renfe y consuma el relevo en Adif tras el accidente de Urda (se abre en una pestaña nueva)

El Gobierno ha cesado al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, después del accidente de Urda (Toledo) en el que fallecieron 69 personas a finales de octubre. El Consejo de Ministros ha aprobado su cese este viernes, y ha nombrado a Inmaculada Gutiérrez Carrizo como nueva dirigente del operador ferroviario. A su vez, el Ministerio de Transportes -ahora en manos del vicepresidente Carlos Cuerpo tras la dimisión de Óscar Puente- ha nombrado a Joaquim Hortalà i Vallvé como nuevo presidente de Adif, después de la dimisión, tras la tragedia, del anterior titular, Luis Pedro Marco. De esta manera, se consuma un nuevo movimiento tras el segundo siniestro del año en la alta velocidad española, que suma 115 fallecidos en nueve meses. El Gobierno agradece a Fernández Heredia "su labor estos años", y nombra como su remplazo a Gutierrez, hasta ahora directora general de Renfe Proyectos Internacional, "donde ha asumido responsabilidades de gestión y dirección vinculadas al desarrollo de negocio internacional y de proyectos ferroviarios en distintos mercados". En el caso de Adif, el Consejo de Ministros encumbra a Hortalà, que fue secretario general de Renfe Operadora hasta julio de 2026, "y, a lo largo de casi una década en la autoridad de competencia, participó en la supervisión de los mercados regulados, entre ellos el ferroviario", según el comunicado del Ministerio de Economía. En el caso del administrador de las infraestructuras, Marco presentó su dimisión a Cuerpo el pasado 4 de noviembre, el mimo día en que este asumió la cartera de Transportes que dejó Puente una semana después de la tragedia. Cuerpo la calificó de decisión "acertada" y señaló la necesidad de recuperar la confianza en el sistema ferroviario. Los nuevos presidentes de Renfe y Adif Para ese proceso, el vicepresidente confía ahora en Joaquim Hortalà i Vallvé como responsable de las infraestructuras. Abogado del Estado desde 2004 y licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, Hortalà cuenta con una amplia trayectoria en la Administración pública y en organismos reguladores. Entre 2013 y 2021 desempeñó distintas responsabilidades en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde llegó a ser secretario de su Consejo. Posteriormente, ejerció como director jurídico en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y, en mayo de 2024, se incorporó a Renfe como secretario general y del Consejo de Administración, además de asumir la responsabilidad de su Asesoría Jurídica. Su nombramiento al frente de Adif supone la llegada de un perfil eminentemente jurídico y regulatorio a la gestión de las infraestructuras ferroviarias. El Gobierno destaca su trayectoria, que "combina la experiencia en el operador público con una visión del sistema ferroviario desde el regulador, la Administración y la gestión de entidades públicas". En el caso de Inmaculada Gutiérrez Carrizo, el Ministerio la señala como formada "en la defensa de la competencia, un ámbito clave ahora que Renfe compite con otros operadores en el mercado de viajeros". licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos...

Silenciar…
Descansar…
Alicante PlazaGeneralESPANA - ESPANA

El Gobierno acuerda la tramitación urgente del decreto para revalorizar las pensiones (se abre en una pestaña nueva)

MADRID (EP). El Consejo de Ministros ha dado este viernes el "primer paso" para subir las pensiones en 2027 "entre un 3% y un 4%" y garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas mediante la aprobación de un acuerdo para tramitar de manera urgente el Real Decreto de Mantenimiento del Poder Adquisitivo de las Pensiones. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz , en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, donde ha explicado que, al igual que se ha hecho en los últimos años, este procedimiento "arranca la maquinaria" para llevar a cabo dicha revalorización. Saiz ha subrayado que para el Ejecutivo constituye "una prioridad" que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo y que las prestaciones sigan evolucionando conforme al coste de la vida. Asimismo, ha precisado que el acuerdo aprobado constituye el primer paso de un proceso al que le seguirá la aprobación de la norma con rango de ley que determinará la cantidad exacta tanto de la revalorización general como de las pensiones mínimas. Para determinar la subida de las pensiones contributivas aún falta por conocer el dato de IPC de noviembre, que el INE avanzará el próximo 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. En concreto, para calcular la revalorización, se toma la inflación media de los últimos doce meses (en este caso diciembre de 2025-noviembre de 2026). En todo caso, Saiz ha avanzado que este incremento estará "entre el 3% y el 4%" a la luz de cómo están evolucionando los precios. Este año la subida fue del 2,7% para las contributivas. "Tenemos que esperar a conocer el dato del IPC, pero lo que sí que puedo decir es que las pensiones subirán en una horquilla de entre el 3% y el 4%", ha avanzado Saiz. Durante su intervención, la titular de Seguridad Social ha presentado un informe sobre la situación actual y futura de las pensiones públicas y ha hecho balance de las reformas emprendidas desde 2018 bajo un triple objetivo: mantener el poder adquisitivo, ofrecer más opciones para acceder a la jubilación y reforzar la sostenibilidad financiera del sistema. Un proceso, ha subrayado Saiz, que se ha desarrollado siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, con el respaldo del Congreso y a través del diálogo social, con cuatro acuerdos suscritos junto a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. Las pensiones han subido más de un 28% desde 2018 Respecto al primer eje, Saiz ha destacado que, frente al 2% que habrían subido las prestaciones con el mecanismo del 0,25% anual aprobado en la reforma de 2013, la revalorización acumulada conforme al IPC entre 2018 y 2026 ha aumentado un 28,1%. En ese mismo periodo, la pensión media ha crecido un 44,5%, impulsada también por la mejora de los salarios y de las bases de cotización, mientras que las pensiones mínimas se han incrementado entre un 43% y un 69%, según la modalidad, y las no contributivas lo han hecho en un 65%. Además, la ministra ha señalado que el complemento aprobado en 2021 ha reducido la brecha de género en 2,4 puntos porcentuales desde 2018. La edad de jubilación sube a 65,4 años En cuanto al segundo eje, centrado en ampliar las modalidades de jubilación desde la voluntariedad -incluidos los incentivos a la demora, el refuerzo de la jubilación activa en 2024 y la reforma de la jubilación flexible en 2026-, la ministra ha resaltado que la edad efectiva de jubilación se sitúa ya en 65,4 años en 2026. Sobre el tercer eje, referido a la sostenibilidad financiera, Saiz ha subrayado que los ingresos por cotizaciones crecerán un 7,6% en 2026, representando el 10,7% del PIB, apoyados en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la subida de las bases máximas, la cuota de solidaridad y los avances en la separación de fuentes de financiación. La ministra ha vinculado esta evolución al dinamismo del mercado laboral -que en octubre superó los 22,6 millones de afiliados, 3,6 millones más que en el mismo mes de 2018 y 785.000 más que hace un año (+3,6%)- y a la contribución de la población extranjera. Gracias a ello, ha destacado que la relación cotizante-pensionista ha pasado de 2,28 cotizantes por cada pensionista en 2018 a 2,51 en 2026, "el mejor dato de los últimos 15 años". Saiz ha defendido que las transferencias que el sistema recibe del Estado se sitúan por debajo de las de otros países europeos, precisando que las cotizaciones sociales financian aproximadamente el 65% del gasto en pensiones de jubilación, dos puntos por encima de la media de la Unión Europea. Asimismo, ha puesto en valor la recuperación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social -la denominada 'hucha de las pensiones'-, destacando que, gracias a las aportaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cerrará 2026 en positivo y seguirá creciendo en los próximos años, frente al "estado deficitario" en el que se encontraba hace ocho años. La ministra ha subrayado además que el sistema ha superado las evaluaciones de sostenibilidad de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), situándose el gasto neto medio en pensiones para el periodo 2022-2050 por debajo del umbral del 13,3% del PIB que habría obligado a adoptar medidas adicionales. Junto a ello, Saiz ha explicado que la Seguridad Social ha desarrollado su propio modelo de análisis y proyección, denominado IntegraSS, cuyas estimaciones sitúan el gasto medio en pensiones en torno al 14% del PIB para el periodo 2022-2050, un esfuerzo que ha calificado de "asumible" y que se sitúa por debajo de países europeos de referencia como Francia o Italia.

Silenciar…
Descansar…

Hace 3 h

eldiario.esGeneral

El Tribunal de Cuentas ve indicios de que el ático del Gobierno de Ayuso supuso un gasto de 6,3 millones sin “justificación legal” (se abre en una pestaña nueva)

El órgano fiscalizador rechaza la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda nombrar un delegado instructor para indagar en la operación La Comunidad de Madrid pide al Tribunal de Cuentas que no investigue el ático del Gobierno de Ayuso: “Se ajusta a la legalidad” El Tribunal de Cuentas investigará la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que los hechos denunciados por PSOE, Más Madrid y varios particulares “pueden constituir una salida de fondos públicos (...) carente por completo de justificación legal”. Así consta en un auto dictado por la consejera María del Rosario García Álvarez, en el que el órgano desestima la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda proponer el nombramiento de un delegado instructor para indagar en la operación. La resolución indica que los denunciantes han aportado “elementos indiciarios suficientes” para poder considerar que la compra del ático pudo ocasionar “un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”. En sus alegaciones, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defendió que todos los fondos desembolsados tienen un “destino conocido, documentado y lícito” y que la operación constituyó una mera permuta dado que el ático ingresó en el patrimonio público. También subrayó que esa operación no suponía “un deterioro económico” para las arcas públicas. La resolución del Tribunal de Cuentas , sin embargo, subraya que en la documentación aportada por los denunciantes “se puede advertir la aparente falta de declaración de necesidad previa” que pudiera justificar esta “salida de fondos”. Destaca, en este sentido, que esa declaración fue realizada el 2 de julio de 2026, con posterioridad a compra y cuando ésta ya constaba formalizada en la escritura pública de 14 de abril de 2026, casi tres meses antes. También apunta que el tipo de inmueble —un ático con 200 metros cuadrados de terraza— “parece objetivamente inadecuado para las actividades administrativas y de gobierno de la Comunidad que puedan amparar la inversión”. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. La resolución recuerda que Planifica, de acuerdo a sus estatutos, solo puede comprar inmuebles si se vinculan a la “actividad administrativa” de las consejerías u organismos autónomos de la Comunidad de Madrid. Y dice que, en este caso, hay “dudas” sobre si el ático pudo ser adquirido para otras finalidades, lo que impide la utilización de los fondos de la citada empresa pública. En sus alegaciones, el Ejecutivo regional justificó la operación por la necesidad de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Se basó, para ello, en la memoria que realizó la Comunidad de Madrid para justificar el arrendamiento a Planifica Madrid y que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. En un primer momento, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid. Después, pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta , si bien hasta el momento sigue sin comprador tras quedar desiertas las dos subastas convocadas para deshacerse de él. El auto también afirma que los denunciantes aportan ciertos indicios de que la compra podría haber causado un daño real y efectivo en los fondos públicos por haberse abonado un eventual sobreprecio respecto del valor de mercado. Se basa, para ello, en la diferencia entre el precio de compra —6.300.000 euros— y una primera tasación de 6.242.884,19 euros. En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid y de Planifica alegó que había una segunda tasación de Gesvalt que fijó el valor en 6.320.341,26 euros porque incorporó como superficie interior útil habitable unos 105 metros cuadrados de terraza en la que existe un cerramiento. Sin embargo, respecto a ese cerramiento, el auto dice que las denuncias también han aportado indicios de que puede no ser acorde a la legalidad urbanística, lo que puede rebajar al valor real del inmueble. La Fiscalía respalda la apertura de la investigación y rechaza el archivo de las actuaciones. En dos pronunciamientos remitidos al Tribunal de Cuentas, el fiscal solicitó y reiteró el nombramiento de un delegado instructor al apreciar que las alegaciones del Gobierno regional “no desvirtúan, por el momento, las irregularidades denunciadas”. De este modo, el Ministerio Público concluye que concurren indicios suficientes de un presunto alcance contable susceptible de haber provocado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid y descartó solicitar el archivo. “La Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles. Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no”, afirma el abogado Francisco Javier Flores, quien presentó la primera denuncia ante el órgano fiscalizador. Este letrado afirma que “Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada” y advierte de que “si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños”. “Llegaremos hasta el final”, señala.

Silenciar…
Descansar…

Hace 4 h

eldiario.esGeneral

La huelga sí que fue contra el (los) Gobierno(s) (se abre en una pestaña nueva)

Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.

Silenciar…
Descansar…

Hace 6 h

eldiario.esGeneral

Coalición Canaria vuelve a cambiar sus "líneas rojas" y ahora dice que sí apoyaría un Gobierno de PP con Vox (se abre en una pestaña nueva)

Solo unas semanas después de decir que no apoyaría un Gobierno de Feijóo con Abascal de vicepresidente y de afirmar que un Gobierno de PP-Vox sería un "riesgo" para las Islas, Cristina Valido cambia de postura y señala que su partido apoyará a cualquiera que se comprometa con la llamada Agenda Canaria Coalición Canaria, que respaldó la investidura fallida de Feijóo, anuncia que no apoyará un gobierno del PP con Vox Tres semanas ha tardado Coalición Canaria (CC) en cambiar su discurso. Si a finales de octubre, su cabeza de lista, Cristina Valido, afirmó que el partido no apoyaría un gobierno del PP con Vox , ahora dice lo contrario. Cabe recordar que CC, aunque públicamente critica al partido de Abascal, a quien incluso ha llamado “auténtico fascista”, no le hace ascos al partido de ultraderecha si se trata de alcanzar el poder. Así, ha alcanzado acuerdos con Vox hasta en tres ayuntamientos de Canarias. El partido presidido por Fernando Clavijo confía en que el descontento de numerosos electores con la polarización y la política de bloques se traduzca en las islas en una mayor presencia del nacionalismo canario de CC en el Congreso, donde está dispuesta a apoyar la investidura de quien asuma sus propuestas para Canarias, como ya hizo en 2023. En una entrevista con EFE, Cristina Valido cambia el discurso mantenido en las semanas previas para reconocer ahora que están abiertos a prestar sus votos al candidato que los necesite para la investidura, incluído al líder del PP aunque posteriormente pueda alcanzar un acuerdo de Gobierno con Vox, siempre que exista un compromiso con la denominada Agenda Canaria. “Quien quiera nuestro apoyo en la investidura, sea Pedro Sánchez o sea Feijóo, tendrá que llamar a Canarias y tendrá que negociar con Canarias”, afirma la candidata nacionalista, quien precisa que sus “líneas rojas” son los asuntos pendientes con el archipiélago. Atrás quedan las palabras de la propia Valido cuando afirmó el pasdao 10 de octubre que temía un Gobierno de PP con Vox (y eso que CC es aliado de ambos en las Islas) porque sería “ un riesgo” para Canarias . Apenas un mes después, la propia Valido ofrece el apoyo de CC a ambos. En estas elecciones, CC espera ampliar su base electoral gracias a su alianza con Primero Canarias, el partido fundado por relevantes alcaldes de Gran Canaria que abandonaron Nueva Canarias y crearon una nueva formación. La última encuesta del CIS, sin embargo, les da 0 escaños a ambos . En unos comicios en los que el nacionalismo canario participa dividido en hasta tres candidaturas (NC concurre en alianza con Podemos, Sumar e IU bajo la denominación Unidad del Pueblo Canario, mientras que Drago lo hace en solitario), Valido expresa su confianza en que la suma con Primero Canarias permita a Coalición reforzar su representación en el Congreso, donde llegó a tener cuatro escaños durante tres legislaturas (entre 1993 y 2004). Desde entonces ha ido perdiendo paulatinamente apoyos. Para ello, se dirige a “todos los canarios”, incluidos aquellos que hasta ahora han votado a partidos de derechas o de izquierdas y, especialmente, a los ciudadanos desencantados con la confrontación entre los grandes partidos estatales, a cuyos diputados en Canarias Cristina Valido ve “sometidos” a directrices marcadas desde Madrid. Negociar con quien necesite los votos de CC En su balance de la legislatura, la diputada tinerfeña reivindica la capacidad de negociación de CC y defiende los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Pedro Sánchez, porque está convencida de que habría perjudicado a las islas no haberlos suscrito. “No me arrepiento, porque creo que no haber llegado al acuerdo que llegamos hubiera perjudicado a los canarios”, señala Valido, quien cita entre los avances conseguidos la reforma de la Ley de Extranjería para la acogida de los menores inmigrantes, la modificación de la Reserva para Inversiones en Canarias para destinar capital a la construcción de viviendas y el mantenimiento de la gratuidad del transporte público terrestre en las islas. Como principal decepción, señala el hecho de que no se haya presentado ningún proyecto de presupuestos generales del Estado, lo que entiende que ha impedido avanzar en compromisos de financiación para carreteras, obras hidráulicas e infraestructuras educativas. Vivienda, turismo e inmigración Entre las propuestas que CC plantea está limitar la compra de viviendas en Canarias a personas que no residan en esta comunidad, desde la constatación de que el 25% de las viviendas vendidas el pasado año fueron adquiridas por personas que no viven en las islas. Para la candidata, la solución al problema de la vivienda pasa también por incrementar la oferta de inmuebles, agilizar los trámites urbanísticos y ofrecer garantías a los propietarios para movilizar las viviendas vacías hacia el alquiler residencial. En materia turística, señala que Canarias no necesita seguir incrementando sus visitantes, de ahí la necesidad de establecer una capacidad de carga específica para cada isla, especialmente en el sur de Tenerife y Gran Canaria, lugares que ya han alcanzado su límite de crecimiento, en su opinión. La candidata del partido que más tiempo ha presidido el Gobierno de Canarias admite que los beneficios del turismo no llegan por igual a toda la población y alude a las dificultades económicas que persisten en las islas, donde se registran algunas de las tasas de pobreza más altas de España, pese a la mejora de los indicadores. Sobre el alquiler vacacional, valor la regulación impulsada por el Gobierno de Canarias y destacado que, desde su entrada en vigor, se han reducido en 5.000 las viviendas destinadas a esta actividad. Respecto a inmigración, demanda una mayor implicación del Estado y de la Unión Europea para anticipar las llegadas y evitar el colapso de los servicios públicos en Canarias. También hace hincapié en la necesidad de incrementar la vigilancia marítima y reforzar los efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado en Canarias para evitar que las embarcaciones lleguen a la costa sin ser detectadas. En cuanto a El Hierro, principal punto de llegada de los cayucos a Canarias, defiende instalar medios sanitarios en el puerto de La Restinga y un hospital de campaña para evitar la sobrecarga del hospital de la isla, así como establecer compensaciones económicas para los negocios afectados por la actividad migratoria. En el ámbito económico, reivindica una aplicación efectiva del Régimen Económico y Fiscal (REF) en las leyes estatales y una financiación autonómica que tenga en cuenta las particularidades de Canarias.

Silenciar…
Descansar…

Hace 9 h

Hoy, hace 16 h

eldiario.esGeneral

La llegada de trabajadores chinos a la gigafactoría de Stellantis desborda las previsiones de los pequeños municipios (se abre en una pestaña nueva)

El alcalde de Grisén advierte de la falta de información y coordinación ante la llegada de nuevos residentes, mientras crece la demanda de viviendas y servicios públicos. Las empresas proveedoras de CATL buscan alojamientos para sus empleados sin que se hayan concretado los proyectos anunciados por el Gobierno de Aragón CATL pretende alojar a 1.700 trabajadores chinos dentro de la planta de Figueruelas durante las obras de la gigafactoría La llegada de trabajadores chinos vinculados a la construcción de la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas está comenzando a transformar la vida de los pequeños municipios de su entorno, cuyos alcaldes afrontan con incertidumbre el aumento de población, la creciente demanda de viviendas y la presión sobre unos servicios públicos que ya arrastraban importantes carencias. La falta de información y coordinación por parte del Gobierno de Aragón y de las empresas implicadas está agravando una situación para la que los ayuntamientos reclaman planificación y respuestas. Uno de los ejemplos más significativos es Grisén, una pequeña localidad de la Ribera Alta del Ebro donde, según las estimaciones que maneja su alcalde, Marcos Lahoz, podrían haber llegado entre 60 y 80 ciudadanos chinos –más de un 10% de su población censada– relacionados con la actividad de la gigafactoría. La cifra no ha podido confirmarse oficialmente, pero el movimiento inmobiliario de las últimas semanas da una idea de la rapidez con la que está cambiando la situación. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. El alcalde reconoce las dificultades para conocer cuántas personas están llegando realmente al municipio y durante cuánto tiempo permanecerán, una información imprescindible para prever las necesidades de servicios e infraestructuras. La preocupación no responde a la procedencia de los trabajadores, sino a la velocidad con la que se está produciendo su llegada y a la falta de previsión de las administraciones responsables. Los nuevos residentes tienen derecho a acceder a los servicios públicos que les correspondan, pero los ayuntamientos temen que el crecimiento de la población no vaya acompañado de un refuerzo de los recursos disponibles. La asistencia sanitaria es uno de los principales motivos de inquietud. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que, según los datos trasladados por el alcalde, cuenta actualmente con diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Esta falta de profesionales se produce antes de que pueda evaluarse el impacto de la llegada de nuevos trabajadores y sus posibles familias. El aumento de población puede incrementar la demanda asistencial en una zona donde los servicios sanitarios ya se encuentran tensionados. La situación plantea además interrogantes sobre otros recursos municipales y comarcales, desde la vivienda hasta la atención social, cuya planificación depende en buena medida de conocer las previsiones de llegada y permanencia de los trabajadores. Según ha podido saber este periódico, distintas empresas proveedoras de CATL están buscando soluciones de alojamiento para sus empleados mediante el alquiler o la adquisición de viviendas y otros establecimientos. Entre las operaciones conocidas figura el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales que permitan responder a una demanda de alojamiento que previsiblemente continuará creciendo conforme avance la construcción de la gigafactoría. Sin noticias de las 104 viviendas prefabricadas Los alcaldes recuerdan que el Gobierno de Aragón abordó esta cuestión el pasado año en una reunión informativa en la que participaron el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque. En aquel encuentro se plantearon distintas alternativas para atender las necesidades residenciales vinculadas a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y la posibilidad de alcanzar acuerdos con los ayuntamientos para la cesión de terrenos destinados a nuevos alojamientos. Sin embargo, desde entonces los responsables municipales no han recibido información concreta sobre el desarrollo de aquellas propuestas, su ubicación, los plazos previstos o las condiciones en las que podrían materializarse. Mientras tanto, la llegada de trabajadores ha comenzado a producirse y las empresas buscan soluciones por su cuenta en el mercado inmobiliario de los municipios próximos a Figueruelas. Esa búsqueda contrasta con la solución que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, cuando el Gobierno autonómico dio el visto bueno definitivo al proyecto. Azcón explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Ejecutivo autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico, precisamente para no saturar los servicios públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía entonces pendiente y su montaje requeriría varios meses. El anuncio no aclaró si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras, que son las que, según los alcaldes, están ahora buscando alojamiento en los pueblos del entorno. Alquileres disparados La creciente demanda de alojamiento está teniendo también consecuencias sobre el mercado inmobiliario de la zona. Algunas viviendas se están alquilando por cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 3.000 euros mensuales, unos precios muy elevados para pequeños municipios como Grisén, donde la oferta de alquiler es limitada. La llegada de empresas que buscan alojar a sus trabajadores está introduciendo una nueva presión sobre el mercado residencial, con el riesgo de encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Ante esta situación, el alcalde de Grisén ha mantenido recientemente una reunión con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales. El objetivo del encuentro fue trasladar las dudas y dificultades que está afrontando el Ayuntamiento y analizar los desafíos que puede representar la llegada de nuevos residentes para los servicios municipales y comarcales. La construcción de la gigafactoría, con una inversión de 4.100 millones de euros y unos 4.000 empleos directos previstos cuando entre en funcionamiento, constituye una de las mayores inversiones industriales previstas en Aragón y representa una oportunidad de desarrollo económico para toda la Ribera Alta del Ebro, al tiempo que supone un desafío de planificación territorial que los municipios consideran que no pueden afrontar en solitario. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, por lo que la obra se encuentra ahora en su etapa de mayor actividad.

Silenciar…
Descansar…

Hoy, hace 23 h

eldiario.esEconomía

El Gobierno prepara una nueva edición de los programas 'Kit Digital' y 'Kit Consulting' con 200 millones de euros (se abre en una pestaña nueva)

Transformación Digital ultima una convocatoria que estará "muy focalizada en la inteligencia artificial" y con una tramitación más sencilla para solicitar la ayuda La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha confirmado que se están “finalizando los trabajos” para que lleguen 200 millones de euros más a los programas 'Kit Digital' y 'Kit Consulting' en una nueva fase “muy focalizada en la inteligencia artificial (IA)”. “Efectivamente confirmo que estamos finalizando los trabajos y escuchando a las asociaciones empresariales para que los 200 millones de euros siguientes lleguen con el 'Kit Digital' y con el 'Kit Consulting' al verdadero tejido empresarial de la región y además muy focalizado en la inteligencia artificial y con mejoras en el proceso, en las selecciones y afinando muchísimo más a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas”, ha afirmado la secretaria de Estado en declaraciones a los medios en Murcia recogidas por Europa Press. Asimismo, González Veracruz ha detallado a través de un mensaje en LinkedIn que esta dotación de “200 millones para dar continuidad a 'Kit Digital' y 'Kit Consulting'” servirá “para aplicar soluciones de IA adaptadas” y “mejorar los programas y hacer que solicitar las ayudas sea más sencillo”, tras abrir un diálogo con las asociaciones empresariales para escuchar qué necesitan hoy las pymes y los autónomos. En este sentido, la secretaria de Estado ha asegurado que esta nueva fase “responde exactamente a lo que nos están pidiendo” mediante una “escucha activa de las necesidades reales del tejido económico y empresarial”, al tiempo que ha señalado que “el próximo 29 de noviembre se decidirá si se quiere ”seguir invirtiendo en que la IA llegue hasta la pyme más humilde o que solo la usen las empresas más poderosas“. Por ello, González Veracruz ha invitado a todas las pymes, autónomos y agentes digitalizadores, “no solo a esos 31.000” ya beneficiados, “a estar atentos y a ser ágiles”, recordando que el 'Kit Digital' es un programa al que cuando se accede “se te da directamente” y para el que “no hay una cuota de la Región de Murcia”, sino que su concesión “depende de los primeros que lo soliciten”. Finalmente, la secretaria de Estado ha resaltado en LinkedIn que ambos programas “han demostrado ser el impulso que nuestro tejido empresarial necesitaba”, cifrando sus resultados en “más de 31.150 ayudas concedidas, por casi 130 millones de euros” en la Región de Murcia y “casi un millón de ayudas y más de 3.000 millones de euros para digitalizar nuestros negocios” en toda España.

Silenciar…
Descansar…

Hace 3 días

No se pudieron leer los feeds de Melilla Hoy, Granada Digital, Gasteiz Hoy, La Marina Plaza, El Bierzo Digital, OKDiario. El resto de medios se actualiza con normalidad.

Suscribirse a esta búsqueda por RSS