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Sancet, cuatro veces internacional con España: «Ojalá podamos jugar un Mundial con la selección de nuestro país, Euskadi» (se abre en una pestaña nueva)

El 12 de octubre de 2023, Oihan Sancet se estrenaba con la selección española marcando un gol en un partido clasificatorio para la Eurocopa de 2024 frente a Escocia. Tras vestir esa camiseta en tres ocasiones más, el centrocampista del Athletic Club declaró ayer en la sala de prensa de la Federación Vasca de Fútbol, tras ser convocado por primera vez con la selección del País Vasco: «Ojalá el día de mañana podamos pelear un Mundial con la selección de nuestro país». Euskadi, dirigida por Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, se mide este sábado a Venezuela (20:00 horas, San Mamés) en un amistoso con motivo del 90.º aniversario del primer Gobierno Vasco. Sancet, nacido en Pamplona hace 26 años, calificó de «orgullo» la llamada de la 'Euskal Selekzioa' .«Es lo que sueñas desde pequeño: jugar con la selección que amas», afirmó, recurriendo a una expresión muy similar a la que pronunció al ser convocado por Luis de la Fuente por primera vez en 2023: «Estoy muy contento de poder estar aquí. Es un sueño, la verdad», declaró entonces como internacional con La Roja. Y apuntó a un claro objetivo con la selección vasca: «Ojalá el día de mañana pueda ser oficial y nos podamos medir en un Mundial contra los más grandes; creo que es el objetivo principal que tenemos que conseguir entre todos poco a poco». Admitió que «es difícil», pero confió en que «poniendo cada uno su granito de arena» pueda llegar algún día. La Federación plantea la cita como algo más que un partido. Arrasate aseguró tras la primera sesión de preparación, el jueves en Lezama, que el duelo no será solo una fiesta del fútbol, sino también «de la sociedad» y una oportunidad para reivindicar la oficialidad. «Hemos activado una vía que para nosotros es importante. Demuestra que la Federación Vasca no está conforme con lo que tenemos, que queremos más, y el pueblo igual», señaló, y añadió que para acercarse a esa meta «también tenemos que dar un paso adelante en cuanto al nivel de la selección y de los resultados». El técnico habló del «brillo en los ojos» de sus jugadores y destacó la entidad de un rival «habituado a jugar contra las grandes selecciones, como Argentina o Brasil». Sancet había sido subcampeón de Europa sub-21 con España en 2023. Sin embargo, desde el amistoso ante Brasil en el Bernabéu, en marzo de 2024, Luis de la Fuente no ha vuelto a contar con él; una ausencia atribuida, en parte, a lesiones musculares recurrentes. En el Athletic, con contrato hasta 2032, conquistó la Copa del Rey de 2024 y firmó 15 goles en la campaña 2024-25. El contexto no es menor. A finales de agosto, antes del Athletic-Sevilla de la segunda jornada de Liga, tres de sus compañeros —Unai Simón, Nico Williams y Aymeric Laporte—, campeones del mundo con España, ofrecieron el trofeo a San Mamés. Parte de la grada los aplaudió; otra los pitó y exhibió ikurriñas. De la Fuente, que jugó 18 años en el club bilbaíno, lamentó después: «Siento pena». Con este amistoso, la Federación Vasca vuelve a reclamar la oficialidad de la selección, un objetivo que, de momento, no cuenta con el reconocimiento de la FIFA ni de la UEFA. Hasta entonces, su calendario se limita a encuentros como el del sábado. La Federación Vasca de Fútbol (FVF), que preside Iker Goñi, reactivó esta semana el proceso para lograr la oficialidad internacional de sus selecciones. Para ello, invocó el artículo 48.2 de la Ley del Deporte, el mismo al que ya recurrió la pelota vasca. Ese precepto permite que una federación autonómica participe directamente en competiciones internacionales si lo autoriza la federación internacional de su deporte y si este tiene raíces históricas y sociales en el territorio. La FVF remitió sendos escritos al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en los que sostuvo que «el fútbol vasco reúne una trayectoria histórica y una implantación social que justifican esta solicitud». El movimiento enlazaba con el acuerdo de su Asamblea General del 12 de diciembre de 2018, que buscaba la integración directa en la FIFA y la UEFA. El camino es más estrecho que el de la pelota, donde Euskadi ya se midió a España en un Mundial, con la selección española como ganadora del medallero. La FVF pertenece a la RFEF, de modo que no puede avanzar sin su beneplácito. Por eso, su comunicado apostó por «una vía de diálogo y negociación» compatible con el ordenamiento jurídico y con la normativa internacional del fútbol. El precedente tampoco es alentador: en diciembre de 2020, la Federación Vasca presentó una solicitud formal ante la FIFA y la UEFA, con una delegación desplazada a Zúrich y a Nyon, pero no fue recibida. La RFEF la calificó entonces de «situación irrealizable». Los estatutos de ambos organismos añaden otro obstáculo. El de la UEFA (artículo 5) reserva la condición de miembro a las asociaciones nacionales de Estados independientes reconocidos por la mayoría de la ONU. El de la FIFA (artículo 11.1) admite una sola federación por país, con la excepción de las cuatro británicas o de los casos con autorización previa de la federación matriz. A favor de la FVF jugó el respaldo del PNV, que recordó haber logrado la inclusión del artículo 48.2 en la Ley del Deporte dentro del pacto para la investidura de Pedro Sánchez.

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El director general de Deportes de Murcia niega su implicación en la presunta malversación de las obras del CAR (se abre en una pestaña nueva)

Sánchez también ha afirmado que recomendó a la compañía acudir a la Justicia si consideraba que había resultado perjudicada La Guardia Civil ve indicios de tres delitos en las obras de un CAR de la Región de Murcia con un alto cargo del Gobierno del PP investigado El director general de Deportes de la Región de Murcia, Fran Sánchez (PP), ha negado este jueves ante la jueza haber participado en la tramitación administrativa de los contratos investigados por presunta malversación en las obras del Centro de Alto Rendimiento (CAR) Infanta Cristina de Los Narejos, en Los Alcázares. El alto cargo ha declarado como investigado ante el Tribunal de Instancia de San Javier por unas actuaciones realizadas entre 2021 y 2022 cuyo importe superó los 88.000 euros. Según fuentes de la investigación, Sánchez ha asegurado que no intervino en la adjudicación ni en los pagos de los contratos menores correspondientes a los proyectos Aula del Mar y Trasteros. También ha negado conocer al supuesto intermediario de las obras y a los contratistas. El procedimiento judicial tiene su origen en una querella presentada por Ros García Carpintería Metálica, una empresa subcontratada que reclama 32.792,49 euros por trabajos que asegura haber ejecutado sin cobrar. Sánchez ha explicado que, cuando tuvo conocimiento de la reclamación, pidió explicaciones al entonces director del CAR y exatleta olímpico, Francisco Javier Navarro, quien le aseguró que los pagos estaban correctamente realizados. El director general ha añadido que, tras una reunión con la empresa afectada en septiembre de 2023, solicitó el expediente al nuevo responsable del centro, Rafael Alcázar, para trasladarlo a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma. Según su versión, estos no detectaron pagos pendientes a las empresas intervinientes. Sánchez también ha afirmado que recomendó a la compañía acudir a la Justicia si consideraba que había resultado perjudicada. También ha declarado como testigo el actual director del CAR, Rafael Alcázar, quien ha confirmado ante la jueza que participó en la reunión mantenida con la empresa reclamante en septiembre de 2023, en la que se trasladó que existían sospechas de que una compañía había realizado trabajos sin cobrar. Según su declaración, los responsables del centro se comprometieron a investigar lo sucedido y señalaron que, si la empresa había ejecutado los trabajos, debía cobrar por ellos. Alcázar también ha explicado que el jefe de mantenimiento le comunicó que operarios de Ros habían trabajado en las instalaciones, concretamente en un trastero orientado al Mar Menor y en un gimnasio. Por su parte, el responsable de mantenimiento ha ratificado ante la jueza que firmó albaranes a nombre de Ros y que sus trabajadores alternaban tareas entre las dos obras investigadas. La Guardia Civil aprecia indicios de posibles delitos de malversación, prevaricación administrativa y falsedad documental en la contratación y justificación de las obras. Un atestado policial fechado en abril de 2025 recoge, entre otras irregularidades, que una memoria técnica del proyecto Aula del Mar fue fechada casi seis meses después de su adjudicación, así como discrepancias entre los presupuestos incorporados al expediente. La investigación judicial continúa abierta para esclarecer cómo se adjudicaron, ejecutaron y pagaron las actuaciones financiadas con fondos públicos.

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Hace 2 h

Hace 3 h

El Gobierno activa la revalorización de las pensiones para 2027 (se abre en una pestaña nueva)

El Gobierno de coalición activa la revalorización de las pensiones conforme a la inflación de cara a 2027. El proceso de actualización indexado al Índice de Precios de Consumo (IPC) de estas prestaciones está garantizado por la Ley 21/2021; sin embargo, el Ejecutivo debe aprobar anualmente un Real Decreto con el porcentaje determinado del incremento, paso que ha dado este viernes. "Arranca la maquinaria", ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha acordado la tramitación urgente de esta norma. "Las pensiones subirán en una horquilla entre el 3% y el 4%", ha aseverado la también ministra portavoz. No obstante, se deberá esperar a conocer el dato de la inflación del mes de noviembre, cuyo adelanto se conocerá el viernes 27, dos días antes de las elecciones, y su confirmación se producirá el 15 de diciembre, con los resultado ya conocidos, para realizar la habitual media anual, que excluye diciembre. "Es una prioridad", ha defendido Saiz el "trámite ordinario", desmintiendo que responda a un carácter excepcional. En esta línea, la ministra portavoz ha insistido en que para el Ejecutivo constituye "una prioridad" que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo y que las prestaciones sigan evolucionando conforme al coste de la vida. Asimismo, ha precisado que el acuerdo aprobado constituye el primer paso de un proceso, al que le seguirá la aprobación de la norma con rango de ley que determinará la cantidad exacta tanto de la revalorización general como de las pensiones mínimas y no contributivas. Más de un 28% de incremento desde 2018 La titular de la cartera de Seguridad Social también ha presentado un informe relativo a la evolución de las pensiones desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y al efecto de las diferentes reformas acometidas en el sistema, que ahora se está poniendo en duda. Al respecto, Saiz ha asegurado que el Gobierno se ha centrado en mantener el poder adquisitivo, ofrecer más opciones para acceder a la jubilación y reforzar la sostenibilidad financiera del sistema. Sobre la revalorización, la ministra ha defendido que, frente al 2% que habrían subido las prestaciones con el mecanismo del 0,25% anual aprobado en la reforma de 2013 y que defendía Mariano Rajoy, la revalorización acumulada conforme al IPC entre 2018 y 2026 ha alcanzado un 28,1%. En ese mismo periodo, la pensión media ha crecido un 44,5%, impulsada también por la mejora de los salarios y de las bases de cotización, mientras que las pensiones mínimas se han incrementado entre un 43% y un 69%, según la modalidad, y las no contributivas lo han hecho en un 65%. Sobre los tipos de jubilación, la portavoz ha puesto en valor la ampliación de las modalidades de jubilación voluntaria, destacando la jubilación activa y la flexible y los incentivos a la demora. Con todo, la edad efectiva de jubilación se sitúa ya en 65,4 años en 2026, lo que ha celebrado Saiz. Por último...

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Hace 6 h

El subdelegado del Gobierno felicita al Policía Nacional Javier Gil Calatrava por las cuatro medallas conseguidas en los Juegos Europeos de Policías y Bomberos (se abre en una pestaña nueva)

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real ha felicitado al agente de la Policía Nacional Javier Gil Calatrava, que presta servicio en la Comisaría de Puertollano, por los excelentes resultados obtenidos en los XI Juegos Europeos de Policías y Bomberos, celebrados en Vigo del 9 al 18 de octubre. El agente ha conseguido cuatro medallas: […]

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Hace 7 h

infoLibreGeneral

El Censo deja en 113.000 el "incremento excepcional" de votantes que vio el Supremo para suspender su voto (se abre en una pestaña nueva)

El ultraderechista Vox , tercer partido en expectativa de voto para el 29N, cifró el crecimiento de votantes en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA, el de los electores en el exterior) desde las generales de 2023 en 375.027 . La formación extraparlamentaria Iustitia Europa –cuya única actividad conocida es pleitear contra el Gobierno– dio un incremento todavía mayor: 408.262 nuevos electores . Esas dos cifras fueron las que aceptó acríticamente el Tribunal Supremo para apreciar un "incremento extraordinario" en el censo "que no se había producido con anterioridad a la vigencia de la Ley 20/2022", la de Memoria Democrática para suspender el voto a todos aquellos nacionalizados con esa norma que no hubiera demostrado documentalmente ser hijos o nietos de exiliados. La Oficina del Censo Electoral , el organismo al que el Supremo ordenó analizar a quiénes en concreto correspondía prohibir cautelarmente el voto, ha rebajado en casi 300.000 nombres esas cifras dejado en 113.326 el número de españoles residentes en el extranjero afectados por la medida cautelar decretada el 10 de septiembre. Si se proyecta sobre esa cifra los datos de participación del CERA en 2023, el "peligro fundado, real y serio" de pucherazo que aprecia el Alto Tribunal se quedaría en menos de 10.000 votos emitidos. Al recurrir la suspensión del voto de los descendientes del exilio, el abogado del Estado ya reflejó en su escrito que el tribunal había caído en un error al dar por ciertas esas cifras. "Este incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA de españoles residentes en el extranjero y la circunstancia de que tal número está en constante aumento, con cifras de la extraordinaria dimensión expuestas", relataban los magistrados, "son circunstancias que ha de valorar esta Sala, ya que pueden afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados". Sin embargo, el servicio jurídico estatal le recordó que esos datos no se correspondían con los nacionalizados por la ley de nietos que estarían afectados. El letrado aportó un certificado de la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores en el que se afirmaba que los afectados serían, en realidad, 168.896 . En escritos posteriores, la representación de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística (el INE, en el que se encuadra la Oficina del Censo Electoral), redujo todavía más los votantes supendidos hasta los 163.020 . Finalmente, y a toda prisa, con los ministros de Exteriores y de Presidencia y Justicia, José Manuel Albares y Félix Bolaños, apercibidos de multas o la apertura de un proceso penal contra ambos, el Gobierno presentó el pasado 28 de octubre dos listas de supuestos afectados en el Alto Tribunal. En la de Exteriores, elaborada tras un enorme esfuerzo de los consulados que aún hoy conservan sus expedientes en papel, aparecían 163.355 personas . Desde Presidencia y Justicia aportaron los datos obtenidos del Registro Civil Digital, un listado con 76.600 identidades. Fuentes del Gobierno advirtieron del escaso rigor de ambas cifras, con repeticiones y personas residentes en España cuya participación no tendría por qué verse afectada. En sus primeros análisis, la Oficina del Censo Electoral ya advirtió sobre la mala calidad de los listados de datos proporcionados con tanta premura. En numerosas ocasiones, las identidades aparecían incompletos, duplicadas o presentaban errores de difícil solución. El resultado es que la cifra inicial de 408.262 votantes manejada por el Supremo al inicio ha quedado reducida a poco más de 113.000 "una vez finalizado el proceso de comprobación exhaustiva ejecutado sobre la información del Ministerio de Asuntos Exteriores", como relata la Oficina del Censo en su último informe, en el que explica que "el número definitivo de electores a los que resulta aplicable la suspensión del ejercicio de sufragio en las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026 queda establecido en 113.326 ". El organismo dependiente del INE lo elabora después de realizar las últimas comprobaciones que le han servido para eliminar del listado de votantes suspensos a otros 190 que ya aparecían inscritos en el CERA antes de que entrara en vigor la Ley de Memoria Democrática. Fuentes del Ejecutivo así como diplomáticos implicados en el proceso explican que la mayoría de estas personas no optaron a la nacionalidad española con la intención de votar, sino como una medida de reparación o por tener la posibilidad de instalarse en Europa. Esas 113.326 personas representan el 0,2% de los 38,5 millones de personas que componen el censo electoral del 29N . Si se proyecta sobre ellos el porcentaje de participación que los electores del CERA tuvieron en las últimas generales, el dato se queda en el 0,04% de los 24,6 millones de personas que efectuaron su voto en los anteriores comicios a Cortes . Así pues, el incremento real del censo, que demostraría el presunto fraude electoral que, de la mano de Vox y desoyendo al Ministerio Fiscal y a la Junta Electoral Central parece apreciar el Supremo, afectaría a unos 9.800 sufragios a repartir entre 52 circunscripciones y todas las candidaturas . Ese es el verdadero alcance del "peligro fundado, real y serio" de alterar "el resultado deseado por los españoles en unos futuros comicios", que aprecia la más alta instancia de lo Contencioso-Administrativo en España.

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Hoy, hace 19 h

infoLibreGeneral

Tres años de infamia (se abre en una pestaña nueva)

Lo del periodo 93-96 fue un juego de niños en comparación con lo que ha pasado treinta años más tarde. Recordemos: después de que Felipe González volviera a ganar las elecciones contra las encuestas, en 1993 se desencadenó una campaña brutal, una auténtica conspiración. Media docena de periodistas (algunos aún de servicio, como Pedro J. Ramírez), y otra media docena de corruptos de diverso pelaje, como Mario Conde o el improbable José María Ruiz Mateos, contribuyeron a generar un clima pestilente (“paro, despilfarro y corrupción”), gracias al cual el PP pudo lograr una mayoría simple en 1996 y formar gobierno gracias al apoyo de CiU. Claro es que el Gobierno de entonces estaba en pleno declive, con un paro rampante, un director general de la Guardia Civil fugado y un presidente cansado y aislado. Pero si la derecha ganó (por poco) fue sin duda gracias a aquella estrategia de agresividad que se vino a llamar de la “crispación”. Por cierto, recordemos también que aquella noche de victoria conservadora, mientras los seguidores cantaban eufóricos en la calle Génova lo de “¡Pujol, enano, habla castellano!”, Aznar le decía a un periodista de Tv3 esa otra frase mítica: “en círculos reducidos, no muy amplios, hablo catalán”. Y vaya si habló. En la intimidad del Hotel Majestic, cedió un nuevo sistema de financiación para Cataluña, el 35 por ciento de la recaudación del IVA, el traspaso de los Mossos, las competencias en puertos (y ya de paso la muy bienvenida supresión de la mili, una reivindicación tradicional del nacionalismo). Esos tres años de postrera y agresiva legislatura felipista fue una broma, ya digo, si se compara con lo de estos últimos tres. El origen es el mismo: el PP no puede gobernar tras unas elecciones generales, en contra de lo anunciado en los sondeos, y decide recurrir a la furia . El resultado han sido tres años brutales y despiadados. En contraste con aquel otro tiempo, España está hoy entre los países más equilibrados del mundo y es un lugar privilegiado para vivir: la economía, los derechos, la solidaridad, los servicios. Sánchez no lleva 11 años como González, sino siete y medio. Y el PSOE y su Gobierno no tienen más que un caso de corrupción constatado, el protagonizado por Ábalos. No le quito gravedad, pero es un caso único y ha sido severamente sentenciado, por el propio partido y por el Tribunal Supremo. El desafío independentista ha sido neutralizado, los trabajadores y la patronal se respetan. Hay paz social. Un Gobierno sin estridencias se ha esmerado aun con dificultades evidentes por su precaria situación parlamentaria. Mucho se habla de la ausencia de presupuestos, pero lo cierto es que sus sucesivas prórrogas han permitido que el dinero fluyera en los proyectos, si bien a costa de abusar del decreto. Sí, ha habido dos desgraciados accidentes de tren y tenemos un grave problema de vivienda. Vale. Pero España no es obviamente una dictadura, ni un Estado caótico o fallido, ni el Gobierno nada en la corrupción ni bucea en las cloacas. Da vergüenza tener que afirmar cosas tan obvias, pero resulta necesario para que la verdad de un país admirado en el mundo entero se abra camino ante tanto ruido y tanta porquería. En contraste con la buena salud del país, o precisamente por ella, ningún político de la democracia ha llegado a los niveles de indignidad de los líderes actuales del PP, dejando a un lado a Vox. Ningún líder del Gobierno o de la Oposición ha traspasado la frontera de lo familiar y lo personal en la relación con su principal adversario. Feijóo ha quemado todos los puentes intentando encarcelar al hermano del presidente y a su esposa, si no a él mismo. Ningún partido de Gobierno ha llegado a los niveles de zafiedad y agresividad de Tellado o de Muñoz. No existe en la democracia española, quizá con la excepción de Jesús Gil, un líder democráticamente elegido con el grado de emponzoñamiento, mentira y populismo bananero de Isabel Díaz Ayuso. Después de la huelga general del miércoles, que abarrotó de progresistas las calles lluviosas del país, y constatando los insultos de las derechas a los trabajadores y sus sindicatos, a uno le cuesta creer que a partir del día 29 Feijóo y Abascal puedan gobernar España. Me resisto a creer que esos líderes inanes, histéricos y faltones , vayan a llevar las riendas de este país nuestro. Si logran hacerlo, arrastrarán con ellos la memoria de tres años de infamia.

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Ayer

El Gobierno prepara una nueva edición de los programas 'Kit Digital' y 'Kit Consulting' con 200 millones de euros (se abre en una pestaña nueva)

Transformación Digital ultima una convocatoria que estará "muy focalizada en la inteligencia artificial" y con una tramitación más sencilla para solicitar la ayuda La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha confirmado que se están “finalizando los trabajos” para que lleguen 200 millones de euros más a los programas 'Kit Digital' y 'Kit Consulting' en una nueva fase “muy focalizada en la inteligencia artificial (IA)”. “Efectivamente confirmo que estamos finalizando los trabajos y escuchando a las asociaciones empresariales para que los 200 millones de euros siguientes lleguen con el 'Kit Digital' y con el 'Kit Consulting' al verdadero tejido empresarial de la región y además muy focalizado en la inteligencia artificial y con mejoras en el proceso, en las selecciones y afinando muchísimo más a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas”, ha afirmado la secretaria de Estado en declaraciones a los medios en Murcia recogidas por Europa Press. Asimismo, González Veracruz ha detallado a través de un mensaje en LinkedIn que esta dotación de “200 millones para dar continuidad a 'Kit Digital' y 'Kit Consulting'” servirá “para aplicar soluciones de IA adaptadas” y “mejorar los programas y hacer que solicitar las ayudas sea más sencillo”, tras abrir un diálogo con las asociaciones empresariales para escuchar qué necesitan hoy las pymes y los autónomos. En este sentido, la secretaria de Estado ha asegurado que esta nueva fase “responde exactamente a lo que nos están pidiendo” mediante una “escucha activa de las necesidades reales del tejido económico y empresarial”, al tiempo que ha señalado que “el próximo 29 de noviembre se decidirá si se quiere ”seguir invirtiendo en que la IA llegue hasta la pyme más humilde o que solo la usen las empresas más poderosas“. Por ello, González Veracruz ha invitado a todas las pymes, autónomos y agentes digitalizadores, “no solo a esos 31.000” ya beneficiados, “a estar atentos y a ser ágiles”, recordando que el 'Kit Digital' es un programa al que cuando se accede “se te da directamente” y para el que “no hay una cuota de la Región de Murcia”, sino que su concesión “depende de los primeros que lo soliciten”. Finalmente, la secretaria de Estado ha resaltado en LinkedIn que ambos programas “han demostrado ser el impulso que nuestro tejido empresarial necesitaba”, cifrando sus resultados en “más de 31.150 ayudas concedidas, por casi 130 millones de euros” en la Región de Murcia y “casi un millón de ayudas y más de 3.000 millones de euros para digitalizar nuestros negocios” en toda España.

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El Gobierno de PP y Vox en Castilla y León obliga a firmar un compromiso 'antiideológico' a los cineastas que piden una subvención para cortometrajes (se abre en una pestaña nueva)

La Consejería de Cultura ha remitido a los solicitantes el documento que deben firmar si quieren acceder a las ayudas La compañía de 'Federico' denuncia a la Consejería de Cultura de Castilla y León por la cancelación de la obra por “motivos ideológicos” La cruzada ideológica de Vox con las iniciativas culturales en Castilla y León ha dado una vuelta de tuerca. En la convocatoria de ayudas para cortometrajes de 2026 que convoca la Consejería de Cultura, dirigida por Alberto Díaz Pico, se ha incluido una cláusula relativa al “adoctrinamiento ideológico” que se complementa ahora con un requerimiento 'antiideológico' que reciben los solicitantes de la subvención. En concreto, se les obliga a firmar una declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es en la que se comprometen a “no realizar actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. El plazo para firmarla es de cinco días hábiles desde el día siguiente a su recepción. La Orden de 7 de octubre de 2026 de la Consejería de Cultura , Turismo y Deporte contempla en su apartado 10 que “el beneficiario deberá desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, por lo que no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. Este punto no queda en una mera declaración de intenciones, porque obligan a los solicitantes a firmar un compromiso, un detalle que no aparece en la orden. El compromiso dice literalmente que “en caso de resultar beneficiario de la subvención, de desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, sin llevar a cabo ninguna actuación que implique adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. Requerimiento que se hace a los solicitantes de subvenciones para cortometrajes. Lo llamativo es que la Consejería no establece criterios para determinar qué es ideologizar y qué no o qué es neutral o no lo es en un cortometraje. Tampoco se precisa quiénes van a ejercer de 'censores' a la hora de decidir qué cortometrajes pasan el corte. La remisión de ese requerimiento ya ha provocado cierto temor en el sector, por entender que con dinero público se puede condicionar la libertad creativa y de expresión. La orden sobre los cortometrajes es igual que la que afecta a los largometrajes . La sombra de Vox es alargada, y hace unas semanas retiró de la programación una obra sobre Lorca de la compañía Proyecto 43-2. Ante la sospecha de motivos ideológicos, los integrantes de la compañía presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Valladolid , que no se ha pronunciado por el momento. Díaz Pico, que considera que la cultura en Castilla y León es “sectaria”, ha sido coordinador de Servicios de Políticas Culturales entre 2013 y 2022 y ha trabajado como técnico de la Dirección General de Deportes entre 2024 y 2026. Los últimos cuatro años estuvo Gonzalo Santonja al frente de Cultura, tras ser colocado por Vox en 2022. Santonja consiguió mantenerse en el cargo tras la marcha y expulsión de los consejeros de Vox en 2024.

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Ayer

Telefónica gana margen para invertir en la autonomía tecnológica europea (se abre en una pestaña nueva)

La recuperación financiera de la operadora española coincide con un momento en el que las telecomunicaciones se han convertido en un asunto de seguridad nacional y autonomía estratégica. Sus resultados refuerzan los argumentos que llevaron al Estado a invertir en la compañía, mientras Europa busca empresas capaces de sostener su independencia tecnológica. Telefónica vuelve a los beneficios y gana 464 millones hasta septiembre Durante décadas, las grandes compañías de telecomunicaciones fueron valoradas fundamentalmente por su capacidad para captar clientes, desplegar redes y generar dividendos. Hoy, sin embargo, su importancia trasciende los balances empresariales. En un mundo marcado por la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, las redes de comunicaciones se han convertido en infraestructuras estratégicas de las que dependen la actividad económica, la seguridad nacional y buena parte del funcionamiento de los Estados. Controlar las redes no equivale a controlar la información que circula por ellas, pero sí significa disponer de una capacidad decisiva para garantizar su funcionamiento y resiliencia. En ese contexto, la posición de Telefónica adquiere una dimensión que va mucho más allá de su cotización bursátil. Los resultados de los nueve primeros meses de 2026 ofrecen una fotografía de esa capacidad. Telefónica ha alcanzado unos ingresos de 24.825 millones de euros, procedentes de sus operaciones continuadas, es decir, de los negocios que mantiene tras excluir las actividades de Hispanoamérica clasificadas como discontinuadas. Se trata de un 2,8% más que un año antes, mientras que su EBITDA ajustado ha aumentado un 4,6%, hasta los 8.846 millones de euros, el mayor crecimiento de la última década. El beneficio neto de las operaciones continuadas ha crecido un 21,6%, hasta los 1.333 millones, aunque el beneficio neto total del grupo, incluyendo las operaciones discontinuadas, se sitúa en 464 millones. La mejora resulta especialmente significativa en la generación de recursos: el flujo de caja libre de las operaciones continuadas ha aumentado un 10,7%, hasta los 1.963 millones de euros. Son cifras que reflejan una recuperación operativa y financiera en una industria donde la capacidad de invertir condiciona la competitividad futura. La compañía encadena cuatro trimestres consecutivos de crecimiento simultáneo de sus principales indicadores y ha revisado al alza sus previsiones para 2026. Espera ahora un crecimiento del EBITDA ajustado ligeramente superior al 2,5% y un flujo de caja libre próximo a los 3.100 millones de euros. Al mismo tiempo, ha reducido su deuda financiera neta en 1.600 millones desde enero, hasta los 25.186 millones, un 10,8% menos que un año antes. El endeudamiento equivale a 2,63 veces el EBITDA, frente a las 2,78 veces de finales de 2025. La relevancia geoestratégica de estos resultados reside, sobre todo, en la capacidad financiera que Telefónica está recuperando para seguir desplegando y modernizando unas infraestructuras de las que dependerá una parte creciente de la economía europea. Una empresa privada con importancia estratégica España dispone de pocas empresas con una implantación internacional comparable en sectores tecnológicos estratégicos . Telefónica es una de ellas. Su presencia en España, Alemania, Reino Unido a través de VMO2 –participada al 50%– y Brasil le proporciona una escala difícil de reproducir y una posición relevante en mercados que concentran buena parte de su actividad. En España, los ingresos han aumentado un 2,5% entre enero y septiembre, hasta los 9.828 millones de euros, su mayor crecimiento porcentual en más de quince años. El EBITDA ajustado ha crecido un 2,3%, hasta los 3.501 millones, mientras que la tasa de abandono de clientes se ha reducido hasta el mínimo histórico del 0,7%. Brasil también impulsa los resultados: en el tercer trimestre, los ingresos han crecido un 15,4% y el EBITDA ajustado un 18%, con una base récord de 120,3 millones de accesos. Pero las cifras que explican muy bien su dimensión estratégica están en las infraestructuras . Telefónica cuenta con 302,1 millones de accesos y una red de banda ancha ultrarrápida que alcanza 164,1 millones de unidades inmobiliarias, de las cuales 77,6 millones corresponden a fibra hasta el hogar. Su cobertura 5G llega al 96% en España y al 99% en Alemania. El crecimiento de las conexiones vinculadas al internet de las cosas resulta especialmente significativo: en España, las líneas IoT han alcanzado los 26 millones, un 111,1% más que un año antes. Detrás de esa cifra aparece una transformación que suele recibir menos atención que la inteligencia artificial: la digitalización de procesos industriales, sistemas logísticos y dispositivos conectados. La dimensión estratégica de Telefónica explica también el interés del Estado español por su accionariado. Cuando el Gobierno decidió regresar al capital de la operadora en 2024, casi tres décadas después de completar su privatización, la operación fue interpretada principalmente como una respuesta a la entrada de la saudí STC. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) desembolsó aproximadamente 2.285 millones de euros para adquirir el 10% de la compañía. La decisión puso de manifiesto hasta qué punto las telecomunicaciones habían dejado de considerarse un sector económico convencional. La participación pública no convierte a Telefónica en una empresa estatal ni garantiza que sus decisiones respondan a las prioridades del Gobierno. Pero sí revela una transformación del pensamiento económico europeo: después de décadas en las que predominó la liberalización de mercados, los Estados vuelven a preocuparse por quién controla las empresas que gestionan infraestructuras consideradas esenciales. El dilema europeo: competencia o escala El problema es que Telefónica opera en una Europa que todavía no ha resuelto cómo combinar competencia, inversión y autonomía estratégica. Mientras Estados Unidos y China disponen de grandes mercados nacionales, la Unión Europea continúa organizada en mercados de telecomunicaciones fundamentalmente nacionales, con diferencias regulatorias que dificultan la expansión transfronteriza. La Comisión Europea reconoció este problema al presentar, en enero de 2026, su propuesta de Ley de Redes Digitales ( Digital Networks Act ), destinada a facilitar las operaciones paneuropeas, estimular la inversión y reforzar la seguridad de las redes. El diagnóstico es relevante: Europa no puede construir una economía digital competitiva si las empresas encargadas de sostener sus infraestructuras encuentran obstáculos para alcanzar la escala necesaria. Sin embargo, el debate plantea una contradicción que Bruselas todavía debe resolver. Favorecer la concentración empresarial podría proporcionar a los operadores mayores recursos para invertir, pero también reducir la competencia y perjudicar a los consumidores. Tampoco está demostrado que empresas más grandes inviertan necesariamente más. La autonomía estratégica europea no puede confundirse con la protección incondicional de sus grandes compañías. Necesita operadores financieramente sólidos, pero también mercados competitivos, capacidad de innovación y mecanismos que garanticen que las infraestructuras críticas respondan a los intereses de seguridad europeos. La influencia española en Bruselas Para España, la cuestión tiene una dimensión adicional. Telefónica es uno de los pocos grandes grupos empresariales españoles capaces de participar directamente en la definición del futuro tecnológico europeo. Su posición en Alemania y Reino Unido, junto con su fortaleza en el mercado español, le proporciona una perspectiva internacional que trasciende los intereses de un único Estado. Brasil añade otra dimensión: la posibilidad de mantener una presencia empresarial relevante en América Latina en un momento en el que la competencia geoeconómica también se libra mediante inversiones e infraestructuras. Los resultados de 2026 refuerzan los argumentos industriales que llevaron al Estado a invertir en Telefónica, aunque no eliminan las dificultades que afronta la compañía. Su deuda continúa siendo elevada, Alemania registra caídas de ingresos y rentabilidad y la reestructuración del grupo ha implicado desinversiones y costes importantes. La evolución bursátil también introduce un elemento de cautela en la valoración financiera de la participación de la SEPI, adquirida a un precio medio de 4,0295 euros por acción. Sin embargo, una inversión de estas características debe examinarse desde una perspectiva que combine su rentabilidad financiera con su horizonte temporal y su importancia estratégica. Los buenos resultados operativos no constituyen una validación definitiva de la decisión pública, pero sí fortalecen la posición de una compañía cuya relevancia para España trasciende su valoración en bolsa. La soberanía tecnológica, por otra parte, no significa independencia absoluta. Telefónica necesita proveedores tecnológicos, financiación y acceso a mercados internacionales. Su fortaleza tampoco elimina la dependencia europea de las grandes plataformas estadounidenses ni de determinados componentes y equipos extranjeros. El objetivo no puede ser que Europa produzca absolutamente todo, sino que conserve suficiente capacidad de decisión para evitar que sus dependencias se conviertan en vulnerabilidades. Durante años, la política industrial europea se concentró en establecer las reglas del mercado. Ahora empieza a comprender que también importa quién dispone de las empresas, el capital y las infraestructuras necesarias para competir. La recuperación financiera de Telefónica refuerza la lógica estratégica de la apuesta del Estado español, aunque su resultado definitivo deberá juzgarse a largo plazo. En una Europa que busca recuperar autonomía tecnológica, Telefónica no es únicamente una empresa que debe mejorar su rentabilidad. Es también uno de los activos con los que España puede contribuir a definir el lugar de Europa en el nuevo orden tecnológico internacional.

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Hace 2 días

La utilidad de defender a los valencianos (se abre en una pestaña nueva)

¿Cómo calificarían la gestión de los diputados de la lista que votaron en las anteriores elecciones? Conviene preguntárselo porque, en una democracia parlamentaria, elegimos diputados por provincias y debemos exigirles que nos representen, aunque la dicotomía derecha-izquierda acabe ocultando esa obligación y subordinando las necesidades valencianas a las decisiones de Génova o Ferraz. Si las fuerzas territoriales negocian inversiones y competencias en el Congreso, resulta anómalo que una nacionalidad histórica como la valenciana, con treinta y tres diputados, carezca de una influencia equivalente, cuando un reparto estrictamente proporcional a nuestra población justificaría al menos cinco escaños más. De esa insuficiencia, que tampoco han resuelto las alianzas de Compromís, nace Agenda Valenciana , dispuesta a condicionar acuerdos y presupuestos a nuestras prioridades. La recogida de avales para el Congreso y el Senado nos ha permitido escuchar a más de 2.500 personas, especialmente de l’Horta, la Ribera, la Safor, el Camp de Túria y el Camp de Morvedre, cuya decepción ante la mala educación y el "y tú más" expresa la necesidad de recuperar una política atenta a problemas concretos. Esa exigencia reúne a defensores de la custodia compartida, la afición del Valencia CF, los tribunales consuetudinarios, el autogobierno y el idioma valenciano, junto a estudiosos de la Transición y sus conflictos pendientes y profesionales del periodismo y la cultura. Con ellos participan economistas experimentados en gestión y preocupados por la supervivencia de la empresa familiar; médicos atentos a la salud mental y las consecuencias de las carencias sanitarias en la población; personas dedicadas a la formación, defensores de trabajadores de multinacionales y juristas que protegen a los consumidores, en una candidatura que reúne trayectorias de compromiso previo con la sociedad valenciana y con la corrección de la discriminación que padecemos por parte del Estado. Corregir la infrafinanciación debe ser nuestro caballo de batalla, porque condiciona la sanidad, la educación y las oportunidades económicas mientras aumenta la deuda, lo que exige una compensación transitoria hasta reformar el sistema y que el Estado asuma la parte vinculada a ese trato discriminatorio. La reconstrucción tras la Dana hace más urgente esa reivindicación, que debe acompañarse de ayudas suficientes, reformas legales para ejecutar recursos y obras de prevención, junto con una gestión que refuerce la formación profesional y reduzca el abandono escolar. La movilidad refleja esas carencias, pues Cercanías, especialmente hacia Gandia y Castelló, y Metrovalencia necesitan más frecuencias y composiciones con suficientes coches; basta recordar que en el ramal de Llíria los intervalos ordinarios rondan treinta minutos entre semana y cuarenta en fin de semana, salvo refuerzos en horas punta, o que todavía no hay cercanías a Utiel y Requena, o a La Font de la Figuera, que sólo llega hasta Alcudía-Canals, para comprender las dificultades de trabajadores y estudiantes. La comparación con Galicia resulta reveladora, pues PP y BNG participaron en el acuerdo unánime sobre su Derecho civil de 2006 y, desde posiciones distintas, reclaman una financiación adecuada, mientras su Parlamento respaldó unánimemente el dominio . gal . Esa voluntad debería inspirar la defensa del valenciano y del . val , extendiendo la reivindicación cultural a una financiación estatal suficiente para el Palau de les Arts. El Gobierno de Rodríguez Zapatero recurrió en 2007 y 2011 nuestras leyes de régimen económico matrimonial y relaciones familiares, anuladas por el Constitucional en 2016, mientras Rajoy mantuvo aquellas impugnaciones y añadió en 2013 la relativa a las uniones de hecho, al tiempo que dejaba pendiente la reforma de la financiación autonómica. Ese cordón sanitario contra las reivindicaciones valencianas resulta inadmisible para un pueblo que, desde Jaume I , expresó su personalidad mediante los Furs y que hoy soporta un autogobierno tutelado, pese a tener reconocida en el Estatuto la competencia de Les Corts para legislar sobre nuestras familias, cuya recuperación exige diputados dispuestos a defenderla sin subordinaciones partidistas. Ábalos tuvo la oportunidad de demostrar la utilidad de un ministro valenciano y estoy convencido de que, si hubiera actuado comprometido con su tierra, Cercanías y el corredor mediterráneo estarían mejor encarrilados, porque ocupar semejante responsabilidad obliga a responder con resultados. Al terminar la legislatura, cada diputado deberá explicar qué ha conseguido para quienes le eligieron, responsabilidad que Agenda Valenciana asume desde ahora al comprometerse a negociar con autonomía, exigir el cumplimiento de los acuerdos y rendir cuentas de cada voto, gobierne quien gobierne, porque la utilidad de defender a los valencianos se demuestra con hechos. José-Ramón Chirivella es abogado y candidato al Congreso por Agenda Valenciana

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Hace 7 días

Diario JaénGeneral

El PP rompe el pacto de Gobierno con JM+ en Santiago-Pontones (se abre en una pestaña nueva)

El Grupo Municipal del Partido Popular, tras analizar la situación política e institucional del Ayuntamiento de Santiago-Pontones y valorar el desarrollo del pacto de Gobierno suscrito al inicio de la presente legislatura con el grupo municipal Jaén Merece Más, comunica formalmente su decisión de dar por finalizado del acuerdo. En un comunicado, explica que en las elecciones municipales celebradas en mayo de 2023, el resultado electoral configuró una Corporación Municipal sin mayoría absoluta. Ante esta situación, los populares y el partido provincialista alcanzaron convenio con el objetivo de garantizar la estabilidad institucional y trabajar conjuntamente por el desarrollo y el bienestar del municipio. El pacto dejó la Alcaldía en manos de Antonio Rodríguez. Sin embargo, son “discrepancias” las que terminan en una ruptura que, según las fuente consultadas, sólo supondrá la salida del PP del equipo de Gobierno, sin mociones de censura ni efecto dominó en otros municipios en los que sí mantienen el pacto.

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