Apenas han transcurrido unas horas del inicio de la campaña electoral y en el Gobierno ya miran con suspicacias a los tribunales. En las últimas horas se ha sucedido una cadena de decisiones que han generado un profundo malestar en Moncloa. La imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano por la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, el informe de la UCO (Unidad Central Operativa) sobre el caso Koldo y la personación de este grupo de la Guardia Civil en el Tribunal de Cuentas para requerir información sobre la financiación del PSOE, que se investiga en la Audiencia Nacional. En el Ejecutivo se quejan de una «rutina judicial» que opera en momentos clave. «Llaman... Ver Más
Borja Carabante ha asegurado que en el consistorio "estamos analizando cuáles son las alternativas para poder ejecutar un parking en esa instalación" ante la futura reclamación de 20 millones de euros El Real Madrid pedirá al Ayuntamiento 20 millones por su gasto en el concurso ilegal de los aparcamientos del Bernabéu El Gobierno de Almeida cree que va a salir sin necesidad de indemnizar al Real Madrid en el caso de los aparcamientos que el club blanco empezó a construir y que la Justicia declaró ilegales por falta de interés público. El concejal de Movilidad, Borja Carabante, garantiza que el Ayuntamiento “no desembolsará ni un céntimo de euro” de la petición de 20 millones de euros que le hace el Real Madrid por los costes en los que había incurrido en el momento de la sentencia. Aunque el consistorio asegura que por el momento no ha recibido la reclamación de del Real Madrid, Carabante ha afirmado con rotundidad a los medios en un acto en Callao: “Lo que sí puedo decir y garantizar a los madrileños es que el Ayuntamiento no va a desembolsar ni solo un céntimo de euro en ese coste”. Carabante ha recordado que se ha renunciado al parking “más controvertido”, el situado bajo la calle Padre Damián, pero el de la Castellana “es importante”. El Ayuntamiento de Madrid insiste en la opción de aprovechar los trabajos ejecutados en esa zona para continuar con las obras: “Estamos analizando cuáles son las alternativas para poder ejecutar un parking en esa instalación, a petición de los vecinos, pero sí quiero recordar que después de esa sentencia hemos tenido reuniones con los vecinos y nos han pedido que se ejecute un aparcamiento con plazas para residentes en el la Paseo de la Castellana”, ha contestado a la prensa. La Asociación de Vecinos Perjudicados por el Bernabéu tumbó el concurso a medida que el área dirigida por Carabante adjudicó al Real Madrid en verano de 2023 después de que este le pidiera los dos aparcamientos como la guinda final para el recinto de eventos que había levantado en el Bernabéu. La Justicia lo anuló un año después por falta de “interés público” , entre otras razones, sentencia ratificada después por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y luego por el Supremo . Ahora, el Ayuntamiento intenta negociar con la asociación demandante una solución que pase por terminar el aparcamiento de Castellana, pero aún no se ha anunciado ningún acuerdo. Carabante ha dicho hoy que “nos hemos comprometido con los vecinos en que, si el Ayuntamiento de Madrid efectivamente lleva a cabo ese parking, habrá plazas para residentes”. Apoya el trabajo periodístico de Somos Madrid Esta información ha podido salir a la luz gracias a las personas que apoyan la edición local de Madrid en elDiario.es. Si tú también quieres y puedes hacerlo, hazte socia, hazte socio y contribuye a sostener nuestro trabajo diario y a publicar exclusivas que cambien las cosas. Si ya tienes una suscripción, puedes hacer una aportación extra a la sección local de Madrid para apoyar las informaciones de proximidad, sobre lo que importa en el día a día de los habitantes de esta ciudad: para hacerlo, entra en el apartado de 'tu cuota' en tu perfil privado . Tu ayuda al periodismo local es importante.
El PSOE ha denunciado al Partido Popular después de que el exasesor ministerial Koldo García, condenado por el 'caso mascarillas' a 19 años de prisión por el Tribunal Supremo, asegurase que le ofrecieron costear su defensa y un millón de euros si mentía contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Aprecia indicios de un posible menoscabo de fondos públicos en el inmueble comprado por 6,3 millones de euros en la calle General Martínez Campos. Más información: Ayuso dará ayudas de 4.000 euros a todas las familias con hijos que contraten a empleadas del hogar para poder conciliar
Señala que la compra se formalizó sin un encargo previo de la Comunidad ni una memoria que justificase la necesidad del inmueble, elaborada esta última casi tres meses después.
Apenas han transcurrido unas horas del inicio de la campaña electoral y en el Gobierno ya miran con suspicacias a los tribunales. En las últimas horas se ha sucedido una cadena de decisiones que han generado un profundo malestar en Moncloa. La imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano por la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, el informe de la UCO (Unidad Central Operativa) sobre el caso Koldo y la personación de este grupo de la Guardia Civil en el Tribunal de Cuentas para requerir información sobre la financiación del PSOE, que se investiga en la Audiencia Nacional. En el Ejecutivo se quejan de una «rutina judicial» que opera en momentos clave. «Llaman... Ver Más
El PSOE ha denunciado al Partido Popular después de que el exasesor ministerial Koldo García, condenado por el 'caso mascarillas' a 19 años de prisión por el Tribunal Supremo, asegurase que le ofrecieron costear su defensa y un millón de euros si mentía contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
MURCIA. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027, lo que supone una ampliación del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la del Ministerio Fiscal. En la Región de Murcia, el Gobierno crea 19 plazas de jueces (+10,1% respecto a la plantilla actual) y 5 de fiscales (+6,33%) para 2027. En dos años (2025 y 2026) se han creado 40 plazas judiciales en esta comunidad (+23,8%), según informan fuentes de la Delegación del Gobierno. Las 700 plazas creadas hoy se suman a las otras 700 que el Gobierno creó el pasado mes de julio para 2026. En total, 400 de fiscales y 1000 de jueces. Un aumento sin precedentes, gracias a Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha permitido crear en tan solo dos años más plazas que en los últimos 15 años juntos (en los que se han creado 930 plazas judiciales en total). Su distribución se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los Tribunales Superiores de Justicia. Esta nueva ampliación de plantilla se enmarca en la transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Una transformación que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar al Servicio Público de Justicia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros. La planta judicial de la Regió aumenta un 10% De las 19 nuevas plazas judiciales para la Región de Murcia, 17 son para Tribunales de Instancia de Murcia, Cartagena, San Javier, Lorca, Cieza o Molina de Segura . Las dos restantes serán de adscripción territorial (destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo). Porcentualmente, la Región de Murcia es la más beneficiada en el reparto de plazas judiciales. De las 500 nuevas plazas de jueces creadas para toda España, la mayoría son para reforzar la jurisdicción civil (81 plazas en los Tribunales de Instancia y 61 en las Audiencias Provinciales) y la social (104). La jurisdicción penal se refuerza con 96 uevas plazas y los órganos mixtos (Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia de las provincias y localidades más pequeñas) con 87. Otras 30 plazas son de adscripción territorial. Además, 18 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer, lo que supone un incremento del 62,8% en dos años, pasando de 121 plazas a 197. Las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia también se refuerzan con 6 plazas más, la Audiencia Nacional con 4 y los Tribunales Superiores de Justicia con 19. La plantilla del Ministerio Fiscal sube un 6,3% en Murcia La creación de 5 nuevas plazas de fiscales para la Región de Murcia supondrá un crecimiento de la plantilla del Ministerio Fiscal en esta comunidad del 6,3%, pasando de 79 a 84 miembros. En toda España, el Gobierno crea 200 nuevas plazas de fiscales (+6,6%) que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales.
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
El Tribunal de Cuentas nombrará un instructor para investigar si se ha producido alguna responsabilidad contable por parte de la Comunidad de Madrid al comprar un ático de lujo que iba a ser utilizado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, mientras se realizaban obras en el edificio de la Puerta del Sol. En un auto de 28 páginas, la consejera encargada de estudiar las siete denuncias presentadas por, entre otros, la oposición madrileña, y las alegaciones de la empresa pública Planifica y de la propia comunidad, ha propuesto a la Sala de Enjuiciamiento designar a uno, al considerar que, "a priori y sin entrar a valorar el fondo", la adquisición puede "constituir una salida de fondos públicos por el importe de 6.300.000 euros, carente por completo de justificación legal", lo que obliga a abrir una investigación.
Aprecia indicios de un posible menoscabo de fondos públicos en el inmueble comprado por 6,3 millones de euros en la calle General Martínez Campos. Más información: Ayuso dará ayudas de 4.000 euros a todas las familias con hijos que contraten a empleadas del hogar para poder conciliar
El órgano fiscalizador rechaza el archivo solicitado por la Comunidad de Madrid y aprecia indicios de irregularidades en una operación de 6,3 millones que carecía de encargo o motivación
Señala que la compra se formalizó sin un encargo previo de la Comunidad de Madrid ni una memoria que justificase la necesidad del inmueble, elaborada esta última casi tres meses después
Señala que la compra se formalizó sin un encargo previo de la Comunidad de Madrid ni una memoria que justificase la necesidad del inmueble, elaborada esta última casi tres meses después
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la creación de 700 nuevas plazas de jueces y fiscales para 2027, de las que 500 corresponden a la carrera judicial y otras 200 al Ministerio Fiscal. La medida supone un incremento del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la plantilla de fiscales, según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Estas plazas se suman a las 700 aprobadas el pasado mes de julio para 2026, por lo que el Gobierno habrá creado 1.400 plazas en dos años: 1.000 de jueces y 400 de fiscales. El Ejecutivo destaca que esta ampliación supera las 930 plazas creadas durante los quince años anteriores y la vincula a la aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. De las 500 nuevas plazas judiciales, 104 se destinarán a la jurisdicción social, 96 a la penal y 142 a la civil, estas últimas repartidas entre los Tribunales de Instancia y las Audiencias Provinciales. También se contemplan 87 plazas para órganos mixtos y otras 30 de adscripción territorial, que podrán redistribuirse según las necesidades de trabajo. El refuerzo incluye 18 plazas para las secciones de Violencia sobre la Mujer, cuya dotación ha pasado de 121 a 197 en dos años, lo que representa un incremento del 62,8%. Asimismo, se crearán seis plazas en las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, cuatro en la Audiencia Nacional y 19 en los Tribunales Superiores de Justicia. Por comunidades autónomas, Andalucía y Cataluña recibirán 94 nuevas plazas judiciales cada una, seguidas de Madrid, con 74, y la Comunidad Valenciana, con 53. El Ministerio explica que la distribución responde a criterios como la carga de trabajo, la litigiosidad y la población. En cuanto a las 200 nuevas plazas de fiscales, Cataluña será la comunidad más beneficiada, con 47 incorporaciones, seguida de Andalucía, con 31, y Madrid, con 26. El resto se distribuirá entre las demás comunidades autónomas y los órganos centrales del Ministerio Fiscal. El Gobierno enmarca esta ampliación en su plan de transformación de la Administración de Justicia, que combina medidas organizativas, procesales y digitales para mejorar el funcionamiento del servicio público. Noticia en ampliación...
El órgano fiscalizador rechaza la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda nombrar un delegado instructor para indagar en la operación La Comunidad de Madrid pide al Tribunal de Cuentas que no investigue el ático del Gobierno de Ayuso: “Se ajusta a la legalidad” El Tribunal de Cuentas investigará la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que los hechos denunciados por PSOE, Más Madrid y varios particulares “pueden constituir una salida de fondos públicos (...) carente por completo de justificación legal”. Así consta en un auto dictado por la consejera María del Rosario García Álvarez, en el que el órgano desestima la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda proponer el nombramiento de un delegado instructor para indagar en la operación. La resolución indica que los denunciantes han aportado “elementos indiciarios suficientes” para poder considerar que la compra del ático pudo ocasionar “un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”. En sus alegaciones, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defendió que todos los fondos desembolsados tienen un “destino conocido, documentado y lícito” y que la operación constituyó una mera permuta dado que el ático ingresó en el patrimonio público. También subrayó que esa operación no suponía “un deterioro económico” para las arcas públicas. La resolución del Tribunal de Cuentas , sin embargo, subraya que en la documentación aportada por los denunciantes “se puede advertir la aparente falta de declaración de necesidad previa” que pudiera justificar esta “salida de fondos”. Destaca, en este sentido, que esa declaración fue realizada el 2 de julio de 2026, con posterioridad a compra y cuando ésta ya constaba formalizada en la escritura pública de 14 de abril de 2026, casi tres meses antes. También apunta que el tipo de inmueble —un ático con 200 metros cuadrados de terraza— “parece objetivamente inadecuado para las actividades administrativas y de gobierno de la Comunidad que puedan amparar la inversión”. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. La resolución recuerda que Planifica, de acuerdo a sus estatutos, solo puede comprar inmuebles si se vinculan a la “actividad administrativa” de las consejerías u organismos autónomos de la Comunidad de Madrid. Y dice que, en este caso, hay “dudas” sobre si el ático pudo ser adquirido para otras finalidades, lo que impide la utilización de los fondos de la citada empresa pública. En sus alegaciones, el Ejecutivo regional justificó la operación por la necesidad de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Se basó, para ello, en la memoria que realizó la Comunidad de Madrid para justificar el arrendamiento a Planifica Madrid y que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. En un primer momento, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid. Después, pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta , si bien hasta el momento sigue sin comprador tras quedar desiertas las dos subastas convocadas para deshacerse de él. El auto también afirma que los denunciantes aportan ciertos indicios de que la compra podría haber causado un daño real y efectivo en los fondos públicos por haberse abonado un eventual sobreprecio respecto del valor de mercado. Se basa, para ello, en la diferencia entre el precio de compra —6.300.000 euros— y una primera tasación de 6.242.884,19 euros. En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid y de Planifica alegó que había una segunda tasación de Gesvalt que fijó el valor en 6.320.341,26 euros porque incorporó como superficie interior útil habitable unos 105 metros cuadrados de terraza en la que existe un cerramiento. Sin embargo, respecto a ese cerramiento, el auto dice que las denuncias también han aportado indicios de que puede no ser acorde a la legalidad urbanística, lo que puede rebajar al valor real del inmueble. La Fiscalía respalda la apertura de la investigación y rechaza el archivo de las actuaciones. En dos pronunciamientos remitidos al Tribunal de Cuentas, el fiscal solicitó y reiteró el nombramiento de un delegado instructor al apreciar que las alegaciones del Gobierno regional “no desvirtúan, por el momento, las irregularidades denunciadas”. De este modo, el Ministerio Público concluye que concurren indicios suficientes de un presunto alcance contable susceptible de haber provocado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid y descartó solicitar el archivo. “La Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles. Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no”, afirma el abogado Francisco Javier Flores, quien presentó la primera denuncia ante el órgano fiscalizador. Este letrado afirma que “Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada” y advierte de que “si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños”. “Llegaremos hasta el final”, señala.
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