Plus Ultra entra en fase de preconcurso de acreedores para tratar de salvar la situación económica y operativa crítica que atraviesa, y con el rescate público aún por devolver. Así lo han confirmado fuentes conocedoras a ABC, que destacan que ya han presentado la medida en un juzgado de Madrid como primer paso para poder negociar con sus acreedores y poder avanzar también en otras medidas drásticas con su personal. La aerolínea rescatada con 53 millones de euros por el Gobierno de Pedro Sánchez también está preparando un expediente de regulación de empleo (ERE) sobre el conjunto de su plantilla, que ronda los 670 empleados, pero todavía está por definir el grado de afectación que tendrían los despidos. Y esto... Ver Más
Solo unas semanas después de decir que no apoyaría un Gobierno de Feijóo con Abascal de vicepresidente y de afirmar que un Gobierno de PP-Vox sería un "riesgo" para las Islas, Cristina Valido cambia de postura y señala que su partido apoyará a cualquiera que se comprometa con la llamada Agenda Canaria Coalición Canaria, que respaldó la investidura fallida de Feijóo, anuncia que no apoyará un gobierno del PP con Vox Tres semanas ha tardado Coalición Canaria (CC) en cambiar su discurso. Si a finales de octubre, su cabeza de lista, Cristina Valido, afirmó que el partido no apoyaría un gobierno del PP con Vox , ahora dice lo contrario. Cabe recordar que CC, aunque públicamente critica al partido de Abascal, a quien incluso ha llamado “auténtico fascista”, no le hace ascos al partido de ultraderecha si se trata de alcanzar el poder. Así, ha alcanzado acuerdos con Vox hasta en tres ayuntamientos de Canarias. El partido presidido por Fernando Clavijo confía en que el descontento de numerosos electores con la polarización y la política de bloques se traduzca en las islas en una mayor presencia del nacionalismo canario de CC en el Congreso, donde está dispuesta a apoyar la investidura de quien asuma sus propuestas para Canarias, como ya hizo en 2023. En una entrevista con EFE, Cristina Valido cambia el discurso mantenido en las semanas previas para reconocer ahora que están abiertos a prestar sus votos al candidato que los necesite para la investidura, incluído al líder del PP aunque posteriormente pueda alcanzar un acuerdo de Gobierno con Vox, siempre que exista un compromiso con la denominada Agenda Canaria. “Quien quiera nuestro apoyo en la investidura, sea Pedro Sánchez o sea Feijóo, tendrá que llamar a Canarias y tendrá que negociar con Canarias”, afirma la candidata nacionalista, quien precisa que sus “líneas rojas” son los asuntos pendientes con el archipiélago. Atrás quedan las palabras de la propia Valido cuando afirmó el pasdao 10 de octubre que temía un Gobierno de PP con Vox (y eso que CC es aliado de ambos en las Islas) porque sería “ un riesgo” para Canarias . Apenas un mes después, la propia Valido ofrece el apoyo de CC a ambos. En estas elecciones, CC espera ampliar su base electoral gracias a su alianza con Primero Canarias, el partido fundado por relevantes alcaldes de Gran Canaria que abandonaron Nueva Canarias y crearon una nueva formación. La última encuesta del CIS, sin embargo, les da 0 escaños a ambos . En unos comicios en los que el nacionalismo canario participa dividido en hasta tres candidaturas (NC concurre en alianza con Podemos, Sumar e IU bajo la denominación Unidad del Pueblo Canario, mientras que Drago lo hace en solitario), Valido expresa su confianza en que la suma con Primero Canarias permita a Coalición reforzar su representación en el Congreso, donde llegó a tener cuatro escaños durante tres legislaturas (entre 1993 y 2004). Desde entonces ha ido perdiendo paulatinamente apoyos. Para ello, se dirige a “todos los canarios”, incluidos aquellos que hasta ahora han votado a partidos de derechas o de izquierdas y, especialmente, a los ciudadanos desencantados con la confrontación entre los grandes partidos estatales, a cuyos diputados en Canarias Cristina Valido ve “sometidos” a directrices marcadas desde Madrid. Negociar con quien necesite los votos de CC En su balance de la legislatura, la diputada tinerfeña reivindica la capacidad de negociación de CC y defiende los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Pedro Sánchez, porque está convencida de que habría perjudicado a las islas no haberlos suscrito. “No me arrepiento, porque creo que no haber llegado al acuerdo que llegamos hubiera perjudicado a los canarios”, señala Valido, quien cita entre los avances conseguidos la reforma de la Ley de Extranjería para la acogida de los menores inmigrantes, la modificación de la Reserva para Inversiones en Canarias para destinar capital a la construcción de viviendas y el mantenimiento de la gratuidad del transporte público terrestre en las islas. Como principal decepción, señala el hecho de que no se haya presentado ningún proyecto de presupuestos generales del Estado, lo que entiende que ha impedido avanzar en compromisos de financiación para carreteras, obras hidráulicas e infraestructuras educativas. Vivienda, turismo e inmigración Entre las propuestas que CC plantea está limitar la compra de viviendas en Canarias a personas que no residan en esta comunidad, desde la constatación de que el 25% de las viviendas vendidas el pasado año fueron adquiridas por personas que no viven en las islas. Para la candidata, la solución al problema de la vivienda pasa también por incrementar la oferta de inmuebles, agilizar los trámites urbanísticos y ofrecer garantías a los propietarios para movilizar las viviendas vacías hacia el alquiler residencial. En materia turística, señala que Canarias no necesita seguir incrementando sus visitantes, de ahí la necesidad de establecer una capacidad de carga específica para cada isla, especialmente en el sur de Tenerife y Gran Canaria, lugares que ya han alcanzado su límite de crecimiento, en su opinión. La candidata del partido que más tiempo ha presidido el Gobierno de Canarias admite que los beneficios del turismo no llegan por igual a toda la población y alude a las dificultades económicas que persisten en las islas, donde se registran algunas de las tasas de pobreza más altas de España, pese a la mejora de los indicadores. Sobre el alquiler vacacional, valor la regulación impulsada por el Gobierno de Canarias y destacado que, desde su entrada en vigor, se han reducido en 5.000 las viviendas destinadas a esta actividad. Respecto a inmigración, demanda una mayor implicación del Estado y de la Unión Europea para anticipar las llegadas y evitar el colapso de los servicios públicos en Canarias. También hace hincapié en la necesidad de incrementar la vigilancia marítima y reforzar los efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado en Canarias para evitar que las embarcaciones lleguen a la costa sin ser detectadas. En cuanto a El Hierro, principal punto de llegada de los cayucos a Canarias, defiende instalar medios sanitarios en el puerto de La Restinga y un hospital de campaña para evitar la sobrecarga del hospital de la isla, así como establecer compensaciones económicas para los negocios afectados por la actividad migratoria. En el ámbito económico, reivindica una aplicación efectiva del Régimen Económico y Fiscal (REF) en las leyes estatales y una financiación autonómica que tenga en cuenta las particularidades de Canarias.
Las líneas de alta velocidad ferroviaria están en el punto de mira de los españoles. 2026 ha sido el año más complicado para un servicio que hace no tanto funcionaba como un reloj suizo. En esa pérdida de confianza, un tramo está bajo cuidado extremo. Son 250 kilómetros entre Madrid y Calatayud llenos de limitaciones de velocidad. "Queremos llegar a casa" . Esa fue la frase con la que un maquinista nos resumía el sentir del gremio después del accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero. Nada nos podía hacer sospechar que otras 69 personas fallecerían apenas nueve meses después en otro accidente ferroviario, esta vez en Urda (Toledo) tras el alcance de un AVE a un Iryo detenido en las vías. Aquella frase se enmarca dentro de unos días complicados. Nada más sucederse el accidente de Adamuz y ya con la sospecha de que algo se había roto en la infraestructura, la velocidad en la línea Madrid-Barcelona se redujo en numerosos puntos . Primero porque los propios maquinistas pueden reducirla si creen que es necesario para garantizar la seguridad y la comodidad del trayecto. Segundo porque Adif terminó por confirmar una gran revisión de la infraestructura en esta y otras líneas. En Xataka España era un país que se fiaba a ciegas de sus trenes de alta velocidad: 2026 ha puesto fin a esa ilusión "Estén muy tranquilos" . Este es el mensaje que se mandó por megafonía dos días después del accidente de Urda en la línea Madrid-Barcelona según 20 Minutos . Sabemos el qué (el mensaje), el dónde (la línea), el cuándo (dos días después del último accidente ferroviario) y el quién (maquinistas y auxiliares). Quedaba lo más importante: el por qué. El tren, señalan, se había detenido en las vías sin motivo aparente. La preocupación empezó a crecer entre el pasaje y fue en ese momento cuando se señaló que el tren retomaría el camino "marcha a la vista". Es decir, a baja velocidad para poder frenar en cualquier momento. No continuar de este modo fue uno de los errores garrafales en el accidente toledano . En Xataka A 230 km/h en un tramo de 300 km/h: el miedo a las vibraciones frena a los trenes en el Madrid-Barcelona 200 kilómetros . La detención fue una más dentro del tramo de 200 kilómetros que separa Madrid y Calatayud. Este tramo es, probablemente, el gran punto negro de la alta velocidad española, lleno de limitaciones de velocidad. En este mapa de Adif puedes comprobar cómo la línea, teóricamente dispuesta para que se circule a 300 km/h tiene numerosas limitaciones a 230 y 160 km/h. Tras el accidente de Adamuz, este tramo fue el que más atención centró por parte de Adif. Conscientes de que los maquinistas ya estaban levantando el pie, se terminó por oficializar una velocidad máxima reducida. De hecho, de los 250 kilómetros entre Madrid y Calatayud, 150 kilómetros se han estado completando a 160 km/h , prácticamente la mitad de la velocidad máxima permitida. En Xataka Si la pregunta es quién va a pagar tu indemnización por tardar cinco horas en el Madrid-Barcelona, la respuesta es clara: nadie Un tramo complicado . Aunque esta medida se tomó tras el accidente del pasado mes de enero, ya el año pasado el tramo Madrid-Calatayud preocupaba. Fue aquí donde los primeros trenes de Talgo se empezaron a fisurar . Ya entonces la compañía adujo que el mal estado de la infraestructura había causado los daños en sus trenes. Poco después de esas fisuras, el Semaf, sindicato de maquinistas, mandó una carta al Ministerio de Transportes en la que se denunciaba el estado de este tramo. Más de un año después, los trenes de alta velocidad se han estado retrasando porque se ha detectado un "bache" en la vía. En Xataka España necesita recuperar la confianza en sus trenes y cerrar dos años el AVE Madrid-Barcelona se postula como el primer paso En plena renovación . En 20 Minutos recogen que el propio Óscar Puente sentenció poco antes de su dimisión que la vía no debía repararse y que, por el contrario, había que "renovarla entera". Este es uno de los grandes problemas que enfrenta la línea, hasta el punto de que se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de cerrarla por completo durante dos años . Con al renovación en marcha se podrá utilizar el sistema ERTMS-2, una versión más avanzada del actual. Y los planes pasan por construir nuevas variantes e instalar las conocidas como aerotraviesas para poder circular trenes que alcancen 350 km/h . Foto | André Marques En Xataka | Renfe ofrece su contrato más jugoso: 4.000 millones de euros para comprar trenes. Y todo indica que no se quedará en España - La noticia La línea Madrid-Barcelona tiene un punto negro de 200 kilómetros lleno de limitaciones de velocidad fue publicada originalmente en Xataka por Alberto de la Torre .
Los impuestos son la punta de lanza con la que el PP ha cuestionado las políticas económicas del actual Gobierno. Calificativos como “infierno fiscal”, “voracidad recaudatoria” o “asfixia fiscal” han aparecido habitualmente en los discursos de los líderes de la formación popular para criticar la carga impositiva que se aplica en España. La derecha tiende a preferir una menor carga fiscal y un ejemplo claro es la política que ha mantenido Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, con bonificaciones en los impuestos sobre Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, algo que también han promovido comunidades como Andalucía o Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Castilla y León, La Rioja, Extremadura y Baleares, con bonificaciones de hasta el 99% para familiares directos. Una política que ha sido tachada en muchas ocasiones como un ejemplo de competencia desleal entre comunidades, también conocida como "dumping fiscal". Como baza electoral, los impuestos son el caballo de batalla del PP, pero una fiscalidad baja tiene un coste recaudatorio y para los servicios públicos que puede contrarrestar su atractivo de cara a las urnas, pese al ejemplo madrileño. Un estudio de las universidades de Viena y Zúrich sostiene que un 65% de los españoles apoya las bajadas fiscales, pero cuando se informa a los encuestados sobre las consecuencias (como un menor gasto en servicios públicos), el porcentaje cae unos 10 puntos. Así, el 55% de los españoles rechaza las bajadas de impuestos si suponen menos gasto público o un incremento de la deuda . Por ejemplo, este tipo de políticas pierden pie si se considera que Madrid es uno de los territorios que menos invierte en sanidad por ciudadano (1.779 euros) o que menos paga a sus docentes con respecto al coste de la vida en esta comunidad autónoma. Pese a ello, Madrid sigue cultivando una política de bajadas de impuestos que la presidenta de la Comunidad suele presentar en oposición a las decisiones del Gobierno central. “Tenemos el IRPF más bajo de España y hemos eliminado todos los impuestos propios, la mayoría inventos artificiales, para seguir rascándole el bolsillo a todo el mundo”, señalaba Ayuso en septiembre. Unas políticas que, sin embargo, tienen efectos serios en la recaudación y en los servicios públicos: un informe del think tank World Inequality Lab (WIL) cuantifica en 500 millones de euros lo que la comunidad madrileña habría dejado de ingresar de no estar en vigor el impuesto estatal a las grandes fortunas que estableció el Gobierno en 2022. Las medidas de las distintas comunidades no permiten anticipar lo que está en juego a nivel nacional, ya que muchas competencias están cedidas, pero dan una pista de la posición del PP en materia fiscal. José María Mollinedo, portavoz del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), explica que no todas las autonomías gobernadas por el PP mantienen posiciones como la de Madrid porque ello conlleva renunciar a una parte sustancial de sus ingresos, pero señala la s contradicciones en las que incurren aquellas que defienden una baja fiscalidad y protestan por infrafinanciación . “El modelo de corresponsabilidad buscaba que las comunidades soportasen el peso de sus decisiones para que, cuando deciden tener una carga fiscal baja, esa merma en la recaudación no sea compensada por el Estado”, señala. Si observamos las propuestas a nivel nacional que el Partido Popular ha lanzado en su plan económico, la formación contempla también bajadas impositivas en gravámenes como el IRPF o el IVA, así como en la cotización de los autónomos . En el documento figuran medidas como duplicar el mínimo por descendientes en el IRPF (es decir, lo que Hacienda considera que el contribuyente necesita para cubrir las necesidades básicas de sus hijos y que no tributa) y actualizar la tarifa estatal del IRPF para adecuarla a la inflación. Sobre el mínimo exento, el experto señala que tendría un impacto económico significativo, ya que se doblaría la cantidad actual (5.550 euros), aunque hasta el momento los populares no han hecho pública ninguna memoria que cuantifique el coste que tendría para las arcas públicas. En cuanto a adecuar el IRPF a la inflación, el PP lo ha propuesto para evitar lo que en la jerga económica se denomina progresividad en frío. Este fenómeno es como se define el efecto recaudatorio resultante de no indexar las principales desgravaciones que operan en la base del IRPF a la evolución de los precios. Así, si los salarios suben, cambian a un tramo superior de cotización, pero si se tiene en cuenta el aumento de los precios, puede darse el caso de que pierdan poder adquisitivo y aumente la recaudación en detrimento del trabajador . Sobre esto, Mollinedo explica que es una medida que no se ha tomado nunca porque “tiene un coste recaudatorio muy alto”, señala. “Ningún gobierno lo ha actualizado con la inflación porque hacerlo tiene unos costes brutales. El coste supondría tener que aumentar impuestos por otra vía porque si no sería difícil pagar los servicios públicos sin incurrir en un déficit desbocado”, concluye. Otra de las propuestas del PP que van en la misma línea de rebaja impositiva son aplicar un IVA del 0% a los alimentos básicos –pescado, carne, leche, quesos, aceite, huevos, frutas, verduras y conservas– y reducir del 21% al 10% el IVA a la energía. También plantea la eliminación del IVA para autónomos que facturen por debajo de 85.000 euros. El debate sobre la fiscalidad ha ganado terreno en la precampaña; sin embargo, el dilema principal al que se enfrentarán los partidarios de recortar impuestos es explicar cómo hacerlo sin comprometer la viabilidad de los servicios públicos y manteniendo intactas prestaciones como las pensiones.
La Dirección de la Policía compró 790 sprays como el que rociaron los policías sobre manifestantes pacíficos y lo justifica en que se trata de "un compuesto natural que se extrae de los chiles o los pimientos picantes" y cuyo efecto tiene "escasa peligrosidad" Las duras cargas policiales marcan las movilizaciones por la huelga general entre críticas y denuncias sindicales El Ministerio del Interior rubricó hace un mes la compra de 790 sprays de pimienta como los utilizados por los antidisturbios de la Policía para rociar a manifestantes de la huelga general incluso cuando no hubo provocaciones previas, según denuncian los afectados y organizaciones como Amnistía Internacional. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado este jueves suprimir el empleo del gas pimienta en las actuaciones de las Unidades de Intervención Policíal (UIP), pese a que el pasado 5 de octubre su departamento firmó la adjudicación del contrato, que asciende a 71.656,20 euros, según consta en el expediente de contratación al que ha tenido acceso elDiario.es. Las imágenes de la actuación policial rociando con un bote de spray a los manifestantes apuntan al uso del modelo MK9, destinado específicamente a los antidisturbios. Se trata de un spray que incorpora como agente activo el OC o capsaicina, un compuesto natural que se extrae de los chiles o pimientos picantes. En una de las memorias del expediente de compra, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Policía defiende que la “concentración” de este agente en el MK9 es “óptima para incapacitar temporalmente a una persona sin causar daños permanentes, minimizando riesgos legales y sanitarios”. La Policía considera que se trata de un elemento disuasorio de “escasa peligrosidad”. La periodista María Barrier fue una de las personas que fue reducida por la mañana con el uso del MK9. Ante los medios, Barrier denunció este miércoles : “Estábamos en primera línea sin ejercer violencia y nos han empujado contra la acera (...)”Nosotras [en referencia a ella y a la artista Samantha Hudson, entre otras] no nos podíamos echar más para atrás y la gente se ha empezado a caer en el suelo y han empezado a pegar a la gente del suelo“. ”Estábamos en primera línea y nos han echado a Laura, a Samantha y a mí directamente el spray en los ojos, el oído y las vías respiratorias“, añadió. Las mujeres explicaron que tenían que haber sido atendidas por los servicios sanitarios porque quedaron cegadas por un espacio de tiempo. Por la noche, otro vídeo muestra a los agentes rociando con gas pimienta en plena Gran Vía a un sin techo que no participaba en la protesta. La Policía, en su memoria, insiste en que el MK9 “permitirá resolver incidentes violentos reduciendo el riesgo de lesiones graves y sin necesidad de recurrir a otros medios más agresivos o armas letales”. “Un equipamiento adecuado transmite confianza a la población, incrementando la legitimidad de las intervenciones policiales”. “En resumen, la compra de sprays de defensa MK9 no solo responde a una solicitud de las unidades operativas, sino también a una fundada necesidad funcional y operativa; a la vez que se asegura la actualización y adecuación de los recursos del cuerpo policial, fortaleciendo la seguridad y la confianza en el desempeño de sus labores”, remata el documento interno. El plazo de entrega de los 790 sprays acaba el próximo enero. Los sindicatos de clase denunciaron cargas “desproporcionadas” contra los piquetes a lo largo de la jornada de huelga general y Amnistía Internacional España criticó “actuaciones policiales preocupantes” en Madrid, Alicante, Castellón, Vitoria, Valencia, Málaga, Granada o Santiago. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró perplejo ante las cargas, y presentará una demanda penal por el uso de gas pimienta contra manifestantes pacíficos en Madrid. Por su parte, la organización defensora de los derechos humanos da cuenta de golpes con las defensas policiales a personas que protestaban pacíficamente“, el lanzamiento de spray pimienta ”de forma indiscriminada contra la multitud“ y ”numerosas personas atendidas por los servicios sanitarios y algunos traslados al hospital“. Otros gases pimienta y lacrimógenos que seguirán en uso El spray MK9 de los antidisturbios tiene otra modalidad, la MK3, con la misma composición, pero un tamaño menor que se destina a policías nacionales en funciones de seguridad ciudadana y que, por tanto, portan los miembros de las patrullas. Estos últimos se compran por miles frente a la adquisición de los cientos que se destinan a las UIP. El spray pimienta del MK3 seguirá siendo utilizado en intervenciones en la calle de seguridad ciudadana. Se trata de modelos similares al que introdujo la portavoz de Interior del PP en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez. En la jornada de huelga general se utilizó también una tercera modalidad, gases lacrimógenenos disparados con las denominadas bocachas, las mismas escopetas que se utilizan también para lanzar botes de humo. Estos gases lacrimógenos tienen la denominación técnica de ATL (Artificios Triple Lacrimógenos), de los que se adquirieron 24.000 unidades en 2025 a través de un contrato de 2.057.000 euros que también incluía 44.000 unidades de ATF (Artificios Triple Fumígenos), más conocidos como botes de humo. La utilización de gases lacrimógenos lanzados con escopetas no será sometida a revisión, precisan fuentes de Interior. Fuentes policiales explican que no es la primera vez que se utiliza el spray pimienta en funciones de orden público. En este sentido apuntan al uso del mismo durante los duros enfrentamientos entre manifestantes y policías con motivo de las movilizaciones de Rodea el Congreso de 2012 y años posteriores. A última hora de la tarde del jueves, Marlaska afirmó: “Ayer se produjo una cuestión compleja de orden público en toda España; dicho esto hubo alguna de las imágenes, algunas de las actuaciones, que en un principio no gustan y no coinciden con los principios de proporcionalidad”. Marlaska añadió que el uso del gas pimienta queda suspendido hasta que se revisen los protocolos de actuación de las UIP y anunció una “investigación interna específica” de lo ocurrido. Este viernes, Interior informó de que la Dirección General de la Policía modificará el protocolo que regula el uso del espray de defensa personal para que no sea utilizado en operaciones de orden público. Una adjudicataria próxima al PP El procedimiento para la adquisición de las 790 unidades de spray MK9 se anunció en junio pasado. Se presentaron cuatro empresas, pero el contrato se lo llevó Falken SAU, como viene ocurriendo en la adjudicación de material antidisturbios con distintos gobiernos. La empresa es propiedad de la familia Bardisa Jordá, vinculada al Partido Popular a través de uno de los hermanos, que no pertenece a la misma y que fue diputado nacional en tres legislaturas. Falken SAU se impuso gracias a ofertar el producto más barato, 35 euros por gas pimienta, 14,95 euros más barata que la segunda oferta más ventajosa de las cuatro presentadas. Ante la “apreciación de oferta anormalmente baja”, la empresa argumento que es referente internacional en la fabricación de material antidisturbios, que es fabricante y distribuidor y que eso le permite reducir mucho los costes. Falken SAU también presentó las adjudicaciones de contratos a otros cuerpos de seguridad del Estado a quien hizo ventas en rangos de precios similares. Las alegaciones fueron aceptadas por el Ministerio del Interior.
Como ya hiciera la presidenta madrileña el pasado verano, el PP incluye en su programa electoral que el embrión "computará" para recibir ayudas, una medida que según las expertas, forma parte de una nueva estrategia antiaborto a nivel global ante el coste social que tiene restringir el derecho El PP de Ayuso aprueba junto a Vox la ley que reconoce derechos a los concebidos no nacidos Ya lo advirtió cuando la presidenta Isabel Díaz Ayuso aprobó junto a Vox la ley del concebido no nacido en la Comunidad de Madrid, pero ahora Alberto Núñez Feijóo lo ha plasmado en el programa electoral para las elecciones del 29N: si llega a la Moncloa, el Partido Popular quiere sacar adelante la misma norma a nivel estatal. De esta forma, los embriones “computarán” para recibir las ayudas y beneficios “que correspondan a las familias”, esgrime la hoja de ruta de la formación conservadora. Pese al lenguaje aparentemente inocuo y a englobar la medida en el epígrafe del fomento de la natalidad, titulado “España será el mejor país para formar una familia”, críticos y voces expertas llevan tiempo advirtiendo de que este tipo de leyes esconden una fuerte carga ideológica. Feijóo se acerca así a la estrategia que lleva tiempo ensayando el movimiento antiaborto a nivel global, sobre todo en Estados Unidos, donde varios estados reconocen al embrión desde el momento de la concepción como una forma de menoscabar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El precedente en España lo inauguró Ayuso el pasado verano, cuando dio luz verde a la legislación que reconoce al no nacido como miembro de la unidad familiar. En la práctica, una vez se acredite el embarazo, las mujeres pueden solicitar ya las ayudas y beneficios fiscales que utilizan como criterio la renta familiar aunque aún no se haya producido el parto. Además, el título de familia numerosa puede disfrutarse desde la semana 14. La ley preveía que fueran las bases de las diferentes ayudas las que concretarían los cambios. El PP de Madrid presentó la iniciativa como una forma de “incentivar” los nacimientos en España y Feijóo ya entonces siguió la misma línea asegurando que “cuando una mujer está embarazada” debe tener “apoyo del sector público”. Sin embargo, al mismo tiempo Ayuso quiso dejar claro que, al menos uno de los objetivos, tenía ecos del discurso antiaborto: “Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos legislando para el no nacido”, aseguró. La estrategia de reconocer la llamada fetal personhood (la personalidad jurídica del feto) está abriéndose paso a nivel internacional y ha ido ganando terreno desde que el Tribunal Supremo tumbara en Estados Unidos la sentencia que garantizaba el derecho al aborto en el país. El modus operandi ya no es tanto reconocer al feto de forma explícita en grandes leyes o en la Constitución, sino hacerlo de forma “gradual” en diferentes ámbitos parciales como las ayudas sociales, la fiscalidad o la responsabilidad civil, explica la politóloga y directora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, Silvia Aldavert. “El objetivo final es plantear una dicotomía entre ese supuesto derecho a la vida del 'no nacido' y el derecho a la soberanía corporal de las mujeres y el aborto”, plantea la experta. La idea la resumió Johanna Hussain en un artículo publicado en la Revista de Derecho y Políticas Públicas de la Universidad de Cornell (Nueva York): “Si un embrión o un feto es una persona, el aborto podría considerarse un asesinato”. Aunque en España, las propuestas de leyes del concebido no nacido no llegan tan lejos y se limitan a reconocerlo para acceder a ayudas, para Aldavert lo relevante es el fondo de la cuestión: “Poco a poco van cambiando el marco y consiguen modificar los imaginarios sociales y culturales”, asegura. Natalidad frente a recortes al aborto De momento, y tras la publicación del programa electoral del PP, Feijóo no se ha pronunciado específicamente sobre la ley del concebido no nacido a la que se compromete, pero sí ha asegurado este miércoles en El Hormiguero que no cambiará la ley del aborto vigente desde 2010, que permite la interrupción voluntaria y libre del embarazo hasta la semana 14 y que fue avalada por el Tribunal Constitucional en 2023. Lo que sí dejó en el aire es lo relativo a las jóvenes de 16 y 17 años para que tengan que informar a sus progenitores en caso de abortar, una medida que el líder popular considera que responde a un “debate abierto”, pero que no ha incluido en el programa porque no lo califica de “prioridad”. Frente a ello, Feijóo se comprometió a “garantizar” que si una mujer “no se atreve a ser madre porque no tiene una situación económica adecuada pueda tener un hijo”, afirmó en línea con el mensaje que suele presentar a las mujeres que abortan como víctimas de presiones económicas en lugar de reconocerlo como una decisión autónoma. Que este sea su discurso y que la promesa del concebido no nacido esté englobada en el programa en las medidas para fomentar la natalidad no es casualidad, sino “una nueva estrategia antiaborto”, según Aldavert. La experta identifica en los últimos años un “cambio de lenguaje y de enfoque” en el que “la idea es hablar más de familias, cultura de la vida, natalidad, ayudas a la mujer embarazada...” y menos de restringir el derecho al aborto debido al coste social que tiene a día de hoy y tras lo ocurrido con el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, que dimitió después de que su intento de reforma de la ley fuera masivamente contestada en la calle. “Saben que el ataque directo al derecho al aborto tiene unas consecuencias importantes entre la mayor parte de la sociedad. El PP se ha dado cuenta de que no les beneficia, por lo que se enfocan en medidas natalistas que crean imaginarios difíciles de rechazar”, esgrime la politóloga, quien asegura que el apoyo a las familias “pasa por reconocer a todos los tipos de familia, sean como sean” e impulsar medidas que tengan que ver con “combatir la precarización de los cuidados, que suele recaer en las mujeres, mejorar los salarios o impulsar la educación 0-3”. Está aún por ver cuáles son las propuestas de Vox en este sentido, que sí se ha manifestado más abiertamente contra la ley del aborto en varias ocasiones y que, según la mayoría de encuestas , sería necesario para que el PP pudiera alcanzar la mayoría tras las elecciones.
Ocho furgonetas de la Policía cortaron el paso de los manifestantes hacia Plaza de España, donde se había anunciado que terminaba el recorrido, una maniobra que acabó dejando el dispositivo policial rodeado por la protesta. Las primeras cargas se iniciaron sin que hubiera ninguna acción violenta previa. El Ministerio de Interior ha ordenado una investigación sobre los "incidentes" Las duras cargas policiales marcan las movilizaciones por la huelga general entre críticas y denuncias sindicales “Vamos a dejar aquí la manifestación porque ya no podemos avanzar”, gritaba la portavoz del Sindicato de Inquilinas, micrófono en mano, poco antes de las 19.30 horas de este miércoles 11 de noviembre. Con sus palabras ponía fin a una multitudinaria marcha por la huelga general que había reunido a cientos de miles de personas en las calles de Madrid, con participantes todavía en Atocha en el momento de la lectura del manifiesto. Este alegato final no se desarrolló en el final previsto para la marcha, que debía llegar a plaza de España, sino que tuvo lugar todavía en la Gran Vía, debido a que el operativo desplegado por la Policía Nacional impedía el avance de los manifestantes hacia un lugar más amplio. Ocho furgones y una hilera de agentes impedía el paso por “ordenes” del mando del operativo, explicaban a las personas que intentaban avanzar, y les conminaban a que lo hicieran por las calles aledañas. Ante el bloqueo para impedir el paso de la protesta, lo que sucedió a continuación fue que parte de los manifestantes accedieron a la plaza rodeando por el lugar que les habían indicado y el dispositivo policial quedó entonces situado entre medias. En ese momento, los agentes se enfundaron los cascos, cogieron sus escudos y empuñaron los rifles, preparándonse para cargar contra los manifestantes, que mantuvieron en todo momento una actitud pacífica, aunque con gritos de protesta ante la incomprensión por negar el paso. Manifestantes a ambos lados del cordón policial que cortó el acceso a Plaza de España, en dirección a Callao (arriba) como en Plaza de España (abajo) A las 19.52, según pudo comprobar este periódico in situ, la Policía Nacional decidió despejar la salida del dispositivo policial hacia Plaza de España y Princesa. Primero avisó a las primeras filas de que la carretera “se va a desalojar”. Luego los agentes empezaron a avanzar reclamando a los asistentes que se movieran, mientras en la acera de los impares de Gran Vía se producía la primera carga, sin que hubiera habido ningún conato de violencia previa. “¡Quiero que todo quede despejado! ¡Usad la goma!”, exhortaba uno de los mandos del operativo a los agentes, pidiéndoles que golpearan con sus porras a los manifestantes. “Si se mueven no se va a pegar a nadie”, decían algunos de los agentes que contenían en ese momento el uso de la fuerza. Aunque el operativo policial tenía despejada la salida hacia la calle Princesa, los mandos decidieron mantener el bloqueo de la Gran Vía impidiendo el avance de la marcha. Miles de manifestantes se agolpaban en esta calle ante la imposibilidad de avanzar, preguntándose qué pasaba. El gentío era enorme y la Gran Vía se había convertido en una gran ratonera por el tapón policial. En toda la marcha fueron entre 120.000 y 750.000 según cifras de Delegación del Gobierno y del Sindicato de Inquilinas, respectivamente. Situación del operativo policial sobre las 20.30 horas, con las primeras cargas ya ejecutadas hacia Plaza de España y antes de las segundas hacia Callao Pasadas las 20.30 horas, cuando el bloqueo duraba ya más de una hora, algunos manifestantes pensaron que podían avanzar pero la Policía Nacional decidió cargar para despejar la Gran Vía en dirección a Callao. Según múltiples testigos y vídeos publicados en redes lo hicieron utilizando sus defensas y empleando los rifles, gases y hasta gas pimienta en la cara de algunos manifestantes y de personas que se encontraban en la zona. La protesta se dispersó pero las cargas cogieron por sorpresa a la mayoría de personas que en ese momento todavía intentan avanzar hacia Plaza España desde Atocha, que ni siquiera habían llegado a escuchar el manifiesto final de la marcha. Las persecuciones policiales se extiendieron después a muchas calles aledañas -llegarón hasta la lejana San Bernardino- e incluso se llegaba a cortar el servicio de Metro en la estación de Noviciado. “Cuando huíamos a la carrera hacia arriba sin poder ver ni respirar por los gases, nos topamos con otros manifestantes que huían Gran Vía abajo en iguales condiciones de otra carga policial, nos encapsularon entre dos líneas de antidisturbios con solo una callejuela como vía de escape, por lo que se produjo un tapón”, relata un testigo de los hechos a este periódico. “Como aún así seguían lanzando gases, las escenas de pánico no acabaron en una avalancha trágica de puro milagro. Nos metieron en una ratonera para darnos porrazos y gasearnos impunemente”, denuncia. Lola Díaz, que el domingo cumplirá 70 años, cuenta en el vídeo sobre estas líneas cómo vio el lanzamiento de gases lacrimógenos. “Menos mal que la gente mantuvo la calma, si no podría haber sido una tragedia (...) no pensaba que en plena democracia una manifestación pacífica podía tener este final”, dice advirtiendo de que “vamos a seguir en las calles”. Pedro, otro de los asistentes, cuenta también cómo vio llegar las pelotas de goma y los gases, mientras estaba rodeado de gente mayor y niños pequeños. “Una vergüenza”, resume al compartir el vídeo que grabó desde su posición (ver más abajo) y que permite hacerse una idea de lo que vivieron la mayoría de manifestantes. “Había gente normal, no éramos punkis insultando a la policía”, resume Marina, psicóloga de 34 años a la que le cayó un bote de gas en los pies. “Yo pensaba que me moría ahogada”, dice al rememorar el momento en el que intentaba correr y no podía por el hacinamiento de personas en un lugar atestado de gente. “Menos mal que había una bocacalle y se ha liberado el aire”, declara a este periódico después de los hechos, mientras siente “injusticia por esta violencia gratuita y de la nada”. Otros vídeos grabados y difundidos por manifestantes y periodistas presentes en Gran Vía dejan ver cómo se produjo el desalojo de la zona. El Sindicato de Estudiantes muestra una grabación en la que un policía dispara a bocajarro contra manifestantes que se estaban marchando. Incluso un vídeo enseña cómo una persona sin hogar es agredida en la cara con spray pimienta por un agente. Fuentes de Delegación del Gobierno explican su versión de lo que sucedió: según les transmitió el operativo, la cabecera de la marcha llegó “a Plaza de España” y ahí fue donde el Sindicato de Inquilinas dio por desconvocada la protesta. Posteriormente, al detectar personas con el rostro cubierto entre los manifestantes se procedió a cortar el paso y a embolsarlos. No se han notificado que iniciaran agresiones contra los agentes. Sin embargo y como pudo comprobra este periódico, la protesta nunca llegó a Plaza de España, ya que se quedó a pocos metros, a la altura de Gran Vía 76. El Sindicato de Inquilinas confirma en declaraciones a este periódico que la decisión de cortar la manifestación fue de la Policía Nacional: “La intención era completar el recorrido previsto y llegar hasta Plaza de España. Sin embargo, al alcanzar este punto nos encontramos con un dispositivo policial extraordinariamente numeroso, con una fuerte presencia de antidisturbios y material potencialmente lesivo desplegado frente a la cabecera”, explica un portavoz. “Ante una situación de tensión creciente y con el objetivo de proteger a las miles de personas que participaban en la manifestación, nos vimos forzadas a desconvocar la manifestación. Pese al discurso tras la llegada de la cabecera a Gran Via, sobre las 19:20, la policía no puede disolver una manifestación de mas de 750.000 personas”, añade. Los organizadores de la marcha denuncian que “miles de personas, entre ellas personas mayores, adolescentes y familias, estaban ejerciendo pacíficamente su derecho fundamental de manifestación en una jornada de huelga general. La respuesta policial fue cargar y gasear con todo su material antidisturbios contra ellas, haciendo uso de una fuerza que consideramos completamente desproporcionada”, critican señalando los numerosos vídeos que documentan lo sucedido y muestran la actuación policial. “No se puede criminalizar ni poner en peligro a quienes ejercen sus derechos fundamentales”. Marlaska prohíbe volver a usar gases Debido a la forma en la que se produjeron las cargas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a la Dirección General de la Policía la apertura de investigaciones específicas sobre las distintas incidencias ocurridas este miércoles 11 de noviembre en todo el país durante la jornada de huelga general. Asegura Interior que estas investigaciones se realizarán con independencia de la propia inspección interna a la que Policía Nacional somete todas sus actuaciones para evaluar su adecuación a las normas vigentes. También ha dado orden Marlaska de que, en lo sucesivo, no se use gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones . Según datos del ministerio del interior, en las protestas por la huelga general que tuvieron lugar en Madrid se produjeron 20 detenidos hasta las 23.00 horas. Varios de ellos lo fueron en un piquete informativo de Mercamadrid desarrollado a primera hora y otros también en el piquete que recorrió la Gran Vía desde las 12.00, pasando por sus establecimientos comerciales. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró perplejo ante estas cargas y presentará una demanda penal por el uso de gas pimienta contra unos manifestantes que calificó de “pacíficos”. Por otro lado, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha condenado las agresiones por parte de miembros de las unidades antidisturbios de la Policía Nacional a periodistas que cubrían la manifestación desarrollada en Madrid con motivo de la huelga general del 11 de noviembre. En un comunicado, la asociación ha expresado su “solidaridad con los compañeros que, pese a encontrarse debidamente acreditados como periodistas, sufrieron los empujones y las cargas de los policías, impidiéndoles llevar a cabo su trabajo”. “Al igual que repudiamos los hostigamientos a periodistas por parte de grupos de manifestantes, rechazamos que miembros de los cuerpos policiales, al tratar de mantener el orden público, actúen de manera indiscriminada, sin respetar a quienes están realizando su labor de informar”, ha subrayado. Apoya el trabajo periodístico de Somos Madrid Esta información ha podido salir a la luz gracias a las personas que apoyan la edición local de Madrid en elDiario.es. 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Alfonso Sánchez-Pardo Alonso , conocido artísticamente como 'Spardo' y residente en la villa de Medinaceli , traslada su arte a la capital de España para presentar su exposición antológica EIDOLON: entre la realidad y los sueños . La muestra se inaugura oficialmente el jueves 12 de noviembre de 2026 a las 19:00 horas en el Centro Cultural 'La Vaguada' (Avenida Monforte de Lemos, 38, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo) y podrá visitarse hasta el próximo 5 de diciembre . El concepto vertebrador de la muestra es el término griego EIDOLON , interpretado como "imagen-fantasma" o aquel instante suspendido en el que la realidad se vuelve porosa para dejar pasar el recuerdo, el sueño y la huella del verso. Según explica el propio creador, sus trabajos "nacen directamente de sus lecturas y de un camino no lineal sino circular", afirmando que " no ilustra los poemas sino que los habita ". La antología se articula conceptualmente a través de cuatro actos temáticos: Acto I (Los Caprichos de Goya) : Obras que reinterpretan la mirada negra y lúcida del maestro aragonés sobre "el sueño de la razón produce monstruos", abordando lo grotesco del poder, la sátira y la ignorancia mediante luz y técnica mixta sobre papel. Acto II (Los poetas clásicos) : Un diálogo con la lírica del Siglo de Oro, Quevedo, Lorca y los poetas del desengaño, capturando figuras suspendidas entre el mundo tangible y el soñado bajo la premisa del verso "polvo serán, mas polvo enamorado". Acto III (La pandemia del Decamerón) : Grandes lienzos al óleo sin marco inspirados en la peste de 1348 relatada por Boccaccio, concebidos como un reflejo de las crisis sanitarias donde el relato pictórico se erige en "único antídoto contra la muerte". Acto IV (Diálogo con los Beatos) : Una aproximación visual a los códices altomedievales del Beato de Liébana y la visión del Apocalipsis, configurando la imagen final que permanece tras el sueño. Trayectoria con profunda huella en la provincia de Soria Nacido en Madrid en 1948 y formado en Bellas Artes, Sánchez-Pardo acumula más de cinco décadas de trayectoria profesional orientada a dialogar con obras fundamentales de la literatura universal como las de Cervantes, Dante, Francisco de Rojas, Goethe, Antonio Machado, María Zambrano o Santa Teresa de Jesús. Su vinculación artística y personal con la provincia de Soria incluye galardones como el Premio "Mío Cid" (1972) y la Mención de Honor "Arco Árabe" (1970) en Medinaceli, además del Primer Premio de Dibujo (1987) y el Segundo Premio de Pintura (1988) del Certamen "Villa de Almazán". Asimismo, su producción está presente en las colecciones de la Fundación DEARTE en el Palacio Ducal de Medinaceli, los consistorios de Medinaceli y Almazán, la antigua Caja de Ahorros de Soria y espacios como la Galería Arco Romano y la Galería C.I.T. de la villa medinense. El creador define esta cita en la capital como una pausa reflexiva en su itinerario y una invitación al público a contemplar cada obra con la paulatina calma con la que se lee un poema complejo.
España ha vuelto a experimentar, años después, lo que es una huelga general. La convocatoria de este 11 de noviembre , lanzada por el Sindicato de Inquilinas y secundada por las centrales sindicales, logró un consenso entre las organizaciones que no se había dado en los últimos 14 años. Desde primera hora se sucedieron los piquetes informativos y las informaciones sobre grandes empresas cerradas o funcionando a medio gas por la huelga, como ocurrió en el astillero de Navantia en Ferrol. Algo similar sucedió en Canal Sur, que se fue a negro durante varias horas. En Madrid, cientos de personas cortaron la Gran Vía al mediodía pidiendo una vivienda digna y la subida de los salarios. Ya por la tarde, las manifestaciones fueron masivas a pesar de que la climatología fue muy adversa en la mayor parte de las ciudades, tanto que obligó a desconvocar algunas en Andalucía. Desde primera hora de la mañana, los sindicatos aseguraron que la huelga estaba siendo muy secundada. Las centrales sindicales hablaron de "éxito", de un “ seguimiento muy mayoritario en buena parte del país” y también señalaron que el paro había superado sus expectativas. En su análisis explicaron que el seguimiento ha sido desigual, porque ha variado tanto entre sectores como en las distintas regiones. Los sindicatos señalaron que el paro supera el 80% en Cataluña o Andalucía, pero apenas se sitúa en el 41% en Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que en Galicia,la huelga fue ampliamente secundada la industria y los servicios urbanos durante la noche. Además, los sindicatos también reflejaron la disparidad entre sectores con mayor incidencia en las industrias electrointensivas, industriales, automoción, petroquímicas y cárnicas, entre otros. En el ámbito de los servicios, el seguimiento oscila entre el 25,4 % del sector financiero y el 68,7% en el comercio o el 63,8% en la hostelería, turismo y juego, pasando por el 50,9% de los servicios técnicos. Estas cifras fueron rechazadas por la CEOE , representante de la patronal, que hablaba de “bajo seguimiento” y normalidad. Los empresarios cifraban en un 10% los que siguieron el paro en Madrid, un 5% en Castilla-La Mancha y un 2,6% en Valencia. Todos coincidían en el cumplimiento de los servicios mínimos. En una de las cifras que habitualmente más se tienen en cuenta para analizar una huelga de este tipo, la del consumo eléctrico, los datos de Red Eléctrica de España señalaban que a las 18.00 h el consumo era un 4,87% inferior de lo que está previsto para un día ordinario, llegando a una caída máxima del 15,5% entre las 10 y las 11 de la mañana. Las calles españolas se vieron repletas de gente a partir de media tarde, y eso que la climatología era muy desfavorable, con fuertes lluvias y viento como consecuencia de la borrasca Charles . Manifestaciones como las de Cádiz o Huelva, tuvieron que ser desconvocadas por el temporal, mientras que en Sevilla los sindicatos mayoritarios pidieron no salir a la calle, pero otras organizaciones, incluido el Sindicato de Inquilinas, decidieron mantener la manifestación. Esa misma organización fue la que encabezó la marcha por Madrid, la más multitudinaria de todas las que se celebraron. En la pancarta que presidía la cabecera se podía leer “11N. Huelga general. Vivienda, salarios, servicios públicos, pensiones. Contra la patronal, el rentismo y sus gobiernos ", mientras que en un segundo plano se situaron CCOO y UGT bajo el lema "11N! Huelga general. Salarios, vivienda, precios". Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, explicó una vez más los motivos que les habían llevado a la huelga general: “Esta huelga es contra los rentistas, contra los especuladores, contra las grandes empresas y la patronal, contra las inmobiliarias y por supuesto también contra los gobiernos, contra todos los gobiernos de todos los colores a nivel central, autonómico y local, porque son culpables de haber protegido el rentismo en este país". “ Tenemos muy claro quiénes son los responsables y los culpables (...). Tenemos claro lo que hay que hacer y también vamos a dejárselo claro a los próximos que estén en el gobierno”, añadió poco antes de empezar la marcha que transcurría entre Atocha y la Plaza de España. La Delegación del Gobierno cuantificó en 120.000 los asistentes a la marcha. Entre los cánticos que se escucharon en la capital destacó el "Maricarmen somos todas" , y también consignas contra los 'fondos buitres' o los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. La manifestación fue también muy seguida en Barcelona, donde al igual que en Madrid tuvo a las organizaciones de inquilinas, en este caso el Sindicat de Llogateres, como cabeza de la manifestación, con las centrales sindicales en un segundo plano. La Guardia Urbana de la ciudad cifró en 55.000 personas los asistentes. En la pancarta que marcaba el inicio se podía leer el lema "¡Vivir! No sobrevivir, contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos", y durante la manifestación se escucharon gritos como "sindicato, fuerza sindicato", "tenemos las llaves de todos vuestros pisos" o "la lucha sigue, cueste lo que cueste". Al final de la manifestación se registraron algunos disturbios y cargas policiales. Camil Ros, secretario general de la UGT en Cataluña, dio su valoración sobre el día de huelga: "La gente ha hablado, ha parado, y ha dicho que basta y que ahora es necesario hacer nuevas políticas; que ahora quieren llegar a final de mes y que se regule la vivienda". No fue la única marcha que se vio en la capital catalana. El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) y Solidaritat Obrera (SO) convocaron otra marcha al margen de la manifestación central de Barcelona, porque no estaban de acuerdo con la estrategia de CCOO, UGT y el Sindicat de Llogateres en esta huelga general. “ Esta huelga general no es ningún favor al PSOE . Es una huelga contra el rentismo, la patronal y todos los gobiernos, lo que incluye al PSOE y a sus socios”, aseguró la portavoz del SHSC, Gisela Bermúdez, al inicio de esta marcha en la plaza Verdaguer. Además, llamó a “expropiar de forma masiva todos los pisos de grandes tenedores”. Todo fue más complicado en Andalucía, donde la borrasca supuso un problema grave para las movilizaciones. UGT y CCOO desconvocaron las marchas de Cádiz, Sevilla, Huelva y Córdoba por cuestiones de seguridad. Sin embargo, otras organizaciones, como el propio Sindicato de Inquilinas, prefirieron salir a la calle igualmente tras una pancarta en la que se podía leer “ la vivienda nos cuesta la vida ” y otros carteles con frases como “trianeras levantaos, pedid casa y dignidad”, “trabajo para vivir, no para pagar tu Airbnb” o “ser casero no es profesión”. También tuvo problemas la marcha de Granada, que se vio paralizada por la Policía Nacional debido a la aparición de una maleta sospechosa en la céntrica plaza del Carmen, que fue acordonada. En ciudades como A Coruña, Valencia o Bilbao, las manifestaciones se realizaron bajo la lluvia pero con normalidad. Algunas de esas protestas, como la que tuvo lugar en Mercamadrid, donde 1.000 manifestantes se concentraron en la puerta, terminaron con duras cargas policiales. En el caso del principal mercado de abastos de la capital, 13 personas tuvieron que ser atendidas por el lanzamiento de gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad. La policía actuó con dureza en algunos de los piquetes informativos, lo que ha suscitado las críticas tanto de los sindicatos como de algunas fuerzas políticas. “ La Policía ha estado haciendo de piquete empresarial (...). Es una vergüenza”, explicaba Pepe Álvarez, de la UGT, en su primera valoración del día de la huelga. “Vamos a demandar, no hay una sociedad democrática que no tenga policía democrática”, añadió Unai Sordo, de CCOO, que habló de “macarreo” en el comportamiento de los policías que estuvieron tanto en Mercamadrid como en las cocheras de la EMT. El dirigente sindical, además, añadió que pedirán responsabilidades penales. En el momento de estas declaraciones aún no se habían producido las cargas policiales en la Gran Vía de Madrid que se dieron a mediodía. Además de las cargas en Mercamadrid , también se han dado situaciones similares en las cocheras de la EMT en Carabanchel y Fuencarral, en la entrada de Mercamálaga y en la instalación municipal de autobuses en Valladolid, así como otros incidentes en Granada, Mercabarna en Barcelona y en Zamudio. A las críticas sindicales se sumaron las de miembros destacados de la izquierda política. Antonio Maíllo, líder de IU, señaló al Gobierno como responsable: “ Vemos cómo hay un ministro, Marlaska, que sigue sin controlar a sus cuerpos de seguridad del Estado . Y desde luego nosotros, si renovamos el Gobierno de progreso en este país, nos vamos a encargar de que haya un ministro del Interior que sí lo controle”. También Irene Montero, candidata de Podemos en las elecciones del 29N, siguió esa línea. “Lo que es intolerable es que desde el Gobierno se mande a la policía a pegar palos contra esos piquetes que de forma pacífica están informando de los motivos”, explicó. En algunos momentos, se han visto incluso afectados directamente por las cargas. Es el caso del diputado de Por Andalucía —Ernesto Alba— que ha sido diagnosticado con “contusiones y hematomas en el brazo izquierdo” y el dirigente de IU, Daniel Carmona, al que le fracturaron “un dedo de la mano izquierda”. A media tarde se habían registrado 50 detenidos por piquetes y altercados. La huelga de este 11 de noviembre viene marcada por una gran beligerancia desde los partidos de derecha y extrema derecha. El Partido Popular rechazó desde el primer momento la convocatoria, llegando incluso su líder, Alberto Núñez Feijóo, a pedir a los sindicatos que desconvocaran los paros. Más allá fue Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que tachó de “basura sindical” a las organizaciones que respaldan la huelga . Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, dijo que la mandataria “no tiene respeto” por los avances de la lucha trabajadora porque los suyos “quieren proteger los intereses de los poderosos”. Del Río recordó además que su organización, el germen de la huelga, no recibe subvenciones y es completamente independiente. Por su parte, Unai Sordo, de CCOO, respondió diciendo que “hay que respetar las palabras de Ayuso porque sobre mafia es una autoridad. Hablando de mafias, esta mujer desde luego sabe de lo que habla en primera persona". Ada Colau, candidata del Frente Amplio para las elecciones, señaló que Ayuso “insulta” a los sindicatos porque está “nerviosa” y que lo hace para “desviar la atención y que no recordemos que ella le pone la alfombra roja a los fondos buitre en Madrid al mismo tiempo que se compra un ático de superlujo con dinero público”. La refriega se extendió también a las redes sociales. El PP, que ha arrancado una agresiva campaña en Twitter en el periodo preelectoral, publicó una imagen generada por Inteligencia Artificial (sin rotulado) en la que se ve a unos sindicalistas riendo y comiendo una mariscada bajo la frase “se acerca un momento crítico de la huelga…el aperitivo”. La cuenta de la Unión General de Trabajadores respondió a ese mensaje de manera directa: “Tranquilos, que hoy el menú es otro: vivienda digna, salarios justos y precios asequibles . De eso sí que queremos que todo el mundo pueda repetir”. El PSOE también se sumó a la crítica al principal partido de la oposición en un mensaje en la red social: "Feijóo dice que la huelga es un “disparate”. Ayuso habla de “basura sindical”. Y ahora esto. Este país y sus trabajadores se os quedan grandes. El 29N frenaremos esto. Vais a estar cuatro años más comiendo oposición". También en Vox hubo críticas subidas de tono, como las de su secretario general Ignacio Garriga: “En un día como hoy haré referencia al circo general, un circo general porque no estamos ante una huelga general. Un circo general convocado por el Gobierno de España que ha utilizado a sus milicias, esos sindicatos de CCOO y UGT que son los altavoces del Gobierno de España”.
VÍDEO Continúan las reivindicaciones en defensa de un servicio ferroviario con garantías y de calidad que sirva como eje de vertebración en la provincia jiennense y el resto del territorio español. En la jornada de ayer, unas 600 personas, según los datos ofrecidos por la Subdelegación, participaron en la manifestación convocada por las plataformas en defensa del ferrocarril de Andalucía y Castilla-La Mancha. Una cita en la que estuvieron presentes los representantes de diversas plataformas y partidos políticos. El portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha, José Damián García, reivindicó “el fin del aislamiento ferroviario” de la provincia de Jaén, y señaló la necesidad de adaptar las vías para el transporte de mercancías, pero también la de mejorar los servicios de los pasajeros y la apertura de la estación de tren de Almuradiel, la “estación de cabecera actual de Jaén y la provincia”. Además, planteó dos cuestiones concretas: “Una es paralizar el bypass por Montoro, no por capricho, sino porque no se puede saturar más la línea Madrid-Sevilla, que tuvo dos accidentes ferroviarios muy graves [...] Y pedimos que se realice el tramo Mora-Alcázar, que se planificó por distintos ministerios y que reduciría los tiempos de viaje de Jaén a Madrid en tres cuartos de hora”. Por su parte, en nombre de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Linares-Baeza y Jaén, Luis Marín advirtió de que el ferrocarril “es una vía más de vertebración de los pueblos que crean riqueza”, por lo que hizo un llamamiento a los representantes públicos: “Pedimos a los partidos políticos, sobre todo al PSOE de Jaén, que no pueden apostar por un tren clasista y elitista y despreciar a 96 municipios con 406.000 habitantes que se quedan sin tren. Es un despropósito y una injusticia”. La misma línea siguió el representante de la Asociación del Ferrocarril de la Comarca de Baza, Antonio Martínez, quien apostó por un ferrocarril con seguridad: “Ya está bien de destrozar el tren convencional. El AVE está genial para las grandes capitales, ¿pero qué pasa con las comarcas y los pueblos?”. Es por ello que exigió “más tren convencional y seguridad en el ferrocarril” con el objetivo de “recuperar la dinamización y la vida” de las comarcas ante la desigualdad con las grandes capitales, sostuvo el representante.
La Asociación Amigos de Sarnago recogerá el próximo domingo 15 de noviembre , a las 12.00 horas, el reconocimiento Soriano del Año 2020 . El galardón, concedido por la Casa de Soria en Madrid dentro de la modalidad de Entidades Culturales y Sociales, llega al fin a manos de sus destinatarios al mismo tiempo que el colectivo celebra haber superado el primer objetivo económico de su campaña para rehabilitar El Refugio . Como se recordará, la entrega de estos premios no pudo llevarse a cabo en su momento debido a las restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19 , toda vez que el acto protocolario ha tenido que posponerse hasta celebrarse varios años después de su concesión original. Habida cuenta de las obras de reforma que actualmente se ejecutan en la sede soriana de la capital de España, la ceremonia tendrá lugar en la Casa de Cantabria , ubicada en el número 10 de la calle de Pío Baroja, rogándose a los asistentes su llegada a las 11.30 horas . Tal acontecimiento supone un respaldo a la dilatada trayectoria de una agrupación nacida en 1980 con el firme propósito de evitar la desaparición de Sarnago , localidad enclavada en la comarca de Tierras Altas que había quedado completamente deshabitada un año antes, en 1979. A partir de entonces, el colectivo ha mantenido una actividad constante de recuperación patrimonial, social y cultural, rescatando tradiciones ancestrales como las Móndidas , impulsando diversas publicaciones y organizando actividades que sostienen el vínculo con el territorio gracias al respaldo de una masa social que supera los 300 socios . Con todo, la entidad no limita sus esfuerzos únicamente a la conservación del pasado, sino que orienta su labor hacia la creación de nuevas oportunidades de futuro para este enclave. En esta línea de actuación destaca el proyecto denominado El Refugio de Sarnago , concebido como algo más que un espacio de coliving, ya que pretende transformar un inmueble rehabilitado en un punto de convivencia, trabajo, creación y encuentro destinado a personas interesadas en el medio rural . Aislamiento sostenible con lana de oveja Precisamente para avanzar en la materialización de estas instalaciones, la agrupación puso en marcha la campaña de micromecenazgo Abriguemos El Refugio a través de la plataforma Goteo . La iniciativa busca financiar el aislamiento térmico del edificio utilizando paneles elaborados con lana de oveja de la propia comarca, siendo el apadrinamiento de estas placas mediante un certificado una de las "recompensas" que reciben los colaboradores. Tras haber superado satisfactoriamente el primer objetivo de financiación, hecho que la junta directiva agradece a cuantos han aportado fondos o difundido la propuesta, el proyecto afronta ahora la recta final de su segunda fase . Restan poco más de 15 días para lograr una nueva recaudación que permita seguir sumando apoyos, por lo que desde la organización hacen un llamamiento a particulares, colectivos y entidades dispuestos a involucrarse en la causa. Asimismo, la actuación conlleva un marcado componente de recuperación de los recursos y saberes tradicionales del entorno. La fibra ovina, que durante generaciones desempeñó un papel fundamental en la economía de la provincia y que durante años fue un recurso olvidado, se transforma de este modo en un material natural, local y sostenible capaz de mejorar la eficiencia energética de las casas del pueblo. Las aportaciones económicas pueden efectuarse desde los 10 euros y llevan aparejadas diferentes compensaciones para los donantes, quienes además tienen la posibilidad de beneficiarse de deducciones fiscales de hasta el 80 % , siempre en función de los límites y requisitos fijados por la normativa vigente. Toda la información detallada y los cauces para sumarse a la iniciativa se encuentran disponibles en la página web de la campaña en la plataforma Goteo . En Amigos de Sarnago han significado que ambos acontecimientos, aunque de distinta naturaleza, representan dos caras de un mismo compromiso que une el reconocimiento a más de cuatro décadas de labor ininterrumpida con la necesidad de seguir trabajando por el mañana de los pequeños núcleos. Así las cosas, la entidad reitera su gratitud a los impulsores del galardón y a los mecenas, recordando que mantener vivo un pueblo exige no solo conservar sus muros y costumbres, sino también generar las condiciones necesarias para que vuelva a albergar vida.
Frente Amplio ya tiene definidos sus candidatos por la provincia de Soria para las próximas elecciones generales. Alberto Flores encabezará la lista al Congreso de los Diputados , mientras que Manuel Madrid será el candidato al Senado dentro del acuerdo de coalición con el PSOE. La formación ha presentado hoy sus candidaturas acompañada por Emilio Delgado, candidato de Frente Amplio por Madrid , que ha aprovechado su intervención para desgranar las principales líneas de su proyecto político. Detrás de ambas candidaturas hay dos motivaciones diferentes, aunque comparten un mismo objetivo, que es el de defender los derechos sociales y evitar que un posible cambio de Gobierno suponga un retroceso en las conquistas de los últimos años. En el caso de Manuel Madrid, su regreso a la primera línea política tiene una razón personal y política. Jubilado desde hace cinco años, el histórico militante de Izquierda Unida reconoce que ?pensaba dedicar esta etapa de su vida a disfrutar de mi tiempo libre ?. Sin embargo, asegura que la situación política actual le ha llevado a volver a implicarse. ?A estas alturas y en estos momentos yo tengo mucho miedo ?, ha reconocido. Madrid, que comenzó su trayectoria sindical en Comisiones Obreras con apenas 14 años, cuando todavía estaba en la clandestinidad, considera que el avance de la derecha y la posibilidad de un Gobierno de PP y Vox ?ponen en riesgo derechos que costó décadas conseguir?. Su principal preocupación está en las pensiones . El candidato al Senado teme que un cambio de Gobierno termine traduciéndose en " su congelación, pérdida de poder adquisitivo o privatización progresiva del sistema público ". Por eso, quiere convertirse en la voz de los 10 millones de pensionistas que hay en España y defender que las prestaciones sigan actualizándose conforme al IPC. ?Si sabemos lo que queremos y lo tenemos claro, podemos torcer el brazo a cualquier equipo de Gobierno que se precie de querer acabar con las pensiones, privatizarlas o congelarlas ?, ha afirmado. Natural de Alcoy y residente en Soria desde hace más de cuatro décadas, Madrid ha sido coordinador de IU, concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Soria. También preside actualmente el Ateneo Republicano Mónico Vicente . Su candidatura al Senado se presenta en coalición con el PSOE , un acuerdo que busca sumar fuerzas para que la izquierda pueda conseguir un representante en la provincia y cambiar la Cámara Alta. Madrid considera que ?conseguir un senador sería toda una victoria de la izquierda?. Por su parte, Alberto Flores encabeza la candidatura al Congreso. Nacido en Madrid y criado en Tardelcuende, se define como ?un orgulloso pitorrero?. Su trayectoria profesional está vinculada a la hostelería y a la Administración pública . Es graduado en Ciencias Políticas, tiene un máster de profesorado y trabaja como secretario-interventor en un ayuntamiento. Le acompañará Lidia Molina Carazo como número dos. Los suplentes serán José Antonio Marín Carazo y María Milagros Solano Rodrigo. En la lista al Senado figuran como suplentes Ana Isabel García Garcés y Enrique García Domínguez. Vivienda, salarios y servicios públicos, entre las prioridades Más allá de la presentación de nombres, Emilio Delgado ha sido el encargado de explicar qué propone Frente Amplio y qué modelo de país quiere defender en esta campaña. Su discurso ha girado en torno a impedir que ?este país retroceda 50 años, pero tampoco podemos aceptar el país que tenemos ahora mismo. Necesitamos un gran salto adelante ?, ha afirmado. Para conseguirlo, la formación sitúa entre sus prioridades el acceso a la vivienda, la mejora de los salarios, el refuerzo de los servicios públicos y la lucha contra la inflación. En materia de vivienda, plantea frenar la especulación y garantizar que el acceso a una casa sea un derecho. Delgado ha reclamado que la vivienda protegida mantenga "esa condición de forma permanente", sin acabar en manos de fondos de inversión, porque ?las casas ya no son para vivir, son para especular y eso hay que cortarlo de raíz?, ha advertido. La formación también defiende mejorar los salarios del sector privado, reforzar la sanidad y la educación públicas y actuar frente al encarecimiento del coste de la vida, especialmente de la energía. Para ello, Delgado propone " redistribuir la riqueza y hacer que una mayor parte de los beneficios económicos llegue a las familias trabajadoras". Transición ecológica y empleo de calidad Otro de los ejes es impulsar una transición ecológica que genere empleo de calidad. Su propuesta pasa por aprovechar el potencial de las energías renovables, desarrollar nuevas líneas eléctricas y centros de almacenamiento, rehabilitar edificios y mejorar la movilidad. Una transformación que, según ha defendido, ?podría abrir oportunidades en provincias como Soria?, ya que ?podríamos tener una industria verde con capacidad de generar empleo de alto valor añadido, con mejores salarios y con posibilidades para conciliar la vida laboral y familiar?, ha explicado. Delgado ha resumido la orientación económica de la formación con una frase muy clara: ? la motosierra se le aplica a los de arriba ?. Frente a los recortes en derechos y servicios, Frente Amplio apuesta por ? proteger a las clases trabajadoras y evitar una involución social?.
LA ENTREVISTA Daniel Moreno Rodríguez, nacido en Linares, es ingeniero técnico industrial y cuenta con un máster en Ingeniería del Transporte por la Escuela Politécnica Superior de Linares (EPSL), de la Universidad de Jaén (UJA) y otro en Inteligencia para la Seguridad por la Universidad Autónoma de Madrid. En su empresa se dedica a investigar el origen y las causas grandes siniestros: incendios, explosiones, averías... Tras los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, este último el pasado enero, aporta sus conocimientos como profesional y habla de las diferencias y las posibles líneas de investigación de cada uno de ellos. ¿En qué consiste exactamente el trabajo de un ingeniero forense? ¿Qué ocurre desde que se produce un accidente hasta que su empresa recibe el encargo de investigarlo? Soy ingeniero técnico industrial y máster en Ingeniería del Transporte por la Escuela Politécnica Superior de Linares, y máster en Inteligencia para la Seguridad por la Universidad Autónoma de Madrid; con ello, uno la ingeniería forense y el análisis de información. Desde mi empresa, en Madrid, investigamos el origen y las causas de grandes siniestros, como incendios, explosiones, averías o accidentes, y las clasificamos. No es lo mismo una causa contribuyente que la causa eficiente de un daño, y con esa base las empresas reclaman o discuten derechos, como una indemnización. En un accidente grave entra primero la policía judicial, para saber si puede haber delito. Cuando el juez levanta el precinto, en lo civil hay que llegar hasta el último elemento técnico, más allá de lo penal. Ahí entramos nosotros, a veces al día siguiente y a veces un año después. Trabajamos en toda España, y este verano yo he investigado siniestros también en Estados Unidos. Dice que muchas veces llegan cuando los periodistas ya se han marchado e incluso cuando los restos del siniestro han sido retirados. ¿Cómo se reconstruye un accidente en esas circunstancias? ¿Qué pruebas y documentación permiten llegar a conclusiones fiables? Los analistas llegamos cuando el foco mediático ya se ha ido. Normalmente, los restos siguen ahí, pero a veces no. Tras una explosión de gas, se demuele un edificio inestable, y con él desaparecen las pruebas. Entonces, se trabaja con lo que queda y con lo que se puede: fotografías de Policía y Bomberos, testigos, proyectos y documentación previa, registros electrónicos... Lo que hace fiable una conclusión es calibrar su incertidumbre, decir cuánto está demostrado y cuánto no, sin sobreafirmar. No es lo mismo “la causa fue X, sin duda” que “la evidencia es compatible con X y con Y”. Esa calibración es responsabilidad del perito, y exige honestidad. Nuestro trabajo consiste en aminorar la incertidumbre de un caso, no en hacer imposibles. ¿Qué diferencia su trabajo del que realizan los investigadores oficiales y las fuerzas de seguridad? ¿Quién contrata sus servicios y qué independencia tiene un perito cuando trabaja para una de las partes implicadas? El encargo es otro. La Policía Judicial responde a una pregunta penal: si hay delito y quiénes son sus responsables. Nosotros respondemos a preguntas civiles concretas: si un incendio empezó en la nave A o en la B, y por qué. La Policía puede verificar que no hay acelerantes ni en la nave A ni en la nave B, y marcharse sin dilucidar cómo comenzó el incendio. Nos contratan empresas, aseguradoras o directamente las víctimas. El perito declara bajo juramento que ha actuado con la mayor objetividad posible. La independencia no la da quien paga, sino el método forense y no depender de un solo cliente, porque trabajamos para partes distintas en cada caso, pero igualmente nos llaman peritos “de parte” por trabajar para ellas. Con la misma vara de medir, también sería de parte el técnico de un ministerio o el policía cuando pertenecen a la misma administración que se investiga. En su libro “Análisis forense policial y pericial” aborda la denominada inteligencia pericial. ¿En qué consiste este método y cómo ayuda a evitar errores de interpretación, prejuicios o conclusiones precipitadas durante una investigación? Con ese término llevo a la ingeniería forense las técnicas con las que la comunidad de inteligencia combate los fallos de la mente del analista. Los dictámenes rara vez fracasan por falta de conocimiento técnico, sino por fallos en el modo de pensar: sesgos, creencias, la presión del contexto. El cirujano se pone guantes porque su piel acumula gérmenes; la mente acumula sesgos y necesita métodos estructurados y entrenamiento para protegerse de ellos. La diferencia entre un dictamen y un simple relato de los hechos es el método mediante el cual se esclarecen. España ha sufrido dos grandes tragedias ferroviarias en pocos meses, Adamuz y Urda. Desde su formación en Ingeniería del Transporte, ¿qué cuestiones técnicas considera fundamentales para esclarecer accidentes de esta naturaleza? ¿Qué particularidades presenta la investigación ferroviaria? Un accidente ferroviario se investiga como un sistema: la vía, el tren y la circulación, a la vez. El AVE no es uniforme, cambian los sistemas de señalización según la línea y conviven trenes de generaciones distintas. Cuando el accidente deja traza mecánica, como un carril roto, esa traza suele ser elocuente. Cuando la causa está en la circulación, como parece el caso de Urda, la prueba está en los datos y en las órdenes, y la traza mecánica pasa a un segundo plano. Aunque todavía no hayas intervenido directamente en ninguno de estos dos accidentes, ¿qué diferencias técnicas observa entre las líneas de investigación que han trascendido de Adamuz, centrada en una posible rotura de la infraestructura, y Urda, donde se investiga el funcionamiento de los sistemas de señalización y control? Por lo que ha trascendido, Adamuz es un caso de infraestructura y Urda, de circulación. En Adamuz, la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) concluyó en abril que el descarrilamiento lo causó una rotura de carril; el laboratorio debe decir por qué se rompió. En Urda, el LZB, un sistema veterano y seguro mientras funciona, cayó; la circulación pasó a gestionarse a mano y algo falló. La prueba son las grabaciones entre maquinistas y control, los datos de a bordo y la razón por la que cayó el LZB, que puede ser algo tan sencillo como un magnetotérmico que salta si coincide con un sistema de respaldo averiado. Dar una orden de marcha, en este caso al Iryo que iba delante, no significa que la marcha se materialice; por lo que ha trascendido, no ocurrió, pero desde Atocha dieron por hecho que sí. Mi primera impresión, que la investigación tendrá que confirmar o descartar, es que se había normalizado la marcha a la vista. Y digo impresión porque me baso en lo que se ha publicado, que no dejan de ser fragmentos de audios e información parcial. Cuando el controlador dijo “marcha normal” al AVE que iba detrás, pudo querer decir lo normal en esa situación, que con la señalización caída era la marcha a la vista, a 40 km/h como máximo. El maquinista pudo entender “marcha normal” en los términos exactos del protocolo y ejecutar la orden sin cuestionarla. En lo civil se comprueba qué decía el protocolo y si se cumplió. Pero puede que estemos ante una contingencia en la que nadie había pensado al tomar decisiones organizativas y dar órdenes improvisadas fuera del protocolo, y esa posibilidad, en mi opinión, debe guiar la investigación oficial, pues es la más trascendental. En accidentes de esta magnitud, ¿qué importancia tiene preservar las pruebas materiales antes de retirar los trenes o reparar las infraestructuras? ¿Puede perderse información determinante si esas intervenciones se realizan demasiado pronto? Sí, y más cuando los vehículos no solo se retiran, sino que se destruyen al hacerlo o después. Lo que se achatarra sin documentar no vuelve: antes de mover nada, se documenta y se custodia. La prueba depende del accidente. En una rotura de infraestructura, el fragmento de carril; en un accidente de circulación, como parece Urda, la traza electrónica y las comunicaciones, más que el choque. Por ejemplo, el Iryo, que estaba detenido, recibió el golpe por la cola, así que su cabeza se puede ensayar para estudiar si tenía una avería o si, como debe, no podía arrancar sin autorización expresa. ¿Hasta qué punto puede una investigación pericial independiente encontrar elementos que no haya detectado la investigación oficial? ¿Qué sucede cuando dos informes técnicos llegan a conclusiones diferentes? Es más habitual de lo que parece. No es un reproche a la Policía Judicial, pero un accidente en una fábrica con tecnología compleja pide conocimientos que no siempre tienen los agentes. Con dos informes enfrentados decide el juez, y le ayuda mucho una auditoría del método de cada uno, que es precisamente mi especialidad como analista. No gana quien firma con más galones; gana el razonamiento que resiste mejor el intento de refutarlo. En inteligencia existe el “equipo rojo”, un grupo independiente cuyo trabajo es atacar la hipótesis oficial, y hay una máxima: quien investiga no puede depender de quien es investigado. Tras Angrois, la Agencia Ferroviaria Europea concluyó en 2016 que la investigación oficial no había sido independiente, y eso duele. Después de Adamuz y Urda, ¿qué cree que debería revisar el sistema ferroviario español para evitar que se repitan tragedias de estas dimensiones? ¿Qué lecciones pueden extraerse desde el punto de vista de la ingeniería y la seguridad? Adamuz se vivió como un cisne negro, un suceso improbable de enorme impacto. Una desgracia puntual puede serlo, o no; pero la segunda ya puede ser síntoma del sistema. La seguridad tiene tres planos que deben ir alineados: la real, la percibida y la seguridad como valor. En el AVE, la percibida iba por delante de la real a base de imagen de marca, pero nadie medía la distancia entre las dos, como en Urda no se guardó la distancia de seguridad entre los dos trenes. Como valor, toca decidir ahora cuánto estamos dispuestos a rebajar la velocidad, convertida en fetiche político, mientras la seguridad y la calidad del servicio no sean una realidad palpable para la sociedad. Los dos accidentes han ocurrido en la Madrid-Sevilla, nuestra primera línea de alta velocidad y la más antigua, con más de treinta años y, tras la liberalización, con más trenes que nunca. Quienes viajamos en AVE a menudo notábamos más vibraciones, más anomalías y peor puntualidad. El mantenimiento hay que estudiarlo; hoy no hay datos para afirmar que fallara. Yo haría una revisión garantista: mientras no se conozca el estado real del sistema, bajaría la velocidad, como se hace en una carretera en mal estado. La caída de un sistema de protección no puede ser una incidencia más, y la seguridad de dos trenes en la misma vía no puede depender de una orden de palabra, sujeta a interpretación humana. Hemos abusado de la suerte del no pasa nada, y estamos descubriendo que sí pasa.
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