El Consejo de Ministros aprueba los cambios al frente de las dos empresas públicas que suponen el cese de Álvaro Fernández Heredia como presidente del operador ferroviario Sánchez encarga al vicepresidente Carlos Cuerpo la gestión de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente El Consejo de Ministros ha nombrado a Inmaculada Gutiérrez Carrizo nueva presidenta de Renfe, en sustitución de Álvaro Fernández Heredia. También ha aprobado el nombramiento de Joaquim Hortalà como nuevo presidente de Adif. El anterior presidente del gestor de infraestructuras ferroviarias, Luis Pedro Marco de la Peña, presentó su renuncia el pasado 4 de noviembre . Hay que recordar que el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, asumió la cartera de Transportes ese mismo día , tras la renuncia de Óscar Puente en su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados sobre el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo). El relevo al frente de las dos empresas públicas es, por tanto, una de las primeras grandes decisiones de Cuerpo como responsable de Transportes y se produce unos días antes de la huelga en el sector ferroviario convocada para este miércoles 17 de noviembre. Se lleva a cabo, también, después de la aprobación de un paquete de medidas para reforzar la seguridad ferroviaria, lo que supuso posponer la convocatoria del paro de maquinistas previsto para el pasado jueves 12 de noviembre. Los cambios apuntan, por tanto, a un giro de de estrategia y a la apertura de una nueva etapa en la empresa ferroviaria y en el gestor de infraestructuras. Trayectorias en Competencia y en Renfe En cuanto a los nombramientos, se trata de dos perfiles técnicos, con experiencia en Competencia y en el sector ferroviario. Inmaculada Gutiérrez Carrizo, sustituirá a Álvaro Fernández Heredia desde este mismo viernes. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Gutiérrez Carrizo ejercía, hasta ahora, como directora general de Renfe Proyectos Internacional, con responsabilidades de gestión y dirección vinculadas al desarrollo de negocio internacional y de proyectos ferroviarios en distintos mercados. Según fuentes de la vicepresidencia, “cuenta con una extensa trayectoria en puestos de responsabilidad y de gestión en la Administración General del Estado, en empresas privadas y públicas”. “Con anterioridad, en la Administración Pública ha desempeñado, entre otros, el cargo de vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia y de consejera de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) y ha sido además consejera Económica y Comercial de España en Estados Unidos”, añaden. Por su parte, Joaquim Hortalà i Vallvé ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 2004. Posteriormente, entre 2010 y 2011, ocupó un puesto como abogado del Estado en el Ministerio de Fomento. En enero de 2013, Hortalà fue nombrado secretario del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Con la constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en octubre de ese mismo año, pasó a desempeñar el puesto de director de la Asesoría Jurídica de la institución y, en 2017, fue nombrado secretario del Consejo de la CNMC, responsabilidad que ejerció hasta 2021. Entre 2022 y 2024 fue director jurídico del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Posteriormente, en abril de 2024, fue designado secretario general de Renfe Operadora y de los consejos de sus sociedades participadas, cargo que desempeñó hasta julio de 2026.
La Diputación de Cádiz ha presentado este viernes sus presupuestos para 2027, que serán aprobados el próximo miércoles 18 de noviembre en pleno ordinario. Las cuentas de la institución provincial para el próximo ejercicio ascienden a 448,6 millones de euros consolidados , lo que supone un incremento del 9,5% respecto a la partida de 2026. En comparación con las últimas cuentas aprobadas por el anterior ejecutivo del PSOE, la cuantía total ha experimentado un crecimiento del 38,7%, aumentando en 125 millones de euros, cuando ascendió a 323,8 millones de euros.La presidenta de Diputación, Almudena Martínez del Junco ha precisado los principales hitos del presupuesto de 2027, así como su desglose por áreas de gobierno. Junto a la presidenta han intervenido los vicepresidentes segundo y quinto, Javier Vidal y Sebastián Hidalgo, que han valorado el alcance de las nuevas cuentas al tiempo que han confirmado la estabilidad del gobierno provincial y la sintonía de las dos formaciones políticas que sustentan el ejecutivo (PP y La Línea 100x100). En la presentación de las cuentas de 2027 también han comparecido el vicepresidente primero y responsable del Área de Hacienda, Juancho Ortiz, y los diputados y diputadas Paula Conesa, José Manuel Cossi y Ana Moreno.“Estamos, por tanto, ante el presupuesto más expansivo de la historia de la Diputación de Cádiz. El presupuesto es una herramienta para fortalecer los servicios públicos, apoyar a los ayuntamientos, invertir en infraestructuras y ayudar a hacer realidad proyectos estratégicos para la provincia”, ha defendido la presidenta de Diputación.Dos capítulos del presupuesto miden su capacidad inversora: el 6, de inversiones reales, y el 7 de transferencias de capital; ambos, agrupados, alcanza la cifra de 103.711.184 euros para el próximo año, casi un 6 por ciento por encima del presupuesto de 2026 y 41 millones de euros adicionales si se compara con las cifras de 2023. “Hablamos de inversiones para atender obras, actuaciones municipales y proyectos estratégicos que se traducen en más empleo, más dinamismo económico y más oportunidades en el territorio”, ha referido la presidenta de Diputación.Casi 20 millones para las carreterasAlmudena Martínez ha destacado la sensible subida que experimentan las partidas dedicadas a la renovación y mantenimiento de la red de carreteras de Diputación. Las vías provinciales recibirán 18,3 millones de euros que suponen un incremento del 850 por ciento sobre el ejercicio de 2023. “Garantizar la seguridad y el correcto mantenimiento de la red de carreteras es nuestra prioridad”, ha insistido la presidenta, quien ha recordado que este impulso a la conservación de las infraestructuras es una de las principales premisas emanadas del reciente informe encomendado al Colegio de Economistas. Los créditos iniciales del presupuesto de 2026 contemplaban 10,6 millones de euros para las carreteras provinciales. Los daños ocasionados por el tren de borrascas de febrero motivaron una movilización de recursos inédita por parte de la Diputación; un esfuerzo que al final se tradujo en 26,5 millones de euros, la mayoría incorporados como obras de emergencia. Este contexto justifica el alza inversora para 2027 y la inclusión de actuaciones largamente esperadas como el acondicionamiento de la carretera de Lora , de acceso a Alcalá del Valle, o la mejora de la vía que enlaza el barrio de San José Obrero, en Jerez, con Guadalcacín.Política de viviendaLa Empresa Provincial de Vivienda y Suelo dispondrá de 6.092.981 euros que, en términos relativos, marca un alza del 40 por ciento sobre 2026. Almudena Martínez ha explicado que al iniciar el actual mandato encontraron una sociedad pública que requería su estabilidad económica y operativa. “Una vez reflotada –y tras valorar la implicación al respecto del diputado José Manuel Cossi- comenzamos el impulso a la promoción de vivienda pública o asequible en los municipios, en cooperación con los ayuntamientos”. Más allá de esta circunstancia interna, “la escasez de suelo finalista, la saturación de la red eléctrica o la incapacidad financiera de los consistorios para construir vivienda” son factores que dificultan cada proceso.Servicios socialesMás de 80 millones de euros, exactamente 83.107.731, son los créditos iniciales que se consignarán en el Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. Esta previsión supone un incremento del 23,5 por ciento sobre el presupuesto de 2026 y del 45,4 por ciento sobre el de 2023. “Era incuestionable que por cuarto año consecutivo íbamos a presentar un presupuesto que amplía el escudo social del anterior y fortalece las políticas que protegen a las personas y colectivos más vulnerables”, ha significado Almudena Martínez. El desglose de este “hito social” ofrece las siguientes referencias significativas: la cobertura económica destinada al Servicio de Ayuda a Domicilio se eleva hasta los 54,2 millones de euros (casi 15 millones de euros de incremento sobre las cifras de 2026 y 36 millones por encima de las de 2023). Casi tres millones de euros se dedican al mantenimiento de las residencias de mayores de Cádiz y de El Puerto de Santa María, además de destinar 2,5 millones para equipar y activar la nueva residencia de La Línea. Otro programa estable, el de Mayores Activos, recibirá 980.200 euros que, en términos relativos, supone un alza del 10 por ciento en relación a 2026.Presupuesto de cara áreaTras presentar los grandes pilares del presupuesto, Almudena Martínez precisó los datos desglosados por Áreas de gobierno.El Área de Presidencia dispondrá de 53,6 millones de euros para asegurar “el funcionamiento de la institución, atender proyectos y necesidades de municipios, asociaciones o situaciones extraordinarias”. Entre otros proyectos se dará cobertura a la segunda fase de las obras para la ampliación y construcción del nuevo Centro de Atención Temprana ‘Bajo Guadalquivir’ en Sanlúcar; a obras de mejora en acuartelamientos de la Guardia Civil; a la restauración de iglesias y capillas en mal estado; al Plan de Empleo de Cruz Roja o al programa Erasmus con la UCA. También se incrementa un 23% la aportación al Consorcio de Bomberos con 11,8 millones “para ampliar plantilla y mejorar un servicio público esencial”. A Epicsa “transferimos 7,2 millones para los retos tecnológicos de la administración electrónica, la implantación de la Inteligencia Artificial en Diputación y el Plan Aida para los ayuntamientos”, indicó Almudena Martínez.El Área de Hacienda , que coordina Juancho Ortiz y “clave en la elaboración del presupuesto”, se dota con 8 millones de euros “para hacer frente a la amortización de los préstamos contraídos ante las emergencias por las lluvias, garantizando la solidez inversora de la institución”.El Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía gestionará sus políticas y servicios con una dotación cercana a los 33 millones de euros (más de 11 millones en relación a 2026). El vicepresidente segundo, Javier Vidal, ha destacado la pervivencia de todos los programas en vigor a la vez que ha confirmado que se potenciarán las ayudas mediante convocatorias por concurrencia competitiva. El PAMIED, Plan dedicado a la mejora de instalaciones y espacios deportivos, experimentará un sensible incremento hasta alcanzar la cifra de 1,9 millones de euros. En el ámbito de la Memoria Democrática se insistirá en los programas educativos diseñados para los centros educativos, además de mantener la asistencia técnica y económica para entidades locales y asociaciones. Los programas de Educación Ambiental, el Proindes, las campañas para el control del mosquito transmisor del virus del Nilo, o la asistencia a los ayuntamientos para la retirada del alga invasora fueron otras líneas destacadas por Vidal antes de anunciar una novedad de calado: la consignación de 1,9 millones de euros para emprender las obras que harán del Centro Experimental Agrícola y Ganadera, sito en Jerez, un espacio de referencia en Andalucía para el sector primario.El Área de Función Pública y Recursos Humanos dispondrá de 122 millones de euros (casi un 11% más que en 2026). Con este aumento, según refirió Almudena Martínez, “se dará cobertura a la contratación o nombramiento de personal para la nueva residencia de La Línea; a los gastos de la estructura general del personal general de Diputación; y a la incorporación de nuevo personal por la Oferta de Empleo Público de 2027”.El presupuesto del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico se cifra en 40,7 millones de euros, dedicados a fomentar nuevas actividades económicas y fortalecer sectores productivos. El principal instrumento de dicha área, el plan Dipuinnova Plus, alcanzará una partida de 10,7 millones de euros tras experimentar una subida del 19 por ciento. Además, se reeditará el Plan de Cooperación Local (Plan de Empleo) con 5,7 millones de euros; a Proyectos Singulares se dedicarán 5,7 millones; 476.327 euros para el Plan AIRER y más de 480.000 euros para la Escuela de Hostelería y Turismo ‘Fernando Quiñones’.En relación al Área de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios y Recaudación , fue el vicepresidente quinto, Sebastián Hidalgo, quien detalló las cifras más significativas. El Área, en conjunto, tendrá una dotación presupuestaria cercana a los 45 millones de euros. En el ámbito de Desarrollo Local, el Plan Más Inversión contendrá 9,5 millones de euros y se destinará a los municipios con menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas. Recaudación dispondrá de 21 millones de euros, “confirmando que se trata de un servicio eficaz y eficiente que tiene la plena confianza de los ayuntamientos”. En la parcela de Asistencia a Municipios –con 2,8 millones- destacó las acciones formativas que mejoran las competencias de los empleados públicos del conjunto de la provincia. El Área de Cooperación , que gestiona los recursos asignados a la red provincial de carreteras, dispondrá de un presupuesto de 50,4 millones de euros, que suponen casi un 17 por ciento de incremento sobre las cuentas de 2026. En el seno de esta Área, el Servicio de Vías y Obras recibirá 19,4 millones de euros, mientras que los fondos transferidos al Programa de Fomento del Empleo Agrario superarán los 4,4 millones.La exposición de la presidenta concluyó con los datos referidos al Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. La cifra récord asignada –de 83,1 millones de euros- comprende una reserva de 78 millones para Bienestar Social, casi 1,8 millones para Igualdad y casi 1,2 para Cooperación Internacional, Participación Ciudadana y Consumo.Organismos autónomosEn cuanto a los organismos autónomos, el Patronato Provincial de Turismo afrontará 2027 con un presupuesto de 5,3 millones de euros ; la Fundación Provincial de Cultura dispondrá de 1,7 millones y el IEDT 10,2. A la red de hoteles y casas rurales, Tugasa, se destinan casi 10 millones de euros (registrando un alza del 7,4 por ciento en relación a 2026), por lo que se incide en la estrategia de ampliar los índices de pernoctaciones y estancias, además de perseverar en la modernización de los establecimientos. EPICSA gestionará un presupuesto de 13,6 millones de euros; la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo 6 millones y la Agencia Provincial de la Energía algo más de un millón de euros.
Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
El magistrado constata que la normativa “reconoce importantes derechos” a la familia vulnerable de Badalona y frena la petición de Divarian La Justicia europea suspende el desahucio de Kalita, la vecina de Badalona con seis niños a la que un fondo buitre quiere echar Un juez ha aplicado el último decreto de vivienda del Gobierno y ha paralizado el desahucio instado por el fondo Divarian a Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona . El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. elDiario.es desveló el caso de Fernández en junio , cuando, a última hora, la comitiva judicial paralizó su desahucio porque suponía dejar en la calle a los menores de edad, uno de ellos de apenas un año y que necesita estar conectado a una máquina por las noches por las apneas respiratorias que sufre. El abogado de oficio de Fernández, Ton Mansilla, logró días después que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) suspendiera el lanzamiento unas semanas. Las medidas cautelares en el TEDH son inhabituales, y el tribunal solo las contempla cuando existe un serio peligro para la vida o la salud de los demandantes. El nuevo desahucio estaba programado para el 20 de noviembre, pero Mansilla pidió de nuevo la suspensión al juzgado de Badalona en base al decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno en octubre y que, tras su veto parlamentario inicial por los votos de PP, Vox y Junts, este jueves ha convalidado la diputación permanente del Congreso. El inmueble que ocupa Fernández desde hace casi una década pertenece al fondo de inversión Divarian, filial inmobiliaria del grupo Cerberus, que vendió parte de su cartera de viviendas a la Generalitat en 2025 para destinarlas a alquiler social. En Badalona se incorporaron 34 pisos a este programa, aunque el de Fernández no forma parte de ellos. La mujer asegura que ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo de alquiler con la propiedad, sin éxito. Fernández estuvo inscrita durante cinco años en la Mesa de Emergencia de Badalona, pero fue dada de baja tras divorciarse de su marido hace un año. El desahucio, ahora suspendido, es la consecuencia del proceso penal en el que, tras una denuncia del fondo, Fernández fue condenada por ocupar la vivienda. Divarian instó a la ejecución de la sentencia para recuperar el piso. Cuando la fecha del lanzamiento ya estaba fijada, a última hora el decreto ha dado un poco más de tiempo a la familia, que sigue sin recibir una vivienda social de emergencia por parte del Ayuntamiento de Badalona. El juez ha frenado el lanzamiento por tres razones: la condición de gran propietario de Divarian, la existencia de otro procedimiento de desahucio por la vía civil y la “situación de vulnerabilidad” y “carencia de alternativa habitacional” de la familia de Fernández. Los técnicos sociales municipales reconocen el “arraigo” en el barrio de la mujer y sus hijos. “Resulta evidente la más que posible aplicación del real decreto [de vivienda] y en especial de las posibilidades de suspensión del lanzamiento”, resuelve el juez. El magistrado remarca que ejecutar ya la sentencia por la que Fernández fue condenada por ocupar el piso “dejaría sin efecto las garantías de carácter material y procesal” que la ley ofrece a la mujer. “No resulta de recibo y atentaría contra el principio de proporcionalidad”, apostilla el togado. El abogado de Fernández, Ton Mansilla, celebra que el juez haya aplicado el nuevo decreto en materia de vivienda, del que remarca su “utilidad” para frenar desahucios de personas vulnerables. El letrado también critica que Divarian instara al desahucio de la familia por la vía penal después de encontrarse con la suspensión del lanzamiento por la vía civil ordenada por el TEDH. Ahora la pelota pasa a la mesa de la jueza de lo civil que ordenó el desahucio en primer lugar pese a contar con un informe de los servicios sociales que advertía del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.
La Diputación de Ávila contará en 2027 con un presupuesto de 104.557.262,79 euros, el más elevado de su historia, según el proyecto presentado este jueves por el presidente de la institución provincial, Carlos García. Las cuentas crecen en unos 11,4 m ...
El Puerto de Huelva y la Diputación firman un convenio para destinar el espacio a actividades marítimas, sociales y lúdicas e integrarlo en el entorno museístico de las Carabelas.
Las fuertes subidas podrían hacer que la cantidad de personas que dedican más del 30% del sueldo al alquiler aumenten de los 2,3 millones a los 3,3 una vez finalicen las prórrogas extraordinarias, según Oxfam Las medidas del nuevo decreto de vivienda: prórroga extraordinaria, veto a fondos buitre y alquiler de temporada A día de hoy, un 27,7% de las personas que viven de alquiler dedican más del 30% de sus ingresos a la vivienda. Son 2,3 millones de inquilinos e inquilinas que dedican más de lo recomendado por los organismos internacionales para el gasto en vivienda. Pero cuando finalice la prórroga extraordinaria aprobada este jueves en la Diputación Permanente, a finales de 2028, un millón de personas se pueden ver abocadas a afrontar un sobreesfuerzo por el precio que les ponga el casero en el nuevo contrato, según un estudio estimatorio de Oxfam Intermon. La ONG señala que el segundo decreto que ha sido rechazado protegería a estas personas, ya que prevé prórrogas indefinidas en las que solo se puede subir el precio lo que marque el IPC. El estudio no calcula las particularidades de precio territoriales, como por ejemplo el hecho de que las subidas del alquiler han sido menores en Catalunya, donde los precios están topados y que es además la Comunidad donde más contratos vencerán, hasta 440.000 contratos que alojan a 1,1 millones de personas. De todos modos, los topes a los alquileres, algunos ya prorrogados, vencen en 2027, por lo que existen muchas variables a conocer antes de 2029 para prever si se aprobarán de nuevo, como por ejemplo, si el nuevo Gobierno mantendrá o derogará la Ley de Vivienda. Entre 2020 y 2022, vencieron muchos contratos de tres años, que era lo que duraban antes de la nueva ley de 2017 vigente desde 2019. Además, se sucedieron prórrogas extraordinarias durante la pandemia. También entre 2025 y 2028 empiezan a vencer los contratos de cinco años firmados entre 2021 y 2023, por lo que hay una gran cantidad de gente expuesta a grandes subidas de alquiler en la futura renovación. Esto lleva a que 3,2 millones de contratos que alojan a 5 millones de personas en España estén protegidas por la prórroga extraordinaria, pero también a que se dé un aluvión de situaciones de desprotección desde el día después de la prórroga. Si a día de hoy los contratos pueden afrontar subidas de hasta un 31% si vencen en comparación con la firma el año 2022, esta subida alcanzaría el 48% en 2029, según las estimaciones de Oxfam. La organización elabora una estimación contando con que los ingresos de los hogares crecen de media un 3% anual y aplica esa subida en paralelo a la del alquiler para determinar cuántas personas pueden verse abocadas a un sobreesfuerzo. En la proyección no se incluyen mudanzas ni renegociaciones por debajo de precio de mercado, así como tampoco posibles subidas de salarios superiores a las proyectadas. Un ahorro de 4.300 euros al año La aprobación de la prórroga extraordinaria incluida en el decreto de vivienda que sí que ha sido aprobada este jueves supondrá un ahorro mediano de 4.341 euros al año por hogar, o sea, 358 euros al mes. La prórroga afecta a 1,9 millones de contratos y 5 millones de personas. En la Comunidad de Madrid, en el conjunto de la prórroga, el ahorro mediano asciende a 9.152 euros por hogar, 762 euros al mes por hogar, mientras que en la Comunidad Valenciana oscila entre 3.890 euros en Castellón y 8.436 euros en Valencia. En Andalucía, el ahorro mediano por hogar en el conjunto de la prórroga oscila entre 2.044 euros en Córdoba y 10.625 euros en Málaga y en las Islas Baleares asciende a 10.090 euros por hogar. En Canarias llegaría hasta los 7.596 euros en Santa Cruz de Tenerife, en Galicia, hasta 3.455 euros en Lugo; en Aragón, hasta 4.110 euros en Zaragoza; en Murcia, a 2.945 euros; y en Asturias, a 3.997 euros. Por su parte, en Castilla-La Mancha el ahorro mediano por hogar alcanzaría los 6.220 euros en Guadalajara y en Castilla y León, sería de 6.257 euros en Segovia. En Cantabria, el ahorro ascendería a 3.836 euros por hogar, en Extremadura, hasta 3.464 euros en Cáceres, mientras que en La Rioja la aprobación de la prórroga de alquileres supondría un ahorro mediano por hogar de 3.218 euros, según estas fuentes de Consumo.
La Diputación Permanente refrenda las prórrogas extraordinarias, el escudo antidesahucios y la regulación del alquiler de habitaciones y temporada El decreto de vivienda pone coto al Plan Vive de Ayuso: prohíbe que los gastos extra suban los alquileres asequibles Un día después de la multitudinaria huelga general por la vivienda convocada por el Sindicato de Inquilinas y secundada por los grandes sindicatos españoles, la Diputación Permanente del Congreso, que opera mientras la cámara está disuelta por la convocatoria de elecciones, ha convalidado este jueves uno de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno para atajar la crisis de vivienda tras las movilizaciones y a poco más de dos semanas para las elecciones generales. La negativa del PNV tumba el segundo decreto, que prevé prórrogas indefinidas de los contratos del alquiler. Estas son las medidas, vigentes desde el 7 de octubre, que quedan refrendadas por el legislativo con la votación de la Diputación Permanente: Veto a la compra especulativa El decreto prohíbe hasta 2030 la compra por parte de empresas de inmuebles por debajo del 70% de precio de mercado, con las excepciones de todos aquellos que lo dediquen al alquiler asequible o para personas vulnerables o en exclusión social. El nuevo artículo incluye la excepción a empresas que cumplan códigos de buenas prácticas, que en todo caso no podrán desahuciar a personas vulnerables en inmuebles de este tipo. El objetivo es que no se cierren compras de viviendas ocupadas o degradadas para obtener un lucro rápido y especulativo. Escudo antidesahucios La protección contra los desahucios añade una obligación de las administraciones de cubrir las costas procesales. Los desahucios a personas vulnerables quedan suspendidos hasta 2030 si las administraciones no ofrecen alternativa residencial. Pero además, crea una forma de rescate estructural con la incorporación de una figura: la enervación extraordinaria. Esta consiste en que, en caso de que las administraciones no puedan ofrecer una alternativa de vivienda a las personas vulnerables en riesgo de desahucio, deberán cubrir el impago de la deuda del inquilino al propietario con tal de que, también, se suspenda el desahucio, siempre y cuando estos dueños sean particulares y no grandes tenedores. No prevalecerá la protección del desahucio a partir de 2030 cuando el propietario sea vulnerable o tenga solo dos viviendas o menos. Prórroga extraordinaria El decreto contempla que todos los contratos que venzan antes de diciembre de 2028 puedan solicitar una prórroga extraordinaria de su alquiler por dos años firmados año a año y sin subidas de precio más allá de la limitada por la congelación, a un máximo del 2%. Además, quedan amparados por este derecho aquellos que fueron solicitados durante la vigencia del anterior decreto, que decayó un mes después de su aprobación porque lo rechazó el Congreso. La prórroga queda sujeta a excepciones cuando el propietario demuestre necesitar el piso como vivienda suya o de un familiar de primer grado. Alquiler de habitaciones El alquiler de habitaciones entra en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que incluye “el arrendamiento parcial de una habitación o estancia de la vivienda” dentro del arrendamiento de vivienda habitual. Esto implicará que se deban aplicar los mismos tiempos y protecciones de contrato que el alquiler de vivienda, esto es, de cinco años en caso de que el propietario sea particular y siete una empresa. En mercados declarados tensionados, la suma de las rentas de las habitaciones no pueden superar el precio total de la vivienda marcado en el índice. Se fija un máximo de 30 días para el alquiler de viviendas turísticas. Se prevé que los alquileres de habitación de entidades del tercer sector puedan tener un tiempo de contrato vinculado al proyecto sin tener que cumplir con el tiempo de la LAU. Vivienda temporal El alquiler temporal tiene que justificarse con pruebas que acrediten la temporalidad del inquilino. El contrato tendrá un mínimo de un mes y un máximo de doce. En caso de que no se demuestre esta temporalidad o de renovaciones de contrato que superen el tiempo límite de un año, el contrato se considerará de vivienda habitual con contrato de cinco años, siete si el propietario es una empresa. Ayuda de compra a la vivienda El nuevo decreto fija el presupuesto destinado al nuevo proyecto Tu Casa, que será de 10.000 millones. A un máximo de 50.000 euros de ayuda, limita los préstamos a un máximo de 200.000 ayudas. El comprador podrá pagar este préstamo cuando acabe de pagar la hipoteca, un máximo de 30 años después de recibir la ayuda, y lo hará a un 0% de interés. El objetivo es facilitar la compra de vivienda a personas y familias sin ahorros. Deducciones de IRPF a caseros e inquilinos Los inquilinos con una base imponible de su sueldo de hasta 33.000 euros, podrán deducirse hasta una mensualidad del alquiler en la declaración de la renta. En el caso de los propietarios, se bonifican hasta un 100% en quienes rebajen el precio del alquiler por debajo de un 5% del precio de mercado. Congelación de alquileres En su subida anual, los propietarios no podrán subir el alquiler si lo tienen a un precio superior al índice de mercado. Si el precio está por debajo de este índice, la subida máxima durante los próximos dos años será del 2%. Impulso a vivienda pública y asequible Entre las medidas para impulsar el parque de vivienda pública y asequible, el decreto blinda las que se financien con presupuestos estatales, que tendrán que ser protegidas para siempre, o sea, no pasarán al mercado privado pasados unos años como sucede ahora. El texto establece además que tan solo podrá ser catalogada como vivienda de alquiler asequible aquella en que el inquilino no destine más del 30% de sus ingresos y prohíbe que se imputen gastos extra como trastero, IBI, garaje o gastos de comunidad para superar este esfuerzo, tal y como se está haciendo en el Plan Vive de Madrid. Nuevo impuesto a pisos turísticos La vivienda turística pasará a pagar un IVA del 10%, el mismo que se aplica a las actividades de hostelería. Obras de reparación El nuevo decreto incluye un apartado que protege a los inquilinos ante las obras de preparación de una vivienda. Concretamente, si los daños o desperfectos de un piso son necesarias o afectan a la seguridad o a la salubridad del inquilino, el arrendador podrá pedir la reparación por escrito adjuntando un presupuesto y si, en quince días, el propietario no ha dado respuesta, el inquilino podrá adelantar el dinero de la reparación y descontar su importe en rentas futuras. BOE 7 de octubre
La Diputación Permanente convalida el decreto que incluye esa medida, junto a otras como la prórroga de alquileres, con los votos a favor de PSOE, Frente Amplio, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG. El rechazo del PNV tumba el segundo decreto, que convertía los alquileres en indefinidos Las medidas del nuevo decreto de vivienda: prórroga extraordinaria, escudo antidesahucios y alquiler de temporada La campaña electoral comenzará este viernes a las 00.00 horas, pero los partidos que componen el Gobierno —el PSOE y el Frente Amplio— se apuntaron el primer tanto unas horas antes, en torno al mediodía de este jueves. El Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del decreto aprobado a principios de octubre que contiene el grueso de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la prohibición de los desahucios de familias vulnerables hasta 2031 o el establecimiento de un IVA del 10% para los pisos turísticos. Lo hizo con los votos a favor de ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG, además de los partidos que forman parte del Ejecutivo, y pese al rechazo de PP, Vox y Junts. El texto convalidado este jueves es prácticamente idéntico al que tumbaron en septiembre las tres formaciones de la derecha, un rechazo que condujo precisamente a la convocatoria de los comicios. No obstante, entonces PP, Vox y Junts pudieron derribar el decreto en el Congreso porque se votó en la sesión plenaria, a diferencia de lo que ocurrió este jueves, cuando fue la Diputación Permanente —el órgano reducido que mantiene el funcionamiento de la Cámara cuando esta está disuelta— la que lo debatió y lo votó. Allí, el Gobierno y sus socios tienen mayoría por un solo voto, y la hicieron valer pese a que los tres partidos de la derecha volvieron a oponerse a la convaldiación del texto. Por el contrario, el segundo de los decretos que se aprobaron el mes pasado y que se votaron este jueves, el que establecía la duración indefinida de los contratos de alquiler salvo que el propietario necesitara el piso para sí o para un familiar, volvió a ser tumbado. Aunque PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y el BNG apoyaron también la convalidación de este segundo texto, el PNV votó en contra junto a PP, Vox y Junts, con lo que la mayoría de la Diputación Permanente se inclinó por derogarlo. El decreto más amplio, el que sí fue convalidado este jueves, incluye como una de las medidas estrella la protección antidesahucios, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2030. Asimismo, se mantiene en vigor la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria del contrato de alquiler de hasta dos años adicionales para los acuerdos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, si el inquilino está al corriente de pago. Y, para las actualizaciones anuales de renta hasta el 31 de diciembre de 2027, se prohíbe actualizar la cuota si esta supera el precio de referencia establecido por el Ministerio de Vivienda. El decreto también incluye la prohibición, hasta el 31 de diciembre de 2030, de que grandes tenedores y fondos buitre adquieran viviendas por un valor inferior al 70% de su valor de tasación de mercado. Y se mantendrá, igualmente, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, uno de los grandes agujeros de la ley de vivienda aprobada en 2023 por el que algunos caseros sorteaban las limitaciones que esta norma establece. Básicamente, esta nueva regulación iguala los derechos de los inquilinos y las obligaciones de los caseros que firmen un contrato de una habitación o de un piso por un plazo determinado a los de un alquiler tradicional. En el caso del alquiler de temporada, deberá demostrarse con pruebas de que el inquilino tiene necesidad temporal, y si eso no ocurre el contrato se considerará como de vivienda habitual. Además, si se encadenan contratos de temporada a una misma persona, el arrendamiento también se entenderá como estable. La vista puesta en las elecciones Aunque el debate parlamentario sobre los dos decretos se produjo unas horas antes de que dé comienzo la campaña electoral, lo cierto es que los comicios del 29 de noviembre estuvieron muy presentes, explícita o implícitamente, en las intervenciones de todos los portavoces. La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mostró durante su intervención para presentar el paquete de medidas que finalmente fue convalidado su confianza en que “las urnas se llenen las papeletas de los partidos políticos que luchan y trabajan cada día para que este derecho quede consagrado como manda la Constitución”. Rodríguez, asimismo, reivindicó las movilizaciones que tuvieron lugar este miércoles en toda España a raíz de la huelga general. “El derecho a la vivienda caminó con dignidad por nuestras calles y plazas en el día de ayer”, celebró la ministra, que afirmó que la reclamación principal de esas marchas era “algo tan de sentido común como que el alquiler no se coma el salario”. A diferencia de lo que ha defendido el PSOE hasta hace un tiempo, Rodríguez afirmó que la vivienda “no es una mercancía” y, por ende, “no puede ser tratada como un activo financiero”. “Quienes ayer ejercieron su derecho a la huelga saben que defender el derecho a la vivienda pasa también por ejercer su derecho al voto. Derechos, esto es lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre en las próximas elecciones”, planteó en la misma línea de campaña Rodríguez, que advirtió de que PP y Vox “no plantean una alternativa de gobierno”, sino “una profunda involución democrática que, en el caso de las políticas públicas de vivienda implican volver al año 1996, al pelotazo y a la desprotección ciudadana”. Por el contrario, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, fue menos explícito a la hora de referirse a la cita electoral de dentro de dos semanas, aunque su intervención para defender el decreto de alquileres indefinidos —el que fue derogado— también tuvo un inconfundible aroma a campaña. “La fuerza unitaria organizada del pueblo trabajador es imparable y se va a abrir paso, y el derecho a la vivienda se va a abrir paso independientemente de los aspavientos que hagan ustedes para disimular lo que están haciendo”, espetó Bustinduy a PP, Vox y Junts, a quienes calificó de “bloque rentista”. El ministro, al igual que Rodríguez, también saludó las manifestaciones que tuvieron lugar este miércoles con motivo de la huelga. “Toda la de este país debe estar supeditada al interés general, y el interés general es el interés de las clases trabajadoras”, espetó Bustinduy, que cargó contra “la intimidación” y “la violencia intolerable que sufrieron en las calles” los manifestantes por parte de la policía, pero celebró que “lograron una vez más parar el país”. “Si hoy esta Diputación Permanente va a posicionarse sobre los decretos de vivienda es gracias a esa lucha, como lo ha sido siempre, como se han logrado todas las conquistas que han mejorado la vida de las clases trabajadoras”, aseveró.
El Boletín Oficial de Castilla y León publica este martes la resolución de la Delegación Territorial de Soria por la que se dicta el informe de impacto ambiental favorable para el proyecto de nueva carretera que conectará la variante de El Burgo de Osma en la A-11 con la vía autonómica SO-920 , que conduce hacia San Leonardo de Yagüe . El documento, firmado el pasado 30 de octubre, determina que la actuación promovida por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas correctoras establecidas en el expediente. El propósito fundamental de esta intervención viaria radica en evitar que el tráfico de paso tenga que atravesar el interior del núcleo urbano burgense. Para ello, se plantea un nuevo trazado de aproximadamente 2.100 metros de longitud que partirá de la glorieta de enlace ya existente en la Autovía del Duero , donde también confluyen las carreteras N-122 y CL-116 , para finalizar en una rotonda de nueva construcción que entroncará con la SO-920 poco antes de su paso inferior bajo la autovía. La futura calzada se ha diseñado para una velocidad de proyecto de 90 kilómetros por hora , con una pendiente máxima del 5 % y una sección transversal compuesta por dos carriles de tres metros cada uno, arcenes pavimentados de un metro y bermas exteriores de medio metro. La ejecución de esta plataforma exigirá importantes movimientos de tierras, calculándose unos 72.231 metros cúbicos de desmontes , con tramos que alcanzarán entre nueve y 10 metros de altura, los cuales se emplearán mayoritariamente en los terraplenes y el explanado de la propia obra. De forma previa al movimiento de tierras, se retirarán y almacenarán 38.151 metros cúbicos de la capa superficial del terreno para su uso posterior en la restauración vegetal de taludes, parcelas expropiadas y el interior de la rotonda. Asimismo, el proyecto contempla la construcción de dos estructuras para dar continuidad a los caminos existentes, nuevos viales de servicio laterales para garantizar el acceso a las fincas agrícolas colindantes y un parque de maquinaria de 1.200 metros cuadrados sobre tierras arables. Un expediente retomado tras caducar el de 2005 y el diseño de tres alternativas La tramitación de esta infraestructura cuenta con un antecedente directo en la declaración de impacto ambiental publicada en mayo de 2005, que ya informó favorablemente sobre el estudio informativo para conectar la SO-920 y la Autovía del Duero por la alternativa sureste. Sin embargo, habida cuenta de que el plazo de vigencia de aquella resolución era de cinco años y transcurrió sin que llegaran a iniciarse las obras, la Administración autonómica se ha visto obligada a incoar un nuevo procedimiento de evaluación ambiental simplificada, cuyo documento técnico fue remitido en diciembre de 2025 por el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital . En esta nueva fase se han barajado tres posibles trazados, además de la opción de no intervención, resultando elegida la denominada alternativa tres por ser la más equilibrada. Las dos primeras opciones presentaban mayores inconvenientes técnicos, toda vez que seguían el corredor del estudio informativo original y entraban en conflicto con infraestructuras que no existían entonces, como la propia A-11 o una planta solar fotovoltaica instalada en la zona, o bien generaban un importante déficit de tierras para los terraplenes. Por el contrario, la tercera opción se separa ligeramente del eje inicial desde el comienzo hasta el tramo intermedio, permitiendo evitar tanto el parque solar como una zona donde se ha detectado relleno de vertedero. Además, rebaja la velocidad de diseño de los 100 kilómetros por hora previstos en una modificación de abril de 2023 a los 90 kilómetros por hora definitivos, dando continuidad a las características actuales de la SO-920 y logrando una mejor adaptación de la plataforma al terreno y a los cruces con caminos y vías pecuarias. Hallazgos arqueológicos y aguas termales en las consultas Durante el periodo de consultas abierto en diciembre de 2025, se recabó el parecer de una docena de administraciones y entidades, recibiéndose informes de la Confederación Hidrográfica del Duero , de la asociación ecologista ASDEN y de seis servicios territoriales de la Junta, mientras que el Ayuntamiento de El Burgo de Osma , la Diputación Provincial , la Subdelegación del Gobierno y el Hotel Termal Burgo de Osma no emitieron pronunciamiento. Entre las respuestas recibidas figura la del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria , que desde la Sección de Minas advertía de la existencia en la ubicación del proyecto de un aprovechamiento autorizado de aguas declaradas mineromedicinales y termales, cuya titularidad corresponde al Hotel Castilla Termal Burgo de Osma , motivo por el que pedía una evaluación ordinaria. Por su parte, a instancias del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte , se llevó a cabo una prospección sobre el terreno cuyo resultado fue validado por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural el pasado 24 de septiembre. Dichos trabajos confirmaron que las obras no afectarán al yacimiento inventariado de Hoz de la Divisa , pero permitieron identificar dos nuevos enclaves arqueológicos inéditos de interés patrimonial, denominados Valdecán y Manadero , sobre los que se prevé una afección moderada que obligará a realizar un control arqueológico específico durante los movimientos de tierra. En lo que respecta al medio natural, el trazado discurre por suelos agrícolas de cereal de secano y pastizales fuera de espacios de la Red Natura 2000 y sin incidir sobre las masas arbóreas asociadas al río Ucero . Sí existe coincidencia territorial con dos vías pecuarias, la Cañada Real de la Pedriza y la Cañada Real Ramal A , cuya ocupación deberá ser autorizada previamente garantizando en todo momento el tránsito ganadero. Condicionantes ambientales y plazos de vigencia El informe ambiental impone un detallado pliego de medidas protectoras, entre las que figura la obligación de avisar con al menos 72 horas de antelación a la Oficina Comarcal de Medio Ambiente antes de iniciar los trabajos. Para proteger la fauna, las obras de drenaje transversal subterráneas deberán ejecutarse como pasos adaptados, optando preferiblemente por marcos prefabricados cuadrados de entre uno y dos metros de lado con banquetas secas, en lugar de los tubos cilíndricos proyectados inicialmente. Del mismo modo, en las labores de restauración paisajística de los taludes se recomienda excluir de la hidrosiembra el romero, el saúco y el cornejo, sustituyéndolos por la plantación en rodales de arbustos autóctonos como majuelo, rosal silvestre, endrino, tomillo, lavanda y enebro en al menos el 25 % de la superficie . También se aconseja emplear un mínimo del 10 % de áridos reciclados procedentes de residuos de construcción para caminos y obras accesorias, así como utilizar exclusivamente medios mecánicos, sin herbicidas, para el control futuro de la vegetación en las cunetas. Así las cosas, este informe de impacto ambiental no es objeto de recurso directo alguno, aunque perderá su vigencia si en el plazo de cuatro años desde su publicación oficial no se hubiera procedido a la autorización definitiva del proyecto. Una vez que el órgano sustantivo adopte la decisión de autorizar o denegar la obra, dispondrá de un plazo de 10 días para remitir un extracto de la misma para su publicación oficial.
El 14.º Circuito Provincial de la Diputación anuncia 76 pruebas entre noviembre de 2026 y octubre de 2027, con propuestas La entrada Nuevo Circuito de Carreras Populares pueblos de Salamanca 2026/27 se publicó primero en Noticias de Salamanca 2026 .
La décimo tercera edición de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén ha comenzado hoy en la ciudad de Úbeda con un acto institucional donde han participado el presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la alcaldesa ubetense, Antonia Olivares, en el que Latorre ha reivindicado que este evento “es el mejor escaparate para mostrar al mundo que nuestra tierra es la principal productora de aceite de calidad y también el destino oleoturístico por excelencia”. El presidente de la Diputación ha insistido en que desde citas como esta “tenemos que lanzar al mundo el mensaje de que somos la provincia más productora de aceite de oliva del mundo, que producimos los aceites de mayor calidad, pero también hay que decir que liderar esa producción no basta, debemos apostar por liderar ese valor, esa marca y controlar las reglas del juego, aunque evidentemente el sector ha hecho un gran trabajo y hoy quiero reconocerlo”. El Parque Norte de Úbeda es el espacio donde se han ubicado las 100 casetas que participan en esta feria, desde las que 94 empresas ofrecerán sus primeros aceites tempranos de este año y otras 6 firmas de cosmética con aceite de oliva y artesanía de la madera mostrarán sus productos. En este espacio se ha desarrollado hoy el acto de apertura con el pregón, que ha corrido a cargo del humorista y presentador Manu Sánchez, y el nombramiento como embajador de la fiesta del consultor y experto oleícola Juan Vilar; además de parte de las más de medio centenar de actividades paralelas que se desarrollarán hasta mañana a las 15 horas, cuando concluirá esta cita oleoturística. Esta fiesta, como ha remarcado Latorre, se presenta principalmente como “una oportunidad para conocer, degustar y adquirir aceites de oliva virgen extra de excelencia y disfrutar de la oferta oleoturística que brinda nuestra tierra”. Una oferta que, ha recordado, “ha crecido exponencialmente en los últimos años, como ha ocurrido también con este evento que empezó con la presencia de 27 marcas de AOVE, que ya son 100 y al que cada año quieren asistir más cooperativas y almazaras con sus aceites tempranos, los de mayor calidad”. Esta evolución positiva la ha achacado el presidente de la Diputación al trabajo realizado por el sector oleícola jiennense, al que ha reiterado su “felicitación por el esfuerzo y la determinación en su apuesta por la calidad”. En esta línea, ha recalcado que “sois los verdaderos artífices de que podamos contar con este producto de excelencia, que posee propiedades saludables, gastronómicas y beneficiosas para el medio ambiente y la biodiversidad”. A todo esto, ha agregado que “no hay que olvidar la importante dimensión turística que tiene esta fiesta”, ya que a su juicio “el paisaje del olivar y el aceite de oliva son un reclamo turístico de primer orden, como lo demuestran las 170 experiencias que se ofrecen al visitante a través de la iniciativa OleotourJaén”. Por todo ello, Juan Latorre ha animado a la ciudadanía jiennense y a los visitantes “a disfrutar de las actividades programadas” y ha agradecido especialmente la participación del embajador y el pregonero de esta edición. Así, de Manu Sánchez ha alabado su “genialidad, cariño y apoyo a la promoción del aceite de oliva, un producto indispensable para entender Andalucía y la provincia de Jaén”; y sobre el jiennense Juan Vilar ha resaltado que es “un uno de los mayores investigadores y conocedores del sector oleícola del mundo, que está comprometido al máximo con este cultivo, con su presente y con su futuro”, según ha apostillado el presidente de la Diputación Provincial. Finalmente, Latorre ha deseado “una buena campaña aceitunera a nuestros agricultores y agricultoras, que tienen ante sí retos importantes, como el de la coyuntura de precios que estamos atravesando en este momento y ante el que no todas las administraciones públicas responden de la misma forma”. Al respecto, ha puesto en valor “el compromiso mostrado por el Gobierno de España con la aprobación ayer de una medida excepcional, esa norma que permite retirar el 12% de la producción de aceite del mercado dando así respuesta a las demandas de los agricultores, pero también de los consumidores”. Por su parte, Luis Planas ha recordado que “no es la primera vez que vengo a esta fiesta”, que se ha convertido en “el evento social más importante del sector, sobre todo porque estamos al principio de campaña, que es cuando se hacen las previsiones y se mira el futuro inmediato”. Y, además, porque “el primer aceite es cada vez más valorado desde el punto de vista del sabor y las características, que todo el mundo cuida para que sean excepcionales en lo que concierne a los polifenoles, los antioxidantes o las vitaminas A y E”, ha apostillado el ministro. Durante su intervención, ha señalado que hoy “es un momento magnífico para celebrar, para estar juntos y también para ver el futuro de este sector en esta campaña y también en campañas sucesivas, y particularmente aquí en Jaén, donde nada más y nada menos que se produce una cifra próxima al 20%, uno de cada cinco litros de la producción mundial”. En este contexto, Planas ha valorado la comercialización del aceite de oliva, de la que ha apuntado que “llegaremos muy pronto a los cuatro millones de toneladas de aceite de oliva vendidas a los diferentes mercados, porque es un producto cada vez más apreciado”. Pero esa es “la parte brillante”, ha recalcado, porque también “tenemos que asegurar que el conjunto del sector sea rentable, esa es mi preocupación de todos los días como ministro”. Una preocupación, ha aclarado, porque “no solo el olivar superintensivo y el intensivo tengan la posibilidad de tener una rentabilidad, también el olivar tradicional, que es muy necesario desde el punto de vista productivo, social, cultural y humano, ya que sin el olivar qué harían tantos pueblos y localidades de Jaén, de Córdoba, de Sevilla o de Granada”. “Esa sería realmente una situación catastrófica”, se ha respondido el ministro de Agricultura como justificación para adoptar una “medida oportuna”, que ayer se aprobó en el Boletín Oficial del Estado para “dar estabilidad al mercado y apoyar a quien más lo necesita, nuestros pequeños productores”. La decisión de retirar una parte de la producción ha llegado “tras un trabajo de meses, de calcular qué es lo que hay que hacer para que el productor primario, para que nuestros pequeños olivareros tengan ese margen necesario de rentabilidad en su trabajo, que es algo absolutamente fundamental”, ha precisado. En este acto inaugural de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén también ha intervenido la alcaldesa de Úbeda, quien ha agradecido a la Diputación la elección de esta localidad para acoger la decimotercera edición de este evento, que se celebra en “un escenario novedoso como este Parque Norte, un pulmón verde de nuestra ciudad”. En este sentido, Antonia Olivares ha matizado que “estamos felices de lo que es nuestro centro histórico, que lo vamos a seguir enseñando y promocionando a través de esta fiesta y las visitas guiadas que empiezan en un ratito”, y que forman parte de la amplia programación de esta feria que viene “a apoyar una trayectoria de trabajo ya muy profunda de apoyo al sector del olivar y el aceite de oliva desde el Ayuntamiento de Úbeda”. En cuanto al embajador de esta edición, Juan Vilar, además de agradecer la concesión de este reconocimiento ha dado “la enhorabuena a los impulsores de esta iniciativa por su efecto multiplicador, por ser el buque insignia del olivar, que ha ayudado a incrementar el consumo del oro líquido, porque ya se consume en todos los países del mundo, 198, de los cuales 67 son productores”. Por último, el pregonero de esta fiesta ha dado “las gracias por dejarme pregonar las bondades del primer aceite de la campaña, que tiene una excelencia innegable y que es un producto que nos lo pone muy fácil”. En esta dirección, ha ensalzado que “es una herencia de siglos que se ha sabido seguir mejorando, cuidando, optimizando a través de la investigación y el desarrollo de nuevos mercados en un día de celebración para el sector, que ha conseguido una reclamación de hace tiempo”, y todo ello en Úbeda, lo cual es “un regalo añadido, porque es un marco comparable, ya que si se compara con cualquier otra ciudad siempre sale ganando”. El acto institucional de esta fiesta, organizada por la Diputación Provincial con la colaboración del Ayuntamiento de Úbeda, ha estado precedido por un desayuno popular con aceite temprano en el que han tomado parte las autoridades presentes, así como el pregonero y el embajador de este año, quienes posteriormente han procedido a la apertura de la feria de los aceites, en la que el público puede degustar las 94 marcas de virgen extra temprano presentes en esta edición, así como adquirir productos cosméticos o artesanos elaborados con aceite de oliva o madera de olivo. El Parque Norte acoge la mayoría del más de medio centenar de propuestas que conforman la programación de este evento y que están pensadas para difundir la milenaria Cultura del Olivo. Así, durante estos dos días se llevarán a cabo catas guiadas de aceite ofrecidas por las tres denominaciones de origen de la provincia, el Centro Olivar y Aceite de la Provincia de Jaén y la IGP Aceite de Jaén; actuaciones musicales y de baile, que correrán a cargo de Delia Sánchez y su grupo flamenco, el grupo “A fuego lento”, los Cantores de Híspalis y “Conchita Álamos”; un showcooking y degustaciones que ofrecerán los chefs de los restaurantes Cibus Renacimiento Culinario y Cantina la Estación y de la taberna gastronómica Tinta Fina; visitas guiadas al patrimonio monumental de Úbeda y cooperativas de esta ciudad; talleres de alfarería tradicional y una muestra que girará en torno a la gastronomía del AOVE en la que participan una decena de restaurantes ubetenses, entre otras actividades. Tras su celebración en Úbeda, esta fiesta se trasladará a La Coruña en dos semanas, del 20 al 22 de noviembre, igual que en ediciones anteriores se llevó a cabo en otras ciudades de España como Valencia, Vigo, Bilbao, Gijón, Hospitalet de Llobregat, Pamplona, Sabadell o Fuenlabrada. Este año llegará de nuevo a tierras gallegas, donde este evento ya tuvo lugar en Vigo, y en esta ocasión será La Coruña la que acoja a unas 35 empresas oleícolas jiennenses y la celebración de distintas actividades ligadas al aceite de oliva virgen extra de Jaén.
Silenciar…Descansar…
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