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'Grand Theft Auto VI', el Esperpento de la Gran Novela Americana (se abre en una pestaña nueva)

El 17 de septiembre de 2013, un videojuego ingresó más de 800 millones de dólares en veinticuatro horas. Ninguna película, ningún disco y ningún libro lo había conseguido antes, y ninguno lo ha conseguido después. Aquel juego era 'GTA V': los niños que lo vieron llegar a las tiendas hoy pagan un alquiler, votan y siguen esperando a su sucesor. Esa paciencia termina el 19 de noviembre, cuando millones de personas verán, por primera vez desde dentro, el rostro de Lucía, la protagonista de 'Grand Theft Auto VI', saliendo de la celda. Eso es la superficie. Basta asomarse para empezar a caer. Primero aparece el dinero, con cifras que dejan pequeño a Hollywood. Después, una generación entera que ha crecido dentro de ciudades que no existen. Más abajo, un país que lleva un cuarto de siglo mirándose en este juego sin terminar de reconocerse, y en el fondo, donde hacemos pie, algo mucho más antiguo que los videojuegos; algo que, curiosamente, empezó a escribirse en español. Desde ahí abajo conviene formular la pregunta sin rodeos: ¿estamos ante el acontecimiento cultural de la década, y quizá del siglo que llevamos? La respuesta es afirmativa. «Va más allá de un lanzamiento: es un icono cultural que trasciende el 'gaming'», coincide Nacho de la Iglesia, Head of Projects & Insights en FLUZO, plataforma de medición cross-media basada en IA. Su anterior entrega ha superado los 9.500 millones, lo que la sitúa entre las obras de entretenimiento más lucrativas de la historia. Esta euforia por su anterior entrega puso nombre a lo que los economistas llaman 'gripe GTA': durante su primera semana en las tiendas, se estimó que un 6% de la población de entre 18 y 35 años de las grandes ciudades faltó al trabajo para poder jugar. Cinco años después, 'Red Dead Redemption 2', del mismo estudio, llevó el detalle y la ambición narrativa del medio a un nivel que la crítica comparó con la gran novela realista. Reyes Justribó, directora general de IAB Spain, asociación mundial de comunicación, publicidad y marketing digital, y presidenta de IAB Europe, ve ahí una de las grandes lecciones que el videojuego deja al resto de industrias: «la capacidad de generar expectativa» a base de revelaciones graduales que convierten un lanzamiento en un acontecimiento esperado. La influencia de la saga desborda ampliamente el terreno del juego. 'GTA V' sigue figurando entre los títulos más vendidos trece años después de su estreno, con más de 200 millones de copias. Pocas obras de este siglo pueden presumir de haber moldeado de forma tan concreta el imaginario de una generación: muchos jugadores conocen mejor Liberty City, Vice City o Los Santos que su propia ciudad. En España juegan 22,8 millones de personas, según la Asociación Española de Videojuegos, en una industria que, como resume Justribó, «no entiende de generaciones, sino de experiencias compartidas». Todo esto empezó, en cierto modo, en octubre de 2001. A pocas semanas de los atentados del 11 de septiembre, Rockstar Games retrasó el lanzamiento de 'Grand Theft Auto III ' porque su ciudad se parecía demasiado a Nueva York: retocó el aspecto de los coches de policía, cambió la portada y eliminó algunos contenidos que, de pronto, resultaban insoportables. El juego salió a la venta el 22 de octubre en una ciudad que aún olía a ceniza. Nadie podía saberlo entonces, pero aquel lanzamiento inauguraba una de las crónicas más persistentes que se han escrito sobre el siglo XXI. Desde aquel otoño, 'Grand Theft Auto' nos ha acompañado como una sombra deformada. En 2008, el año de la quiebra de Lehman Brothers, 'GTA IV' contó la historia de un inmigrante serbio que llega a Liberty City persiguiendo un sueño americano que se desmorona. En 2013, 'GTA V' convirtió la California de la crisis financiera, los gurúes tecnológicos, la vigilancia masiva y la televisión basura en un parque temático del cinismo. Cada entrega funcionaba como un corte geológico; quien quiera saber cómo se imaginaba Estados Unidos a sí mismo en cada momento del siglo encontrará en ellas un registro tan fiable como cualquier hemeroteca. Pero para entender por qué la sexta merece el título de acontecimiento cultural hay que mirar todavía más atrás, hacia una tradición más antigua que los videojuegos y que, curiosamente, pasa por Madrid. En una calle estrecha del centro de la capital española, la que los madrileños siguen llamando callejón del Gato, dos espejos deformantes cuelgan en una fachada. Son réplicas, claro; los originales, cóncavos y convexos, adornaban a comienzos del siglo XX la entrada de una ferretería, y los paseantes se detenían a verse estirados como juncos o achatados como toneles. Ramón María del Valle-Inclán convirtió estos reflejos en poética. En la escena duodécima de 'Luces de bohemia', publicada por entregas en 1920 y en libro en 1924, el poeta ciego Max Estrella le explica a Don Latino, en plena madrugada, que «los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento ». Después, añade la sentencia que haría historia: «España es una deformación grotesca de la civilización europea». Propone como escapatoria sistematizar el reflejo. La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Ahí reside la principal diferencia entre el Esperpento y la simple caricatura. Valle-Inclán exageraba para poder visibilizar a la España de ministros venales, policías brutales, periodistas a sueldo y poetas muertos de hambre era la verdadera, despojada de la solemnidad que la disfrazaba. Reclamaba a Goya como precursor y miraba a sus personajes desde arriba, como peleles movidos por fuerzas que no entendían. Un siglo después, el Esperpento ha encontrado un heredero en el lugar menos previsible. 'Grand Theft Auto' lleva casi tres décadas construyendo un Estados Unidos sometido a ese mismo cálculo: las armas, el dinero, la televisión, la policía, los telepredicadores, la publicidad, la autopista, todo estirado hasta el límite exacto que permite que lo grotesco se vuelva, inesperadamente, revelador. El Esperpento no es la única genealogía literaria en la que 'GTA' encaja. Mucho antes, la literatura española inventó otra figura que la saga ha recorrido una y otra vez: el pícaro. El 'Lazarillo de Tormes', publicado anónimamente en 1554, y 'El Buscón', de Quevedo, en 1626, contaban el mundo desde abajo, a través de un muchacho sin linaje que sobrevive engañando a amos, clérigos y hidalgos. La novela picaresca era un recorrido episódico por una sociedad corrompida, narrado por alguien que no tenía otra moral que la supervivencia. Si sustituimos el camino de Salamanca por la Interestatal, obtenemos el esqueleto de cualquier 'Grand Theft Auto': un protagonista marginal que asciende por una escalera de encargos, cada uno de los cuales desvela un estrato de la podredumbre social. Lucía y Jason, fácilmente emparejados con Bonnie y Clyde, son también pícaros y forajidos románticos americanos, herederos del mito del atracador simpático que Hollywood fijó en 1967 con Arthur Penn. Que Lucía sea latina, la primera protagonista femenina de la saga en su era tridimensional, y que se la presente por primera vez en una cárcel, añade una capa de lectura: el mito del fugitivo devuelto a un país que encarcela a más personas por habitante que casi cualquier otro. La tradición norteamericana también tiene su propio espejo cóncavo. Mark Twain hizo de la sátira un arte nacional y Nathanael West retrató la cara perdida de Hollywood en 'El día de la langosta'. Hunter S. Thompson convirtió en 1971 un viaje a Las Vegas en una alucinación sobre el fin del sueño americano; Tom Wolfe dedicó 'La hoguera de las vanidades' a Nueva York y, en 2012, 'Bloody Miami' a la ciudad que inspira Vice City. Florida, en particular, cuenta con su propio canon: las novelas criminales de Elmore Leonard ambientadas en el sur del estado, las sátiras ecológicas de Carl Hiaasen, pobladas de políticos corruptos y especuladores inmobiliarios, y el ensayo 'Miami' que Joan Didion publicó en 1987, donde la ciudad se vestía como una capital del exilio, la conspiración y el dinero opaco. 'GTA VI' se nutre de todos. Su gran hallazgo, a juzgar por lo mostrado, es haber comprendido que la Florida del siglo XXI se cuenta a través de los teléfonos. Si las entregas anteriores parodiaban cómo Hollywood veía a Estados Unidos, la sexta parodia cómo Estados Unidos se ve a sí mismo cuando se graba sin descanso, y acoge así al 'Florida Man', el 'meme' que convierte a diario los atestados policiales del Estado en titulares estrafalarios, alimentado, en parte, por unas leyes de transparencia que hacen esos documentos inusualmente accesibles. Cuando la crítica comparó 'Red Dead Redemption 2' con la gran novela realista, no hablaba en sentido figurado. Balzac quiso contener la Francia de su tiempo en 'La comedia humana'; Galdós hizo lo mismo con Madrid en sus 'Episodios nacionales' y sus novelas contemporáneas; Joyce presumía de que Dublín podría reconstruirse a partir de 'Ulises' si la ciudad desapareciera. Los mundos de Rockstar aspiran a una totalidad semejante, pero con una diferencia radical: el lector, esta vez, es jugador. En 1868, John William de Forest acuñó una expresión que perseguiría a la literatura estadounidense durante siglo y medio: la Gran Novela Americana, aquella obra capaz de retratar el país entero con tal exactitud que cualquier ciudadano se reconociera en ella. Desde entonces se ha propuesto a 'Moby Dick'; 'Las aventuras de Huckleberry Finn'; 'El gran Gatsby'; Philip Roth llegó a titular así una novela en 1973, medio en broma, como si admitiera que era imposible. Quizá lo era para un solo autor y un solo libro. Un país así cabe, en cambio, en una obra levantada durante casi tres décadas por miles de personas. Estados Unidos lleva siglo y medio buscando el libro que lo contenga entero. Tal vez el error era buscarlo en una novela. ¿Qué le queda por exagerar al espejo cóncavo cuando la realidad ya parece una caricatura? Valle-Inclán escribía para una sociedad que todavía conservaba la pretensión de la solemnidad; el Esperpento funcionaba porque rompía una fachada. El mundo de 2026, donde la política se ha vuelto espectáculo y el espectáculo política, ofrece pocas fachadas intactas. El riesgo es que el reflejo deformado resulte indistinguible del original, y que el retratado, en lugar de avergonzarse, se reconozca, se ría y lo comparta. Precisamente aquí está la razón por la que 'GTA VI' merece el título de acontecimiento cultural del siglo. No por sus cifras, aunque probablemente las batirá todas, sino por la convergencia que encarna. En él confluyen la tradición picaresca española, el Esperpento valleinclanesco, la sátira norteamericana de Twain a Wolfe, el 'noir' de Florida y la ambición totalizadora de la gran novela del XIX, todo ello traducido al lenguaje que mejor define la experiencia del presente: el videojuego, el contenido compartido y la identidad que se elige y se manipula. Los grandes acontecimientos culturales de otras épocas tuvieron esa misma condición de cruce. Las entregas de Dickens se esperaban en los muelles de Nueva York, 'Luces de bohemia' salía por fascículos en una revista madrileña y los estrenos de las grandes sagas cinematográficas de las últimas décadas concentraron a públicos de todo el planeta en la misma fecha. «Es algo que se juega, se comparte y, además, se ve como una película», resume De la Iglesia. 'GTA VI' conseguirá que decenas de millones de personas, en Seúl, Lagos, São Paulo o Madrid, pasen cientos de horas dentro de una Florida que nunca han pisado y se formen, a partir de ella, una imagen de Estados Unidos. El espejo solo exagera lo que ya está ahí. Los paseantes de 1920 se reían de su figura estirada porque sabían que, al dar un paso atrás, recuperarían sus proporciones. Hoy ya no está tan claro dónde termina el reflejo y dónde empieza el cuerpo. Cuando Lucía cruce por fin la puerta de su celda, medio planeta se asomará a ese espejo. Conviene no olvidar que también saldremos en él.

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El Gobierno de Aragón dice que ha acordado cómo alojar a los empleados chinos de Stellantis, pero lo detallará tras el 29N (se abre en una pestaña nueva)

El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.

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Hace 3 h

El Parlamento andaluz da luz verde a la ley ciudadana que busca limitar los alquileres y frenar los pisos turísticos: necesita 40.000 firmas (se abre en una pestaña nueva)

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de garantía habitacional y función social de la vivienda en Andalucía ha superado este viernes un paso clave al publicarse su admisión a trámite en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA). La decisión, adoptada por la Mesa de la Cámara el pasado 4 de noviembre, desbloquea una propuesta registrada el 20 de abril de 2026 y abre ahora la fase decisiva de recogida de apoyos: será necesario reunir 40.000 firmas ciudadanas para que el texto pueda continuar su recorrido parlamentario y ser debatido en el Pleno. La medida nace impulsada por una amplia alianza de entidades sindicales, vecinales y de consumidores integrada por UGT Andalucía, CCOO Andalucía, FACUA Andalucía, Red Vecinal Andaluza, Plataforma de Barrios Vulnerables y 15M Stop Desahucios, como respuesta colectiva a la emergencia habitacional que atraviesa la comunidad autónoma. El texto legislativo parte de un diagnóstico compartido por las organizaciones promotoras: el encarecimiento de los alquileres y de la compraventa, la insuficiencia del parque público, la proliferación de viviendas de uso turístico y la expulsión de los vecinos de sus barrios están deteriorando gravemente las condiciones de vida y bloqueando la emancipación juvenil. Para revertir esta situación y situar la función social de la vivienda por encima de los intereses especulativos, la ILP plantea una batería de medidas centradas en garantizar una asequibilidad real. En concreto, el texto propone limitar el porcentaje de ingresos que las familias deben destinar al pago de su hogar, evitando así que el alquiler o la hipoteca absorban los salarios y comprometan la cobertura de otras necesidades básicas. Junto a este tope al esfuerzo económico, la iniciativa apuesta por ampliar y reforzar el parque público de vivienda protegida y en alquiler social en toda Andalucía, al tiempo que establece mecanismos legales para combatir la especulación inmobiliaria y frenar la expansión descontrolada de los pisos turísticos en los barrios. Asimismo, la propuesta endurece las garantías y medidas de amparo frente a los desahucios para proteger de manera efectiva a las familias en situación de vulnerabilidad. Se necesitan 40.000 firmas La publicación oficial de la admisión a trámite llega apenas dos días después de la jornada de huelga general del 11 de noviembre, en la que el acceso a una vivienda digna y el freno al encarecimiento residencial ocuparon un lugar central en las reivindicaciones sociales. Con el trámite parlamentario activado, la continuidad de la ley depende ahora directamente de la participación ciudadana. Las entidades promotoras hacen un llamamiento conjunto a la ciudadanía, al tejido asociativo y a las organizaciones sociales de toda Andalucía para sumarse a la campaña de recogida de firmas. Superar el umbral de los 40.000 avales es el requisito indispensable para trasladar estas demandas de forma vinculante al debate institucional y convertir la iniciativa en una herramienta legal efectiva.

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Hace 4 h

Micó (Compromís) y Gil Lázaro (Vox) llevan la iniciativa en el primer debate electoral en Valencia (se abre en una pestaña nueva)

VALÈNCIA. Todavía con cierta resaca tras la pegada de carteles electorales durante la medianoche, este viernes se ha celebrado el primer debate electoral de los candidatos al Congreso por Valencia de los cuatro principales partidos. El evento, organizado por la Cadena Ser y El País ha congregado a María José Catalá (PP), Pilar Bernabé (PSOE), Àgueda Micó (Compromís-FV), e Ignacio Gil Lázaro (Vox). Desde el auditorio Alfonso Roig de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València y ante 200 espectadores, Micó y Gil Lázaro, situados en cada uno de los extremos del escenario, han sido los principales protagonistas del primer asalto entre candidatos, mientras las candidatas de los dos partidos con mayor representación han preferido mantenerse a la expectativa, guardando tiempo para los minutos finales de cada bloque y girando la cabeza a uno y otro lado para escuchar el choque de argumentos entre los líderes de Compromís y Vox. No obstante, mientras Gil Lázaro ha evitado el diálogo con Catalá y se ha centrado en repartir reproches entre PSOE y Compromís, Àgueda Micó ha hecho valer hasta en tres ocasiones su perfil de candidata "al 100%" frente a Bernabé y Catalá, que también serán aspirantes a la alcaldía de València en los comicios del próximo mayo. De esta manera, Catalá ha tenido a Gil Lázaro como un escudero útil, mientras una Bernabé más nerviosa que el resto de participantes se ha quedado en solitario en muchas ocasiones frente a los reproches del bloque de la derecha y las peticiones de mayor "valentía" desde la coalición valencianista. Tras un primer turno de intervención marcado por referencias a los problemas en infraestructuras ferroviarias, la "máquina del fango", las promesas de "un cambio a mejor" y el cruce de culpas sobre la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, el debate ha pasado a adoptar un carácter más valenciano. Catalá ha preferido esperar y reservar tiempo en la primera fase, comenzando al principio con un tono más vacilante y flojo que ha evolucionado a lo largo del debate hasta convertirse en más firme y solvente. Por su parte, la representante de Compromís ha empezado a ganar fuerza prácticamente desde su segunda intervención. El candidato de Vox ha tratado de frenar a Micó, refiriéndose a la coalición valencianista como "los pagafantas de Sánchez" y ha vaticinado que, "probablemente van a serlo" en un futuro. Un dardo ante el que Micó ha sabido retrucar: "Una persona que ha estado más de 40 años en el Congreso sin trabajar por los intereses de los valencianos no puede ser ejemplo de nada", ha espetado a Gil Lázaro. La candidata ha cogido fuerza para entrar en la crítica hacia el bipartidismo, lanzando una cuestión tanto a Bernabé como a Catalá: "¿Por qué no votaron a favor de prohibir que los fondos buitre puedan comprar vivienda?". Una cuestión a la que la candidata socialista ha replicado con una defensa a ultranza de las medidas que ha venido lanzando el Gobierno a lo largo de la presente legislatura. Gil Lázaro ha optado por no ser un mero espectador, por lo que, ante el 'pasapalabra' de Catalá, ha respondido él con la intención de vincular a Compromís con Pedro Sánchez : "Hablan de las dificultades de los españoles para vivir, pero han estado integrados en Sumar y ha sido parte del Gobierno de España. Es corresponsable". El candidato voxista ha evitado la interpelación directa a su homóloga del PP y así concentrar sus intervenciones en la crítica hacia el bloque de la izquierda. En este sentido, a Bernabé le ha afeado que hable de infraestructuras "mientras el Gobierno de Sánchez sigue sin hacer las obras hidráulicas imprescindibles". Foto: RADIO VALENCIA Desempolvar el argumento de la Dana ha dado más munición a Micó, que ha apuntado que la Comunitat Valenciana ha tenido "la catástrofe natural y política más grande que haya podido tener toda la ciudadanía europea". "Mientras Carlos Mazón estaba haciéndose gintonics en el Ventorro, nuestra gente estaba muriéndose", ha asegurado la candidata de Compromís, que ha apuntado directamente hacia Catalá: "Tiene mucho que decir, comparte grupo parlamentario con Mazón y ha votado en contra de que se le retiren los privilegios". La también alcaldesa de València ha regateado la cuestión sobre el expresident de la Generalitat y ha defendido que el programa del PP cuenta con un Plan Valencia "con 12.000 millones de euros", mientras Compromís "lleva dos años respaldando un Gobierno que no ha hecho las inversiones necesarias". "Tampoco las inversiones ferroviarias", ha proseguido Catalá, que en varias intervenciones se ha referido a la "falta de inversiones" en las líneas de Cercanías de Valencia. Finalizada esta primera ronda de confrontación, se ha pasado a un segundo bloque que, sobre el papel, debía ir en torno a propuestas programáticas y posibles pactos de gobierno, aunque los candidatos han optado más por lo primero que por lo segundo, abordando temas como la reforma del sistema de financiación o la propia catástrofe de la Dana. Gil Lázaro ha esbozado los puntos principales de su propuesta, incluida la financiación autonómica, que nunca ha sido argumento de campaña de Vox, y ha vuelto a arremeter contra los dos partidos progresistas. "Sigo pasmado cuando escucho a la señora Micó hablar del llamado Gobierno progresista y sus logros. Ha sido un gobierno regresivo para las clases medias y trabajadoras", ha apuntado. También ha repartido hacia Bernabé, criticando la ausencia de un nuevo modelo de financiación autonómica durante el actual Ejecutivo y a la que ha acusado de permitir la "ocupación" de la plaza del Ayuntamiento de València por la reciente acampañada por la vivienda. Micó ha iniciado la intervención de este bloque prometiendo un apoyo a un gobierno progresista, pero "valiente". "Tenemos obligar al PSOE a que sea valiente" en materias como pensiones, el nuevo modelo de financiación autonómica o "terminar con la deuda histórica". "Me comprometo a representar a los valencianos y las valencianas al 100% en el Congreso", en una clara alusión a las figuras de Bernabé y Catalá. De hecho, ha interpelado a ambas candidatas: "¿Van a ser lo mismo que yo o van a dejar su escaño?" para centrarse en la Alcaldía de València. Bernabé ha evitado entrar en este área y pasar a abordar la gestión tras la Dana de 2024, que, probablemente, supone su mejor baza para esta campaña electoral. Catalá, por su parte, ha optado por llevar el debate a escala nacional: "Ellos han elegido el referente de la corrupción permanentemente", ha pronunciado en alusión al Partidos Socialista. Pilar Bernabé y María José Catalá. Foto: EFE/BIEL ALIÑO "La gente que coge un AVE siente congoja", ha criticado Catalá, que ha asegurado que su "máxima prioridad" será la Alcaldía de València, aunque su objetivo es ser "útil" allá donde el partido le proponga. Y, para replicar a Compromís, ha sacado el pacto de apoyo al Gobierno de España, para criticar que ninguno de los tres principales puntos se han cumplido durante este mandato. "Lo que no va a hacer el PP es pactar la financiación autonómica con Junqueras", ha sentenciado. Micó ha entrado en la confrontación y ha reprochado a la candidata popular: "El PP lo que hace es votar con Puigdemont" en alusión a la prórroga de los contratos de alquiler, la moratoria de deshaucios, la jornada de 37,5 horas, o los gravámenes a las grandes empresas energéticas. Y, tras apuntar hacia el PP, ha ido a por Vox: "Desde el 1982 han pasado muchas cosas. Hay una cosa que no ha cambiado y es que Gil Lázaro ha estado desde ese momento cobrando un sueldo público del Congreso sin lograr nada para los valencianos". "Lleva más años que los leones que hay en la puerta", ha llegado a pronunciar. Un argumento "grueso y grosero" para Gil Lázaro, que se ha mostrado "absolutamente orgulloso" de haber dado su "vida al servicio público". "A usted le queda mucho recorrido parlamentario para poderme llegar a los tobillos", ha añadido. Bernabé ha cambiado de tercio y ha regresado a la Dana: "Hemos dado la cara, hemos atendido a las familias. Ante ese dolor y ese miedo la única respuesta ha sido atenderlas". Y Catalá, de nuevo, se ha ido a la escala nacional, para defender el "mando único en emergencias" y señalar que los populares prometen "una gestión clara" tras "tres años sin presupuestos" y "un sistema público que está en los huesos". Pero Bernabé, algo más cómoda al abordarse su tema estrella, ha replicado a la candidata popular que "está tan preocupada por reconstruir Valencia que, por eso, toda la reconstrucción se la está pagando el Gobierno de España". Los candidatos piden el voto En el minuto de oro, Gil Lázaro ha confrontado dos modelos: "El cambio o Sánchez y el caos". En este sentido, ha defendido un Gobierno "eficaz y decente" y ha asegurado que Vox "representa ese cambio profundo que hace falta". Pese a que ha asegurado que se gobernará "para todos, sin excluir a nadie" ha defendido la "prioridad" de "recuperar la seguridad y el bienestar para todos los españoles". María José Catalá e Ignacio Gil Lázaro. Foto: EFE/BIEL ALIÑO Micó ha insistido en la crítica hacia las otras dos candidatas: "Quiero representar a todos los valencianos a tiempo completo en el Congreso". Ha defendido que la coalición ofrece "un voto" que "hará que no gobierne la extrema derecha" y garantizará "políticas valientes" en "vivienda, servicios sociales, educación o bienestar. Bernabé no ha logrado centrar el tiro en este minuto final y, tras reclamar "más memoria y menos nostalgia", ha mezclado la petición de un mayor diálogo entre los partidos con defensas sobre la subida de pensiones o salarios o el miedo ante un posible gobierno de populares y voxistas . En el turno que cerraba el debate, Catalá ha recogido la apelación a la memoria de Bernabé para apelar "a la memoria inmediata" y recordar diversas medidas del Gobierno, subrayando de cada una que "no es avanzar, sino retroceder". Finalmente, ha pedido el voto "para la persona a la que dejarías a tus hijos", "a Alberto Núñez Feijóo".

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Hace 5 h

eldiario.esGeneral

La huelga sí que fue contra el (los) Gobierno(s) (se abre en una pestaña nueva)

Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.

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Hace 7 h

eldiario.esGeneral

Coalición Canaria vuelve a cambiar sus "líneas rojas" y ahora dice que sí apoyaría un Gobierno de PP con Vox (se abre en una pestaña nueva)

Solo unas semanas después de decir que no apoyaría un Gobierno de Feijóo con Abascal de vicepresidente y de afirmar que un Gobierno de PP-Vox sería un "riesgo" para las Islas, Cristina Valido cambia de postura y señala que su partido apoyará a cualquiera que se comprometa con la llamada Agenda Canaria Coalición Canaria, que respaldó la investidura fallida de Feijóo, anuncia que no apoyará un gobierno del PP con Vox Tres semanas ha tardado Coalición Canaria (CC) en cambiar su discurso. Si a finales de octubre, su cabeza de lista, Cristina Valido, afirmó que el partido no apoyaría un gobierno del PP con Vox , ahora dice lo contrario. Cabe recordar que CC, aunque públicamente critica al partido de Abascal, a quien incluso ha llamado “auténtico fascista”, no le hace ascos al partido de ultraderecha si se trata de alcanzar el poder. Así, ha alcanzado acuerdos con Vox hasta en tres ayuntamientos de Canarias. El partido presidido por Fernando Clavijo confía en que el descontento de numerosos electores con la polarización y la política de bloques se traduzca en las islas en una mayor presencia del nacionalismo canario de CC en el Congreso, donde está dispuesta a apoyar la investidura de quien asuma sus propuestas para Canarias, como ya hizo en 2023. En una entrevista con EFE, Cristina Valido cambia el discurso mantenido en las semanas previas para reconocer ahora que están abiertos a prestar sus votos al candidato que los necesite para la investidura, incluído al líder del PP aunque posteriormente pueda alcanzar un acuerdo de Gobierno con Vox, siempre que exista un compromiso con la denominada Agenda Canaria. “Quien quiera nuestro apoyo en la investidura, sea Pedro Sánchez o sea Feijóo, tendrá que llamar a Canarias y tendrá que negociar con Canarias”, afirma la candidata nacionalista, quien precisa que sus “líneas rojas” son los asuntos pendientes con el archipiélago. Atrás quedan las palabras de la propia Valido cuando afirmó el pasdao 10 de octubre que temía un Gobierno de PP con Vox (y eso que CC es aliado de ambos en las Islas) porque sería “ un riesgo” para Canarias . Apenas un mes después, la propia Valido ofrece el apoyo de CC a ambos. En estas elecciones, CC espera ampliar su base electoral gracias a su alianza con Primero Canarias, el partido fundado por relevantes alcaldes de Gran Canaria que abandonaron Nueva Canarias y crearon una nueva formación. La última encuesta del CIS, sin embargo, les da 0 escaños a ambos . En unos comicios en los que el nacionalismo canario participa dividido en hasta tres candidaturas (NC concurre en alianza con Podemos, Sumar e IU bajo la denominación Unidad del Pueblo Canario, mientras que Drago lo hace en solitario), Valido expresa su confianza en que la suma con Primero Canarias permita a Coalición reforzar su representación en el Congreso, donde llegó a tener cuatro escaños durante tres legislaturas (entre 1993 y 2004). Desde entonces ha ido perdiendo paulatinamente apoyos. Para ello, se dirige a “todos los canarios”, incluidos aquellos que hasta ahora han votado a partidos de derechas o de izquierdas y, especialmente, a los ciudadanos desencantados con la confrontación entre los grandes partidos estatales, a cuyos diputados en Canarias Cristina Valido ve “sometidos” a directrices marcadas desde Madrid. Negociar con quien necesite los votos de CC En su balance de la legislatura, la diputada tinerfeña reivindica la capacidad de negociación de CC y defiende los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Pedro Sánchez, porque está convencida de que habría perjudicado a las islas no haberlos suscrito. “No me arrepiento, porque creo que no haber llegado al acuerdo que llegamos hubiera perjudicado a los canarios”, señala Valido, quien cita entre los avances conseguidos la reforma de la Ley de Extranjería para la acogida de los menores inmigrantes, la modificación de la Reserva para Inversiones en Canarias para destinar capital a la construcción de viviendas y el mantenimiento de la gratuidad del transporte público terrestre en las islas. Como principal decepción, señala el hecho de que no se haya presentado ningún proyecto de presupuestos generales del Estado, lo que entiende que ha impedido avanzar en compromisos de financiación para carreteras, obras hidráulicas e infraestructuras educativas. Vivienda, turismo e inmigración Entre las propuestas que CC plantea está limitar la compra de viviendas en Canarias a personas que no residan en esta comunidad, desde la constatación de que el 25% de las viviendas vendidas el pasado año fueron adquiridas por personas que no viven en las islas. Para la candidata, la solución al problema de la vivienda pasa también por incrementar la oferta de inmuebles, agilizar los trámites urbanísticos y ofrecer garantías a los propietarios para movilizar las viviendas vacías hacia el alquiler residencial. En materia turística, señala que Canarias no necesita seguir incrementando sus visitantes, de ahí la necesidad de establecer una capacidad de carga específica para cada isla, especialmente en el sur de Tenerife y Gran Canaria, lugares que ya han alcanzado su límite de crecimiento, en su opinión. La candidata del partido que más tiempo ha presidido el Gobierno de Canarias admite que los beneficios del turismo no llegan por igual a toda la población y alude a las dificultades económicas que persisten en las islas, donde se registran algunas de las tasas de pobreza más altas de España, pese a la mejora de los indicadores. Sobre el alquiler vacacional, valor la regulación impulsada por el Gobierno de Canarias y destacado que, desde su entrada en vigor, se han reducido en 5.000 las viviendas destinadas a esta actividad. Respecto a inmigración, demanda una mayor implicación del Estado y de la Unión Europea para anticipar las llegadas y evitar el colapso de los servicios públicos en Canarias. También hace hincapié en la necesidad de incrementar la vigilancia marítima y reforzar los efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado en Canarias para evitar que las embarcaciones lleguen a la costa sin ser detectadas. En cuanto a El Hierro, principal punto de llegada de los cayucos a Canarias, defiende instalar medios sanitarios en el puerto de La Restinga y un hospital de campaña para evitar la sobrecarga del hospital de la isla, así como establecer compensaciones económicas para los negocios afectados por la actividad migratoria. En el ámbito económico, reivindica una aplicación efectiva del Régimen Económico y Fiscal (REF) en las leyes estatales y una financiación autonómica que tenga en cuenta las particularidades de Canarias.

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Hace 9 h

Los expertos apuntan al precio y la oferta como diques en el acceso a la vivienda (se abre en una pestaña nueva)

Sevilla celebró este jueves el primero de los encuentros enmarcados en el proyecto Impulso Andalucía 2027 , con una mesa de expertos en la que se realizó una radiografía de los problemas que lastran el actual mercado de la vivienda y se lanzaron propuestas para facilitar el acceso de los jóvenes a un hogar y evitar la fuga del talento. Un encuentro en el que participaron representantes de las administraciones, de la universidad y del sector privado y que tendrá una segunda cita para fijar las prioridades. Se trata del punto de partida de esta iniciativa de Vocento, impulsada con la consultora Oliver Wyman, que pretende ser un laboratorio de ideas que se incluirán en un Libro Blanco que verá la luz a final del primer trimestre de 2027.Fue Leticia Rubira, representante de Oliver Wyman , quien abrió el debate al poner sobre la mesa varias conclusiones del proyecto CREA, realizado entre finales de 2024 y principios de 2025. Entre ellas, el hecho de que «Andalucía tiene un potencial único, pero hace falta saber cómo se puede materializar». Eso sí, desde la perspectiva del problema de la vivienda como «un límite al crecimiento y no tanto como un aspecto social». A partir de ahí, un coloquio moderado por el jefe de sección de Sevilla de ABC, Jesús Díaz, permitió que cada uno de los expertos hiciera su radiografía sobre la situación actual del mercado. El primero fue José María López, secretario general de Vivienda de la Junta de Andalucía que se centró en la falta de oferta. «Ese déficit es uno de los elementos que dispara el precio, además de la exclusividad: todo el mundo quiere vivir en el Centro, pero el sitio que hay es finito», advirtió. En ese mismo argumento de la falta de oferta coincidió Manuel Morillo, el gerente de Emvisesa . «Tenemos unos 30.000 demandantes de vivienda en Sevilla y la mitad son jóvenes. De ellos, quitando la duplicidad de parejas se puede decir que reales son unos 15.000, pero el principal portal inmobiliario sólo tiene unos 1.400 pisos en alquiler y 4.000 para la venta. Por tanto, hay una necesidad de más de 7.000 inmuebles y con la oferta actual no se cubre un tercio de la demanda». También en clave local, el gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez , ahondó en «la inacción» para prever un problema que «se ha convertido en el primero para los ciudadanos». Descartó el suelo como un problema, porque «tenemos el que queramos», pero se detuvo en los costes de producción. «Calculamos que en 2027 daremos licencia para unas 4.000 viviendas en Sevilla, aunque no está claro que haya mano de obra para todas». Y concluyó apostando por «la cultura del esfuerzo» entre los jóvenes y las ayudas de las administraciones a las viviendas protegidas.Desde el punto de vista del sector privado, el director general de Caralca y presidente de Sevilla City One, Rafael Miranda , aseguró que «es un problema estructural que no se arregla con una varita mágica». Así, consideró que hay «muchos debates banales» frente «al problema grave de que los jóvenes y adultos no pueden acceder a una vivienda». También se centró en la calidad de las VPO, que «en muchos casos es mayor que la que tenían las de renta libre en los 2000». Por ello, reflexionó que «habría que preguntarse si en este momento de emergencia nacional se puede bajar el listón». Quien sí entró en lo económico fue Rafael Peral, responsable de Instituciones de Caja Rural . «Notamos que la capacidad de pago de las familias está cada vez más lejos de la letra de la hipoteca» y, por ello, «puede que no exista demanda por incapacidad económica, pero sí necesidad de vivienda».Peral pidió también distinguir el problema social de la vivienda, que debe atenderse con pisos públicos, frente al resto de familias que necesitan de un inmueble. «Hay que trabajar en aumentar esa oferta para que el precio vaya a donde tiene que ir», aseveró. Precisamente, la perspectiva social fue la que aportó Esteban de Manuel, doctor en Arquitectura y profesor del Máster en Ciudad y Arquitectura de la Universidad de Sevilla. «Hace falta un pacto en el que se implique la ciudadanía, los políticos y los promotores». Entre otras cosas, porque «tres de cada cuatro demandantes necesitan que la vivienda sea asequible» y «la mayoría opta por el alquiler porque tiene la barrera de la financiación». Luego está el hecho de que «las que se venden necesitan de una rehabilitación. Hay varios ejemplos en Torreblanca, San Jerónimo o la Macarena», advirtió en su primera intervención.Las alternativasCon el diagnóstico dibujado, los expertos plantearon algunas propuestas de mejora centradas en un aumento de los presupuestos públicos para dotar de ayudas al acceso a la vivienda. Morillo, gerente de Emvisesa, apostó por una ayuda directa de las administraciones a la compra del 15% y un IVA del 1%. López Cerezo, en nombre de la Consejería de Vivienda, replicó que ese tributo reducido debía ser sólo para protegidas y apeló a la construcción de todas las VPO que se pueda, «porque tienen precio limitado, van dirigida a personas con recursos limitados, fija población y debe ser hogar habitual y permanente». El gerente de Urbanismo, por su parte, también coincidió en «las ayudas y medidas fiscales a las viviendas protegidas» , además de pedir que esa calificación como VPO «debe ser para siempre».Miranda abrió las opciones al asegurar que «se necesita una conjunción de estrategias a corto y largo plazo», pero que «si tuviera que elegir una sola medida sería dotar de presupuesto a las administraciones para dar ayudas al mercado. Eso sí, con límites». No ocultó que existe también un problema con los constructores, que «están al límite» por «la falta de mano de obra». Por su parte, el catedrático De Manuel puso como ejemplo «un modelo de éxito» como el de Viena, donde «un tercio de vivienda es libre, un tercio es municipal y un tercio es cooperativa». No obstante, reclamó «un pacto por el suelo», ya que «si el precio de los materiales ha subido, más lo han hecho los terrenos». Sea como fuere, en lo que si insistió Peral (Caja Rural), es en que «la política de vivienda no puede solucionar los problemas sociales». Planteamientos que quedaron para la reflexión antes de esa próxima sesión de febrero que debe afinar el resultado de un debate que marcará la hoja de ruta de este impulso con el que Vocento quiere apostar socialmente por el futuro de Andalucía.

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Hoy, hace 15 h

ABCEconomía

La Diputación Permanente convalida el castigo fiscal de hasta 2.000 euros a los propietarios que suban el alquiler (se abre en una pestaña nueva)

Ya es definitivo. Los propietarios que suban la renta a sus inquilinos sufrirán una penalización fiscal que puede llegar a ser muy severa cuando hagan su declaración de la Renta. La maniobra del Gobierno para convalidar este jueves a través de la Diputación Permanente uno de los decretos de vivienda -el otro, impuesto por el ala de Sumar y que aspiraba a implantar alquileres indefinidos en España, decayó como se esperaba- que fue rechazado en su día por la mayoría del Congreso de los Diputados ha consolidado en la normativa española la nueva configuración de la reducción en el Impuesto sobre la Renta de los rendimientos procedentes del arrendamiento de viviendas. La modificación pone este dispositivo fiscal al servicio del... Ver Más

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Hoy, hace 18 h

eldiario.esGeneral

La escuela española que acoge a 843 alumnos en Gaza y busca donaciones urgentes para no cerrar: "Aquí son niños" (se abre en una pestaña nueva)

La asociación Inca-Mallorca Solidària, impulsada por Antònia Triguero, mantiene un centro educativo gratuito que ha pasado de 135 alumnos a 843 en poco más de un año. La caída de las donaciones amenaza su continuidad Fotogalería - El horror en Palestina a través de 25 dibujos de adolescentes anónimos en el campo de refugio de Dheisheh En un local de Inca, varias mujeres trabajan concentradas frente a sus máquinas de coser. Unas preparan un pedido de tarjeteros; otras confeccionan pequeños monederos y bolsas con telas de colores llegadas de Senegal, Marruecos o Venezuela. Hay conversaciones, encargos que se acumulan y proyectos que se entrecruzan. La escena tiene algo de taller, de tienda y de punto de encuentro. Pero también es una pequeña infraestructura de solidaridad que conecta Mallorca con lugares muy alejados, desde Senegal y Ucrania hasta Gaza, donde la asociación sostiene una escuela levantada entre los campamentos de desplazados para ofrecer educación y un espacio de protección a niños y niñas palestinos. Al frente de esta red está Antònia Triguero, presidenta de Inca-Mallorca Solidària , una asociación que lleva años impulsando iniciativas de cooperación y ayuda humanitaria. De todas ellas, hay una que ahora concentra buena parte de sus esfuerzos y también sus preocupaciones: la escuela impulsada en la Franja de Gaza, que ha pasado de acoger a 135 niños y niñas cuando abrió sus puertas, en septiembre de 2025, a tener 843 alumnos. Mantenerla abierta cuesta unos 6.000 euros mensuales -unos 7,50 euros mensuales por cada niño, apunta Triguero-. Y las donaciones, que durante los primeros meses permitieron incluso enviar entre 10.000 y 12.000 euros al mes, han caído. “Todas las emergencias tienen un pico y después la gente se va olvidando un poco”, lamenta la responsable de la entidad. La asociación ha lanzado una llamada de auxilio para evitar que el proyecto se quede sin recursos. En octubre envió 6.000 euros a Gaza y terminó con un descubierto de 2.000. Las últimas aportaciones han permitido cubrir noviembre y diciembre, pero el futuro sigue siendo incierto. La situación ya ha obligado a retirar uno de los servicios que ofrecían a los menores: la merienda diaria. Mantener la escuela abierta cuesta unos 6.000 euros mensuales -unos 7,50 euros mensuales por cada niño- y las donaciones han caído. Las últimas aportaciones han permitido cubrir noviembre y diciembre, pero el futuro sigue siendo incierto “Le dijimos a Marcel: dinos, para no cerrar la escuela, cuáles son los gastos mínimos que tienes. Sin el alimento”, explica Triguero. Marcel es el responsable de la organización gazatí con la que trabaja la entidad mallorquina y quien coordina la actividad sobre el terreno. Fue él quien propuso transformar la ayuda alimentaria inicial en un proyecto educativo. El objetivo de la ONG es conseguir una base de colaboradores que permita financiarla de manera estable, sin tener que recurrir cada pocos meses a campañas de urgencia. “Somos tantos en Mallorca y en España que estoy segura de que, si la gente conociera nuestra escuela, ayudaría”, afirma. elDiario.es acompaña a Triguero y a varias voluntarias en una tarde de trabajo en la sede de Inca, donde, entre máquinas de coser, telas y conversaciones, preparan los productos artesanales con cuya venta contribuyen a mantener viva una red de solidaridad que llega hasta Gaza, Senegal, Ucrania y tantos otros lugares. Somos tantos en Mallorca y en España que estoy segura de que, si la gente conociera nuestra escuela, ayudaría Antònia Triguero — Presidenta de Inca-Mallorca Solidària La carpa que se convirtió en escuela y refugio La historia había comenzado unos meses antes, en mayo de 2025, cuando la población de Gaza atravesaba una situación de extrema escasez de alimentos. La asociación encontró una vía para hacer llegar ayuda a través de contactos locales. “Empezamos a cocinar para 300 familias”, recuerda Triguero. La situación era tan desesperada que, según relata, algunas personas bebían agua con sal para intentar mitigar el hambre. La dificultad para introducir dinero y material en la Franja obligó a buscar alternativas sobre el terreno. Varias voluntarias confeccionan productos artesanales destinados a financiar los distintos proyectos de cooperación y ayuda humanitaria de la asociación Una de las voluntarias de Inca-Mallorca Solidària elabora a mano pequeñas sandías de ganchillo con los colores de la bandera palestina en el taller de costura de la asociación Cuando la llegada de alimentos comenzó a mejorar, Marcel le planteó otra posibilidad: aprovechar una carpa de su organización para poner en marcha una escuela. En septiembre de 2025 empezaron las clases con 135 menores. La respuesta desbordó las previsiones. Durante el curso llegaron a 600 y, en la actualidad, el centro cuenta con 843 alumnos. El Ministerio de Educación de Gaza ha respaldado el proyecto y, según explica Triguero, ha autorizado que los estudios puedan llegar hasta décimo curso, equivalente a la etapa previa al bachillerato. La escuela no es, sin embargo, únicamente un lugar donde impartir clases. En un entorno rodeado de tiendas de campaña, se ha convertido en un espacio de encuentro y protección para los menores y sus familias. “La escuela es su momento de ser niños”, resume Triguero. Por las mañanas acuden a clase y por las tardes participan en actividades extraescolares en las que aprenden bailes tradicionales, tocan instrumentos o practican voleibol. La escuela es su momento de ser niños Antònia Triguero — Presidenta de Inca-Mallorca Solidària La asociación ha intentado que el recinto tenga otros usos que respondan a las necesidades de la comunidad desplazada. Uno de ellos es un horno móvil de hierro fundido, financiado por el Consejo General de los Colegios Oficiales de Trabajo Social de España. Su carácter transportable permite trasladarlo si las circunstancias obligan a abandonar la ubicación actual. En los alrededores, donde escasea la leña y cocinar resulta costoso, las mujeres pueden utilizarlo para preparar pan y dulces. También se organizan talleres de salud y prevención del cáncer dirigidos a ellas. Alumnos de la escuela realizan ejercicios en la carpa El espacio ha llegado incluso a funcionar como refugio. Triguero recuerda que, durante las fuertes lluvias y rachas de viento del invierno pasado, muchas tiendas de campaña de los alrededores quedaron destruidas y varias familias buscaron cobijo en la escuela. “No es solo una escuela”, insiste. De ahí su preocupación ante la posibilidad de tener que cerrar un lugar que ha ido adquiriendo funciones que van mucho más allá de la enseñanza. Siete euros y medio al mes por alumno Los 6.000 euros que necesita el proyecto cubren los gastos mínimos de funcionamiento: una pequeña remuneración para las profesoras, el alquiler del espacio, el agua y el material escolar. No incluye la alimentación que recibían anteriormente los menores. “Para nosotros, que somos una asociación pequeñita, que no tenemos económicamente y dependemos de la gente porque no tenemos ayuda de nadie, es importante”, explica Triguero. La entidad cuenta actualmente con unos 200 socios y considera que alcanzar los 500 ó600, con aportaciones de unos diez euros mensuales, permitiría dar mayor estabilidad al proyecto. “Estoy segura de que, si la gente conociera nuestra escuela, pondría los 7,50 euros al mes”, sostiene. Quienes deseen contribuir a mantener las aulas en pie pueden hacerlo mediante Bizum, a través del apartado 'Hacer donativo' de la aplicación bancaria, introduciendo el código 12706. Los 6.000 euros que necesita el proyecto cubren los gastos mínimos de funcionamiento: una pequeña remuneración para las profesoras, el alquiler del espacio, el agua y el material escolar Varios niños participan en una actividad educativa y lúdica en la escuela impulsada por Inca-Mallorca Solidària en Gaza Entre las aportaciones que han permitido sostener la iniciativa figura la de la periodista Almudena Ariza, que donó 20.000 euros procedentes de una campaña solidaria. Ese dinero sirvió para financiar durante bastante tiempo las meriendas de los niños y adquirir pupitres y sillas. También han llegado contribuciones de empresas, particulares y entidades que han organizado conciertos, celebraciones y otras actividades para recaudar fondos. La asociación recuerda especialmente cómo pequeñas iniciativas, incluso una boda o una fiesta, terminaron convirtiéndose en recursos para los alumnos. La periodista Almudena Arizadonó 20.000 euros procedentes de una campaña solidaria La caída de las aportaciones durante el verano, especialmente desde julio y agosto, dejó al proyecto en una situación delicada. La difusión de la campaña en los medios permitió recuperar parte de las donaciones y garantizar los gastos de los últimos meses del año, pero la presidenta sabe que no basta con responder a una emergencia puntual: la escuela necesita ingresos regulares. Una red de mujeres que cose solidaridad La actividad que se desarrolla en la sede de Inca ayuda a entender cómo funciona esta organización. El taller de costura, nacido hace ocho o nueve años para dar respuesta a las necesidades de socialización de mujeres, reúne a una veintena de participantes. Mari Carmen, Cati, Mari Ángeles, María y otras tantas mujeres confeccionan productos con telas que Triguero trae de sus viajes y que después se venden para financiar diferentes iniciativas. La actividad, además, fomenta la convivencia y crea vínculos entre las participantes. No todo lo recaudado se destina a Gaza: cada colección tiene su propio destino. Los artículos elaborados con telas de Senegal, por ejemplo, contribuyen a financiar los proyectos que la asociación desarrolla en ese país. Mari Carmen y Cati, junto al resto de voluntarias, comparten risas, conversaciones y labores de costura y ganchillo. La iniciativa, además de fomentar la convivencia y crear vínculos entre las participantes, permite elaborar productos artesanales para financiar proyectos solidarios Mari Ángeles, concentrada en una labor de costura en el taller María, delante de una de las máquinas de coser, explica que participar en el taller le aporta, sobre todo, bienestar y satisfacción personal. Acude una vez por semana, por las mañanas, para abrir la tienda y atender a las personas que se acercan. Además de colaborar en la elaboración y venta de productos, aprovecha para explicar a los visitantes los proyectos solidarios que desarrolla la asociación y dar a conocer el trabajo que realizan. También destaca el ambiente de compañerismo que se ha creado entre las mujeres, con quienes comparte conversaciones, momentos de descanso y pequeñas rutinas que hacen del taller un espacio de encuentro. Allí ha encontrado vínculos y una energía positiva que le ayudan a desconectar de las preocupaciones cotidianas. María, al frente de una de las máquinas de coser “Esto es como una gran familia”, explica la presidenta mientras muestra las prendas y los accesorios. Las mujeres preparan pedidos, confeccionan vestidos tradicionales mallorquines y elaboran productos que se venden durante todo el año. También han creado bolsas de tela con el mapa de Palestina y elementos del pañuelo tradicional palestino, que comercializan a 14 euros. Una manera de convertir un objeto cotidiano en una aportación para la escuela. Las mujeres preparan pedidos, confeccionan vestidos tradicionales mallorquines y elaboran productos que se venden durante todo el año. También han creado bolsas de tela con el mapa de Palestina y elementos del pañuelo tradicional palestino La actividad se sostiene también gracias a las donaciones de material y equipamiento. Algunas máquinas de coser fueron cedidas por la Fundación La Caixa y otras proceden de particulares o empresas que han cerrado. La asociación recoge asimismo material de hoteles y hospitales que retiran equipamientos todavía aprovechables y les busca una segunda vida en otros proyectos. La red de cooperación va mucho más allá de Gaza. En Senegal, la entidad trabaja en la creación de maternidades, escuelas y cooperativas de mujeres, y ha iniciado un proyecto agrícola con la colaboración de ingenieros agrónomos y agricultores mallorquines. Entre los estantes también hay material informativo sobre los distintos proyectos de la asociación, como la pulsera solidaria que se vende para recaudar fondos destinados a las terapias y ayudas técnicas de Lucas, uno de los llamados 'niños de la lata' de Senegal. En Ucrania, la ONG prepara el envío de un tráiler y dos ambulancias, mientras que a Senegal prevé trasladar un contenedor y otra ambulancia. En Mallorca mantiene ayudas a familias vulnerables y colabora con otras entidades y con menores afectados por enfermedades raras. Una pulsera solidaria para recaudar fondos destinados a las terapias y ayudas técnicas de Lucas, uno de los 'niños de la lata' de Senegal Una mesa llena de telas, retales y utensilios de costura sirve de punto de encuentro para las voluntarias de la asociación En el taller, esa solidaridad también tiene nombres propios. Triguero cuenta la historia de Álvaro, un apicultor de León al que conocieron durante una campaña de ayuda a los pueblos afectados por los incendios del pasado verano. Después de comprar miel a varios productores que habían perdido parte de sus colmenas, el apicultor decidió reservar parte de su producción para la escuela de Gaza. La asociación ha vendido cientos de kilos y prepara nuevas partidas. El padre de Álvaro, un hombre de casi 90 años, también quiso contribuir: “Hemos recibido una herencia y quiero darle esa herencia: 500 euros para la escuela”, le comunicó. A estas aportaciones se suman un concierto de violín que se está organizando y una carrera solidaria prevista para diciembre por parte del colegio San Francisco, cuyos fondos se destinarán a los niños de Gaza. Son iniciativas pequeñas y grandes que, juntas, han permitido mantener en funcionamiento el centro. Tarros de miel procedente de León que Inca-Mallorca Solidària vende en su sede a beneficio de la escuela para niños y niñas de Gaza Que la escuela no dependa de una emergencia Triguero recibe cada día noticias de Marcel, que le envía vídeos y mensajes sobre la actividad del centro. A través de esas imágenes puede seguir la evolución de los niños, las clases y las actividades. La presidenta insiste en la importancia que tiene la educación para las familias palestinas y en la necesidad de que los niños puedan conservar una rutina en medio de unas circunstancias extraordinariamente difíciles. Triguero recibe cada día noticias de Marcel, que le envía vídeos y mensajes sobre la actividad del centro. A través de esas imágenes puede seguir la evolución de los niños, las clases y las actividades Desde Inca, entre máquinas de coser, telas de colores, pedidos de miel y cajas de material recogido, la entidad intenta sostener un proyecto que ya forma parte de la vida de 843 menores. La distancia entre el taller mallorquín y las carpas de Gaza es enorme, pero el vínculo se mantiene con cada aportación, cada producto vendido y cada persona que decide colaborar. La continuidad de la escuela depende ahora de que esa red crezca. Porque, como recuerda Triguero, los 7,50 euros mensuales por niño pueden parecer una cantidad pequeña, pero para una asociación que depende casi exclusivamente de la solidaridad ciudadana marcan la diferencia entre mantener abiertas las aulas o apagar las luces de un espacio que, para cientos de niños, es también una oportunidad de seguir siendo niños.

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Hoy, hace 19 h

infoLibreGeneral

La campaña se gana en la mesa de la cocina (se abre en una pestaña nueva)

Arranca una campaña que, aunque nació tras una derrota sobre la vivienda, en las tertulias se ha querido ligar también a la lección americana sobre la victoria demócrata. A la izquierda solo le va bien cuando habla del coste de la vida y guarda en un cajón todo aquello que la derecha lleva años llamando woke . La moraleja para las izquierdas españolas parece escribirse sola y, sin embargo, los números no dan. ¿Qué votos tiene que movilizar el progresismo para que haya una posibilidad de ganarle a la derecha en las próximas elecciones generales? Dos semanas antes de las midterms en Estados Unidos, en un antiguo cine de Portland, una estudiante trans se levantó en un mitin de Alexandria Ocasio-Cortez para preguntarle si las personas como ella se habían convertido para el Partido Demócrata en un tema perdedor, en algo que no merecía ya la pena defender. AOC le respondió con la honestidad que le caracteriza, reconociendo que los políticos se asustan con facilidad . Tenía razón y aun así se quedó corta, porque el problema que planteaba la pregunta excede el coraje de quien la responde y el dolor, legítimo, de quien la pregunta. Esa estudiante, aunque quizás no sabía expresarlo con los argumentos que un estratega usaría, señalaba cómo en los últimos tiempos se ha dibujado un carril para la vida material y otro para las identidades, y cómo, en tiempos difíciles, se cierra el segundo para que circule mejor el primero. En este artículo me gustaría defender no solo que esa separación es falsa, sino que agitarla es lo que nos separa de movilizar el voto progresista que falta para evitar que Abascal sea vicepresidente del Gobierno. Los demócratas llaman a su programa una agenda de la mesa de la cocina y puede que esta metáfora nos resulte más útil de lo que pueda parecer. No sé en América, pero la mesa de la cocina en España es un asunto sobre todo de mujeres , es el lugar de confidencias, de liar croquetas y tomar cafés, donde se hacen las cuentas con el dinero que queda para el final de mes después de pagar el alquiler, donde se decide si se paga el dentista o el comedor escolar, donde alguien, casi siempre una mujer, sostiene, sin cobrar un euro por ello, la reproducción de la vida de los demás, es decir, la que hace la compra, la sopa, la colada y cambia el pañal de la abuela. ¿Cómo se puede defender que el coste de la vida sea una cuestión políticamente ajena a la agenda política de las mujeres? Cuando Silvia Federici escribía en los setenta contra el trabajo doméstico gratuito estaba hablando ya del coste de la vida antes de que existiera el eslogan. Y más importante aún, y quizás mucho menos obvio, cuando Judith Butler respondía a Nancy Fraser que la regulación de la sexualidad no era una cuestión meramente cultural, lo que hacía era recordar algo que ya sabía Engels: la familia es una unidad económica, y quien decide qué cuerpos forman familia decide también cómo se reparte la riqueza. Y lo que se reparte peor se protege peor. Supongamos en cualquier caso que la vivienda es la razón principal por la que votamos el 29 de noviembre. El lunes, en La Revuelta , Broncano le preguntó a Abascal cómo construiría más casas , y el líder de Vox contestó que eliminando la sobrerregulación, por ejemplo la perspectiva de género que existe en la construcción. Al día siguiente medio país se puso a explicar qué es el urbanismo con perspectiva de género con ejemplos como calles mejor iluminadas, aceras anchas para carritos o recorridos seguros de vuelta a casa. Si bien todo eso tiene un inmenso valor, creo que lo que Abascal señalaba iba en una dirección mucho más importante. La perspectiva de género que de verdad le estorba es la que permite que una política de vivienda reconozca a las mujeres como el sujeto vulnerable que son en el mercado de la vivienda, es decir, aquella política que da prioridad en los baremos de vivienda pública y en las ayudas al alquiler a las madres que crían solas y a las víctimas de violencia machista. Más del 80% de los hogares monoparentales los encabeza una mujer, la mayoría vive de alquiler, y más de un tercio de los hogares sostenidos por mujeres cae bajo el umbral de la pobreza después de pagar la vivienda. Ese criterio no encarece un solo ladrillo, pero decide quién entra primero por la puerta de las casas que el Estado paga, reconociendo de manera indirecta que el coste de la vida, y por tanto de la vivienda, es mayor para las mujeres. En el mismo plató y como parte de ese mismo marco antigénero que una buena parte de la izquierda parece haber comprado , Abascal acusó al Gobierno de promover el enfrentamiento de sexos y dijo que, aunque hay hombres que agreden a las mujeres, muchos otros hombres las quieren, el conocido #NotAllMen. En mi opinión, hay que escuchar con atención este argumento, no porque haya que darle pábulo a los líderes de la extrema derecha, sino porque sus votantes, que son muchos y que son también nuestro pueblo, se reconocen en esa incomodidad. Es legítimo pensar que el feminismo puede mejorar en cómo interpelar a los hombres para su causa; sin embargo, cuesta imaginar cómo esta cuestión puede traducirse en un silencio estratégico del feminismo en esta campaña, un silencio que puede ser leído también por nuestras votantes como el abandono del feminismo. Contra este falso dilema, resulta imprescindible rescatar lo que las feministas que lideraron en España las Huelgas del 8M defendían . El feminismo del 99%, el que Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya y Nancy Fraser condensaron en su manifiesto de 2019, entiende la violencia como un efecto de la manera en que se organiza la reproducción de la vida, y por eso nunca necesitó a los hombres como enemigo. Al enemigo se le busca mirando hacia arriba. Lo que se decide en la mesa de la cocina, quién depende económicamente de quién, quién no puede pagar un alquiler en solitario, quién no tiene adonde ir, es lo que hace que en esa misma mesa tengas más posibilidades de sufrir violencia. Nada de esto obliga a elegir carril . Patriarcado y capitalismo se retroalimentan, y esa es quizá la tesis más sólida que el feminismo de clase ha puesto sobre la mesa, aquella en la que la división sexual del trabajo asigna a unos cuerpos el trabajo que no se paga, lo que no se paga se aprende a despreciar, y lo que vale menos se puede dañar con más impunidad. Por eso la violencia persiste donde el trabajo de las mujeres vale poco, y por eso una chica trans a la que echan de casa a los diecisiete puede recorrer en pocos años el camino que va del sofá de una amiga a la calle, y de la calle a una violencia que casi nadie denuncia porque casi nadie pregunta. El reconocimiento no necesita justificarse por lo que cuesta un alquiler. Quien quiera bajar el alquiler sin tocar el reconocimiento descubrirá, sin embargo, que el precio de algunas vidas se fija en otro sitio. El giro hacia el coste de la vida no debe traducirse como un repliegue a lo individual o un abandono de la cuestión de género. Leído desde los cuerpos de las mujeres, el coste de la vida significa justamente una vuelta a lo estructural. La lección estadounidense, además, se ha leído deprisa. Las mujeres votaron a los demócratas por diecinueve puntos, mientras los hombres se repartieron casi a partes iguales; las solteras lo hicieron por treinta y siete y las menores de treinta por cincuenta y siete. Es cierto que fueron los hombres quienes más se movieron respecto a 2024, y esa es la parte que el relato del coste de la vida antiwoke prefiere contar. Pero el desplazamiento masculino solo gana elecciones cuando se suma a una mayoría femenina que ya estaba ahí, y esa mayoría no llegó por el precio de la gasolina. Llevaba votando desde 2022 contra quienes le quitaron el derecho a decidir sobre su cuerpo. En España la brecha es todavía más nítida. Desde la irrupción de Vox, las mujeres se han situado más a la izquierda que nunca en la serie del CIS , y entre los menores de veinticinco años la mitad de las chicas se define feminista frente a uno de cada diez chicos. Un estudio reciente de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas muestra que el voto contra una amenaza, el que se emite por miedo a lo que viene, predomina entre mujeres y jóvenes y beneficia sobre todo a la izquierda. Pero hay un dato que la izquierda debería recordar, y es que ese voto no está garantizado. Las mujeres no son un granero cautivo, y nadie se moviliza para defender una causa que su propio partido esconde en campaña porque le da apuro. Movilizar votos es movilizar mujeres. Movilizar mujeres exige darles razones, y las razones están en la misma mesa de la cocina: la escuela pública infantil de cero a tres, los permisos de cuidados remunerados y más largos, el aborto en la sanidad pública que no obliga a pagar una clínica privada , la pensión que no deja a la mayoría de las jubiladas por debajo de mil euros, el alquiler social que no pregunta si hay un hombre en casa. La derecha lo entiende perfectamente, por eso convierte cada una de estas demandas en supuesta ideología de género que combatir, y por eso el anuncio más eficaz de Trump en 2024 ( Kamala is for they/them, President Trump is for you ) enfrentaba a una minoría trans con el votante corriente para presentar la identidad de unas pocas como una amenaza para el bolsillo de todos. La derecha nunca separó lo material de lo identitario, solo exige que lo haga la izquierda precisamente porque es ahí donde perdemos. Salgamos de su marco y salgamos a ganar, movilizando también a las mujeres , que ya llevaron en dos ocasiones a la Moncloa un gobierno progresista. La izquierda que entre en esta campaña con el feminismo en el bolsillo de atrás, por si acaso, por no espantar, estará haciendo exactamente lo que le pedía su adversario, entrar en campaña con una mano atada a la espalda. _______________________ Ángela Rodríguez 'Pam' es filósofa feminista y ex secretaria de Estado de Igualdad.

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Ayer

Las medidas del nuevo decreto de vivienda: prórroga extraordinaria, veto a fondos buitre y alquiler de temporada (se abre en una pestaña nueva)

La Diputación Permanente refrenda las prórrogas extraordinarias, el escudo antidesahucios y la regulación del alquiler de habitaciones y temporada El decreto de vivienda pone coto al Plan Vive de Ayuso: prohíbe que los gastos extra suban los alquileres asequibles Un día después de la multitudinaria huelga general por la vivienda convocada por el Sindicato de Inquilinas y secundada por los grandes sindicatos españoles, la Diputación Permanente del Congreso, que opera mientras la cámara está disuelta por la convocatoria de elecciones, ha convalidado este jueves uno de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno para atajar la crisis de vivienda tras las movilizaciones y a poco más de dos semanas para las elecciones generales. La negativa del PNV tumba el segundo decreto, que prevé prórrogas indefinidas de los contratos del alquiler. Estas son las medidas, vigentes desde el 7 de octubre, que quedan refrendadas por el legislativo con la votación de la Diputación Permanente: Veto a la compra especulativa El decreto prohíbe hasta 2030 la compra por parte de empresas de inmuebles por debajo del 70% de precio de mercado, con las excepciones de todos aquellos que lo dediquen al alquiler asequible o para personas vulnerables o en exclusión social. El nuevo artículo incluye la excepción a empresas que cumplan códigos de buenas prácticas, que en todo caso no podrán desahuciar a personas vulnerables en inmuebles de este tipo. El objetivo es que no se cierren compras de viviendas ocupadas o degradadas para obtener un lucro rápido y especulativo. Escudo antidesahucios La protección contra los desahucios añade una obligación de las administraciones de cubrir las costas procesales. Los desahucios a personas vulnerables quedan suspendidos hasta 2030 si las administraciones no ofrecen alternativa residencial. Pero además, crea una forma de rescate estructural con la incorporación de una figura: la enervación extraordinaria. Esta consiste en que, en caso de que las administraciones no puedan ofrecer una alternativa de vivienda a las personas vulnerables en riesgo de desahucio, deberán cubrir el impago de la deuda del inquilino al propietario con tal de que, también, se suspenda el desahucio, siempre y cuando estos dueños sean particulares y no grandes tenedores. No prevalecerá la protección del desahucio a partir de 2030 cuando el propietario sea vulnerable o tenga solo dos viviendas o menos. Prórroga extraordinaria El decreto contempla que todos los contratos que venzan antes de diciembre de 2028 puedan solicitar una prórroga extraordinaria de su alquiler por dos años firmados año a año y sin subidas de precio más allá de la limitada por la congelación, a un máximo del 2%. Además, quedan amparados por este derecho aquellos que fueron solicitados durante la vigencia del anterior decreto, que decayó un mes después de su aprobación porque lo rechazó el Congreso. La prórroga queda sujeta a excepciones cuando el propietario demuestre necesitar el piso como vivienda suya o de un familiar de primer grado. Alquiler de habitaciones El alquiler de habitaciones entra en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que incluye “el arrendamiento parcial de una habitación o estancia de la vivienda” dentro del arrendamiento de vivienda habitual. Esto implicará que se deban aplicar los mismos tiempos y protecciones de contrato que el alquiler de vivienda, esto es, de cinco años en caso de que el propietario sea particular y siete una empresa. En mercados declarados tensionados, la suma de las rentas de las habitaciones no pueden superar el precio total de la vivienda marcado en el índice. Se fija un máximo de 30 días para el alquiler de viviendas turísticas. Se prevé que los alquileres de habitación de entidades del tercer sector puedan tener un tiempo de contrato vinculado al proyecto sin tener que cumplir con el tiempo de la LAU. Vivienda temporal El alquiler temporal tiene que justificarse con pruebas que acrediten la temporalidad del inquilino. El contrato tendrá un mínimo de un mes y un máximo de doce. En caso de que no se demuestre esta temporalidad o de renovaciones de contrato que superen el tiempo límite de un año, el contrato se considerará de vivienda habitual con contrato de cinco años, siete si el propietario es una empresa. Ayuda de compra a la vivienda El nuevo decreto fija el presupuesto destinado al nuevo proyecto Tu Casa, que será de 10.000 millones. A un máximo de 50.000 euros de ayuda, limita los préstamos a un máximo de 200.000 ayudas. El comprador podrá pagar este préstamo cuando acabe de pagar la hipoteca, un máximo de 30 años después de recibir la ayuda, y lo hará a un 0% de interés. El objetivo es facilitar la compra de vivienda a personas y familias sin ahorros. Deducciones de IRPF a caseros e inquilinos Los inquilinos con una base imponible de su sueldo de hasta 33.000 euros, podrán deducirse hasta una mensualidad del alquiler en la declaración de la renta. En el caso de los propietarios, se bonifican hasta un 100% en quienes rebajen el precio del alquiler por debajo de un 5% del precio de mercado. Congelación de alquileres En su subida anual, los propietarios no podrán subir el alquiler si lo tienen a un precio superior al índice de mercado. Si el precio está por debajo de este índice, la subida máxima durante los próximos dos años será del 2%. Impulso a vivienda pública y asequible Entre las medidas para impulsar el parque de vivienda pública y asequible, el decreto blinda las que se financien con presupuestos estatales, que tendrán que ser protegidas para siempre, o sea, no pasarán al mercado privado pasados unos años como sucede ahora. El texto establece además que tan solo podrá ser catalogada como vivienda de alquiler asequible aquella en que el inquilino no destine más del 30% de sus ingresos y prohíbe que se imputen gastos extra como trastero, IBI, garaje o gastos de comunidad para superar este esfuerzo, tal y como se está haciendo en el Plan Vive de Madrid. Nuevo impuesto a pisos turísticos La vivienda turística pasará a pagar un IVA del 10%, el mismo que se aplica a las actividades de hostelería. Obras de reparación El nuevo decreto incluye un apartado que protege a los inquilinos ante las obras de preparación de una vivienda. Concretamente, si los daños o desperfectos de un piso son necesarias o afectan a la seguridad o a la salubridad del inquilino, el arrendador podrá pedir la reparación por escrito adjuntando un presupuesto y si, en quince días, el propietario no ha dado respuesta, el inquilino podrá adelantar el dinero de la reparación y descontar su importe en rentas futuras. BOE 7 de octubre

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El Gobierno saca adelante el decreto que prorroga los alquileres y prohíbe desahucios (se abre en una pestaña nueva)

La Diputación Permanente convalida el decreto que incluye esa medida, junto a otras como la prórroga de alquileres, con los votos a favor de PSOE, Frente Amplio, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG. El rechazo del PNV tumba el segundo decreto, que convertía los alquileres en indefinidos Las medidas del nuevo decreto de vivienda: prórroga extraordinaria, escudo antidesahucios y alquiler de temporada La campaña electoral comenzará este viernes a las 00.00 horas, pero los partidos que componen el Gobierno —el PSOE y el Frente Amplio— se apuntaron el primer tanto unas horas antes, en torno al mediodía de este jueves. El Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del decreto aprobado a principios de octubre que contiene el grueso de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la prohibición de los desahucios de familias vulnerables hasta 2031 o el establecimiento de un IVA del 10% para los pisos turísticos. Lo hizo con los votos a favor de ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG, además de los partidos que forman parte del Ejecutivo, y pese al rechazo de PP, Vox y Junts. El texto convalidado este jueves es prácticamente idéntico al que tumbaron en septiembre las tres formaciones de la derecha, un rechazo que condujo precisamente a la convocatoria de los comicios. No obstante, entonces PP, Vox y Junts pudieron derribar el decreto en el Congreso porque se votó en la sesión plenaria, a diferencia de lo que ocurrió este jueves, cuando fue la Diputación Permanente —el órgano reducido que mantiene el funcionamiento de la Cámara cuando esta está disuelta— la que lo debatió y lo votó. Allí, el Gobierno y sus socios tienen mayoría por un solo voto, y la hicieron valer pese a que los tres partidos de la derecha volvieron a oponerse a la convaldiación del texto. Por el contrario, el segundo de los decretos que se aprobaron el mes pasado y que se votaron este jueves, el que establecía la duración indefinida de los contratos de alquiler salvo que el propietario necesitara el piso para sí o para un familiar, volvió a ser tumbado. Aunque PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y el BNG apoyaron también la convalidación de este segundo texto, el PNV votó en contra junto a PP, Vox y Junts, con lo que la mayoría de la Diputación Permanente se inclinó por derogarlo. El decreto más amplio, el que sí fue convalidado este jueves, incluye como una de las medidas estrella la protección antidesahucios, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2030. Asimismo, se mantiene en vigor la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria del contrato de alquiler de hasta dos años adicionales para los acuerdos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, si el inquilino está al corriente de pago. Y, para las actualizaciones anuales de renta hasta el 31 de diciembre de 2027, se prohíbe actualizar la cuota si esta supera el precio de referencia establecido por el Ministerio de Vivienda. El decreto también incluye la prohibición, hasta el 31 de diciembre de 2030, de que grandes tenedores y fondos buitre adquieran viviendas por un valor inferior al 70% de su valor de tasación de mercado. Y se mantendrá, igualmente, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, uno de los grandes agujeros de la ley de vivienda aprobada en 2023 por el que algunos caseros sorteaban las limitaciones que esta norma establece. Básicamente, esta nueva regulación iguala los derechos de los inquilinos y las obligaciones de los caseros que firmen un contrato de una habitación o de un piso por un plazo determinado a los de un alquiler tradicional. En el caso del alquiler de temporada, deberá demostrarse con pruebas de que el inquilino tiene necesidad temporal, y si eso no ocurre el contrato se considerará como de vivienda habitual. Además, si se encadenan contratos de temporada a una misma persona, el arrendamiento también se entenderá como estable. La vista puesta en las elecciones Aunque el debate parlamentario sobre los dos decretos se produjo unas horas antes de que dé comienzo la campaña electoral, lo cierto es que los comicios del 29 de noviembre estuvieron muy presentes, explícita o implícitamente, en las intervenciones de todos los portavoces. La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mostró durante su intervención para presentar el paquete de medidas que finalmente fue convalidado su confianza en que “las urnas se llenen las papeletas de los partidos políticos que luchan y trabajan cada día para que este derecho quede consagrado como manda la Constitución”. Rodríguez, asimismo, reivindicó las movilizaciones que tuvieron lugar este miércoles en toda España a raíz de la huelga general. “El derecho a la vivienda caminó con dignidad por nuestras calles y plazas en el día de ayer”, celebró la ministra, que afirmó que la reclamación principal de esas marchas era “algo tan de sentido común como que el alquiler no se coma el salario”. A diferencia de lo que ha defendido el PSOE hasta hace un tiempo, Rodríguez afirmó que la vivienda “no es una mercancía” y, por ende, “no puede ser tratada como un activo financiero”. “Quienes ayer ejercieron su derecho a la huelga saben que defender el derecho a la vivienda pasa también por ejercer su derecho al voto. Derechos, esto es lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre en las próximas elecciones”, planteó en la misma línea de campaña Rodríguez, que advirtió de que PP y Vox “no plantean una alternativa de gobierno”, sino “una profunda involución democrática que, en el caso de las políticas públicas de vivienda implican volver al año 1996, al pelotazo y a la desprotección ciudadana”. Por el contrario, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, fue menos explícito a la hora de referirse a la cita electoral de dentro de dos semanas, aunque su intervención para defender el decreto de alquileres indefinidos —el que fue derogado— también tuvo un inconfundible aroma a campaña. “La fuerza unitaria organizada del pueblo trabajador es imparable y se va a abrir paso, y el derecho a la vivienda se va a abrir paso independientemente de los aspavientos que hagan ustedes para disimular lo que están haciendo”, espetó Bustinduy a PP, Vox y Junts, a quienes calificó de “bloque rentista”. El ministro, al igual que Rodríguez, también saludó las manifestaciones que tuvieron lugar este miércoles con motivo de la huelga. “Toda la de este país debe estar supeditada al interés general, y el interés general es el interés de las clases trabajadoras”, espetó Bustinduy, que cargó contra “la intimidación” y “la violencia intolerable que sufrieron en las calles” los manifestantes por parte de la policía, pero celebró que “lograron una vez más parar el país”. “Si hoy esta Diputación Permanente va a posicionarse sobre los decretos de vivienda es gracias a esa lucha, como lo ha sido siempre, como se han logrado todas las conquistas que han mejorado la vida de las clases trabajadoras”, aseveró.

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Hace 2 días

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La extrema derecha europea quiere "liberalizar el mercado y eliminar todas las salvaguardias" en la vivienda (se abre en una pestaña nueva)

En los últimos meses se han producido movilizaciones contra la carestía de la vivienda en varios países europeos: España, Portugal, Italia... Para el 20 de noviembre se esperan manifestaciones sobre este tema en toda Europa . Aunque la izquierda lleva mucho tiempo abordando este asunto y lo ha aprovechado en algunas elecciones, sobre todo en las locales, la extrema derecha también pretende sacar partido de la crisis que atraviesa el continente . Siguiendo el ejemplo de sus homólogos en Europa, Marine Le Pen ha decidido convertirlo en uno de los pilares de su campaña. ¿Qué propone la extrema derecha ante la crisis de la vivienda? ¿Cuál es su balance tras su paso por el poder? Entrevista con Sarah Coupechoux , responsable de la misión Europa en la Fundación para la Vivienda de los Desfavorecidos, que ha publicado recientemente un informe sobre el tema titulado “La extrema derecha en Europa: en peligro las personas alojadas en infraviviendas”. “Mediapart”: ¿Cuáles son las características de la crisis de la vivienda en Europa que está provocando movilizaciones en países tan diferentes como Alemania, España o Italia? Sarah Coupechoux: El punto en común de esta crisis es que, en toda Europa, el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más difícil, ya sea para compra o para alquiler. Los precios se han disparado tanto que las familias ya no pueden permitirse una vivienda. Esta crisis afecta ahora a todas las franjas de la población, tanto a los jóvenes —que tienen cada vez más dificultades para independizarse de sus padres— como a las personas mayores, como se ha visto en España con el desahucio de Maricarmen Abascal , quien, a sus 87 años, ya no podía pagar el alquiler. Pero, efectivamente, si tomamos como ejemplo los Países Bajos, Alemania o España, tienen historias muy diferentes en lo que respecta a la vivienda. En Alemania, el mercado está compuesto mayoritariamente por inquilinos, con un importante parque de viviendas sociales que, históricamente, ha ido pasando progresivamente al sector privado. Se trata de un mercado que sufrió con retraso la crisis de la vivienda y cuyos inquilinos se beneficiaron durante mucho tiempo de una fuerte protección. Si tomamos el ejemplo de España, nos encontramos ante un mercado dominado por los propietarios, un legado del franquismo. Tras la crisis de 2008, los fondos de inversión apostaron fuerte por este mercado, los precios se dispararon y también los tipos de interés de las hipotecas. La generación joven ya no puede acceder a la propiedad, y ello en un mercado en el que el parque de alquiler está muy poco desarrollado y donde el parque de viviendas sociales es inexistente. Se ve que no hay válvula de escape. ¿Qué salidas políticas puede tener esta crisis? Hemos visto que la izquierda ganó las elecciones con este tema en Berlín, pero usted demuestra que la extrema derecha también está desempeñando su papel con cierta eficacia. En Francia, Marine Le Pen ha situado la vivienda en el centro de su campaña. Marine Le Pen se inspira claramente en sus compañeros de la extrema derecha europea, ya que en Hungría, en los Países Bajos o en Irlanda, esos partidos han llevado a cabo campañas estableciendo vínculos simplistas entre la crisis de la vivienda y la inmigración. Ella se suma a esa corriente, que es una corriente europea. Estos discursos pueden ser muy eficaces porque tienen un gran eco entre la población, que vive como un descenso social la imposibilidad de acceder a la propiedad. Pienso, en particular, en todas aquellas personas de zonas rurales que suelen comprar una casa cuando se casan. Y ahora, incluso alejándose de los centros urbanos, eso es imposible. Las personas que llevan años esperando una vivienda social —2,9 millones de hogares en Francia— pueden tener la impresión de que hay quienes se les adelantan, de que se favorece a los extranjeros y estos ocupan su lugar. Habla usted del welfare chauvinism (chovinismo social) como el rasgo común de la extrema derecha europea en materia de política de vivienda. ¿En qué consiste? Es la idea de un Estado del bienestar, de un Estado protector que solo beneficiaría a los nacionales. La extrema derecha puede defender el desarrollo del parque de viviendas sociales, pero siempre y cuando se rija por la prioridad nacional. Eso es lo que defendió Marine Le Pen en su discurso sobre la vivienda al referirse a un sistema de vivienda social que, según ella, hoy en día “beneficia prioritariamente a una inmigración incesante y anárquica”. En los Países Bajos, la incisiva campaña de Geert Wilders, del Partido por la Libertad (extrema derecha), que ganó las elecciones legislativas de 2023 , se centró en el hecho de que las viviendas sociales se asignaban en su mayoría a los extranjeros, y en particular a los solicitantes de asilo. Lo cual es totalmente falso [solo el 7 % de las viviendas municipales disponibles se asignan a refugiadas y refugiados —ndr]. La falta de viviendas es consecuencia de las políticas públicas aplicadas desde hace años, pero es más sencillo presentar a los extranjeros como los responsables de esta escasez. Otra característica de las políticas de vivienda de la extrema derecha es que, tras una retórica “protectora”, rechazan cualquier regulación del mercado. Sí, totalmente. Detrás de esas fórmulas que invocan un Estado protector, en realidad, lo que estos partidos persiguen sobre todo es liberalizar el mercado y eliminar todas las salvaguardias —cuando existen— que protegen a los hogares más vulnerables. Están a favor de un mercado completamente libre. Votan en contra del control de los alquileres, en contra de la regulación de los alquileres de corta duración como los de Airbnb, en contra de la tributación de las segundas residencias, etc. Estos partidos abogan por menos normas y menos restricciones en la construcción, lo que puede dar lugar a un deterioro de las condiciones de habitabilidad. Pero esto también es válido en lo que respecta a las obligaciones de renovación energética y a la lucha contra las pérdidas térmicas de los edificios, a lo que la extrema derecha siempre se opone. Lo hemos visto, por ejemplo, en Italia, donde las llamadas políticas de “simplificación” de Giorgia Meloni han llevado a declarar “habitables” espacios mucho más reducidos, tanto en superficie como en altura de los techos. El argumento de estos partidos es fomentar la construcción mediante la desregulación, pero su balance en este aspecto es más que mediocre. En Italia, donde Giorgia Meloni había prometido un “choque de la oferta”, estamos muy lejos de ello. Las recientes manifestaciones de los jóvenes allí han demostrado que, en realidad, el Gobierno había contribuido al desarrollo de una oferta privada para estudiantes a precios inasequibles. La extrema derecha europea también se dirige a un electorado profundamente apegado a la propiedad. El deseo de ser propietario está muy arraigado a escala europea, y lo mismo ocurre en Francia. Ser propietario de una vivienda es una garantía de éxito social y al mismo tiempo de seguridad para el futuro, para la jubilación, para legársela a los hijos, etc. El lema “todos propietarios” tiene sus límites, ya que pedir un préstamo a tipos de interés muy elevados y encontrarse en dificultades para devolverlo o mantener la vivienda no es necesariamente deseable. Esta no puede ser la única solución en materia de vivienda. Como mencionaba al principio, es necesario contar con válvulas de escape: es decir, un mercado de alquiler accesible, un parque de viviendas sociales, alojamientos de emergencia… Y es que estos partidos tienden a mantener un discurso muy estigmatizador hacia quienes no logran ser propietarios, contra los okupas que vulneran el derecho de propiedad y los inquilinos morosos. No obstante, hay que recordar que la extrema derecha, en nombre de la defensa de la propiedad, siempre aboga por flexibilizar los impuestos de sucesiones, lo que, evidentemente, beneficia a los hogares más acomodados. Al mismo tiempo, allí donde ha estado en el poder, el número de personas sin hogar se ha disparado. Sí, el ejemplo finlandés es interesante en este sentido. Finlandia ha sido durante mucho tiempo un país modelo en las políticas de lucha contra la falta de vivienda. En los últimos treinta años han reducido drásticamente el número de personas sin hogar gracias a un modelo denominado “la vivienda primero”, que consiste en ofrecer primero una vivienda a las personas y, después, proporcionarles acompañamiento social. Pero cuando la extrema derecha llegó al Gobierno dentro de una coalición, se produjeron recortes importantes en la construcción de viviendas sociales, en las ayudas a la vivienda y en los presupuestos destinados a los colectivos vulnerables, y el número de los sin techo volvió a aumentar. Las personas mayores con pocos recursos, los jóvenes en situación de precariedad y las personas con problemas de salud o de adicción se han visto gravemente afectadas por esta política. Traducción de Miguel López

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