La compañía no logra dar con una solución estable tras la caída de sus servicios en la tarde del jueves, que afecta a cientos de millones de usuarios, y descarta el ciberataque
La ampliación de facultades permitirá al Servicio Federal de Inteligencia inutilizar instalaciones en el extranjero, manipular suministros y paralizar servidores Leer
La Guardia Civil , a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a una persona en el término municipal de Almedinilla (Córdoba) como presunta autora de un delito contra la fauna por caza furtiva . El individuo fue interceptado mientras practicaba la caza menor acompañado de siete perros en el interior de un coto privado sin contar con la preceptiva autorización de su titular. La actuación se enmarca dentro del dispositivo de vigilancia y prevención desplegado con motivo de la temporada cinegética 2026/2027, así como en el Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES). Durante el servicio, los agentes detectaron al sospechoso ejerciendo la actividad cinegética... Ver Más
El acusado ya estaba bajo vigilancia de los servicios antiterroristas y Alemania lo reclamaba por su presunta implicación en un complot para asesinar a miembros de la comunidad judía
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La compañía ha desplegado una solución para restablecer el servicio, aunque sigue monitorizando su recuperación ante posibles fallos puntuales
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
Microsoft ha informado de que sus servicios se están recuperando en las distintas regiones donde se han visto afectados, tras más de 20 horas en los que Teams, Outlook y su 'software' de Inteligencia Artificial (IA), Copilot, han estado inoperativos.
Servicios como Outlook, Microsoft Teams y la suite ofimática Microsoft 365 están empezando a volver a la normalidad después de más de un día caídos. Más información: Microsoft experimenta una caída mundial durante varias horas que deja Outlook y otros servicios inoperativos
José María Fachado, director técnico de i3e, explica por qué Outlook puede abrirse y seguir sin enviar correos, y qué tiene que comprobar Microsoft antes de dar por recuperado el servicio.
Los proveedores de servicios, desde los bancos hasta las plataformas digitales, deben ofrecer un canal de acceso estándar en condiciones equitativas.
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La asociación de empresarios del transporte de viajeros por carretera Galibus denuncia que la Xunta "asfixia" al sector "pagando el servicio con costes de 2024".
La endocrinóloga insiste en la importancia del diagnóstico precoz de una enfermedad que afecta a unas 172.000 personas en Euskadi En Euskadi, alrededor de 172.000 personas padecen diabetes, lo que representa aproximadamente el 7,5% de [Leer más...] The post «La diabetes tipo 2 no duele, y cuando da síntomas ya vamos tarde», explica la Dra. Aída Cadenas, del Servicio de Endocrinología del Hospital Quirónsalud Bizkaia first appeared on Diario Digital de Teruel .
La Xunta de Goberno Local de A Coruña ha aprobado este viernes la nueva Ordenanza Reguladora del Servicio Municipal de Teleasistencia Domiciliaria que sustituirá la normativa actual vigente, nacida en el año 1998.
Desde las 08.30 horas, los tranvías circularán únicamente entre La Trinidad y La Paz, con previsión de recuperar el servicio completo al mediodía
La Consejería de Sanidad y Bienestar Social ha hecho pública este viernes, 13 de noviembre, la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para acceder a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de operario de servicios del Servicio de Salud de Castilla y León. La resolución, firmada por el consejero Alejandro Vázquez Ramos a través de la Orden SAN/1228/2026, culmina el procedimiento convocado en noviembre de 2024 y abre ahora el periodo definitivo para la adjudicación de los destinos laborales en las distintas áreas de salud de la comunidad. En lo que respecta a la dotación para la provincia, la oferta oficial contempla un total de 10 plazas en Soria , integradas dentro de las 105 vacantes que se reparten por toda la geografía regional. De estos puestos asignados a la Gerencia de Asistencia Sanitaria soriana, ocho corresponden al Complejo Asistencial de Soria , mientras que las dos plazas restantes van dirigidas a la Gerencia de Atención Primaria de Soria , según detalla la documentación publicada en el boletín autonómico. El reparto completo en la comunidad se distribuye también por el resto de provincias, siendo que el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid Oeste cuenta con 18 puestos y el Hospital Clínico Universitario de Valladolid dispone de 16 plazas, a las que se unen dos en el Hospital de Medina del Campo. Por su parte, el Complejo Asistencial de Salamanca recibe 12 vacantes y el de Zamora suma 10, mientras que los complejos asistenciales de León, Palencia y Segovia ofertan ocho plazas cada uno. Cierran la relación el Complejo Asistencial de Ávila con seis puestos, el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro con cuatro y el Hospital El Bierzo de Ponferrada con tres vacantes. El listado de los 105 opositores aprobados se ha confeccionado sumando las calificaciones de la fase de oposición y las de la fase de concurso, donde se valoraban hasta 60 puntos por experiencia profesional y un máximo de 40 por formación continuada. Plazos y documentación requerida A partir de ahora, los aspirantes seleccionados disponen de un plazo de 15 días hábiles , que comienzan a contar desde el día siguiente a esta publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León , para remitir la documentación exigida y solicitar su plaza por orden de preferencia. Los escritos deberán dirigirse al Servicio de Selección de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional de la Gerencia Regional de Salud, ubicada en el número uno del paseo de Zorrilla de Valladolid. Junto a la petición de vacantes, los futuros trabajadores estatutarios habrán de aportar la copia del título del Certificado de Escolaridad o equivalente, así como un certificado médico oficial expedido dentro del plazo de presentación que acredite no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite el ejercicio de sus funciones. Asimismo, deberán adjuntar sendas declaraciones responsables confirmando no haber sido separados del servicio mediante expediente disciplinario en los seis años anteriores ni estar inhabilitados, además de no ostentar ya la condición de personal fijo en esta misma categoría o, en su defecto, presentar la renuncia previa a la toma de posesión. Aquellas personas que hayan accedido al proceso por el turno de discapacidad tendrán que sumar una certificación específica actualizada, emitida por los órganos competentes en materia de servicios sociales, donde conste expresamente su aptitud para el desempeño de las tareas propias del puesto. La orden advierte de que quienes no presenten estos documentos en el tiempo fijado, salvo causas de fuerza mayor, o no soliciten un número suficiente de plazas acorde a su posición en la lista, perderán el derecho a ser nombrados personal estatutario fijo. Una vez comprobado el cumplimiento de todos los requisitos, las vacantes se adjudicarán por estricto orden de puntuación y atendiendo a la preferencia manifestada por cada candidato. Para cubrir posibles renuncias o vacantes sobrevenidas, la orden incorpora una relación complementaria con otros 160 aspirantes que siguen en puntuación a los aprobados, a quienes se requerirá la documentación en un momento posterior si resultase necesario. Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición en el plazo de un mes o bien recurso contencioso-administrativo en el periodo de dos meses.
Andalucía ha sufrido en las últimas 72 horas varios episodios de mochilas sospechosas que han obligado a activar los protocolos antiterroristas. Tras los avisos registrados en las provincias de Málaga, Granada y Sevilla, esta tarde, a las 19:15 horas, una alerta en San Fernando ha provocado el desplazamiento de los Tedax , las unidades de Guías Caninos y la Policía Nacional .Finalmente, tras las comprobaciones necesarias, el Cuerpo determinó la falsa alarma al no encontrarse rastro de artefactos explosivos.El incidente ha ocurrido en la parada de tranvía de la Venta de Vargas . Por ello, tal y como ha comunicado Trambahía en sus redes sociales, el servicio se ha visto interrumpido.Según apuntan las informaciones, se trata de un individuo que accedió inicialmente al tranvía con mochila para, acto seguido, salir de nuevo al exterior, dejar el bulto y regresar rápidamente al interior del vagón. Su actitud despertó la sospecha de uno de los viajeros , que fue quien dio el aviso a la Policía Nacional.Los efectivos policiales realizaron un seguimiento de las imágenes de los sistemas de videovigilancia del tranvía , que circulaba con destino Cádiz, para localizar e identificar al individuo que había dejado la mochila. De hecho, ha sido el mismo, delante de los propios agentes, quien ha descubierto el contenido de su interior.El Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) del municipio isleño estableció un perímetro de seguridad y, a su vez, la Policía Local desvió el tráfico entre el Castillo de San Romualdo y la propia rotonda de la Venta de Vargas.La intervención policial permitió activar los protocolos de seguridad, y comprobar el alcance de la situación, sin lamentar daños personales.
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La provincia de Guadalajara se ha convertido este miércoles en el escenario escogido por el Partido Popular para lanzar un duro mensaje contra la huelga general convocada en el ámbito […] La entrada El dardo de Tellado desde Guadalajara a los sindicatos: «Es el último servicio a Pedro Sánchez» se publicó primero en La Crónica de Guadalajara: Tu periódico digital .
El Boletín Oficial de Castilla y León publica este miércoles las bases de la convocatoria de la Diputación Provincial de Soria para la provisión de una plaza de director de los Servicios Agropecuarios . Este puesto pertenece a la plantilla de funcionarios de carrera, dentro de la escala de Administración Especial, grupo A y subgrupo A1 , contando con un nivel 25 de complemento de destino. La vacante se enmarca en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2025, aprobada por la Junta de Gobierno el 6 de octubre de aquel año. El procedimiento de selección elegido por la administración provincial es el de oposición en turno libre , habida cuenta de las necesidades de personal para contribuir a una correcta prestación de los servicios de su competencia. Asimismo, como consecuencia de este proceso selectivo se constituirá una bolsa de empleo destinada a cubrir las vacantes temporales que por diversas circunstancias pudieran producirse en el Servicio de Agricultura , así como subsidiariamente en otros puestos de funciones y formación equivalentes. Para ser admitidos en las pruebas, los aspirantes deben poseer la nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, tener cumplidos los 16 años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa. En el plano académico, se exige estar en posesión del título de Grado, Licenciatura o Ingeniería Superior en áreas relacionadas con la agronomía, ciencias ambientales, biología, forestal y veterinaria , o bien titulaciones equivalentes, antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes. Los candidatos cuentan con un plazo de 15 días hábiles para presentar sus instancias, el cual comenzará a contar a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado . Los interesados pueden registrar su documentación de manera presencial en el Registro General de la institución, en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , o mediante la sede electrónica de la Diputación . Junto al modelo oficial de solicitud, que se encuentra disponible en el portal web de empleo provincial , resulta indispensable adjuntar el justificante de la titulación exigida y el comprobante de haber abonado los derechos de examen. Esta tasa se ha fijado en 32,91 euros y debe tramitarse a través de la plataforma telemática de tasas , si bien existen exenciones y bonificaciones por discapacidad, desempleo o familia numerosa que pueden consultarse en el apartado de ordenanzas fiscales de la corporación . Estructura de las pruebas y periodo de prácticas El desarrollo de la oposición consta de una primera fase compuesta por tres ejercicios eliminatorios que suman un máximo de 100 puntos, donde el orden de actuación de los aspirantes se iniciará por la letra B . La primera prueba consistirá en responder por escrito, en un tiempo máximo de 120 minutos, a un cuestionario de hasta 100 preguntas con respuestas alternativas sobre todo el temario, el cual se compone de 19 temas de materias comunes y 74 de materias específicas. Esta fase se calificará de cero a 30 puntos, siendo necesario alcanzar al menos 15 para superarla. Quienes pasen el primer corte afrontarán un segundo examen de carácter teórico-práctico durante un máximo de tres horas, consistente en la redacción de una memoria, crítica, comentario o informe relacionado con las funciones del puesto. Posteriormente, el tercer ejercicio obligará a desarrollar por escrito durante cuatro horas cuatro temas elegidos por sorteo entre los distintos bloques de la parte específica, que abarca gestión administrativa, sector agropecuario, ingeniería agraria y políticas públicas. Tanto en la segunda como en la tercera prueba los opositores deberán realizar una lectura pública ante el tribunal, que podrá formular preguntas durante diez minutos. Una vez superados los tres exámenes, el candidato con mayor puntuación será nombrado funcionario en prácticas durante un periodo de tres meses , fase que será calificada como apto o no apto. Quedarán eximidos de este trámite, pasando directamente a ser nombrados funcionarios de carrera, aquellos aspirantes que acrediten documentalmente haber desempeñado puestos de igual contenido y funciones en cualquier administración pública. Respecto a la bolsa de empleo resultante , que derogará las listas anteriores, quedará integrada por todos los candidatos que hayan superado al menos los dos primeros ejercicios, ordenados según sus calificaciones. Cuando surja una necesidad temporal y se produzca el llamamiento por teléfono o correo electrónico, los integrantes dispondrán de dos días para contestar a la oferta, toda vez que el rechazo sin causa justificada supondrá una suspensión en la lista durante el plazo de un año.
El servicio está funcionando con normalidad, al igual que el autobuses, en servicios mínimos
La ley obliga a la televisión pública a garantizar pluralismo, igualdad y neutralidad durante el periodo electoral. Pero este lunes, a veinte días de las elecciones generales del 29 de noviembre , RTVE permitió que un partido, la formación de extrema derecha Vox , gestionara el público que asistió en directo a la grabación de la entrevista que La 1 hizo a su candidato, Santiago Abascal . Ocurrió en La Revuelta , el programa de entretenimiento que presenta el humorista David Broncano . Lo ocurrido afecta a algo más que a un programa. Y, en ausencia de explicaciones detalladas, que la dirección de Comunicación prefirió no ofrecer (la corporación “no hace declaraciones” sobre el asunto, fue la respuesta enviada a infoLibre ), pone en cuestión la capacidad de RTVE para ejercer su papel de servicio público en plena precampaña. Es un papel que exige tratar a todos los candidatos con las mismas reglas y que ninguno decida condiciones especiales para la realización de su entrevista. David Broncano lo explicó al empezar la emisión. El equipo de Abascal temía que el público habitual, al que el presentador situó en posiciones de izquierda, rompiera el ritmo de la entrevista. Vox pidió encargarse de la gestión de los asistentes y lo hizo a través de una agencia. El programa no solo aceptó, sino que renunció a su formato habitual, un show de entretenimiento, para ensayar lo que a todas luces pretendía ser una entrevista informativa seria. De poco sirvió que, al final, el propio Broncano reconociese que el apoyo unánime de la sala ofrecía una imagen falsa del respaldo a Vox. “Creo que hemos visto una cosa que no es real”, dijo. Por el mismo sofá habían pasado Pedro Sánchez, Gabriel Rufián e Irene Montero. Y lo hizo en la noche del martes Ada Colau. En ninguna de esas visitas se cambió el público. Queda por ver si el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo , aceptará acudir y pedirá también llevar a su propio público. Broncano intentó discutir con Abascal sobre Gaza, la violencia machista y el cambio climático, pero el líder ultra se escapó en la mayoría de las respuestas, libre para exhibir en prime time los bulos sobre los que construye su discurso . Tan suelto se encontró que, al final, se sintió lo suficientemente seguro como para amenazar a Broncano deseándole suerte en el futuro porque iba a necesitarla, en alusión a la motosierra que su partido quiere aplicar a los medios públicos. La entrevista fue la emisión más vista de la historia del programa. Reunió a 4.815.000 espectadores de media y un 33,6% de cuota. Al menos 8.670.000 personas la vieron durante un minuto o más, el 18,2% de la población. El entorno de Vox celebra la entrevista, que se ha convertido en materia de campaña, como un éxito estratégico. Pedro Sánchez escribió en X que “amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia”. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó tras el Consejo de Ministros que lo que se vio fue a un político insultar y amenazar a un trabajador. El ministro de Cultura y miembro de Frente Amplio, Ernest Urtasun, calificó de “absolutamente inaudito” que un candidato acuda a la radiotelevisión pública con su propio público. Irene Montero, cabeza de lista de Podemos, cuestionó que se llevara a Abascal al horario de máxima audiencia. Gabriel Rufián , candidato de ERC, salió en defensa del presentador. Desde el PP, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo que la entrevista buscaba alimentar la división entre su partido y Vox. José Pablo López , presidente de RTVE, defendió la decisión en X. “Muchos diréis que bastaba con decirles que no”, escribió, pero la corporación no regala excusas para “gritar censura” ni crea “mártires en un teatro”. “Seguramente no fue el escenario ideal para el talento de David, y nos invita a la reflexión, pero es fácil ser ‘capitán a posteriori ’”, subrayó. “Si ante una frase como ‘vas a necesitar suerte’ algunos prefieren quedarse en el oportunismo para linchar a David y a la televisión pública, demuestran que les preocupa más el desgaste del formato que el fondo de lo que se escuchó anoche. Todo mi apoyo a David y a su equipo”. A falta de más explicaciones, que RTVE no quiso ofrecer, el mensaje sugiere que la dirección conocía la petición de Vox y la aceptó. López plantea un dilema entre aceptar o vetar, pero no explica por qué no eligieron la tercera opción, que era aplicar a Abascal las mismas reglas que a los candidatos anteriores. La reflexión que anuncia la Presidencia de la radiotelevisión pública sitúa el tratamiento electoral y el compromiso de servicio público de RTVE en el centro de todos los focos, a la espera de saber si el presidente o sus subordinados tuvieron alguna responsabilidad en que Abascal llevase su propio público. En principio, todo apunta a que RTVE carece de un protocolo coherente para gobernar la capacidad de sus programas de organizar y editar entrevistas con candidatos electorales . Dentro de la casa sí ha habido respuesta. El Consejo de Informativos de TVE , que representa a los trabajadores de la televisión pública que intervienen en la elaboración de la información, afirmó este martes en un comunicado que el programa del lunes le hizo “sentir muy incómodos”. El consejo considera “errores graves” el cambio del público habitual y el abandono del humor, que define como la esencia del programa. Y, aunque La Revuelta no entra dentro de sus competencias, ha decidido pronunciarse porque el programa se convirtió en la práctica en una emisión informativa, aunque “sin el rigor que debería garantizar un espacio de estas características”. A juicio del consejo, una entrevista política, y más en un proceso electoral, debería realizarla el personal de los servicios informativos, con “producción 100% interna”. “Alguien debería asumir las responsabilidades” por lo ocurrido, concluye el comunicado. La incomodidad llegó también a la antena de RTVE. Silvia Intxaurrondo , presentadora de La hora de La 1 , planteó este martes tres preguntas a raíz de la entrevista. La primera es si la extrema derecha debe tener cabida en la televisión pública. La segunda, si RTVE puede ser neutral cuando tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad. La tercera, dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios. Intxaurrondo explicó también su propia práctica. En los últimos tres años, dijo, su programa no ha entrevistado a nadie que vaya contra los derechos humanos, salvo que ella no estuviera presente o que lo ordenara la Junta Electoral Central. “Yo lo he tenido claro siempre”, afirmó, dando a entender que otros programas no. La Revuelta no es el único espacio de entretenimiento de La 1 que entrevista a candidatos en precampaña. Este jueves, 12 de noviembre, Pedro Sánchez visitará en directo El perro andaluz , el programa de humor y entrevistas que presenta Manu Sánchez . RTVE anuncia una conversación en la que la seriedad convivirá con la ironía y la sátira. La visita responde a una invitación pública que Manu Sánchez lanzó en su monólogo del 22 de octubre. El programa, que ya ha tenido a Ada Colau como invitada, tenía prevista también una entrevista con Irene Montero el 29 de octubre, que se suspendió por el accidente ferroviario de Urda. No consta que haya extendido la invitación a Abascal ni a Feijóo. El artículo 66 de la ley electoral exige a los medios públicos, durante el periodo electoral, respeto al pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa. La Junta Electoral Central precisó en su instrucción 4/2011 que organizar entrevistas electorales corresponde a la dirección de cada medio, que debe respetar esos principios. Para cumplir con la ley, RTVE ha remitido a la Junta su plan de cobertura informativa para el 29N. El documento fija con detalle las entrevistas a candidatos. Se emitirán durante la campaña en La hora de La 1 y en Las mañanas de RNE , con una duración proporcional a los escaños obtenidos en 2023, de entre cuatro y 30 minutos. A Abascal le corresponden 20 minutos el 24 de noviembre en La hora de La 1 , el programa de Intxaurrondo. La Revuelta y El perro andaluz no figuran en el plan. Tampoco hay referencia alguna a los programas de entretenimiento. Sus entrevistas, además, se han emitido antes del arranque oficial de la campaña, el 13 de noviembre. La de Sánchez con Manu Sánchez será la víspera. Quedan así fuera de cualquier reparto, pese a que la obligación de neutralidad rige desde la convocatoria.
El Ayuntamiento de Covaleda ha dado un nuevo paso administrativo en la tramitación relativa a sus instalaciones funerarias. A través de una publicación oficial realizada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria , el consistorio ha procedido a abrir el periodo de información pública correspondiente al estudio de viabilidad económico-financiera para el contrato de concesión de servicios del tanatorio municipal . Esta medida se adopta en base a la Resolución de Alcaldía número 2026-0772 , la cual fue rubricada el pasado 29 de octubre de 2026 por el alcalde de la localidad, José Llorente Alonso , aprobando dicho documento técnico. Con este trámite se da estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 247.3 de la Ley 9/2017 , de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. A partir de ahora se abre un plazo de un mes durante el cual el expediente completo permanecerá a disposición de los ciudadanos para su consulta. La documentación puede ser revisada de manera presencial en las propias oficinas municipales de la corporación covaledense, así como de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Covaleda . Durante este tiempo de exposición pública, todas aquellas personas que pudieran considerarse interesadas tienen la posibilidad de comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones estimen por conveniente respecto al citado estudio. Así las cosas, desde la administración local se advierte de que, en el supuesto de no recibirse ninguna alegación en el plazo fijado, el documento se entenderá definitivamente aprobado sin que sea necesaria una nueva publicación oficial.
LA ENTREVISTA Daniel Moreno Rodríguez, nacido en Linares, es ingeniero técnico industrial y cuenta con un máster en Ingeniería del Transporte por la Escuela Politécnica Superior de Linares (EPSL), de la Universidad de Jaén (UJA) y otro en Inteligencia para la Seguridad por la Universidad Autónoma de Madrid. En su empresa se dedica a investigar el origen y las causas grandes siniestros: incendios, explosiones, averías... Tras los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, este último el pasado enero, aporta sus conocimientos como profesional y habla de las diferencias y las posibles líneas de investigación de cada uno de ellos. ¿En qué consiste exactamente el trabajo de un ingeniero forense? ¿Qué ocurre desde que se produce un accidente hasta que su empresa recibe el encargo de investigarlo? Soy ingeniero técnico industrial y máster en Ingeniería del Transporte por la Escuela Politécnica Superior de Linares, y máster en Inteligencia para la Seguridad por la Universidad Autónoma de Madrid; con ello, uno la ingeniería forense y el análisis de información. Desde mi empresa, en Madrid, investigamos el origen y las causas de grandes siniestros, como incendios, explosiones, averías o accidentes, y las clasificamos. No es lo mismo una causa contribuyente que la causa eficiente de un daño, y con esa base las empresas reclaman o discuten derechos, como una indemnización. En un accidente grave entra primero la policía judicial, para saber si puede haber delito. Cuando el juez levanta el precinto, en lo civil hay que llegar hasta el último elemento técnico, más allá de lo penal. Ahí entramos nosotros, a veces al día siguiente y a veces un año después. Trabajamos en toda España, y este verano yo he investigado siniestros también en Estados Unidos. Dice que muchas veces llegan cuando los periodistas ya se han marchado e incluso cuando los restos del siniestro han sido retirados. ¿Cómo se reconstruye un accidente en esas circunstancias? ¿Qué pruebas y documentación permiten llegar a conclusiones fiables? Los analistas llegamos cuando el foco mediático ya se ha ido. Normalmente, los restos siguen ahí, pero a veces no. Tras una explosión de gas, se demuele un edificio inestable, y con él desaparecen las pruebas. Entonces, se trabaja con lo que queda y con lo que se puede: fotografías de Policía y Bomberos, testigos, proyectos y documentación previa, registros electrónicos... Lo que hace fiable una conclusión es calibrar su incertidumbre, decir cuánto está demostrado y cuánto no, sin sobreafirmar. No es lo mismo “la causa fue X, sin duda” que “la evidencia es compatible con X y con Y”. Esa calibración es responsabilidad del perito, y exige honestidad. Nuestro trabajo consiste en aminorar la incertidumbre de un caso, no en hacer imposibles. ¿Qué diferencia su trabajo del que realizan los investigadores oficiales y las fuerzas de seguridad? ¿Quién contrata sus servicios y qué independencia tiene un perito cuando trabaja para una de las partes implicadas? El encargo es otro. La Policía Judicial responde a una pregunta penal: si hay delito y quiénes son sus responsables. Nosotros respondemos a preguntas civiles concretas: si un incendio empezó en la nave A o en la B, y por qué. La Policía puede verificar que no hay acelerantes ni en la nave A ni en la nave B, y marcharse sin dilucidar cómo comenzó el incendio. Nos contratan empresas, aseguradoras o directamente las víctimas. El perito declara bajo juramento que ha actuado con la mayor objetividad posible. La independencia no la da quien paga, sino el método forense y no depender de un solo cliente, porque trabajamos para partes distintas en cada caso, pero igualmente nos llaman peritos “de parte” por trabajar para ellas. Con la misma vara de medir, también sería de parte el técnico de un ministerio o el policía cuando pertenecen a la misma administración que se investiga. En su libro “Análisis forense policial y pericial” aborda la denominada inteligencia pericial. ¿En qué consiste este método y cómo ayuda a evitar errores de interpretación, prejuicios o conclusiones precipitadas durante una investigación? Con ese término llevo a la ingeniería forense las técnicas con las que la comunidad de inteligencia combate los fallos de la mente del analista. Los dictámenes rara vez fracasan por falta de conocimiento técnico, sino por fallos en el modo de pensar: sesgos, creencias, la presión del contexto. El cirujano se pone guantes porque su piel acumula gérmenes; la mente acumula sesgos y necesita métodos estructurados y entrenamiento para protegerse de ellos. La diferencia entre un dictamen y un simple relato de los hechos es el método mediante el cual se esclarecen. España ha sufrido dos grandes tragedias ferroviarias en pocos meses, Adamuz y Urda. Desde su formación en Ingeniería del Transporte, ¿qué cuestiones técnicas considera fundamentales para esclarecer accidentes de esta naturaleza? ¿Qué particularidades presenta la investigación ferroviaria? Un accidente ferroviario se investiga como un sistema: la vía, el tren y la circulación, a la vez. El AVE no es uniforme, cambian los sistemas de señalización según la línea y conviven trenes de generaciones distintas. Cuando el accidente deja traza mecánica, como un carril roto, esa traza suele ser elocuente. Cuando la causa está en la circulación, como parece el caso de Urda, la prueba está en los datos y en las órdenes, y la traza mecánica pasa a un segundo plano. Aunque todavía no hayas intervenido directamente en ninguno de estos dos accidentes, ¿qué diferencias técnicas observa entre las líneas de investigación que han trascendido de Adamuz, centrada en una posible rotura de la infraestructura, y Urda, donde se investiga el funcionamiento de los sistemas de señalización y control? Por lo que ha trascendido, Adamuz es un caso de infraestructura y Urda, de circulación. En Adamuz, la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) concluyó en abril que el descarrilamiento lo causó una rotura de carril; el laboratorio debe decir por qué se rompió. En Urda, el LZB, un sistema veterano y seguro mientras funciona, cayó; la circulación pasó a gestionarse a mano y algo falló. La prueba son las grabaciones entre maquinistas y control, los datos de a bordo y la razón por la que cayó el LZB, que puede ser algo tan sencillo como un magnetotérmico que salta si coincide con un sistema de respaldo averiado. Dar una orden de marcha, en este caso al Iryo que iba delante, no significa que la marcha se materialice; por lo que ha trascendido, no ocurrió, pero desde Atocha dieron por hecho que sí. Mi primera impresión, que la investigación tendrá que confirmar o descartar, es que se había normalizado la marcha a la vista. Y digo impresión porque me baso en lo que se ha publicado, que no dejan de ser fragmentos de audios e información parcial. Cuando el controlador dijo “marcha normal” al AVE que iba detrás, pudo querer decir lo normal en esa situación, que con la señalización caída era la marcha a la vista, a 40 km/h como máximo. El maquinista pudo entender “marcha normal” en los términos exactos del protocolo y ejecutar la orden sin cuestionarla. En lo civil se comprueba qué decía el protocolo y si se cumplió. Pero puede que estemos ante una contingencia en la que nadie había pensado al tomar decisiones organizativas y dar órdenes improvisadas fuera del protocolo, y esa posibilidad, en mi opinión, debe guiar la investigación oficial, pues es la más trascendental. En accidentes de esta magnitud, ¿qué importancia tiene preservar las pruebas materiales antes de retirar los trenes o reparar las infraestructuras? ¿Puede perderse información determinante si esas intervenciones se realizan demasiado pronto? Sí, y más cuando los vehículos no solo se retiran, sino que se destruyen al hacerlo o después. Lo que se achatarra sin documentar no vuelve: antes de mover nada, se documenta y se custodia. La prueba depende del accidente. En una rotura de infraestructura, el fragmento de carril; en un accidente de circulación, como parece Urda, la traza electrónica y las comunicaciones, más que el choque. Por ejemplo, el Iryo, que estaba detenido, recibió el golpe por la cola, así que su cabeza se puede ensayar para estudiar si tenía una avería o si, como debe, no podía arrancar sin autorización expresa. ¿Hasta qué punto puede una investigación pericial independiente encontrar elementos que no haya detectado la investigación oficial? ¿Qué sucede cuando dos informes técnicos llegan a conclusiones diferentes? Es más habitual de lo que parece. No es un reproche a la Policía Judicial, pero un accidente en una fábrica con tecnología compleja pide conocimientos que no siempre tienen los agentes. Con dos informes enfrentados decide el juez, y le ayuda mucho una auditoría del método de cada uno, que es precisamente mi especialidad como analista. No gana quien firma con más galones; gana el razonamiento que resiste mejor el intento de refutarlo. En inteligencia existe el “equipo rojo”, un grupo independiente cuyo trabajo es atacar la hipótesis oficial, y hay una máxima: quien investiga no puede depender de quien es investigado. Tras Angrois, la Agencia Ferroviaria Europea concluyó en 2016 que la investigación oficial no había sido independiente, y eso duele. Después de Adamuz y Urda, ¿qué cree que debería revisar el sistema ferroviario español para evitar que se repitan tragedias de estas dimensiones? ¿Qué lecciones pueden extraerse desde el punto de vista de la ingeniería y la seguridad? Adamuz se vivió como un cisne negro, un suceso improbable de enorme impacto. Una desgracia puntual puede serlo, o no; pero la segunda ya puede ser síntoma del sistema. La seguridad tiene tres planos que deben ir alineados: la real, la percibida y la seguridad como valor. En el AVE, la percibida iba por delante de la real a base de imagen de marca, pero nadie medía la distancia entre las dos, como en Urda no se guardó la distancia de seguridad entre los dos trenes. Como valor, toca decidir ahora cuánto estamos dispuestos a rebajar la velocidad, convertida en fetiche político, mientras la seguridad y la calidad del servicio no sean una realidad palpable para la sociedad. Los dos accidentes han ocurrido en la Madrid-Sevilla, nuestra primera línea de alta velocidad y la más antigua, con más de treinta años y, tras la liberalización, con más trenes que nunca. Quienes viajamos en AVE a menudo notábamos más vibraciones, más anomalías y peor puntualidad. El mantenimiento hay que estudiarlo; hoy no hay datos para afirmar que fallara. Yo haría una revisión garantista: mientras no se conozca el estado real del sistema, bajaría la velocidad, como se hace en una carretera en mal estado. La caída de un sistema de protección no puede ser una incidencia más, y la seguridad de dos trenes en la misma vía no puede depender de una orden de palabra, sujeta a interpretación humana. Hemos abusado de la suerte del no pasa nada, y estamos descubriendo que sí pasa.
