Feijóo promete que creará un millón de viviendas la próxima legislatura. Reformará la ley del Suelo para liberalizarlo y agilizar la construcción a gran escala. Desde Funcas, en cambio, se nos decía hace pocos días que en España hay suelo con capacidad residencial prevista por el planeamiento para construir 6,7 millones de viviendas. A pesar de la aparente contradicción, los dos planteamientos cargan la falta de nueva vivienda –y todas sus derivadas sobre el mercado de segunda mano y de alquiler– a la escasez de suelo disponible. Seguir leyendo...
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
"Habrá un mando único que abarque a CCAA y ayuntamientos para solucionar el problema de la vivienda”, señala el presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista con EXPANSIÓN.
El Consell, a través del PP, acelera los trámites de una norma que cree que agiliza el acceso a la vivienda, mientras PSV y Compromís la frenan por sus sospechas de futuras corruptelas urbanísticas
La Diputación de Cádiz ha presentado este viernes sus presupuestos para 2027, que serán aprobados el próximo miércoles 18 de noviembre en pleno ordinario. Las cuentas de la institución provincial para el próximo ejercicio ascienden a 448,6 millones de euros consolidados , lo que supone un incremento del 9,5% respecto a la partida de 2026. En comparación con las últimas cuentas aprobadas por el anterior ejecutivo del PSOE, la cuantía total ha experimentado un crecimiento del 38,7%, aumentando en 125 millones de euros, cuando ascendió a 323,8 millones de euros.La presidenta de Diputación, Almudena Martínez del Junco ha precisado los principales hitos del presupuesto de 2027, así como su desglose por áreas de gobierno. Junto a la presidenta han intervenido los vicepresidentes segundo y quinto, Javier Vidal y Sebastián Hidalgo, que han valorado el alcance de las nuevas cuentas al tiempo que han confirmado la estabilidad del gobierno provincial y la sintonía de las dos formaciones políticas que sustentan el ejecutivo (PP y La Línea 100x100). En la presentación de las cuentas de 2027 también han comparecido el vicepresidente primero y responsable del Área de Hacienda, Juancho Ortiz, y los diputados y diputadas Paula Conesa, José Manuel Cossi y Ana Moreno.“Estamos, por tanto, ante el presupuesto más expansivo de la historia de la Diputación de Cádiz. El presupuesto es una herramienta para fortalecer los servicios públicos, apoyar a los ayuntamientos, invertir en infraestructuras y ayudar a hacer realidad proyectos estratégicos para la provincia”, ha defendido la presidenta de Diputación.Dos capítulos del presupuesto miden su capacidad inversora: el 6, de inversiones reales, y el 7 de transferencias de capital; ambos, agrupados, alcanza la cifra de 103.711.184 euros para el próximo año, casi un 6 por ciento por encima del presupuesto de 2026 y 41 millones de euros adicionales si se compara con las cifras de 2023. “Hablamos de inversiones para atender obras, actuaciones municipales y proyectos estratégicos que se traducen en más empleo, más dinamismo económico y más oportunidades en el territorio”, ha referido la presidenta de Diputación.Casi 20 millones para las carreterasAlmudena Martínez ha destacado la sensible subida que experimentan las partidas dedicadas a la renovación y mantenimiento de la red de carreteras de Diputación. Las vías provinciales recibirán 18,3 millones de euros que suponen un incremento del 850 por ciento sobre el ejercicio de 2023. “Garantizar la seguridad y el correcto mantenimiento de la red de carreteras es nuestra prioridad”, ha insistido la presidenta, quien ha recordado que este impulso a la conservación de las infraestructuras es una de las principales premisas emanadas del reciente informe encomendado al Colegio de Economistas. Los créditos iniciales del presupuesto de 2026 contemplaban 10,6 millones de euros para las carreteras provinciales. Los daños ocasionados por el tren de borrascas de febrero motivaron una movilización de recursos inédita por parte de la Diputación; un esfuerzo que al final se tradujo en 26,5 millones de euros, la mayoría incorporados como obras de emergencia. Este contexto justifica el alza inversora para 2027 y la inclusión de actuaciones largamente esperadas como el acondicionamiento de la carretera de Lora , de acceso a Alcalá del Valle, o la mejora de la vía que enlaza el barrio de San José Obrero, en Jerez, con Guadalcacín.Política de viviendaLa Empresa Provincial de Vivienda y Suelo dispondrá de 6.092.981 euros que, en términos relativos, marca un alza del 40 por ciento sobre 2026. Almudena Martínez ha explicado que al iniciar el actual mandato encontraron una sociedad pública que requería su estabilidad económica y operativa. “Una vez reflotada –y tras valorar la implicación al respecto del diputado José Manuel Cossi- comenzamos el impulso a la promoción de vivienda pública o asequible en los municipios, en cooperación con los ayuntamientos”. Más allá de esta circunstancia interna, “la escasez de suelo finalista, la saturación de la red eléctrica o la incapacidad financiera de los consistorios para construir vivienda” son factores que dificultan cada proceso.Servicios socialesMás de 80 millones de euros, exactamente 83.107.731, son los créditos iniciales que se consignarán en el Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. Esta previsión supone un incremento del 23,5 por ciento sobre el presupuesto de 2026 y del 45,4 por ciento sobre el de 2023. “Era incuestionable que por cuarto año consecutivo íbamos a presentar un presupuesto que amplía el escudo social del anterior y fortalece las políticas que protegen a las personas y colectivos más vulnerables”, ha significado Almudena Martínez. El desglose de este “hito social” ofrece las siguientes referencias significativas: la cobertura económica destinada al Servicio de Ayuda a Domicilio se eleva hasta los 54,2 millones de euros (casi 15 millones de euros de incremento sobre las cifras de 2026 y 36 millones por encima de las de 2023). Casi tres millones de euros se dedican al mantenimiento de las residencias de mayores de Cádiz y de El Puerto de Santa María, además de destinar 2,5 millones para equipar y activar la nueva residencia de La Línea. Otro programa estable, el de Mayores Activos, recibirá 980.200 euros que, en términos relativos, supone un alza del 10 por ciento en relación a 2026.Presupuesto de cara áreaTras presentar los grandes pilares del presupuesto, Almudena Martínez precisó los datos desglosados por Áreas de gobierno.El Área de Presidencia dispondrá de 53,6 millones de euros para asegurar “el funcionamiento de la institución, atender proyectos y necesidades de municipios, asociaciones o situaciones extraordinarias”. Entre otros proyectos se dará cobertura a la segunda fase de las obras para la ampliación y construcción del nuevo Centro de Atención Temprana ‘Bajo Guadalquivir’ en Sanlúcar; a obras de mejora en acuartelamientos de la Guardia Civil; a la restauración de iglesias y capillas en mal estado; al Plan de Empleo de Cruz Roja o al programa Erasmus con la UCA. También se incrementa un 23% la aportación al Consorcio de Bomberos con 11,8 millones “para ampliar plantilla y mejorar un servicio público esencial”. A Epicsa “transferimos 7,2 millones para los retos tecnológicos de la administración electrónica, la implantación de la Inteligencia Artificial en Diputación y el Plan Aida para los ayuntamientos”, indicó Almudena Martínez.El Área de Hacienda , que coordina Juancho Ortiz y “clave en la elaboración del presupuesto”, se dota con 8 millones de euros “para hacer frente a la amortización de los préstamos contraídos ante las emergencias por las lluvias, garantizando la solidez inversora de la institución”.El Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía gestionará sus políticas y servicios con una dotación cercana a los 33 millones de euros (más de 11 millones en relación a 2026). El vicepresidente segundo, Javier Vidal, ha destacado la pervivencia de todos los programas en vigor a la vez que ha confirmado que se potenciarán las ayudas mediante convocatorias por concurrencia competitiva. El PAMIED, Plan dedicado a la mejora de instalaciones y espacios deportivos, experimentará un sensible incremento hasta alcanzar la cifra de 1,9 millones de euros. En el ámbito de la Memoria Democrática se insistirá en los programas educativos diseñados para los centros educativos, además de mantener la asistencia técnica y económica para entidades locales y asociaciones. Los programas de Educación Ambiental, el Proindes, las campañas para el control del mosquito transmisor del virus del Nilo, o la asistencia a los ayuntamientos para la retirada del alga invasora fueron otras líneas destacadas por Vidal antes de anunciar una novedad de calado: la consignación de 1,9 millones de euros para emprender las obras que harán del Centro Experimental Agrícola y Ganadera, sito en Jerez, un espacio de referencia en Andalucía para el sector primario.El Área de Función Pública y Recursos Humanos dispondrá de 122 millones de euros (casi un 11% más que en 2026). Con este aumento, según refirió Almudena Martínez, “se dará cobertura a la contratación o nombramiento de personal para la nueva residencia de La Línea; a los gastos de la estructura general del personal general de Diputación; y a la incorporación de nuevo personal por la Oferta de Empleo Público de 2027”.El presupuesto del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico se cifra en 40,7 millones de euros, dedicados a fomentar nuevas actividades económicas y fortalecer sectores productivos. El principal instrumento de dicha área, el plan Dipuinnova Plus, alcanzará una partida de 10,7 millones de euros tras experimentar una subida del 19 por ciento. Además, se reeditará el Plan de Cooperación Local (Plan de Empleo) con 5,7 millones de euros; a Proyectos Singulares se dedicarán 5,7 millones; 476.327 euros para el Plan AIRER y más de 480.000 euros para la Escuela de Hostelería y Turismo ‘Fernando Quiñones’.En relación al Área de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios y Recaudación , fue el vicepresidente quinto, Sebastián Hidalgo, quien detalló las cifras más significativas. El Área, en conjunto, tendrá una dotación presupuestaria cercana a los 45 millones de euros. En el ámbito de Desarrollo Local, el Plan Más Inversión contendrá 9,5 millones de euros y se destinará a los municipios con menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas. Recaudación dispondrá de 21 millones de euros, “confirmando que se trata de un servicio eficaz y eficiente que tiene la plena confianza de los ayuntamientos”. En la parcela de Asistencia a Municipios –con 2,8 millones- destacó las acciones formativas que mejoran las competencias de los empleados públicos del conjunto de la provincia. El Área de Cooperación , que gestiona los recursos asignados a la red provincial de carreteras, dispondrá de un presupuesto de 50,4 millones de euros, que suponen casi un 17 por ciento de incremento sobre las cuentas de 2026. En el seno de esta Área, el Servicio de Vías y Obras recibirá 19,4 millones de euros, mientras que los fondos transferidos al Programa de Fomento del Empleo Agrario superarán los 4,4 millones.La exposición de la presidenta concluyó con los datos referidos al Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. La cifra récord asignada –de 83,1 millones de euros- comprende una reserva de 78 millones para Bienestar Social, casi 1,8 millones para Igualdad y casi 1,2 para Cooperación Internacional, Participación Ciudadana y Consumo.Organismos autónomosEn cuanto a los organismos autónomos, el Patronato Provincial de Turismo afrontará 2027 con un presupuesto de 5,3 millones de euros ; la Fundación Provincial de Cultura dispondrá de 1,7 millones y el IEDT 10,2. A la red de hoteles y casas rurales, Tugasa, se destinan casi 10 millones de euros (registrando un alza del 7,4 por ciento en relación a 2026), por lo que se incide en la estrategia de ampliar los índices de pernoctaciones y estancias, además de perseverar en la modernización de los establecimientos. EPICSA gestionará un presupuesto de 13,6 millones de euros; la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo 6 millones y la Agencia Provincial de la Energía algo más de un millón de euros.
Jacobo Robatto defiende liberar suelo, impulsar la vivienda protegida, eliminar los impuestos a la compra de la primera vivienda y combatir la okupación
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
Sevilla celebró este jueves el primero de los encuentros enmarcados en el proyecto Impulso Andalucía 2027 , con una mesa de expertos en la que se realizó una radiografía de los problemas que lastran el actual mercado de la vivienda y se lanzaron propuestas para facilitar el acceso de los jóvenes a un hogar y evitar la fuga del talento. Un encuentro en el que participaron representantes de las administraciones, de la universidad y del sector privado y que tendrá una segunda cita para fijar las prioridades. Se trata del punto de partida de esta iniciativa de Vocento, impulsada con la consultora Oliver Wyman, que pretende ser un laboratorio de ideas que se incluirán en un Libro Blanco que verá la luz a final del primer trimestre de 2027.Fue Leticia Rubira, representante de Oliver Wyman , quien abrió el debate al poner sobre la mesa varias conclusiones del proyecto CREA, realizado entre finales de 2024 y principios de 2025. Entre ellas, el hecho de que «Andalucía tiene un potencial único, pero hace falta saber cómo se puede materializar». Eso sí, desde la perspectiva del problema de la vivienda como «un límite al crecimiento y no tanto como un aspecto social». A partir de ahí, un coloquio moderado por el jefe de sección de Sevilla de ABC, Jesús Díaz, permitió que cada uno de los expertos hiciera su radiografía sobre la situación actual del mercado. El primero fue José María López, secretario general de Vivienda de la Junta de Andalucía que se centró en la falta de oferta. «Ese déficit es uno de los elementos que dispara el precio, además de la exclusividad: todo el mundo quiere vivir en el Centro, pero el sitio que hay es finito», advirtió. En ese mismo argumento de la falta de oferta coincidió Manuel Morillo, el gerente de Emvisesa . «Tenemos unos 30.000 demandantes de vivienda en Sevilla y la mitad son jóvenes. De ellos, quitando la duplicidad de parejas se puede decir que reales son unos 15.000, pero el principal portal inmobiliario sólo tiene unos 1.400 pisos en alquiler y 4.000 para la venta. Por tanto, hay una necesidad de más de 7.000 inmuebles y con la oferta actual no se cubre un tercio de la demanda». También en clave local, el gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez , ahondó en «la inacción» para prever un problema que «se ha convertido en el primero para los ciudadanos». Descartó el suelo como un problema, porque «tenemos el que queramos», pero se detuvo en los costes de producción. «Calculamos que en 2027 daremos licencia para unas 4.000 viviendas en Sevilla, aunque no está claro que haya mano de obra para todas». Y concluyó apostando por «la cultura del esfuerzo» entre los jóvenes y las ayudas de las administraciones a las viviendas protegidas.Desde el punto de vista del sector privado, el director general de Caralca y presidente de Sevilla City One, Rafael Miranda , aseguró que «es un problema estructural que no se arregla con una varita mágica». Así, consideró que hay «muchos debates banales» frente «al problema grave de que los jóvenes y adultos no pueden acceder a una vivienda». También se centró en la calidad de las VPO, que «en muchos casos es mayor que la que tenían las de renta libre en los 2000». Por ello, reflexionó que «habría que preguntarse si en este momento de emergencia nacional se puede bajar el listón». Quien sí entró en lo económico fue Rafael Peral, responsable de Instituciones de Caja Rural . «Notamos que la capacidad de pago de las familias está cada vez más lejos de la letra de la hipoteca» y, por ello, «puede que no exista demanda por incapacidad económica, pero sí necesidad de vivienda».Peral pidió también distinguir el problema social de la vivienda, que debe atenderse con pisos públicos, frente al resto de familias que necesitan de un inmueble. «Hay que trabajar en aumentar esa oferta para que el precio vaya a donde tiene que ir», aseveró. Precisamente, la perspectiva social fue la que aportó Esteban de Manuel, doctor en Arquitectura y profesor del Máster en Ciudad y Arquitectura de la Universidad de Sevilla. «Hace falta un pacto en el que se implique la ciudadanía, los políticos y los promotores». Entre otras cosas, porque «tres de cada cuatro demandantes necesitan que la vivienda sea asequible» y «la mayoría opta por el alquiler porque tiene la barrera de la financiación». Luego está el hecho de que «las que se venden necesitan de una rehabilitación. Hay varios ejemplos en Torreblanca, San Jerónimo o la Macarena», advirtió en su primera intervención.Las alternativasCon el diagnóstico dibujado, los expertos plantearon algunas propuestas de mejora centradas en un aumento de los presupuestos públicos para dotar de ayudas al acceso a la vivienda. Morillo, gerente de Emvisesa, apostó por una ayuda directa de las administraciones a la compra del 15% y un IVA del 1%. López Cerezo, en nombre de la Consejería de Vivienda, replicó que ese tributo reducido debía ser sólo para protegidas y apeló a la construcción de todas las VPO que se pueda, «porque tienen precio limitado, van dirigida a personas con recursos limitados, fija población y debe ser hogar habitual y permanente». El gerente de Urbanismo, por su parte, también coincidió en «las ayudas y medidas fiscales a las viviendas protegidas» , además de pedir que esa calificación como VPO «debe ser para siempre».Miranda abrió las opciones al asegurar que «se necesita una conjunción de estrategias a corto y largo plazo», pero que «si tuviera que elegir una sola medida sería dotar de presupuesto a las administraciones para dar ayudas al mercado. Eso sí, con límites». No ocultó que existe también un problema con los constructores, que «están al límite» por «la falta de mano de obra». Por su parte, el catedrático De Manuel puso como ejemplo «un modelo de éxito» como el de Viena, donde «un tercio de vivienda es libre, un tercio es municipal y un tercio es cooperativa». No obstante, reclamó «un pacto por el suelo», ya que «si el precio de los materiales ha subido, más lo han hecho los terrenos». Sea como fuere, en lo que si insistió Peral (Caja Rural), es en que «la política de vivienda no puede solucionar los problemas sociales». Planteamientos que quedaron para la reflexión antes de esa próxima sesión de febrero que debe afinar el resultado de un debate que marcará la hoja de ruta de este impulso con el que Vocento quiere apostar socialmente por el futuro de Andalucía.
Feijóo promete que creará un millón de viviendas la próxima legislatura. Reformará la ley del Suelo para liberalizarlo y agilizar la construcción a gran escala. Desde Funcas, en cambio, se nos decía hace pocos días que en España hay suelo con capacidad residencial prevista por el planeamiento para construir 6,7 millones de viviendas. A pesar de la aparente contradicción, los dos planteamientos cargan la falta de nueva vivienda –y todas sus derivadas sobre el mercado de segunda mano y de alquiler– a la escasez de suelo disponible. Seguir leyendo...
"Habrá un mando único que abarque a CCAA y ayuntamientos para solucionar el problema de la vivienda”, señala el presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista con EXPANSIÓN.
La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha cursado una visita institucional al Ayuntamiento de Bailén, donde se ha reunido con su alcalde, Luis Mariano Camacho Núñez, para conocer las principales líneas de trabajo que se están desarrollando en materia de vivienda y urbanismo en la ciudad, entre las que destaca la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y del Plan de Ordenación Urbana (POU). En este sentido, Rocío Díaz se ha reunido con el equipo que está trabajando en el PGOM, destacado la importancia de que los ayuntamientos cuenten con instrumentos de planificación adaptados a su realidad. Y ha señalado que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) ofrece un marco normativo más ágil y sencillo para la elaboración de los nuevos planes urbanísticos. La consejera ha refrendado que, como en el caso de Bailén, “la Consejería va de la mano con los ayuntamientos para que adapten sus planteamientos a la Lista. Se trata de una ley que ha venido a facilitar y ayudar a los ayuntamientos y a poner suelo a disposición para poder construir vivienda principalmente”. Díaz se ha referido a que el próximo Presupuesto de Andalucía para el 2027, ahora en tramitación parlamentaria, contará por primera vez con una partida de 5 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos que lo soliciten a poder tramitar su planteamiento urbanístico. Se trata de poner “todas las herramientas que están en nuestras manos para poder ayudar, para poner suelo disponible”. Durante la reunión, ha valorado positivamente que el Ayuntamiento de Bailén ya ha sacado a licitación la redacción del Plan de Ordenación Urbana (POU) y del Catálogo Urbanístico de Bienes y Espacios Protegidos del término municipal, un paso más en el proceso de actualización del planeamiento urbanístico de la ciudad. Por otro lado, Rocío Díaz ha incidido en la importancia de construir nueva vivienda porque “quien se va a asentar en un municipio necesita tener un hogar, un lugar donde vivir, desarrollar su vida y desarrollar su proyecto personal y familiar”. Además, se ha referido a las ayudas destinadas por la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén para rehabilitación, eficiencia energética y accesibilidad, y al impulso de la vivienda protegida “que es muy necesaria en nuestros municipios”. La visita institucional a Bailén se ha completado con un recorrido por las obras de rehabilitación del edificio residencial situado en el número 35 de la calle Juan Salcedo Guillén, que cuenta con 14 viviendas y dos locales comerciales. La actuación tiene un presupuesto de 372.703,50 euros, parte de los mismos financiada mediante una subvención del programa Eco Vivienda, NextGenerationEu, gestionado por la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio del Gobierno de Andalucía. Los trabajos incluyen la mejora del aislamiento térmico de las fachadas, patios, medianerías y cubierta del edificio, así como la instalación de 44 paneles fotovoltaicos destinados al autoconsumo de la comunidad. La intervención contempla también importantes mejoras de accesibilidad, con la instalación de un ascensor y la construcción de rampas de acceso al portal, además de otras actuaciones de conservación y seguridad. El objetivo es mejorar la eficiencia energética del inmueble y facilitar la accesibilidad de sus residentes.
La cumbre internacional de ciudades y soluciones urbanas inteigentes reúne en Barcelona a más de mil municipios y 700 expertos para evaluar el impacto real que las soluciones tecnológicas tienen en la calidad de vida urbana Las ciudades concentran los mayores desafíos de la sociedad contemporánea. Durante más de dos décadas la digitalización de los entornos urbanos avanzó sobre la promesa de transformar nuestras urbes. Y hoy, esta tecnología abandona el terreno de la promesa para ofrecer resultados palpables en las calles: desde la gestión eficiente de la energía hasta la optimización del transporte público, las nuevas herramientas ayudan a resolver problemas cotidianos. Las posibilidades de la tecnología para mejorar la calidad de vida de las ciudades protagonizarán, un año más, Smart City Expo World Congress . Organizado por Fira de Barcelona, del 3 al 5 de noviembrecelebrará en el recinto de Gran Via su decimoquinta edición, bajo el lema Soluciones urbanas, impacto real . Una cita que convocará a más de 1.000 ciudades, 1.100 expositores y 27.000 asistentes con el propósito de compartir prácticas de éxito aplicables a escala global. “Durante años hemos hablado de la ciudad inteligente como una promesa. Hoy sabemos que tras casi un cuarto de siglo apostando por las ciudades inteligentes, la tecnología existe y ya ha tenido un impacto. Las soluciones que mostramos están cambiando la vida de las personas a mejor. Smart City Expo quiere ser el lugar donde ciudades, empresas y expertos compartan las experiencias que dan buenos resultados, para que puedan replicarse allí donde hace falta”, señala Ugo Valenti, director del congreso. Instantes de Smart City 2025. Tecnología al servicio de la ciudadanía El avance de las tecnologías habilitadoras, la inteligencia artificial y la red de sensores transforman los gobiernos locales. Los algoritmos de predicción facilitan el mantenimiento de las infraestructuras, mientras los modelos digitales tridimensionales permiten a las administraciones simular el impacto ambiental de nuevas obras antes de su ejecución. Sin embargo, la innovación tecnológica carece de sentido si no atiende a las necesidades de la ciudadanía. La digitalización urbana busca ahora un equilibrio entre la eficiencia operativa, la equidad social y la preservación del medio ambiente. Esta perspectiva transversal integra la movilidad sostenible, la transición energética y la protección del entorno marino para garantizar un crecimiento económico respetuoso con el planeta. Entre todos los retos urgentes de las urbes actuales, la dificultad de acceso a un hogar adecuado ocupa un lugar prioritario. El encarecimiento de los alquileres, la escasez de oferta asequible y el crecimiento demográfico presionan a los gobiernos locales en todo el mundo. Smart City Expo no es ajeno a esta situación y, por ello, acoge un nuevo congreso centrado en el reto de promover vivienda urbana asequible ( HOWS Barcelona ). En ella más de cien especialistas debatirán sobre la regulación del suelo, la promoción de vivienda pública, la edificación industrializada y la rehabilitación energética del parque residencial existente. Figuras como la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, o la investigadora de la universidad de East London, Anna Minton, analizarán modelos capaces de frenar la especulación e impulsar la inclusión social. Junto a la tecnología, el encuentro tendrá una dimensión política, porque las ciudades son motores de cambio. Alcaldes y responsables municipales de urbes como París, Atlanta, Atenas, Milán, Budapest, Freetown y Barcelona están articulando una agenda común para hacer frente a la crisis habitacional. La exalcaldesa parisina Anne Hidalgo, que ha abanderado el compromiso con la sostenibilidad climática, será una de las invitadas al encuentro, mientras que una mesa redonda de alcaldes analizará estrategias de suelo y cooperación pública. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha preparado una agenda de actividades, bajo el nombre de Cities Programme , enfocada al intercambio de estrategias y conocimiento entre líderes municipales. Este intercambio directo de experiencias permitirá a los municipios adaptar medidas probadas en otros países, desde la reserva de suelo para alquiler protegido hasta incentivos fiscales para la edificación sostenible. Ciudades y adaptación climática El reto de adaptación al cambio climático centrará el nuevo espacio Terra50. Esta cúpula inmersiva proyectará 50 iniciativas urbanas con resultados demostrados en 32 países. Entre estas propuestas figuran cápsulas de desalinización marina que aprovechan la presión del agua profunda para ahorrar energía, pasarelas peatonales fabricadas con palas recicladas de aerogeneradores y modelos de separación de residuos sin vertidos. Además, el encuentro impulsará el emprendimiento tecnológico mediante un espacio dedicado a empresas emergentes, donde inversores, centros de investigación y administraciones evaluarán innovaciones de alto potencial transformador. El futuro de los entornos urbanos exige una visión a largo plazo basada en la inteligencia estratégica y la diversidad. Especialistas en prospectiva tecnológica como Nikolas Badminton, líder del think tank Futurist.com y ponente principal del congreso, profundizarán en el uso ético de los algoritmos en la toma de decisiones públicas. Por su parte, expertas como Ayumi Moore Aoki, fundadora de Women in Tech Global, defenderán la inclusión del talento femenino y la eliminación de brechas de género en la innovación urbana. En un momento de grandes transformaciones, las ciudades demuestran que la convergencia entre tecnología, planificación urbana y sensibilidad social representa el único camino para construir comunidades más justas, prósperas y habitables.
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