Grande-Marlaska, el ministro ignífugo

Este perfil se publicó originalmente en La Marea 113, dedicado a la Ley Mordaza. Puedes hacerte con un ejemplar aquí.

Cada día al salir de la cama Fernando Grande-Marlaska sabe que bate un nuevo récord: es el hombre que más tiempo ha aguantado al frente del Ministerio del Interior, un cargo que quema. Por decisión de Pedro Sánchez, ocupa ese puesto desde el 7 de junio de 2018. Todo un hito. Ocho años y más de 100 días al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Casi una década recibiendo los golpes que, de no ser por él, habrían dado de lleno en Moncloa.

El secreto su éxito reside en una fórmula que ha ido perfeccionando con los años: el método Marlaska consiste en defender la contradicción como estrategia.

Para entender la evolución del ministro hay que empezar por su historia de vida. Fernando Grande-Marlaska nació en Bilbao en el verano de 1962. Aquel mes de julio Argelia culminó su independencia, los Rolling Stones dieron su primer concierto y Fraga se estrenó en el gobierno franquista. Su relación con las fuerzas de seguridad empezó en casa: su padre, Avelino Grande, era policía municipal. Su madre, Ángela Marlasca, era modista. Para elaborar este perfil, La Marea conversa con varias personas de su entorno que explican por qué decidió fusionar sus dos apellidos: Fernando Grande Marlasca no quería que el apellido paterno estuviera por delante del materno y pasó a llamarse Fernando Grande-Marlaska Gómez. Una persona cercana interpreta esta decisión aparentemente trivial como un reflejo de su tozudez y su sentido de la igualdad.

Marlaska estudió Derecho en la Universidad de Deusto. Su salto a la fama tuvo lugar en 2004, con su llegada a la Audiencia Nacional para sustituir provisionalmente a Baltasar Garzón. Allí, en la institución heredera del famoso Tribunal de Orden Público franquista, protagonizó sus primeros escándalos y demostró su capacidad ignífuga. Prohibió manifestaciones abertzales, mandó a prisión a Arnaldo Otegi y a un amplio grupo de jóvenes vinculados a Segi. Hasta abrió juicio por injurias a la Corona a varios dibujantes de El Jueves, entre ellos Manel Fontdevila.

De todas sus grescas, la más controvertida fue su investigación por el caso Yak-42, una mancha imborrable en la historia reciente de las Fuerzas Armadas. Para quienes no lo recuerden: un vuelo militar español procedente de Afganistán y con 75 pasajeros se estrelló en Turquía. Corría el año 2003 y gobernaba Aznar. Varios militares se habían quejado del mal estado de los aviones. Nadie les hizo caso. El ministro de Defensa, Federico Trillo, ordenó tapar lo sucedido a toda prisa. Falsearon la identificación de los cadáveres de 30 soldados españoles fallecidos. Los familiares enterraron cuerpos creyendo que eran los de sus hijos, hermanos, maridos… Marlaska cerró el caso sin mostrar interés ni escuchar a las familias. La frialdad con las víctimas es una constante en su carrera, desde la Audiencia Nacional hasta las vallas de Ceuta y Melilla. La contradicción como método. Tal fue el escándalo, que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó a Marlaska a reabrir el caso y seguir investigando.

En aquella época, el Partido Popular pensaba que Marlaska era uno de los suyos: hasta lo propuso como vocal del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Ahora le tacha de «traidor». En cualquier caso, el ministro, que se define como progresista, fue y sigue siendo uno de los grandes guardianes del Estado y el establishment.

Marlaska habla en privado de un mundo con menos fronteras, en alusión a los independentismos vasco y catalán, pero presume de su mano dura fronteriza y alardea de haber reducido el número de llegadas irregulares. Nada más ocupar el ministerio, ordenó retirar las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla, y sustituirlas por peines invertidos (tubos semicirculares que impiden que los migrantes escalen), drones y hasta sistemas de Inteligencia Artificial.

Entre sus vergüenzas como ministro están los dos episodios más mortíferos registrados hasta la fecha en las fronteras terrestres de España y la Unión Europea: la masacre de Melilla de junio de 2022; y la crisis de Ceuta de julio de este año, que ya contabiliza 141 muertos. En ambos casos, el Congreso de los Diputados le reprobó –es decir, le retiró la confianza–: en el primero, por mentir (negó que hubiera muertos en suelo español, pero una investigación periodística internacional le dejó en evidencia); en el segundo, por su gestión de la crisis de Ceuta, que va camino de convertirse en un problema crónico.

Marlaska, además, ha condecorado al jefe de los servicios secretos marroquíes, Abdellatif Hammouchi, el mismo que (según fuentes de la DGST, el servicio de inteligencia interior del régimen alauita) coorganizó y ejecutó las crisis migratorias en las dos ciudades autónomas, personaje central del espionaje de Rabat contra Sánchez, el propio Marlaska y otros ministros españoles usando el spyware israelí Pegasus. Marlaska se presenta como demócrata, pero no duda en rendir pleitesía a las dictaduras corruptas de Marruecos y Mauritania, a cuyos máximos dirigentes también condecora.

El ministro conserva algo de juez: la convicción de que su interpretación es la correcta y son los demás quienes se equivocan. Esa seguridad explica parte de su resistencia política. Y también la paradoja de su trayectoria: se reivindica progresista y ha terminado convertido en uno de los guardianes más longevos del poder patrio. Sus allegados le describen como un hombre con temperamento, que grita cuando se enfada, pero que sabe pedir disculpas a posteriori. No le tiembla el pulso para poner en marcha grandes purgas en las cúpulas policiales, con las que se asegura el control y la fidelidad. Cambia perfiles técnicos por perfiles devotos cercanos al Partido Socialista, al que, por cierto, no está afiliado. Pecó de novato, por ejemplo, cuando fulminó al coronel Diego Pérez de los Cobos cuando éste investigaba la autorización de manifestaciones (como la del 8-M) al inicio de la pandemia de COVID-19. Cualquier político experimentado sabe que hay que desgastar lentamente al rival antes de cortarle la cabeza: el Tribunal Supremo declaró ilegal esa destitución y obligó al Ministerio a readmitir a Pérez de los Cobos. Las disputas entre Marlaska y la Guardia Civil son sonadas. Que la Benemérita le salvara de un atentado de ETA en 2007 no cambia nada.

Los últimos tiempos no están siendo fáciles para él. Sus allegados dicen que se ha bunkerizado. Pasa más tiempo que antes en su residencia oficial, el palacete del Ministerio del Interior situado en el Paseo de la Castellana, donde comparte vida con su marido. Fernando y su esposo se casaron muy poco después de aprobarse el matrimonio igualitario.

Cambios superficiales

La llegada del PSOE al Gobierno prometía un cambio de enfoque en Interior, pero ocho años después diversas voces críticas ven en las políticas de Marlaska más continuidad que ruptura: el viejo principio de El gatopardo, cambiarlo todo para que, en lo esencial, nada cambie. Al instalarse en su despacho, apenas tocó la decoración que había dejado su predecesor, Juan Ignacio Zoido. Su aportación más notable consistió en colocar dos imágenes: una del juez José María Lidón, asesinado por ETA en 2001, y otra de una campaña de 2007 que promovía el uso del preservativo entre homosexuales. Sin embargo, incluso en las filas socialistas abundan quienes sostienen que Marlaska podría encajar como ministro del Interior de un Gobierno del PP. La Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, resume bien esa aparente contradicción. El PSOE llegó al poder prometiendo derogar la norma; el propio Marlaska la calificó de «fallida» y situó su derogación entre sus prioridades. Esa ley sigue vigente y el ministro ya no habla de derogarla, sino de reformarla.

Las personas de su entorno que acceden a hablar para este perfil, a condición de anonimato, coinciden en que es más amable y carismático en las distancias cortas. Le gustan los pistachos y los perros. Las filtraciones desde su entorno le han convertido en un hombre desconfiado. Marlaska sabe que su final al frente de Interior está cerca. Los equipos a sus órdenes, también. Nadie quiere llevar la etiqueta de «marlaskiano» de cara a los cambios futuros, cada día más cercanos. Marlaska apenas da entrevistas y separa a rajatabla su vida profesional y familiar. De hecho, sigue utilizando un iPhone personal con funda roja, además del teléfono oficial con seguridad especial, una costumbre que preocupa a quienes velan por la seguridad del Estado y que facilitó que Rabat le espiara con Pegasus. Pero nadie osa contradecir al ministro.

Solo he podido entrevistar a Marlaska una vez. Fue en noviembre de 2025. Acudí como colaborador de The New York Times. La cita tenía lugar en la antesala de su despacho y tenía una duración prevista de una hora. En el minuto 40 empecé a preguntar sobre la masacre de Melilla, un tema espinoso. Una persona de su equipo alegó razones de agenda y puso fin al encuentro. El ministro nos despidió con un apretón de manos. Antes de que yo cruzara la puerta de salida, nos dimos la vuelta y nos miramos. Se me acercó y me volvió a tender la mano, apretando. No dijo nada. Ambos entendimos lo que estaba pasando. Mi trabajo fluye entre lo que personas como él dicen y lo que hacen. El suyo consiste en disimularlo. Es ministro del Interior y la contradicción es su método de trabajo.

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