Las compañías esperan que la red social ofrezca garantías de que podrá controlar el material pedófilo que se difunde en la plataforma
El ministerio pide además al Ayuntamiento de Madrid que actúe contra casi 4.500 pisos turísticos que, pese a estar bloqueados en España, siguen anunciándose en el extranjero Leer
El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, comparó hoy la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados por Valladolid con «una lista de orden de búsqueda y captura de la UCO», al encontrarse en ella el exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la titular del Ministerio de Igualdad, Ana Redondo. A ambos dirigentes culpó Pollán del «descrédito absoluto» de España por la investigación de casos de corrupción en ambos departamentos que está llevando a cabo la UCO, que según el presidente del Grupo Parlamentario Vox, «habita en sus ministerios». Pollán, en declaraciones recogidas por Ical durante su visita al municipio vallisoletano de Laguna de Duero junto a los... Ver Más
El futbolista del Athletic expresa su deseo de que la selección vasca pueda disputar competiciones internacionales pese a haber jugado cuatro partidos con España
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Eurostat confirma un avance del 0,4% entre julio y septiembre, mientras España lidera entre las grandes economías europeas y Estados Unidos acelera al 0,8%
La defensa del activista propalestino señala en la vista de extradición ante la Audiencia Nacional que hay defectos formales en la reclamación de EEUU El activista propalestino norteamericano James 'Fergie' Cox Chambers se ha desvinculado este viernes durante la vista de extradición que se ha celebrado ante la Audiencia Nacional de cualquier acción de protesta violenta y ha señalado que todos los fondos que destinó a la causa palestina iban destinados a asociaciones de estudiantes palestinos, a organizaciones sanitarias, y a organizaciones de presos palestinos. En el interrogatorio al que le ha sometido su propia defensa ha recalcado que desde la fundación que creó siempre se llevó un proceso riguroso de verificación para que esos fondos, se habla de un total de 7,2 millones de euros, no fueran a entidades prohibidas o sancionadas por EEUU. En esta vista, en la que el activista ha vuelto a incidir en que se niega a ser extraditado a los EEUU, la defensa ha acusado a las autoridades norteamericanas de mala fe procesal y ha presentado una pericial económica para sostener la legalidad de las diez transferencias que realizó de fondos propios a sus cuentas de Túnez cuando se mudó a vivir a ese país y que son cuestionadas como financiación para organizaciones vinculadas a Hamás. Sobre los hechos por los que es reclamado -se habla de que participó en protestas y las alentó desde una posición de coordinador-, el propio Chambers ha explicado que participó en una serie de protestas ante la mercantil israelí Elbit Sistems, dedicada a la fabricación de armamento. Su acción se resume en, por un lado, atarse a la puerta de esa empresa con un candado de bici para bloquear el acceso; y por otro lado, a manifestarse junto a un millar de personas para cortar el acceso a otra de las sedes de esa compañía. En este sentido, ha enfatizado que la organización que impulsaba esas protestas, Palestine Action, no tenía ningún tipo de sanción ni era prohibida por EEUU. Además, ha recalcado que si pagó las fianzas de personas que participaron en esas protestas propalestinas fue porque en su país se imponen fianzas elevadas en contra manifestantes como método de represión. “Llevo tiempo haciéndolo”, ha explicado para añadir que también pagó fianzas de manifestantes detenidos en protestas tras la muerte de George Floyd. Por su parte, su letrado ha enfatizado que los hechos no tienen encaje en delitos relacionados con el terrorismo -“el Ministerio Público no puede crear un grupo terrorista que ni EEUU ve”- y, por tanto, las protestas y la conspiración para la protesta no llega a los mínimos de pena exigidos para que se dé luz ver de a la extradición. “Claro cariz político” Al hilo, ha añadido su defensa que se han dado varias irregularidades en el proceso de extradición, como que no exista contra Chambers una acusación formal ante un Gran Jurado en el que se concreten los cargos, o que se realizara una entrada y registro en su domicilio sin avisar a su abogado, o que se enviara su móvil a EEUU. Y ha incidido en que existe en este caso concreto “un claro cariz político”. Por su parte, el fiscal del caso, Juan Hernández Villalba, se ha ratificado en su informe en el que indica que se cumplen los requisitos para la extradición. Y, ante los magistrados, ha explicado que si bien la defensa ha combatido los hechos uno a uno, los ha fragmentado y reinterpretado aisladamente. “Pero lo importante es la valoración conjunta”, ha explicado, para añadir que la reclamación americana no tiene base en una ideología política sino en unos hechos que presuntamente generaron daños materiales en una empresa concreta y que los hechos analizados revelan “una estructura estable destinada a acciones ilícitas” que va acompañada de movimientos de fondos destinados al apoyo de asociaciones terroristas. Cabe recordar que en su informe previo, el fiscal indicaba que los hechos que se le imputan en el país norteamericano casan con los delitos del Código Penal español de financiación del terrorismo, daños y desórdenes públicos terroristas e integración en grupo terrorista. El Ministerio Público señalaba que se cumplen los requisitos para que Chambers sea extraditado: existe la doble incriminación (que los hechos sean delito en ambos países), las penas que acarrean esos delitos superan el año de prisión, los hechos no han prescrito, y el delito por el que se solicita la extradición “no es de carácter político ni militar”. En el relato de hechos que recoge el informe, haciéndose eco de los motivos por lo que EEUU le reclama, se indicaba que, una vez que salió de su país, Chambers realizó una decena de transferencias entre marzo de 2024 y abril de 2025 desde Bank of America al Banque Internationale Arabe de Tuni (Túnez). Recalca que el activista, que dispone de una fortuna familiar, “tenía intención de usar tales fondos para promover (...) acciones violentas que beneficiaran al grupo terrorista Hamás. Además, aclara que sus declaraciones públicas se demuestra que era consciente del riesgo de emplear su dinero para dar apoyo material a Hamás aunque fuera a través de supuestas organizaciones benéficas. En el turno de última palabra, Chambers ha indicado que no comprende por qué ha cumplido prisión provisional en España por esta reclamación, y ha señalado que se perdió el funeral de su abuela, que su hijo pregunta por él, que su mujer da a luz en marzo... y que todo esto ha ocurrido sólo “por levantar la voz teniendo más dinero que el que tenían otras personas que también protestaban contra esta ignominia” -en referencia al genocidio perpetrado por Israel en Palestina-. Tras esto, el tribunal ha dado por concluida la vista y el activista se ha dirigido sensiblemente emocionado a su familia, que ha asistido al acto público. Tras la resolución por auto del tribunal, y en caso de que dé la razón al fiscal y acuerde la extradición, la defensa de Chambers aún podría presentar un recurso de súplica -si alega violación de derechos fundamentales- o un incidente de nulidad ante la Audiencia Nacional. Una vez que se agote esa vía podría recurrir en amparo al Constitucional (aunque ese proceso no sería suspensivo de su entrega). En paralelo, se dilucida si se le concede el asilo que ha solicitado, lo que paralizaría esa extradición. Y siempre puede ocurrir que quien tiene la última palabra, el Gobierno, decida que no se le entrega a EEUU.
Puigdemont ya puede volver a España sin riesgo de ser detenido, pero ha anunciado que no lo hará antes de las elecciones del 29N. Más información: El Parlament desentierra el lazo amarillo del 'procés', con Junqueras y otros amnistiados ya en las listas para el 29-N
El actor turco debuta en una serie rodada en España y en español con un thriller romántico en el que interpreta a un agente secreto convertido en fugitivo.
La NFL, la liga profesional de fútbol americano, celebró su segundo partido oficial en España el pasado domingo en un Bernabéu repleto y que certificó que el plan de expansión internacional de la competición marcha por buen camino. Pero detrás de las estrategias, los 'touchdowns' o los placajes que marcan el desarrollo de los partidos opera una intrincada tecnología que acapara inmensos volúmenes de información y que marca la estrategia deportiva en tiempo real, al tiempo que maximiza la calidad de las retransmisiones y mejora la experiencia del aficionado.
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MURCIA. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027, lo que supone una ampliación del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la del Ministerio Fiscal. En la Región de Murcia, el Gobierno crea 19 plazas de jueces (+10,1% respecto a la plantilla actual) y 5 de fiscales (+6,33%) para 2027. En dos años (2025 y 2026) se han creado 40 plazas judiciales en esta comunidad (+23,8%), según informan fuentes de la Delegación del Gobierno. Las 700 plazas creadas hoy se suman a las otras 700 que el Gobierno creó el pasado mes de julio para 2026. En total, 400 de fiscales y 1000 de jueces. Un aumento sin precedentes, gracias a Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha permitido crear en tan solo dos años más plazas que en los últimos 15 años juntos (en los que se han creado 930 plazas judiciales en total). Su distribución se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los Tribunales Superiores de Justicia. Esta nueva ampliación de plantilla se enmarca en la transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Una transformación que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar al Servicio Público de Justicia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros. La planta judicial de la Regió aumenta un 10% De las 19 nuevas plazas judiciales para la Región de Murcia, 17 son para Tribunales de Instancia de Murcia, Cartagena, San Javier, Lorca, Cieza o Molina de Segura . Las dos restantes serán de adscripción territorial (destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo). Porcentualmente, la Región de Murcia es la más beneficiada en el reparto de plazas judiciales. De las 500 nuevas plazas de jueces creadas para toda España, la mayoría son para reforzar la jurisdicción civil (81 plazas en los Tribunales de Instancia y 61 en las Audiencias Provinciales) y la social (104). La jurisdicción penal se refuerza con 96 uevas plazas y los órganos mixtos (Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia de las provincias y localidades más pequeñas) con 87. Otras 30 plazas son de adscripción territorial. Además, 18 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer, lo que supone un incremento del 62,8% en dos años, pasando de 121 plazas a 197. Las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia también se refuerzan con 6 plazas más, la Audiencia Nacional con 4 y los Tribunales Superiores de Justicia con 19. La plantilla del Ministerio Fiscal sube un 6,3% en Murcia La creación de 5 nuevas plazas de fiscales para la Región de Murcia supondrá un crecimiento de la plantilla del Ministerio Fiscal en esta comunidad del 6,3%, pasando de 79 a 84 miembros. En toda España, el Gobierno crea 200 nuevas plazas de fiscales (+6,6%) que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales.
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Joaquín Sabina nunca ha tenido demasiados reparos a la hora de hablar del amor, las relaciones sentimentales y las contradicciones que acompañan a los sentimientos. De hecho, ha convertido las pasiones, las rupturas, los encuentros inesperados y los desengaños en una parte fundamental de su legado artístico. Más allá de las canciones, también ha dejado … Continuar leyendo "La curiosa reflexión de Joaquín Sabina sobre el poliamor: «Lo que no se debe, como ha sido tradición en España en otras épocas, es tener dos familias»"
Una organización criminal dedicada a estafas bancarias telefónicas ha sido desarticulada por la Guardia Civil en una operación con dos detenidos y nueve investigados por defraudar más de 140.000 euros en distintos puntos de España, también en la provincia de Ciudad Real. Los agentes del puesto de Torrox-Algarrobo (Málaga) han esclarecido nueve delitos y los … La entrada Una red de estafas bancarias telefónicas defrauda más de 140.000 euros y salpica a Ciudad Real: hay dos detenidos se publicó primero en infoCLM .
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Alejandro San José, de Habanero Taquería, y Jiale Pan, del Jiapan, cuentan la intrahistoria de sus pinchos ganadores
El candidato comparte acto con su cabeza de cartel por Barcelona, Xavier García Albiol, quien azuza el miedo al inmigrante y promete una ley para “expulsar en 48 horas” a los okupas Policía Nacional acortó la manifestación del 11N en Madrid y creó una 'ratonera' que precipitó las cargas: “¡Usad la goma!” El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este jueves la campaña de las elecciones del 29 de noviembre en un acto en Badalona (Barcelona) en el que ha arremetido contra la huelga por la vivienda del pasado miércoles. Feijóo ha dicho que el paro del 11N “fracasó”, que los manifestantes provocaron “violencia”. “España va a cambiar y vamos a abrir una nueva etapa”, ha asegurado. Feijóo ha elegido la ciudad que dirige su cabeza de cartel por Barcelona para el 29N. Xavier García Albiol ha precedido a su jefe de filas en el uso de la palabra, y ha lanzado el discurso que se espera de él: señalamiento a las personas migrantes y exacerbación del miedo a la inseguridad ciudadana. “Tengo un mensaje para los ‘okupas’: se os acaba el chollo de Pedro Sánchez”, ha afirmado el alcalde de Badalona. “Voy a ir a por ellos”, ha dicho. “A por quienes pegan una patada en los domicilios que no son suyos, quienes hacen la vida imposible a los vecinos, quienes crean problemas de incivismo y delincuencia”, ha afirmado. Albiol ha asegurado que liderará los trabajos para una nueva ley que permita “que en 48 horas” los okupas “tengan que salir y los vecinos y propietarios puedan vivir en paz”. “A eso voy” a Madrid, ha afirmado. El candidato del PP ha esgrimido, además, el otro gran tema que suele copar sus discursos, la inmigración. “El Gobierno manda inmigrantes en situación irregular desde Canarias”, ha denunciado. “Los fleta en avión a Barcelona y los manda a distintos puntos de Catalunya”, ha añadido. “Exijo a Pedro Sánchez que pare el reparto de inmigrantes irregulares en Catalunya”, ha dicho. “No queremos que aquellos que entran de forma irregular se les ofrezca hoteles de 3 estrellas con pensión total pagada”, ha apuntado. Albiol ha tenido también un mensaje para la exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio, Ada Colau. El regidor badalonés ha pedido el voto para Feijóo (antes de la hora oficial de inicio de la campaña) para que Pedro Sánchez no nombre “a Ada Colau como vicepresidenta en sustitución de Yolanda Díaz”. “Podéis silbar”, ha replicado a los pitidos que los asistentes al mitin han proferido contra la exalcaldesa de Barcelona. “Pero prefiero que silbéis ahora y no llorar el día 29”, día de las elecciones, ha planteado. Albiol ha zanjado que para que España no acabe como Barcelona, “llena de okupas, perroflautas y de gente que se dedica a hacer la vida imposible, el voto para Alberto Núñez Feijóo”. Feijóo: la huelga fue un “fracaso” que generó “violencia” El líder del PP también ha seguido la estela de sus habituales mensajes en Catalunya, donde siempre relaciona delincuencia e inmigración en sus discursos. “Estáis esperando seguridad en las calles”, ha afirmado Feijóo nada más comenzar su intervención, pese a que los datos de delitos cometidos en España están, año tras año, entre los más bajos del mundo. Feijóo se ha sumado también al discurso de Albiol, y ha dicho que “en Catalunya es más fácil vivir ocupando ilegalmente un edificio que pagando religiosamente la vivienda”. “Y eso no lo podemos admitir”, ha afirmado. El líder del PP ha reiterado su promesa de construir “un millón de viviendas” en la próxima legislatura. Pero el grueso del mensaje de Feijóo iba este jueves contra las cientos de miles de personas que secundaron el miércoles la huelga general por la vivienda. Feijóo ha sostenido que la huelga del 11 de noviembre fue “un fracaso”, lo que generó “impotencia”. “Y la impotencia suele transformarse en violencia”, ha sostenido. El líder del PP ha denunciado que el miércoles hubo “ancianos acosados, dueños de comercios amenazados y periodistas agredidos”. En su declaración ha obviado las imágenes de las cargas policiales , y ha sostenido que hay grupos que quieren “imponer la violencia y la extorsión como otros lugares de Europa”. “No se lo vamos a permitir”, ha afirmado, para referirse también a la antigua violencia de ETA en Euskadi donde, ha afirmado, “los herederos del terrorismo se siguen creyendo los dueños”. Feijóo ha denunciado que dos militantes del PP en Gipuzkoa fueron “vapuleados a puñetazos” el miércoles. El líder del PP ha ofrecido “algo tan elemental como un Gobierno que no robe”. “A ver si me escuchan, a ver si me escuchan los del Gobierno de España, que no se puede estar en el Gobierno y robar”, ha dicho. Feijóo ha añadido que ofrece “algo tan elemental como un Gobierno que diga la verdad” “Ese es el cambio necesario. Esa es nuestra propuesta”, ha afirmado. “Desde el primer día responderé por lo que hagamos. España va a cambiar y vamos a abrir una nueva etapa”, ha zanjado. A diferencia de Albiol, Feijóo se ha guardado mucho de pedir el voto expresamente.
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Un grupo de grandes empresas de distintos sectores y ámbitos de actividad con presencia en España se ha unido para impulsar diez acuerdos con los que reforzar la competitividad del país durante la próxima década. La iniciativa, presentada este jueves 12 de noviembre, pretende abrir un espacio de reflexión compartida sobre las capacidades que España debe fortalecer para aprovechar las oportunidades económicas y sociales de los próximos años. El documento, denominado '10 acuerdos para reforzar la competitividad de España', identifica diez ámbitos estratégicos: instituciones ágiles, talento, vivienda, salud y cuidados, demografía, integración y atracción de talento, productividad, inversión, capacidades estratégicas, visión intergeneracional y cooperación. Las empresas participantes consideran que la aceleración tecnológica, el desarrollo de la inteligencia artificial, los cambios demográficos, la transición energética y el nuevo escenario geopolítico están transformando las condiciones en las que compiten las economías. Ante estos desafíos, defienden la necesidad de sumar capacidades y adoptar una perspectiva a largo plazo para fortalecer la posición de España. Entre las prioridades recogidas en el documento figura el impulso del talento y la educación, mediante una mayor conexión entre la formación profesional, la universidad y el aprendizaje permanente. El objetivo es adaptar las competencias de los trabajadores a las necesidades de una economía cada vez más digitalizada y marcada por la inteligencia artificial. La propuesta también pone el foco en la productividad y el crecimiento empresarial, con la intención de favorecer que más compañías puedan crecer, innovar, internacionalizarse e incorporar nuevas tecnologías. A ello se suman las inversiones en energía, inteligencia artificial, datos, computación, ciberseguridad, telecomunicaciones e infraestructuras y servicios críticos, considerados elementos relevantes para la autonomía estratégica del país. En el ámbito social, los acuerdos incluyen cuestiones como el acceso a la vivienda, el envejecimiento de la población, la salud y los cuidados, así como la integración y atracción de talento. También plantean incorporar una perspectiva intergeneracional a las decisiones que condicionarán el futuro de España. El décimo acuerdo sitúa la cooperación como una ventaja competitiva. Las empresas firmantes, procedentes de sectores diferentes y algunas de ellas competidoras en sus respectivos mercados, consideran que identificar intereses comunes puede contribuir a generar un debate más amplio sobre los factores que determinarán la capacidad del país para competir. La iniciativa no pretende establecer soluciones cerradas para cada uno de los desafíos, sino crear un espacio de encuentro que permita incorporar diferentes perspectivas y alcanzar acuerdos que puedan mantenerse en el tiempo. Para ello, se ha habilitado la página web 'competitividad2035.com', desde la que nuevas empresas, organizaciones y particulares podrán sumarse al proyecto. El documento propone acompañar estos objetivos de una metodología de trabajo basada en diagnósticos, metas medibles, indicadores, responsables, recursos, calendarios y evaluaciones. Sus impulsores esperan que esta iniciativa sirva como punto de partida para ampliar la colaboración entre organizaciones y contribuir a generar prosperidad en España durante los próximos años.
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Los sobres de los votos por correo de las personas que residen permanentemente en el extranjero Los residentes permanentemente en el extrajero pueden elegir depositar su voto personalmente en las urnas de su embajada, consulado o centro habilitado; o remitirlo por correo . En el segundo caso, el elector tendrá cuatro sobres : Un sobre donde introduce la papeleta de votación al Congreso (o ninguna, si opta por votar en blanco) y otro sobre para el Senado . Sobre de votación por correo. Fuente: Orden INT/316/2023, de 29 de marzo, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales . Según el pliego técnico de los sobres electorales , el sobre del Congreso será “blanco” y el del Senado, “sepia” . Ambos tienen que tener un “engomado en la punta de cierre o a lo largo de toda la solapa” para cerrarlos , entre otras características . Estos dos sobres con las votaciones, junto con uno de los certificados de inscripción en el censo y la fotocopia de un documento identificativo (pasaporte, DNI, certificado de nacionalidad o, en su defecto, certificación de inscripción en el Registro de Matrícula Consular), se introducen en el sobre dirigido a la junta electoral correspondiente. Sobre para la remisión del voto CERA a la Junta Electoral Provincial. Fuente: Orden INT/316/2023, de 29 de marzo, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales . Según el pliego técnico , estos sobres de color “blanco” tienen que tener un “pegamento en la solapa autodex” para cerrarlos , entre otras características . Este sobre con todo ello, junto con el otro certificado de inscripción en el censo, se introduce en el sobre dirigido a la oficina consular . Sobre para el envío al Consulado o Embajada por parte de los electores residentes en el extranjero (con franqueo). Fuente: Orden INT/316/2023, de 29 de marzo, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales . El modelo de sobre sin franqueo es este . Según el pliego técnico , estos sobres de envío a los consulados o embajadas de color “ blanco” tienen que tener un “pegamento en la solapa autodex” para cerrarlos , entre otras características . Este procedimiento lo explica el artículo 75 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el apartado cuarto de la instrucción de la JEC sobre el procedimiento de votación de las personas residentes en el extranjero, el portal Infoelectoral del Ministerio del Interior y el INE : Los sobres de los votos por correos desde España y para residentes temporales en el extranjero En el caso de las personas que voten por correo desde España, tendrán tres sobres : Un sobre donde introduce la papeleta de votación al Congreso (o ninguna, si opta por votar en blanco) y otro sobre para el Senado . Sobre de votación. Fuente: Orden INT/316/2023, de 29 de marzo, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales . Según el pliego técnico de los sobres electorales , el sobre del Congreso será “blanco” y el del Senado, “sepia” . Ambos tienen que tener un “engomado en la punta de cierre o a lo largo de toda la solapa” para cerrarlos , entre otras características . Estos dos sobres , junto con el certificado de inscripción en el censo, se introducen en el sobre dirigido a la mesa electoral correspondiente. Sobre para la remisión del voto por correo a los Presidentes de las Mesas electorales . Fuente: Orden INT/316/2023, de 29 de marzo, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales . Según el pliego técnico , estos sobres de color “blanco” tienen que tener un “pegamento en la solapa autodex” para cerrarlos , entre otras características . Así explica el procedimiento de voto por correo para estos electores el artículo 73 de la LOREG, el portal Infoelectoral del Ministerio del Interior y el INE : Los electores que se encuentren temporalmente en el extranjero realizarán este mismo procedimiento. Aunque este sobre exterior será de color “crema” , como se indica en sus características del pliego técnico . Este procedimiento de votación se explica en el artículo 5 del real decreto que lo regula y en el INE : El “celo” en los votos por correo Desde Maldita.es no hemos obtenido respuesta sobre si son válidos o no los votos por correo que están dentro de sobres cerrados con celo. En 2011, la JEC emitió un acuerdo tras un recurso del PSOE contra la decisión de una Junta Electoral de Zona de no contabilizar 151 votos por correo que habían sido cerrados con cinta adhesiva, donde concluyó que “la legislación electoral no establece la imposibilidad de escrutar los sobres que hayan sido sellado con cinta adhesiva” y que “en ningún caso cabe inadmitirlos por haber sido cerrados con cinta adhesiva”, aunque pueden declararse nulos aquellos votos sobre los que existan “indicios claros de manipulación” . El Ministerio del Interior nos ha indicado: “Quien analiza la validez de los votos emitidos es la mesa electoral y aquellos que entiende que son nulos debe incluirlos entre la documentación que remite a la junta electoral encargada de hacer el escrutinio general o definitivo”. En concreto, sobre los votos CERA , dicen que “se reciben directamente para escrutinio en la Junta Electoral” y que “son pues las juntas electorales las que deciden sobre la validez de los votos” . Además, recuerdan que si conocen casos concretos de partidas de sobres defectuosos, esto debe ponerse en conocimiento de la Junta Electoral Central para que se pronuncie sobre su criterio y validez de los mismos. Por su parte, la JEC nos remite a Interior. Desde Maldita.es también hemos enviado consultas al Consulado de España en Miami y al Ministerio de Exteriores, sin respuesta a 12 de noviembre de 2026. * Este artículo ha sido actualizado el 12/11/2026 para incluir la respuesta del Ministerio de Interior.
ALICANTE (EP). La alicantina Vanadi ha suscrito dos contratos de prestación de servicios para la estructuración, creación y gestión de dos productos cotizados (ETPs, por sus siglas en inglés) vinculados a Vanadi, según informa la compañía a Bolsas y Mercados Españoles (BME) en un comunicado. Los productos financieros están sujetos a la previa aprobación del consejo de administración de Vanadi Coffee y su admisión a negociación está prevista en Xetra (Deutsche Börse). El primero de ellos, el '2X Long Vanadi ETP', es un producto cotizado que multiplica por dos el movimiento diario de la acción de Vanadi Coffee, tanto al alza como a la baja. Por su parte, el 'Treasury ETP' ofrecerá exposición a una cartera de activos seleccionados, entre ellos acciones de Vanadi, que será gestionado de acuerdo con su estrategia de inversión. La firma prevé que estos instrumentos sean admitidos a negociación en aproximadamente dos meses e informará al mercado de los códigos ISIN. Con esta operación, Vanadi abre la puerta a que inversores de toda la región europea puedan tomar posición en la evolución de la cadena desde sus brókers habituales. Las acciones de Vanadi Coffee cotizaban sobre las 13.40 horas de este jueves con una caída del 5,81%, hasta un precio de 0,015 euros por cada título. Vanadi Coffee aprobó en junio de 2025 el cambio de estrategia de la compañía para convertirse en la mayor empresa cotizada de bitcoin de España a partir de una primera inversión de hasta 1.000 millones de euros en bitcoins. A fecha de este jueves, y según consta en su página web, la empresa cuenta con 223 bitcoins en su cartera.
En cualquier pueblo de Soria hay alguien que recuerda las partidas de mus o de tute en el bar, con unas pesetas encima de la mesa y la vista gorda de todo el mundo. También es habitual que la palabra casino despierte en muchos sorianos otra imagen: la del círculo social donde se leía la prensa, se jugaba a las cartas y se celebraban los bailes de fiestas. Ese doble significado no es casual. Resume siglos en los que el juego estuvo, a la vez, en la vida cotidiana y fuera de la ley. Carlos III: prohibir los naipes y crear la lotería El siglo XVIII deja la mejor muestra de esa contradicción. Carlos III, preocupado por las fortunas que se perdían en las mesas y por los altercados que provocaban, endureció la persecución de los llamados juegos de envite, suerte y azar mediante una real pragmática de 1771. Los castigos alcanzaban tanto a quienes jugaban como a quienes ponían la casa. Solo unos años antes, en 1763, el mismo monarca había autorizado una lotería al estilo de las que funcionaban en Italia. La lógica era sencilla: si el deseo de probar suerte no podía erradicarse, mejor que lo canalizara la Corona y que los beneficios acabaran en las arcas públicas o en obras benéficas. La Lotería Moderna, antecesora directa de la actual Lotería Nacional, nació en 1812 en el Cádiz de las Cortes, en plena guerra contra los franceses. Dos siglos después, el sorteo de Navidad sigue siendo una de las pocas tradiciones capaces de poner de acuerdo a todo el país. Siglo XX: medio siglo de prohibición? con excepciones A comienzos del siglo XX convivían en España algunos grandes salones de juego, sobre todo en ciudades balneario y de veraneo como San Sebastián. Esa etapa se cerró en los años veinte, cuando la dictadura de Primo de Rivera prohibió los juegos de azar con carácter general. La medida se mantuvo, con escasos matices, durante la República y el franquismo. La prohibición, sin embargo, nunca fue absoluta. El Estado reservó para sí o para entidades concretas las modalidades que consideraba aceptables. En 1938 nació la ONCE, con su cupón como fuente de financiación para las personas ciegas. En 1946 llegaron las quinielas de fútbol, que durante décadas fueron el boleto de los domingos en miles de hogares. Junto a ellas seguía la Lotería Nacional. El resultado fue un modelo peculiar: el juego privado quedaba fuera de la ley, mientras el público se presentaba como una forma de recaudación o de solidaridad. Y, al margen de lo permitido, las timbas clandestinas nunca dejaron de existir. Soria y sus casinos sin ruleta En una ciudad como Soria, durante esos años de prohibición, la palabra casino no remitía a fichas ni a crupieres. Designaba el círculo de recreo de la burguesía y las clases medias: un lugar para leer la prensa, conversar, organizar bailes y, sí, jugar a las cartas entre socios. El Círculo Amistad Numancia, al que los sorianos siguen llamando el Casino, es el ejemplo más conocido de esa tradición en la capital. Antonio Machado, que vivió y dio clase en Soria entre 1907 y 1912, retrató a ese personaje de tertulia en su poema «Del pasado efímero», que arranca con "Este hombre del casino provinciano". La imagen sirve para entender la época: el juego formaba parte de la sociabilidad de provincias, aunque la ley lo mirara con recelo. La otra cara del azar en la provincia ha sido siempre la lotería. Las colas en las administraciones del centro de la capital antes del sorteo de Navidad, o las participaciones que reparten peñas, cofradías y asociaciones de los pueblos, siguen siendo una costumbre tan soriana como cualquier otra. 1977: el juego sale a la luz El gran giro llegó con la Transición. El Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, despenalizó los juegos de azar y los sometió a un régimen de autorización administrativa. El razonamiento era pragmático: era preferible un sector controlado, que pagara impuestos y respetara normas, que un mercado clandestino sin ninguna garantía para el jugador. En los años siguientes abrieron los primeros casinos autorizados, se extendieron las salas de bingo y aparecieron las máquinas recreativas con premio en bares y cafeterías. Para muchos españoles fue la primera vez que veían una ruleta fuera de una película. Diecisiete mapas del juego Con el Estado de las autonomías, la competencia sobre el juego presencial pasó en gran medida a las comunidades. Cada una fue aprobando su propia ley, sus catálogos de juegos y sus requisitos para abrir un salón, un bingo o una sala de apuestas. Las loterías de ámbito estatal y la ONCE quedaron fuera de ese reparto. En Castilla y León la norma de referencia es la Ley 4/1998, reguladora del juego y de las apuestas, desarrollada después por distintos reglamentos. La Junta autoriza los locales, fija condiciones de funcionamiento y gestiona el registro de personas que han solicitado que se les prohíba la entrada a establecimientos de juego. Por eso las reglas que se aplican en un salón de Soria no son necesariamente las mismas que en uno de Zaragoza o de Logroño. 2011: internet obliga a escribir una ley nueva La llegada de internet volvió a dejar la normativa por detrás de la realidad. A principios de este siglo, cualquier usuario podía apostar en webs con sede en otros países sin ningún control español. La respuesta fue la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que estableció por primera vez un marco estatal para el juego online. Desde entonces, los operadores que quieran ofrecer sus servicios a residentes en España necesitan una licencia de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente hoy del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Deben verificar la identidad y la edad de cada jugador, tributar en España y ofrecer herramientas para fijar límites de depósito o autoexcluirse. Ese es el cambio de fondo frente a épocas anteriores: hoy quien juega a la ruleta o al blackjack desde el sofá puede hacerlo en un casino con licencia española, como Sol Casino, sujeto a las mismas reglas de supervisión que cualquier otro operador autorizado. Antes de registrarse en cualquier casino online, conviene comprobar que figura en el listado de operadores habilitados que publica la propia DGOJ. Hoy: de la prohibición a la protección La última etapa se ha centrado menos en si se puede jugar y más en cómo se protege a quien juega. El Real Decreto 958/2020, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, limitó la publicidad de los operadores online, sus bonos de bienvenida y su presencia en el patrocinio deportivo. Parte de ese texto fue revisada después por los tribunales, pero la orientación general se mantiene: el juego es una actividad legal que exige reglas claras y especial cuidado con los menores y las personas vulnerables. Visto con perspectiva, el camino ha sido largo. España ha pasado de castigar a quien ponía la casa a exigirle una licencia, de perseguir las timbas a supervisar plataformas digitales y de confiar en la prohibición a apostar por la información. Las cartas siguen sobre la mesa de cualquier bar de la provincia de Soria; lo que ha cambiado es la forma en que el Estado decide mirarlas. El juego está reservado a mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Si necesitas ayuda, puedes consultar ordenacionjuego.es, el portal de juego seguro de la DGOJ.
Castilla y León es la comunidad autónoma donde menos se utiliza Internet a diario. Aquí, el 89,8% de la población de entre 16 y 74 años se conecta al menos cinco días a la semana, frente al 93,4% de la media nacional . La diferencia, de 3,6 puntos porcentuales, sitúa a la Comunidad a la cola de España en un indicador que refleja hasta qué punto el acceso a la red forma parte de la vida cotidiana. La distancia con el conjunto del país también se aprecia al ampliar el periodo de referencia analizado por el Instituto Nacional de Estadística en su 'Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares de 2026'. El 95,6% de los castellano y leoneses utilizó Internet en los tres meses anteriores a la encuesta, dos puntos menos que la media española, situada en el 97,6%. Solo Galicia presenta un porcentaje inferior, con el 94,5%. En el extremo contrario, el dato más llamativo es que un 4,4% de la población de Castilla y León no se conectó durante ese periodo, casi el doble que el 2,4% registrado en España. Las diferencias entre los usuarios de la Comunidad y los del resto de España aparecen también en las competencias digitales. El 68,2% de la población castellano y leonesa cuenta con habilidades básicas o avanzadas, frente al 70,9% nacional. Por el contrario, el 27,4% tiene un nivel bajo, ocho décimas más que en el conjunto del país. Madrid encabeza la clasificación en este apartado, con un 78,3% de personas que disponen de competencias digitales básicas o avanzadas. Nos conectamos menos, pero compramos igual El comportamiento de Castilla y León contrasta, sin embargo, con el de otros indicadores, como en las compras por Internet. Aquí, la Comunidad se mantiene prácticamente en línea con el conjunto del país: el 65% de la población realizó alguna adquisición a través de la red en los tres meses anteriores, frente al 65,7% de la media española. En España, el acceso a Internet está ya muy extendido, pero la edad sigue marcando diferencias importantes. Mientras que el 100% de las personas de entre 16 y 24 años utilizó la red en los últimos tres meses, entre quienes tienen de 65 a 74 años el porcentaje baja al 89,7%. La distancia es todavía mayor en la conexión diaria: alcanza al 98,5% de los más jóvenes y al 79,5% del grupo de mayor edad. También se aprecia en las compras digitales, que realizan el 98,5% de los primeros frente al 35,4% de los segundos. La brecha generacional aparece igualmente en las habilidades digitales . En el conjunto del país, el 46,3% de las personas de entre 65 y 74 años tiene un nivel bajo de competencias digitales y un 10,3% no utilizó Internet en los últimos tres meses. Son datos que ayudan a dimensionar uno de los principales obstáculos para la extensión de los servicios y las actividades digitales entre la población de más edad. La encuesta también constata la creciente presencia de nuevas herramientas tecnológicas. El 54,8% de los españoles de entre 16 y 74 años ha utilizado inteligencia artificial generativa , principalmente para fines privados (48,7%), aunque también por motivos profesionales (27,6%) o relacionados con la educación formal (22,7%). Su implantación está muy vinculada al nivel de estudios: alcanza al 74,2% entre quienes tienen licenciatura, máster o equivalente, pero se queda en el 11,6% entre las personas analfabetas o que no completaron la educación primaria.
David Pérez Sañudo cuenta la verdad sobre el mito en 'Sacamantecas', su salto a los grandes presupuestos. Un filme con Antonio de la Torre como el asesino y Patricia López Arnaiz como protagonista Rodrigo Sorogoyen, Alana S. Portero, David Uclés y más de 750 firmas apoyan la huelga del 11N: “La cultura también para” A varias generaciones de niños se les asustó con la llegada del Sacamantecas. Sus padres, para que se portaran bien y obedecieran, les decían que si no lo hacían vendría el Sacamantecas y se les llevaría. Una nueva variante del hombre del saco, del coco y de todos los mitos con los que se intentaba meter en vereda a los chavales cuando no hacían caso. Pero detrás de cada mito hay una historia, y muchas veces lo que esconden es cómo una sociedad reconvirtió en leyenda algo que debería haber señalado y puesto en el foco. En el caso del Sacamantecas se trata del primer asesino en serie de mujeres de la historia de España. Se llamaba Juan Díaz de Garayo, era analfabeto, y durante la Guerra Carlista, a finales del siglo XIX a las afueras de Vitoria, mató a seis mujeres. ¿Cómo es posible que aquel acto de violencia machista se convirtiera en relato infantil? En aquella pregunta estaba uno de los intereses del cineasta David Pérez Sañudo en contar la historia real del Sacamantecas. Tras dos películas autorales y de una dimensión mucho más íntima (Ane y Los últimos románticos ) , Sañudo acomete el reto de contar la historia del mito en una producción mucho más ambiciosa, Sacamantecas, que ya se puede ver en los cines. Lo logra gracias a su mirada, que comienza con un homenaje a Centauros del desierto , y a una rigurosidad que le ha hecho plantearse cada escena para no repetir la violencia que ya sufrieron aquellas mujeres. Siempre consideró algo “utópico” la idea de hacer una película sobre el Sacamantecas. Creía que la gente conocía el mito, pero “desconocía lo que había detrás”. “Pero al mismo tiempo nos autocensurábamos pensando que era imposible que hiciéramos una película ambientada en el siglo XIX. En los últimos años, quizá nos hemos legitimado un poco más y hemos notado que había un anhelo institucional o un deseo de que esta película existiese. Poco a poco hemos ido profundizando y encontrando la manera en la que la queríamos contar o transmitir”, explica. Al final, su intención no era solo hablar de ese personaje al que interpreta Antonio de la Torre, sino realizar “un mosaico del siglo XIX apoyándonos en ese personaje tremendamente mitificado”. Por eso, aunque las agresiones contra esas mujeres sea el centro del relato, quería que la ferocidad de ese momento histórico se trasladara en cada plano. “Queríamos que todas las escenas estuviesen atravesadas por la violencia. Por ejemplo, cuando el personaje de Eneko Sagardoy le dice a su sobrina que aprenda a silbar y gritar ayuda, pero que lo haga en castellano, hay también una violencia a través de la imposición de una lengua. Queríamos insinuar que todo el rato hay violencias y dominios de clase o laborales, pero también la propia guerra, o del declive de las instituciones…”, explica. Una de las cosas que más le sorprendió en su investigación fue que el cuerpo de alguaciles no quería investigar las muertes de estas mujeres. Por ser mujeres, por ser de clase baja o por ser prostitutas. Los cuerpos de las mujeres como algo hasta desechable por la sociedad. Ese silencio, el de la gente ante lo que ocurre, cree que ha permeado hasta nuestros días y que es uno de los ecos de Sacamantecas que resuenan en el espectador actual. “En tiempos de guerra importaba poco la muerte de una vendedora ambulante de estrato social bajo. Era una época y un territorio muy tradicional, en el cual se enfrentaba en esa guerra el conservadurismo y una propuesta de España que era aún más conservadora. Esa idea creíamos que había que explorarla y desarrollarla”, avanza. Sacamantecas era un asesino, pero también un personaje que pertenecía a un territorio en disputa. En cuanto la dimensión social adquirió relevancia, la película tomó un tono diferente David Pérez Sañudo — Cineasta Querían que ese diálogo de pasado y presente fuera “constante”, pero tampoco querían ser “maniqueos”. Había muchos riesgos en el proyecto. Uno era “no humanizar al asesino”, aunque sí quisieron remarcar el hecho de que fuera “un analfabeto afectado por la carencia en todos los sentidos”. Al espectador le quieren lanzar un mensaje incómodo. “Tú me has estado demandando ver una película sobre el Sacamantecas y la quieres ver en términos espectaculares, pero hazte cargo de que tú también has contribuido al olvido de las víctimas y de haber aceptado una placa de homenaje a un asesino por el mero hecho de ser asesino y que eso también es violencia y violencia institucional [hay una placa indicando donde descansan sus restos en una fosa del Cementerio de Santa Isabel de Vitoria-Gasteiz]. Nosotros, como parte de la sociedad civil, también somos corresponsables”, subraya. Su idea siempre fue “visibilizar a las víctimas”, pero hacerlo “hilando muy fino para poder aportar algo diferente en un tema tratado con mucha inteligencia en otras películas”. Su apuesta es por la sequedad, y dándole el punto de vista de la película a la hermana de una víctima (Patricia López Arnaiz) que acude al entierro. Ella y el contexto histórico se convirtieron en las claves para conseguir que Sacamantecas “hablara de lo que somos hoy en día”. “Por ejemplo, es el germen de lo que luego será el nacionalismo vasco”, recuerda. “Empezamos a pensar que el Sacamantecas era un asesino, pero también era un personaje que pertenecía a un territorio en disputa y de un territorio muy conflictivo. En cuanto la dimensión social comenzó a adquirir relevancia, la película fue tomando un tono diferente”, señala. Uno de los elementos importantes era alejarse del true crime, de los postulados de un género manido y que suele caer en el sensacionalismo. Para Pérez Sañudo en la producción actual, especialmente en plataformas, “hay un exhibicionismo de la muerte, de lo truculento, de las mujeres víctimas”. Cree que no es suficiente advertir con un cartel antes diciendo que está basado en hechos reales, o que las imágenes que se van a ver son violentas, gestos que cree que son “para lavarse la conciencia”. La responsabilidad del autor es pensar cómo mostrar o no mostrar esa violencia. En esa discusión sobre la puesta en escena siempre tuvo claro que no querían “apoderarse de la mirada del siglo XXI para protegerse detrás de ella”. Antonio de la Torre, el Sacamantecas en plena guerra Carlista Él mismo se dio cuenta de que buscando información no aprendía sobre esas mujeres, sino que solo estaba buceando en los archivos sobre el Sacamantecas. “Ya hay un dilema moral cuando empiezas a ser consciente de eso”, apunta. Ahí nació uno de los grandes hallazgos del filme, y es que “por mucho que sea una película ambiciosa y de presupuesto elevado, no se podía dinamitar la forma de afrontar esas temáticas”. “Para nosotros la honestidad siempre ha estado en primer término. Lo conseguiremos mejor o peor, pero queríamos que el espectador piense todo el tiempo, que no esté sintiendo, que no estemos espectacularizando todo el tiempo, sino que le obliguemos a alejarse, al menos puntualmente, para tratar de interpretar lo que la película sugiere”, analiza. Debatieron mucho sobre cómo representar la violencia, porque eran conscientes de que en géneros como el terror se ha glamourizado la violencia hacia las mujeres. Llegaron a una conclusión: “Solo íbamos a mostrar la violencia sobre las mujeres, la violación y el asesinato una vez, y lo íbamos a mostrar desde mucha distancia. El resultado era violento. Las razones que teníamos eran poderosas, pero también era arriesgado. Tuvimos que hacer algunos pases para ver cómo se percibía, y sentimos que todas las mujeres que lo veían nos dijeron que teníamos que mantener esa secuencia. Curiosamente, los pocos comentarios de rechazo en lo que se refiere a esa secuencia inicial en la película que recibíamos eran de chicos, y jóvenes. Eso nos hizo pensar en algún tipo de identificación, en cierta corresponsabilidad desde la pasividad. Le hemos dado muchas vueltas. Pero hemos tratado de que esa violencia que el espectador espera que se ejerza sobre la mujer, solo la veamos sobre él, sobre el asesino, al final de la película”.
LA ENTREVISTA Daniel Moreno Rodríguez, nacido en Linares, es ingeniero técnico industrial y cuenta con un máster en Ingeniería del Transporte por la Escuela Politécnica Superior de Linares (EPSL), de la Universidad de Jaén (UJA) y otro en Inteligencia para la Seguridad por la Universidad Autónoma de Madrid. En su empresa se dedica a investigar el origen y las causas grandes siniestros: incendios, explosiones, averías... Tras los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, este último el pasado enero, aporta sus conocimientos como profesional y habla de las diferencias y las posibles líneas de investigación de cada uno de ellos. ¿En qué consiste exactamente el trabajo de un ingeniero forense? ¿Qué ocurre desde que se produce un accidente hasta que su empresa recibe el encargo de investigarlo? Soy ingeniero técnico industrial y máster en Ingeniería del Transporte por la Escuela Politécnica Superior de Linares, y máster en Inteligencia para la Seguridad por la Universidad Autónoma de Madrid; con ello, uno la ingeniería forense y el análisis de información. Desde mi empresa, en Madrid, investigamos el origen y las causas de grandes siniestros, como incendios, explosiones, averías o accidentes, y las clasificamos. No es lo mismo una causa contribuyente que la causa eficiente de un daño, y con esa base las empresas reclaman o discuten derechos, como una indemnización. En un accidente grave entra primero la policía judicial, para saber si puede haber delito. Cuando el juez levanta el precinto, en lo civil hay que llegar hasta el último elemento técnico, más allá de lo penal. Ahí entramos nosotros, a veces al día siguiente y a veces un año después. Trabajamos en toda España, y este verano yo he investigado siniestros también en Estados Unidos. Dice que muchas veces llegan cuando los periodistas ya se han marchado e incluso cuando los restos del siniestro han sido retirados. ¿Cómo se reconstruye un accidente en esas circunstancias? ¿Qué pruebas y documentación permiten llegar a conclusiones fiables? Los analistas llegamos cuando el foco mediático ya se ha ido. Normalmente, los restos siguen ahí, pero a veces no. Tras una explosión de gas, se demuele un edificio inestable, y con él desaparecen las pruebas. Entonces, se trabaja con lo que queda y con lo que se puede: fotografías de Policía y Bomberos, testigos, proyectos y documentación previa, registros electrónicos... Lo que hace fiable una conclusión es calibrar su incertidumbre, decir cuánto está demostrado y cuánto no, sin sobreafirmar. No es lo mismo “la causa fue X, sin duda” que “la evidencia es compatible con X y con Y”. Esa calibración es responsabilidad del perito, y exige honestidad. Nuestro trabajo consiste en aminorar la incertidumbre de un caso, no en hacer imposibles. ¿Qué diferencia su trabajo del que realizan los investigadores oficiales y las fuerzas de seguridad? ¿Quién contrata sus servicios y qué independencia tiene un perito cuando trabaja para una de las partes implicadas? El encargo es otro. La Policía Judicial responde a una pregunta penal: si hay delito y quiénes son sus responsables. Nosotros respondemos a preguntas civiles concretas: si un incendio empezó en la nave A o en la B, y por qué. La Policía puede verificar que no hay acelerantes ni en la nave A ni en la nave B, y marcharse sin dilucidar cómo comenzó el incendio. Nos contratan empresas, aseguradoras o directamente las víctimas. El perito declara bajo juramento que ha actuado con la mayor objetividad posible. La independencia no la da quien paga, sino el método forense y no depender de un solo cliente, porque trabajamos para partes distintas en cada caso, pero igualmente nos llaman peritos “de parte” por trabajar para ellas. Con la misma vara de medir, también sería de parte el técnico de un ministerio o el policía cuando pertenecen a la misma administración que se investiga. En su libro “Análisis forense policial y pericial” aborda la denominada inteligencia pericial. ¿En qué consiste este método y cómo ayuda a evitar errores de interpretación, prejuicios o conclusiones precipitadas durante una investigación? Con ese término llevo a la ingeniería forense las técnicas con las que la comunidad de inteligencia combate los fallos de la mente del analista. Los dictámenes rara vez fracasan por falta de conocimiento técnico, sino por fallos en el modo de pensar: sesgos, creencias, la presión del contexto. El cirujano se pone guantes porque su piel acumula gérmenes; la mente acumula sesgos y necesita métodos estructurados y entrenamiento para protegerse de ellos. La diferencia entre un dictamen y un simple relato de los hechos es el método mediante el cual se esclarecen. España ha sufrido dos grandes tragedias ferroviarias en pocos meses, Adamuz y Urda. Desde su formación en Ingeniería del Transporte, ¿qué cuestiones técnicas considera fundamentales para esclarecer accidentes de esta naturaleza? ¿Qué particularidades presenta la investigación ferroviaria? Un accidente ferroviario se investiga como un sistema: la vía, el tren y la circulación, a la vez. El AVE no es uniforme, cambian los sistemas de señalización según la línea y conviven trenes de generaciones distintas. Cuando el accidente deja traza mecánica, como un carril roto, esa traza suele ser elocuente. Cuando la causa está en la circulación, como parece el caso de Urda, la prueba está en los datos y en las órdenes, y la traza mecánica pasa a un segundo plano. Aunque todavía no hayas intervenido directamente en ninguno de estos dos accidentes, ¿qué diferencias técnicas observa entre las líneas de investigación que han trascendido de Adamuz, centrada en una posible rotura de la infraestructura, y Urda, donde se investiga el funcionamiento de los sistemas de señalización y control? Por lo que ha trascendido, Adamuz es un caso de infraestructura y Urda, de circulación. En Adamuz, la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) concluyó en abril que el descarrilamiento lo causó una rotura de carril; el laboratorio debe decir por qué se rompió. En Urda, el LZB, un sistema veterano y seguro mientras funciona, cayó; la circulación pasó a gestionarse a mano y algo falló. La prueba son las grabaciones entre maquinistas y control, los datos de a bordo y la razón por la que cayó el LZB, que puede ser algo tan sencillo como un magnetotérmico que salta si coincide con un sistema de respaldo averiado. Dar una orden de marcha, en este caso al Iryo que iba delante, no significa que la marcha se materialice; por lo que ha trascendido, no ocurrió, pero desde Atocha dieron por hecho que sí. Mi primera impresión, que la investigación tendrá que confirmar o descartar, es que se había normalizado la marcha a la vista. Y digo impresión porque me baso en lo que se ha publicado, que no dejan de ser fragmentos de audios e información parcial. Cuando el controlador dijo “marcha normal” al AVE que iba detrás, pudo querer decir lo normal en esa situación, que con la señalización caída era la marcha a la vista, a 40 km/h como máximo. El maquinista pudo entender “marcha normal” en los términos exactos del protocolo y ejecutar la orden sin cuestionarla. En lo civil se comprueba qué decía el protocolo y si se cumplió. Pero puede que estemos ante una contingencia en la que nadie había pensado al tomar decisiones organizativas y dar órdenes improvisadas fuera del protocolo, y esa posibilidad, en mi opinión, debe guiar la investigación oficial, pues es la más trascendental. En accidentes de esta magnitud, ¿qué importancia tiene preservar las pruebas materiales antes de retirar los trenes o reparar las infraestructuras? ¿Puede perderse información determinante si esas intervenciones se realizan demasiado pronto? Sí, y más cuando los vehículos no solo se retiran, sino que se destruyen al hacerlo o después. Lo que se achatarra sin documentar no vuelve: antes de mover nada, se documenta y se custodia. La prueba depende del accidente. En una rotura de infraestructura, el fragmento de carril; en un accidente de circulación, como parece Urda, la traza electrónica y las comunicaciones, más que el choque. Por ejemplo, el Iryo, que estaba detenido, recibió el golpe por la cola, así que su cabeza se puede ensayar para estudiar si tenía una avería o si, como debe, no podía arrancar sin autorización expresa. ¿Hasta qué punto puede una investigación pericial independiente encontrar elementos que no haya detectado la investigación oficial? ¿Qué sucede cuando dos informes técnicos llegan a conclusiones diferentes? Es más habitual de lo que parece. No es un reproche a la Policía Judicial, pero un accidente en una fábrica con tecnología compleja pide conocimientos que no siempre tienen los agentes. Con dos informes enfrentados decide el juez, y le ayuda mucho una auditoría del método de cada uno, que es precisamente mi especialidad como analista. No gana quien firma con más galones; gana el razonamiento que resiste mejor el intento de refutarlo. En inteligencia existe el “equipo rojo”, un grupo independiente cuyo trabajo es atacar la hipótesis oficial, y hay una máxima: quien investiga no puede depender de quien es investigado. Tras Angrois, la Agencia Ferroviaria Europea concluyó en 2016 que la investigación oficial no había sido independiente, y eso duele. Después de Adamuz y Urda, ¿qué cree que debería revisar el sistema ferroviario español para evitar que se repitan tragedias de estas dimensiones? ¿Qué lecciones pueden extraerse desde el punto de vista de la ingeniería y la seguridad? Adamuz se vivió como un cisne negro, un suceso improbable de enorme impacto. Una desgracia puntual puede serlo, o no; pero la segunda ya puede ser síntoma del sistema. La seguridad tiene tres planos que deben ir alineados: la real, la percibida y la seguridad como valor. En el AVE, la percibida iba por delante de la real a base de imagen de marca, pero nadie medía la distancia entre las dos, como en Urda no se guardó la distancia de seguridad entre los dos trenes. Como valor, toca decidir ahora cuánto estamos dispuestos a rebajar la velocidad, convertida en fetiche político, mientras la seguridad y la calidad del servicio no sean una realidad palpable para la sociedad. Los dos accidentes han ocurrido en la Madrid-Sevilla, nuestra primera línea de alta velocidad y la más antigua, con más de treinta años y, tras la liberalización, con más trenes que nunca. Quienes viajamos en AVE a menudo notábamos más vibraciones, más anomalías y peor puntualidad. El mantenimiento hay que estudiarlo; hoy no hay datos para afirmar que fallara. Yo haría una revisión garantista: mientras no se conozca el estado real del sistema, bajaría la velocidad, como se hace en una carretera en mal estado. La caída de un sistema de protección no puede ser una incidencia más, y la seguridad de dos trenes en la misma vía no puede depender de una orden de palabra, sujeta a interpretación humana. Hemos abusado de la suerte del no pasa nada, y estamos descubriendo que sí pasa.
