El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
El Gobierno ha acordado este viernes que el futuro decreto ley de revalorización de las pensiones para 2027 se tramite por la vía de urgencia, lo que agilizará esa subida una vez que se conozca el dato de inflación de noviembre y se apruebe la norma correspondiente.
El Ayuntamiento de València ha aprobado iniciar la licitación de las obras de habilitación de la Casa del Relojero y su edificación anexa, que albergarán el futuro Centro de Interpretación del Santo Cáliz. La Junta de Gobierno Local ha acordado este viernes iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato, conforme al proyecto aprobado el pasado mes de septiembre. La adecuación como espacio de divulgación de la famosa reliquia que se custodia en la Catedral llega más de tres años después de que acabasen las obras de restauración de la que fue vivienda del relojero de la Seo y el Micalet.
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
Los socialistas ven delitos de obstrucción a la Justicia, inducción al falso testimonio, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias en el presunto soborno al exasesor de Ábalos para que lanzara sospechas sobre Sánchez y su entorno Un tribunal condena a Alvise y a Okdiario por difundir “información sin contrastar” sobre un falso terrorista magrebí El PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado al considerar que el pago de la defensa de Koldo García por parte de Okdiario pudiera tratarse en realidad de un intento de soborno para que el exasesor de José Luis Ábalos declarara falsedades ante los tribunales que pudieran implicar en delitos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno. Los socialistas consideran que estas presuntas prácticas, en las que el propio García involucró al abogado del PP, Alberto Durán , podrían constituir delitos de obstrucción a la Justicia, inducción al falso testimonio, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias. En la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la representación del PSOE denuncia a Durán, el Partido Popular, el director de Okdiario, Eduardo Inda, y la empresa editora de ese medio Dos Mil Palabras, S. L. que fue la que fue la que pagó 242.000 euros (IVA incluido) en dos facturas al despacho IDBO Consultants, donde trabaja Leticia de la Hoz, la abogada que defendió a Koldo García tanto en la causa de la Audiencia Nacional como en la que se siguió en el Tribunal Supremo por el conocido como caso Mascarillas. El PSOE, en su texto, da credibilidad a las declaraciones efectuadas desde la cárcel por Koldo García. Y pide la declaración como querellados de Durán, Inda y los representantes legales tanto del PP como de la editora de Okdiario, que Koldo García sea llamado a declarar como testigo y el volcado de los móviles de todos ellos. Asimismo, solicita que “se acuerde que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que analice las comunicaciones existentes entre los denunciados en el periodo comprendido entre abril de 2025 a septiembre de 2026 para la emisión de informe correspondiente”. Además, pide un requerimiento a la Agencia Tributaria para que “emita informe sobre la corrección y deducibilidad contable del desembolso de 242.000 euros soportado por la editora bajo el concepto de minuta defensiva letrada de un tercero por motivos ajenos a la actividad propia de la empresa que constituye su objeto social”. La denuncia recuerda que el 29 de octubre se conoció “a través de los medios de comunicación”, entre ellos elDiario.es , “que los honorarios de la letrada de Koldo García Izaguirre por los servicios a este, Leticia de la Hoz Calvo, fueron abonados por la mercantil Dos Mil Palabras, S.L., editora de Okdiario”. Hasta su renuncia, el pasado martes, De la Hoz fue la abogada de Koldo García tanto en el juicio del Tribunal Supremo por el caso Mascarillas –por el que terminó condenado a prisión–, como en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Además, el PSOE recuerda que De la Hoz coincidió en esas causas “con la representación del Sr. Duran como letrado de la acusación popular unificada en el Partido Popular”. Un “ropaje de legalidad” en las facturas En las facturas publicadas, “quien aparece como pagador y realizaba las transferencias es la sociedad Dos Mil Palabras, S.L., editora del diario digital Okdiario, por las que se constata que dicha sociedad abonó 242.000 euros (IVA incluido) al despacho IDBO Consultants, por honorarios correspondientes a los servicios de Leticia de la Hoz, correspondientes a los procedimientos donde representaba a Koldo García”. El PSOE considera que a pesar de que Okdiario sostiene que ese desembolso se hizo para la publicación de un libro y la realización de una docuserie, “del contraste con las facturas hechas públicas de los honorarios de Koldo cobrados por Leticia de la Hoz podría evidenciarse una maniobra de simulación negocial”. Así, el abogado de los socialistas apunta a que “el contrato mercantil aparece fechado el 26 de noviembre de 2025, esto es, justo el día antes de realizarse el primer pago que concretaba los términos del acuerdo de retribución e interferencia procesal acordado entre el abogado de la acusación popular del Partido Popular (D. Alberto Durán), el director de Okdiario (D. Eduardo Inda) y D. Koldo García, según este en los audios conocidos, y que vino acompañado de una entrevista el día siguiente”. “La confección del contrato en esa fecha exacta no respondería a una negociación editorial real, sino a la necesidad apremiante de fabricar un 'ropaje de legalidad' que sirviera de tapadera a la causa ilícita pactada previamente y al pago que se iba a realizar”, añade la denuncia. “Si la causa hubiera sido la real adquisición de derechos a Koldo García, el dinero de la contraprestación editorial debería haberse abonado a este en su condición de cedente. Sin embargo, la abogada defensora no le factura a su cliente Koldo García, sino que emite las facturas (de 27 de noviembre de 2025 y 23 de enero de 2026) directamente a la mercantil Dos Mil Palabras, S.L., bajo el concepto inequívoco de 'Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García'”, apunta el PSOE en su escrito. “Es decir, la editorial no le paga a Koldo García por unos derechos de autor inexistentes, sino que paga directamente la factura del despacho de abogados que ejerce la defensa letrada de Koldo García, asumiendo una minuta penal ajena”. “Esta quiebra entre los sujetos del contrato simulado (OKDIARIO-Koldo) y los sujetos del pago efectivo (OKDIARIO-Despacho letrada) probaría de manera incontrovertible que el contrato del 26 de noviembre de 2025 es un mero artificio o negocio simulado, ideado para encubrir una posible entrega de dádivas e inmunidad procesal”, concluye. Los audios de Koldo desde prisión El 5 de noviembre de 2026, “apenas unos días después de desvelarse quien se había hecho cargo de abonar las citadas facturas de la letrada Dña. Leticia de la Hoz”, el PSOE recoge cómo la Cadena Ser [también elDiario.es] difundió unos audios que habría enviado Koldo García desde la cárcel. En uno de ellos afirmó lo siguiente: “En una reunión que mantuve con el Señor Durán, este me planteó una rebaja de pena que supondría no entrar a la cárcel, sacar a mi familia del proceso, pagar a mi defensa y la cantidad de un millón de euros a cambio de declaraciones que afectaran a personas relevantes del Gobierno, claro está, al presidente, muy especialmente a su mujer, al expresidente Zapatero y a alguno más, aun mintiendo”. Además, según la información publicada, Koldo García “sitúa dos reuniones con el Sr. Durán en mayo de 2025, en un despacho de Madrid próximo a la sede del Partido Popular en la calle Génova, afirmando que el pago se canalizaría a través del Sr. Inda y de su empresa Dos Mil Palabras, S. L., editora del periódico digital Okdiario, con quien también se habría reunido, y que parte del importe se justificaría como derechos de un libro, a lo que el Sr. Inda le habría dicho que recuperaría el dinero mediante la publicidad institucional contratada por administraciones gobernadas por el Partido Popular”. También recoge la denuncia las declaraciones de Koldo García asegurando que con posterioridad a la reunión o reuniones con Alberto Durán “mantuvo un almuerzo con el Sr. Inda, en su casa, 'para coordinar el acuerdo económico' y acordar el contenido de la entrevista que se le iba a hacer, y que lo previsto era que ese contenido se transformara después en una declaración ante la autoridad judicial”. “En el desarrollo del plan descrito, Koldo García sitúa también la recepción de advertencias sobre el eventual ingreso en prisión de su pareja y de su hermano, y las consecuencias que ello tendría para su hija. El ofrecimiento de beneficios económicos y procesales aparece así acompañado, en su relato, de presiones referidas a su entorno familiar”, añade. En los audios Koldo García señala que el Inda le manifestó, literalmente: “Inda me dijo que el dinero que iba a adelantar se lo devolverían en pagos de publicidad institucional procedente de las comunidades autónomas gobernadas por el PP”. La denuncia prosigue: “Lo cierto es que el 27 de noviembre de 2025, en la misma fecha en que se factura y se abona el primer pago de los honorarios de la Abogada de Koldo García por Dos Mil Palabras, Okdiario, a través de su página de Facebook, publicó una entrevista a Koldo García, titulada Koldo García tira de la manta en EXCLUSIVA con Eduardo Inda . Y sobre la que se anunciaba: El ex asesor de José Luis Ábalos ha decidido por primera vez y en exclusiva para Okdiario hablar sin tapujos de las miserias, la corrupción y los escándalos que asolan al sanchismo. Con nombres y apellidos y a punto de que un juez decida su ingreso o no en prisión”. En relación con esta entrevista, Koldo, en otros audios publicados el 5 de noviembre de 2026 por elDiario.es, ratificó esa versión y precisó que el pago de su defensa “se llevó a cabo gracias a la entrevista” concedida a Inda. Supuesta reunión con Tellado El PSOE también cita un informe de la UCO de 5 de febrero de 2024 en el que se señalaba que “sobre la base de intervenciones telefónicas y conversaciones de móvil entre Koldo García y un tercero”, el 2 de diciembre de 2023 el exasesor de Ábalos “habría quedado con 'Miguel' y 'Alberto'”, y que el 9 de enero de 2024 “afirmaría haber quedado 'a las 10:15h en Génova', referencia que la UCO considera que 'pudiera' aludir a la sede del Partido Popular. En el citado informe por parte de la UCO se identifica la persona denominada ”Miguel“ como ”Miguel Tellado“, actual secretario general del PP. Y los socialistas añaden: ”Después de conocidas las últimas informaciones es lógico inferir que el 'Alberto' mencionado podría ser D. Alberto Durán, letrado del Partido Popular, y que 'Miguel' es D. Miguel Tellado“. “El pasado 9 de noviembre de 2026 una máxima responsable del Partido Popular, Cuca Gamarra, a preguntas de los medios de comunicación, confirmó la existencia de reuniones entre Alberto Durán y Koldo García, aunque negara taxativamente el ofrecimiento de cantidad alguna al mismo, pero sin aclarar ni donde se produjo, la naturaleza de aquella reunión y cual fue su objeto”, apunta la denuncia, que concluye que Koldo ha sostenido desde la cárcel “que se habría reunido con el letrado del Partido Popular, Alberto Durán, y este último le planteó una rebaja en la petición de pena en la causa abierta en el Tribunal Supremo, que plantearía la acusación popular unificada que lideraba el PP, a través de él mismo; dejar fuera de la causa a su expareja Patricia Úriz y a su hermano, Joseba García Izaguirre, y el pago de su defensa, más un millón de euros”. También cita “unos nuevos audios conocidos el 10 de noviembre a través de la Séptima, enviados al periodista Javier Ruiz desde la prisión”, en los que “Koldo García menciona en relación a sus conversaciones con el Sr. Inda al fiscal Jefe Anticorrupción, Sr. Luzón, y nuevos hechos”. “En estos nuevos audios Koldo García relata que tuvo que grabar una segunda entrevista con el director de Okdiario, Eduardo Inda, porque el contenido de la primera no convencía. Y que en esta segunda entrevista es cuando Inda le transmitió la siguiente advertencia vinculada al fiscal jefe Anticorrupción: ”Esto a Luzón no le vale. Si no sois más explícitos, vais a prisión“. La denuncia recoge, asimismo, que la inversión publicitaria institucional de las comunidades y administraciones gobernadas por el PP a Okdiario en el periodo 2020-2025 “cubren sobradamente el abono y el ofrecimiento revelado” a Koldo García. Así, entre 2017 y 2026, administraciones públicas han pagado a la editora de Okdiario al menos 1.660.880,40 euros en contratos (con IVA) y 3.518.199,51 euros en publicidad institucional (sin IVA), todo ello según fuentes oficiales (Plataforma de Contratación del Sector Público, portales de transparencia autonómicos y municipales, datos abiertos, BDNS y BOCM). Feijóo niega la reunión entre Koldo y el abogado del PP Precisamente este viernes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondía al youtuber Jordi Wild también sobre esa supuesta reunión mantenida entre el jefe de los abogados del PP, Alberto Durán, y el también condenado Koldo García. El dirigente popular la ha negado. “Es evidente que [entre] los abogados hay contactos, lo normal”, ha dicho, para sostener que “Cuca [Gamarra] es la que lleva en el partido los asuntos relacionados con tribunales” y que ella “tenía conocimiento de que el abogado hablaba con distintos abogados de distintas partes”, como por ejemplo “los de Koldo o Aldama”. Pero Feijóo ha rebajado mucho el papel de Alberto Durán dentro del PP , pese a que fue durante años jefe de los servicios jurídicos y director del área de cumplimiento normativo. “Es un abogado del partido que, con carácter general, no llevaba los asuntos que afectaban a temas penales en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo”, ha afirmado, pese a que Durán ha sido el representante del PP en el propio 'caso mascarillas' o en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. En el pasado llegó a estar procesado por participar en la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas. “No hay ofrecimiento de dinero de mi partido a nadie”, ha dicho Feijóo. “No tiene autorización nadie para ofrecer un euro del PP”, ha añadido. También ha criticado que se dé veracidad a Koldo, pese a que él mismo lo hizo en el pasado. De hecho, llegó a utilizar en público contra el Gobierno las declaraciones del exasesor de José Luis Ábalos en OkDiario. La web de Eduardo Inda fue quien pagó la defensa de Koldo .
Un juzgado de Pamplona ha acordado admitir a trámite la querella de Vox contra José Luis Arasti, consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, en el marco de las investigaciones sobre Sendaviva y a propósito del troceamiento de un contrato de obras. El auto, fechado el 11 de noviembre de 2026 y notificado el día 13, ha sido dictado por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona, Plaza número 5 y en él la magistrada acuerda incoar diligencias previas para esclarecer si los hechos denunciados "pudieran ser constitutivos de delitos de cohecho y tráfico de influencias".
El Gobierno de coalición activa la revalorización de las pensiones conforme a la inflación de cara a 2027. El proceso de actualización indexado al Índice de Precios de Consumo (IPC) de estas prestaciones está garantizado por la Ley 21/2021; sin embargo, el Ejecutivo debe aprobar anualmente un Real Decreto con el porcentaje determinado del incremento, paso que ha dado este viernes. "Arranca la maquinaria", ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha acordado la tramitación urgente de esta norma. "Las pensiones subirán en una horquilla entre el 3% y el 4%", ha aseverado la también ministra portavoz. No obstante, se deberá esperar a conocer el dato de la inflación del mes de noviembre, cuyo adelanto se conocerá el viernes 27, dos días antes de las elecciones, y su confirmación se producirá el 15 de diciembre, con los resultado ya conocidos, para realizar la habitual media anual, que excluye diciembre. "Es una prioridad", ha defendido Saiz el "trámite ordinario", desmintiendo que responda a un carácter excepcional. En esta línea, la ministra portavoz ha insistido en que para el Ejecutivo constituye "una prioridad" que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo y que las prestaciones sigan evolucionando conforme al coste de la vida. Asimismo, ha precisado que el acuerdo aprobado constituye el primer paso de un proceso, al que le seguirá la aprobación de la norma con rango de ley que determinará la cantidad exacta tanto de la revalorización general como de las pensiones mínimas y no contributivas. Más de un 28% de incremento desde 2018 La titular de la cartera de Seguridad Social también ha presentado un informe relativo a la evolución de las pensiones desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y al efecto de las diferentes reformas acometidas en el sistema, que ahora se está poniendo en duda. Al respecto, Saiz ha asegurado que el Gobierno se ha centrado en mantener el poder adquisitivo, ofrecer más opciones para acceder a la jubilación y reforzar la sostenibilidad financiera del sistema. Sobre la revalorización, la ministra ha defendido que, frente al 2% que habrían subido las prestaciones con el mecanismo del 0,25% anual aprobado en la reforma de 2013 y que defendía Mariano Rajoy, la revalorización acumulada conforme al IPC entre 2018 y 2026 ha alcanzado un 28,1%. En ese mismo periodo, la pensión media ha crecido un 44,5%, impulsada también por la mejora de los salarios y de las bases de cotización, mientras que las pensiones mínimas se han incrementado entre un 43% y un 69%, según la modalidad, y las no contributivas lo han hecho en un 65%. Sobre los tipos de jubilación, la portavoz ha puesto en valor la ampliación de las modalidades de jubilación voluntaria, destacando la jubilación activa y la flexible y los incentivos a la demora. Con todo, la edad efectiva de jubilación se sitúa ya en 65,4 años en 2026, lo que ha celebrado Saiz. Por último...
El Gobierno ha acordado este viernes que el futuro decreto ley de revalorización de las pensiones para 2027 se tramite por la vía de urgencia, lo que agilizará esa subida una vez que se conozca el dato de inflación de noviembre y se apruebe la norma correspondiente.
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid ha acordado fijar en un mínimo del 4,25 % los contratos públicos que los órganos de contratación municipales reservarán en 2027… La entrada Madrid ampliará al 4,25% la reserva de contratos socialmente responsables se publicó primero en Gacetín Madrid .
Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
El Ayuntamiento, la Delegación del Gobierno y el Principado han suscrito una declaración institucional conjunta donde condenan el asesinato machista y animan a la ciudadanía a sumarse mañana, viernes, a la concentración de repulsa convocada a las cinco de la tarde ante el consistorio gijonés.Todos los partidos, a excepción de Vox, han acordado suspender la pegada de carteles en lo que iba a ser el inicio de la campaña electoral para los comicios del próximo 29 de noviembre y posponerla hasta mañana Crimen machista en Asturias: los restos humanos hallados en un piso de Gijón son de una mujer desaparecida en mayo Covadonga Patricia, de 30 años, ha sido asesinada a puñaladas este jueves en Gijón. La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de 40 años, quien al parecer mantuvo una relación sentimental con la víctima como presunto autor del crimen. Un portavoz de la Delegación del Gobierno ha confirmado a elDiario.es Asturias que se están recabando datos sobre las circunstancias del asesinato que ya se investiga como un caso de violencia machista. El Ayuntamiento de Gijón, la Delegación del Gobierno y el Principado han suscrito una declaración institucional conjunta donde condenan el asesinato machista y animan a la ciudadanía a sumarse mañana, viernes, a la concentración de repulsa convocada a las cinco de la tarde ante el consistorio gijonés. Todos los partidos, a excepción de Vox, han acordado suspender la pegada de carteles en lo que iba a ser el inicio de la campaña electoral para los comicios del próximo 29 de noviembre y posponerla hasta mañana. El hallazgo del cadáver El crimen ocurrió en torno a las tres de la tarde de hoy, jueves, en la calle Francisco Eiriz, en el barrio gijonés de Jove, adonde se han trasladado agentes de la Policía Nacional. Policía Científica ha iniciado la recogida de muestras en unas instalaciones abandonadas de las antiguas escuelas, muy cerca del campo de fútbol del C.D. Puerto de Gijón, en la parroquia de Jove, donde fue hallado el cadáver de la mujer. El hombre detenido permanece custodiado en los calabozos de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, según ha corroborado un portavoz policial. La víctima número 44 La Delegación del Gobierno está a la espera de la confirmación oficial por parte del Ministerio del Interior de que se trata de un crimen machista, como apuntan las primeras investigaciones policiales. En caso de que se ratifique, la cifra de feminicidios perpetrados por parejas o exparejas por violencia de género en España en 2026 asciende a 44. Quien sí se ha pronunciado ha sido el presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha transmitido sus condolencias a la familia de la víctima a través de su perfil oficial en la red social X. En su mensaje, que reproducimos a continuación, ha calificado el crimen como un caso de violencia machista. “La lucha contra el machismo debe ser implacable” En este post, el presidente asturiano asegura textualmente que “este asesinato nos recuerda que la lucha contra el machismo debe ser implacable y constante. No descansaremos hasta conseguirlo”, concluye. Adrián Barbón tenía previsto participar esta misma tarde en un acto de campaña en Langreo junto a la exdelegada del Gobierno y cabeza de lista al Congreso por Asturias por el PSOE, Adriana Lastra y, tras ser informados del asesinato han acordado su cancelación. Declaración institucional El Ayuntamiento de Gijón, el Gobierno del Principado y la Delegación del Gobierno han suscrito una declaración institucional conjunta donde condenan el crimen machista y convocan a la ciudadanía a sumarse mañana, viernes, a una concentración de rechazo al asesinato, que tendrá lugar a las 17:00 horas ante el consistorio gijonés. A continuación, reproducimos íntegramente la declaración institucional suscrita por los máximos representantes de los tres organismos. “Ante el asesinato machista perpetrado en Gijón/Xixón contra Covadonga Patricia, de 30 años de edad, queremos manifestar nuestra más enérgica condena y rechazo, así como nuestro apoyo y cercanía hacia el entorno de la víctima, poniendo a su disposición los recursos psicológicos, jurídicos, sanitarios, de protección y de acogida que requiera”. “Nadie puede ser indiferente” “En este sentido, desde el momento que se ha tenido noticia sobre el caso, las tres administraciones hemos trabajado de forma coordinada la respuesta institucional. La violencia machista es una grave vulneración de los Derechos Humanos ante la que nadie puede ser indiferente. Desde la Delegación del Gobierno de España en el Principado de Asturias, el Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón/Xixón reiteramos nuestra más absoluta condena y profunda consternación, al tiempo que queremos transmitir a la sociedad asturiana la necesidad de un compromiso colectivo para acabar con este tipo de violencia”, añaden. “Se recuerda que el teléfono 016 de atención a mujeres víctimas de violencia de género, está disponible todos los días del año las 24 horas del día, así como por vía WhatsApp en el 600 000 016 o escribir al correo [email protected]”, concluye la declaración institucional conjunta. El asesinato de Susana Sierra Gijón registró el año pasado otro asesinato machista. La víctima, Susana Sierra , había desaparecido en mayo de 2025 y sus restos fueron hallados, en avanzado estado de descomposición, en un contenedor de basura en un piso de la céntrica calle Contracay, a escasos metros de la Plaza Mayor, un mes después. El único detenido por su asesinato, Jesús “El Vasco” , será juzgado este mes de noviembre. La sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, ha reservado las fechas del 23 al 27 de este mes para la celebración de la vista oral del juicio que se desarrollará con un jurado popular. El acusado, que se encuentra en prisión provisional desde su arresto, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 25 años de cárcel. Recursos contra la violencia machista El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email [email protected], el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. Las mujeres disponen de varios recursos para solicitar ayuda. En el 016 se puede pedir asesoramiento tanto para los casos de violencia contra la mujer como en materia jurídica de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad. El 112, 091 y 062 Por otro lado, ante cualquier situación de emergencia se puede llamar al número de teléfono 112 o bien a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.
El Consejo de Ministros ha acordado este martes elevar hasta los 731 M€ la programación del presupuesto ordinario que el Ministerio del Interior destinará a mejorar las infraestructuras policiales en un periodo que se amplía hasta 2034. De esta cantidad, 205,33 M€ irán destinados a 51 proyectos en Andalucía, que comprenden a todas las provincias. El acuerdo modifica la anterior programación elaborada por el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, aprobada por el Gobierno en diciembre de 2025 y que ascendía a 262,8 M€ para acometer 130 proyectos hasta 2029, y entre los que ya figura las actuaciones para continuar con la reapertura de la Academia de la Guardia Civil de Úbeda y la nueva Comisaría Provincial en Jaén. Con el nuevo presupuesto, que crece en 468 M€ respecto del original (un 177% más), la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad ha proyectado un conjunto de 302 proyectos de construcción, reforma, mejora, ampliación, rehabilitación o mejora de la eficiencia energética de comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil. Como en la anterior ocasión, estas 302 obras serán consideradas ‘de interés general’, lo que permitirá tramitarlas por la vía especial prevista en la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, lo que impedirá que se vean paralizadas, dificultadas o retrasadas por el planeamiento urbanístico o por las competencias municipales en materia de intervención en la edificación y uso del suelo. Las actuaciones podrán comenzar un mes después de ser comunicadas a la administración competente, aunque carezcan de la correspondiente licencia municipal.
Mi abuelo era ferroviario. Ingresó en los ferrocarriles durante la Segunda República y, en la inmediata posguerra, con la creación de la Renfe, lo destinaron a su pueblo de Daimiel, provincia de Ciudad Real. Era un forofo del Real Madrid, y desde finales de la década de 1940, viajaba gratis en tren hasta la capital para ver los partidos que jugaba el equipo merengue. Mi padre, que en esa época contaba con siete u ocho años de edad, lo acompañaba gracias al billete kilométrico que privilegiaba económicamente a los familiares de los trabajadores de la compañía. Pero sólo mi abuelo entraba en el estadio de Chamartín, pues a su humilde economía se sumaba lo agarrado que era. Mi padre, sin una perra gorda en el bolsillo, se dedicaba a callejear y a saciar su sed bebiendo en las piletas. Transcurridas dos horas, él iba al lugar previamente acordado y, si el Real Madrid había ganado, mi abuelo llegaba contento y lo convidaba a un bocadillo de jamón que comían a medias, de pie, apoyados en la barra de un bar. Fueron varios los años que mi padre acompañó al suyo a Madrid —sin un céntimo para gastar en sus caminatas—, y de ahí le vino un exacto conocimiento del callejero madrileño, la afición por el jamón serrano y el placer de recorrer la Mancha y buena parte de la geografía española en ferrocarril. Él, por cierto, me transmitió la afición por las películas de trenes y el amor por viajar sobre raíles. No he traicionado ninguno de estos quereres. Finalizando la década de 1950, a mi abuelo lo destinaron como jefe de estación de tren en Jaén. Hasta aquí se trasladó la familia, y mi abuela, modista, montó un modesto taller. Mi padre, recién terminado el instituto con buenas notas, tenía vocación castrense y quería ingresar en la Academia General Militar. Sin embargo, al proceder de familia humilde y numerosa —eran cinco hermanos—, no podían costearle el curso preparatorio de acceso en una de las academias privadas de Zaragoza. Los únicos estudios a su alcance eran los existentes en Jaén: la Escuela de Magisterio y la de Peritos. Como había salido de Ciencias, se hizo perito eléctrico-industrial. Mi abuelo, que se jubiló como jefe de estación en Jaén, tenía colgado en la sala de estar de su casa el título enmarcado de funcionario de la Renfe, equivalente para él a un título universitario, y sentía por la compañía un apego que desbordaba lo meramente profesional y se adentraba en lo sentimental. La Renfe era su vida, su pasión, sus desvelos, su orgullo, algo muy suyo. Era una concepción del trabajo semejante a la tradicional identificación emocional de los japoneses con la empresa a la que han dedicado su vida. Pues bien, mi padre recibió una transfusión de sentimientos amorosos hacia la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles que circuló por su sangre hasta su muerte. Muchos de los viajes y momentos más especiales de mi vida han transcurrido en un tren: un expreso a Barcelona para residir allí durante una temporada tras ganar mi padre unas oposiciones; incontables viajes a Madrid por placer o por actos literarios; traslados hasta San Lorenzo del Escorial, el kilómetro cero de mi historia sentimental; viajes nocturnos a París en compartimentos con litera que me recordaban escenas de amor de Con la muerte en los talones; recorridos por Galicia desde Santiago de Compostela; salir por la tarde de Málaga y despertar en Bilbao para visitar el Guggenheim... Y cuando me montaba en trenes en otros países, me parecían viejunos e incómodos comparados con los nuestros. Es más, hace años, fui desde Londres hasta Oxford, y el tren en el que me subí en la estación de Waterloo se me antojó propio de las películas de Harry Potter. De niño, me llamaba la atención esa especie de altar kitsch en el salpicadero de algunos coches consistente en las fotos de carné familiares enmarcadas con la leyenda: Papá, no corras. Yo prefería el anuncio en televisión de los años setenta Papá, ven en tren, que ejemplificaba la calidad, puntualidad y seguridad de nuestra red ferroviaria, principal representante internacional de la marca España. En cuestiones ferroviarias, en Jaén, como en tantas otras, no hemos hecho sino empeorar como pago a nuestro espíritu poco conflictivo y muy trabajador. Me subí en varias ocasiones en el Platanito —aquel modelo experimental— hacia Madrid, y muchas veces en el Talgo (la vanguardia de la tecnología española); pero en las últimas décadas, y con independencia de si el Gobierno era zurdo o diestro, a nuestra ciudad entre olivares la han colocado en el furgón de cola del transporte. Nos han ido quitando los mejores trenes de los que disponíamos para sustituirlos por otros de inferior categoría, hemos perdido frecuencia de trayectos y recortado itinerarios hasta suspenderlos del todo. Hoy la Renfe ha trocado el viaje en tren por el autobús. Y respecto a la superferolítica estación intermodal proyectada de la que se apresuraron a publicar infografías hace año y pico, la propia Adif, en un informe elaborado el pasado verano, reconoce que es inviable por no disponer de terreno suficiente para albergar conjuntamente la estación de buses. Son incompetentes a tiempo completo y malgastadores a espuertas de un dinero público que, según la máxima acuñada por las lumbreras de su cuerda, no es de nadie. A Jaén le han aplicado una eutanasia ferroviaria y su tren fantasma es a ninguna parte. El AVE inaugurado para los fastos del 92 por el gobierno de Felipe González supuso la envidia del Primer Mundo, el símbolo de la modernización de un país, la garantía de viajar a velocidades de ciencia ficción con total seguridad y un lujo al alcance de las clases medias. Los años de gobierno de Pedro Sánchez han convertido al AVE en un viaje acelerado al Tercer Mundo y en una ruleta rusa, como demuestran los pavorosos accidentes de Adamuz y Urda, consecuencia de la criminal falta de inversiones del Ministerio de Transportes en el mantenimiento de una red ferroviaria ayer modélica, y hoy, a la altura de la República Democrática del Congo en número de muertos. El exceso de nostalgia deviene en una parálisis de la voluntad de progresar y de la capacidad de disfrutar del presente. No añoremos los tiempos y trenes pasados e intentemos labrarnos un futuro colectivo, porque eso sí está en nuestras manos. Ahora bien espero que, la próxima vez, el exministro de la Morgue Sostenible no haga gags televisivos con bailecitos que ofendan a las víctimas de los accidentes ferroviarios, sino que haga chistes sobre el perro Excálibur, la mona Chita o su madre. Toca arremangarse. La violencia, el vandalismo y el acoso son propios de la gentuza. El trabajo, la convivencia y el ejercicio de los derechos democráticos son propios de la gente, del pueblo. Y los jiennenses sólo sabemos ser pueblo pacífico.
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