Llevamos unas semanas tremendas: dramáticos accidentes, disturbios en Barcelona, manifestaciones en Francia y Alemania, conflictos laborales y, finalmente, huelga general y sus aledaños. Parte del tejido social, empujado por la carestía de la vida, vivienda y empleo, bulle airadamente. Seguir leyendo...
La Dirección de la Policía compró 790 sprays como el que rociaron los policías sobre manifestantes pacíficos y lo justifica en que se trata de "un compuesto natural que se extrae de los chiles o los pimientos picantes" y cuyo efecto tiene "escasa peligrosidad" Las duras cargas policiales marcan las movilizaciones por la huelga general entre críticas y denuncias sindicales El Ministerio del Interior rubricó hace un mes la compra de 790 sprays de pimienta como los utilizados por los antidisturbios de la Policía para rociar a manifestantes de la huelga general incluso cuando no hubo provocaciones previas, según denuncian los afectados y organizaciones como Amnistía Internacional. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado este jueves suprimir el empleo del gas pimienta en las actuaciones de las Unidades de Intervención Policíal (UIP), pese a que el pasado 5 de octubre su departamento firmó la adjudicación del contrato, que asciende a 71.656,20 euros, según consta en el expediente de contratación al que ha tenido acceso elDiario.es. Las imágenes de la actuación policial rociando con un bote de spray a los manifestantes apuntan al uso del modelo MK9, destinado específicamente a los antidisturbios. Se trata de un spray que incorpora como agente activo el OC o capsaicina, un compuesto natural que se extrae de los chiles o pimientos picantes. En una de las memorias del expediente de compra, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Policía defiende que la “concentración” de este agente en el MK9 es “óptima para incapacitar temporalmente a una persona sin causar daños permanentes, minimizando riesgos legales y sanitarios”. La Policía considera que se trata de un elemento disuasorio de “escasa peligrosidad”. La periodista María Barrier fue una de las personas que fue reducida por la mañana con el uso del MK9. Ante los medios, Barrier denunció este miércoles : “Estábamos en primera línea sin ejercer violencia y nos han empujado contra la acera (...)”Nosotras [en referencia a ella y a la artista Samantha Hudson, entre otras] no nos podíamos echar más para atrás y la gente se ha empezado a caer en el suelo y han empezado a pegar a la gente del suelo“. ”Estábamos en primera línea y nos han echado a Laura, a Samantha y a mí directamente el spray en los ojos, el oído y las vías respiratorias“, añadió. Las mujeres explicaron que tenían que haber sido atendidas por los servicios sanitarios porque quedaron cegadas por un espacio de tiempo. Por la noche, otro vídeo muestra a los agentes rociando con gas pimienta en plena Gran Vía a un sin techo que no participaba en la protesta. La Policía, en su memoria, insiste en que el MK9 “permitirá resolver incidentes violentos reduciendo el riesgo de lesiones graves y sin necesidad de recurrir a otros medios más agresivos o armas letales”. “Un equipamiento adecuado transmite confianza a la población, incrementando la legitimidad de las intervenciones policiales”. “En resumen, la compra de sprays de defensa MK9 no solo responde a una solicitud de las unidades operativas, sino también a una fundada necesidad funcional y operativa; a la vez que se asegura la actualización y adecuación de los recursos del cuerpo policial, fortaleciendo la seguridad y la confianza en el desempeño de sus labores”, remata el documento interno. El plazo de entrega de los 790 sprays acaba el próximo enero. Los sindicatos de clase denunciaron cargas “desproporcionadas” contra los piquetes a lo largo de la jornada de huelga general y Amnistía Internacional España criticó “actuaciones policiales preocupantes” en Madrid, Alicante, Castellón, Vitoria, Valencia, Málaga, Granada o Santiago. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró perplejo ante las cargas, y presentará una demanda penal por el uso de gas pimienta contra manifestantes pacíficos en Madrid. Por su parte, la organización defensora de los derechos humanos da cuenta de golpes con las defensas policiales a personas que protestaban pacíficamente“, el lanzamiento de spray pimienta ”de forma indiscriminada contra la multitud“ y ”numerosas personas atendidas por los servicios sanitarios y algunos traslados al hospital“. Otros gases pimienta y lacrimógenos que seguirán en uso El spray MK9 de los antidisturbios tiene otra modalidad, la MK3, con la misma composición, pero un tamaño menor que se destina a policías nacionales en funciones de seguridad ciudadana y que, por tanto, portan los miembros de las patrullas. Estos últimos se compran por miles frente a la adquisición de los cientos que se destinan a las UIP. El spray pimienta del MK3 seguirá siendo utilizado en intervenciones en la calle de seguridad ciudadana. Se trata de modelos similares al que introdujo la portavoz de Interior del PP en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez. En la jornada de huelga general se utilizó también una tercera modalidad, gases lacrimógenenos disparados con las denominadas bocachas, las mismas escopetas que se utilizan también para lanzar botes de humo. Estos gases lacrimógenos tienen la denominación técnica de ATL (Artificios Triple Lacrimógenos), de los que se adquirieron 24.000 unidades en 2025 a través de un contrato de 2.057.000 euros que también incluía 44.000 unidades de ATF (Artificios Triple Fumígenos), más conocidos como botes de humo. La utilización de gases lacrimógenos lanzados con escopetas no será sometida a revisión, precisan fuentes de Interior. Fuentes policiales explican que no es la primera vez que se utiliza el spray pimienta en funciones de orden público. En este sentido apuntan al uso del mismo durante los duros enfrentamientos entre manifestantes y policías con motivo de las movilizaciones de Rodea el Congreso de 2012 y años posteriores. A última hora de la tarde del jueves, Marlaska afirmó: “Ayer se produjo una cuestión compleja de orden público en toda España; dicho esto hubo alguna de las imágenes, algunas de las actuaciones, que en un principio no gustan y no coinciden con los principios de proporcionalidad”. Marlaska añadió que el uso del gas pimienta queda suspendido hasta que se revisen los protocolos de actuación de las UIP y anunció una “investigación interna específica” de lo ocurrido. Este viernes, Interior informó de que la Dirección General de la Policía modificará el protocolo que regula el uso del espray de defensa personal para que no sea utilizado en operaciones de orden público. Una adjudicataria próxima al PP El procedimiento para la adquisición de las 790 unidades de spray MK9 se anunció en junio pasado. Se presentaron cuatro empresas, pero el contrato se lo llevó Falken SAU, como viene ocurriendo en la adjudicación de material antidisturbios con distintos gobiernos. La empresa es propiedad de la familia Bardisa Jordá, vinculada al Partido Popular a través de uno de los hermanos, que no pertenece a la misma y que fue diputado nacional en tres legislaturas. Falken SAU se impuso gracias a ofertar el producto más barato, 35 euros por gas pimienta, 14,95 euros más barata que la segunda oferta más ventajosa de las cuatro presentadas. Ante la “apreciación de oferta anormalmente baja”, la empresa argumento que es referente internacional en la fabricación de material antidisturbios, que es fabricante y distribuidor y que eso le permite reducir mucho los costes. Falken SAU también presentó las adjudicaciones de contratos a otros cuerpos de seguridad del Estado a quien hizo ventas en rangos de precios similares. Las alegaciones fueron aceptadas por el Ministerio del Interior.
11 noticias
La plantilla del Complejo Deportivo Espartales sigue con los paros y la huelga indefinida desde el 30 de noviembre tras una reunión sin compromisos concretos Lee la noticia completa: Espartales mantiene la huelga tras una reunión sin fecha de cobro ni garantías de empleo .
Las huelgas y las movilizaciones laborales han marcado algunos de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea. Esta semana, la huelga general celebrada en España ha vuelto a situar las reivindicaciones de los trabajadores en el centro del debate público. Sin embargo, estas protestas no solo han ocupado las calles, las fábricas y los informativos. El cine también ha convertido la lucha obrera en protagonista de algunas de sus películas más reconocidas. Desde historias inspiradas en acontecimientos reales hasta relatos sobre el desempleo y la precariedad, numerosas producciones han reflejado las dificultades de quienes luchan por conservar sus puestos de trabajo. Algunas son conocidas por millones de espectadores, aunque no todos recuerdan los conflictos laborales que esconden sus argumentos. Estas son seis películas sobre huelgas, trabajadores y derechos laborales que permiten descubrir diferentes episodios históricos a través de la gran pantalla. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista Bando (@revistabando) Billy Elliot (2000): un sueño en plena huelga minera Dirigida por Stephen Daldry y protagonizada por Jamie Bell, Billy Elliot cuenta la historia de un niño de once años que descubre su pasión por el ballet en una comunidad minera del noreste de Inglaterra. La película transcurre durante la gran huelga de los mineros británicos de 1984 y 1985, uno de los conflictos laborales más importantes del Gobierno de Margaret Thatcher. Mientras Billy intenta convertirse en bailarín, su padre y su hermano participan en las movilizaciones contra el cierre de explotaciones mineras. La falta de ingresos, los enfrentamientos con la Policía y las tensiones familiares forman parte del escenario en el que el protagonista intenta perseguir su sueño. Así, la película combina una historia de superación personal con el retrato de una comunidad amenazada por la desaparición de su principal actividad económica. Vitoria, 3 de marzo (2019): la huelga que terminó con cinco trabajadores muertos Dirigida por Víctor Cabaco, Vitoria, 3 de marzo reconstruye uno de los episodios más trágicos de la Transición española. El 3 de marzo de 1976, miles de trabajadores participaron en una jornada de huelga en Vitoria. Durante una asamblea celebrada en la iglesia de San Francisco de Asís, la Policía Armada intervino para desalojar el templo. La actuación policial terminó con cinco trabajadores muertos y numerosos heridos. La película recrea aquellos acontecimientos a través de Begoña, una joven que presencia cómo la conflictividad laboral transforma su ciudad. El largometraje permite acercarse a las reivindicaciones obreras de una España que comenzaba su transición hacia la democracia, pero en la que todavía permanecían estructuras represivas heredadas de la dictadura. El efecto Iguazú (2002): los trabajadores que acamparon en Madrid En 2001, los empleados de esta empresa de telecomunicaciones instalaron un campamento en el paseo de la Castellana de Madrid para protestar por la pérdida de sus puestos de trabajo y exigir soluciones a su situación. El asentamiento, conocido como el Campamento de la Esperanza, se mantuvo durante meses y se convirtió en uno de los símbolos de las movilizaciones laborales de comienzos de...
Llevamos unas semanas tremendas: dramáticos accidentes, disturbios en Barcelona, manifestaciones en Francia y Alemania, conflictos laborales y, finalmente, huelga general y sus aledaños. Parte del tejido social, empujado por la carestía de la vida, vivienda y empleo, bulle airadamente. Seguir leyendo...
En el Paseo del Prado de Madrid, frente al museo, hay una torre de ladrillo de dieciséis plantas que Franco inauguró en 1955. Era la Casa Sindical, sede del Sindicato Vertical. Aquel invento reunía a patronos y obreros en la misma organización , como el zorro y las gallinas. Hoy alberga los ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales; y en julio de 2025, el Consejo de Ministros lo declaró Bien de Interés Cultural. Setenta años después, cabría preguntarse: ¿se comieron las gallinas al zorro? ¿Y si el zorro se transformó en sabandija? No cabe duda de que el movimiento obrero puso en jaque al régimen en sus últimos años. El Ministerio de la Gobernación registró 37.990 huelgas desde mediados de 1975 hasta finales de 1976. No podríamos, por tanto, entender el final de la dictadura sin esta premisa. Historiadores como Carme Molinero, Pere Ysàs ( Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975 , 2004) y Xavier Domènech ( Lucha de clases, franquismo y democracia. Obreros y empresarios (1939-1979) , 2022) han arrojado luz sobre la relevancia de la movilización obrera para el antifranquismo . En numerosas ocasiones, la dictadura, incapaz de gestionar el conflicto mediante cauces de negociación legítimos, se vio contra las cuerdas y convirtió cualquier paro laboral en una crisis de orden público. Las grandes huelgas de la minería asturiana, de las factorías de SEAT en Barcelona, de la construcción en Granada o de los astilleros de Bazán y la Naval fueron lecciones fundamentales que se tradujeron en enfrentamientos abiertos con las fuerzas policiales. Con el fin de la dictadura y el comienzo de la construcción de la democracia se empezaron a dar cambios paulatinos. En abril de 1977 se legalizaron los sindicatos de clase y se desmontó la burocracia del Sindicato Vertica l. Esta victoria dio paso, paradójicamente, a una compleja operación de reconducción de la “radicalidad” obrera, pues mientras los sindicatos conquistaban la homologación constitucional experimentaban un paulatino e innegable proceso de desmovilización de sus bases y una pérdida de afiliación directa. Lo deseable para las élites políticas era acabar con la práctica asamblearia y combativa de los centros de trabajo y traducirlo en un “sindicalismo de gestión y servicios”. Ejemplo de ello fueron los Pactos de la Moncloa de 1977 y el posterior Estatuto de los Trabajadores de 1980, que consagraba la legalización sindical y la negociación colectiva a cambio de asumir topes salariales, la contención del conflicto y la desmovilización de los centros laborales. El pensador André Gorz ( Adiós al proletariado , 1980 y Metamorfosis del trabajo , 1988) vaticinaba en los años 80 el declive y la transformación del papel tradicional que hasta estos momentos había cumplido el proletariado industrial. La llegada del siglo XXI parece haber completado su profecía . El capitalismo tardío no ha destruido el trabajo asalariado; pero sí lo ha desfigurado, atomizado e invisibilizado. A lo largo de las últimas tres décadas, la clase trabajadora ha sufrido una profunda mutación en su composición y, sobre todo, en su autopercepción. En los medios de comunicación y en el discurso político dominante , el concepto de “clase obrera” se sustituyó por la más amplia categoría de “clase media”. La subcontratación en cadena, los “falsos autónomos”, el teletrabajo y la deslocalización hicieron el resto. Desclasada, aislada y perseguida es difícil hacer frente a unas injusticias estructurales que nos venden como fracasos individuales. Según Funcas , desde el año 2000, la afiliación sindical ha caído gradualmente del 15% al 12-13% de los asalariados, y el 66% de los asalariados no se ha afiliado nunca. Entre los asalariados de 25 a 44 años, el 18% de los empleados a tiempo completo está afiliado a un sindicato, frente al 26% del grupo de 45 a 64 años. La precariedad, además de empobrecer, desafilia. Las recientes reformas legislativas, la subida del SMI o los mecanismos de protección desplegados tras la pandemia han demostrado que la intervención pública puede mitigar los aspectos más lesivos del mercado. Sin embargo, el balance de estos cincuenta años evidencia que las inercias precarizadoras permanecen intactas en su núcleo. La tasa de desempleo juvenil en España sigue siendo una de las más elevadas de la Unión Europea, el 48% de las personas asalariadas son precarias (un porcentaje que sube al 54% en el caso de las mujeres) y seguimos sometidas a jornadas laborales extenuantes y ritmos de trabajo insostenibles (que colectivos como las Kellys llevan denunciando años). Continúa existiendo un desfase salarial que afecta especialmente a jóvenes y que nos aboca a una salud mental deteriorada ante la incertidumbre y la precariedad. Mientras exista la explotación del trabajo ajeno, la lucha de clases seguirá siendo, a pesar de los cantos de sirena, el motor insustituible de la historia. Conciencia de clase, organización y movilización. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros figuran los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? Bertolt Brecht, Preguntas de un obrero que lee (1935). Babiano, José y Tébar, Javier (2016): “El sindicalismo de clase de la transición a la democracia. Una perspectiva histórica de los cambios en el movimiento sindical en España”, Gaceta Sindical , 163-181. Saz, Ismael (2010): “La lucha por la libertad en España desde una perspectiva comparada (1962-1977)”, Novísima. II Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, 71-80. Vega García, Rubén y González Pérez, Héctor (2022): “¡A la huelga! Conflictos laborales y marcos políticos en España. Del Tardofranquismo a la Democracia”, Sociología del Trabajo , 100, 69-87.
La Dirección de la Policía compró 790 sprays como el que rociaron los policías sobre manifestantes pacíficos y lo justifica en que se trata de "un compuesto natural que se extrae de los chiles o los pimientos picantes" y cuyo efecto tiene "escasa peligrosidad" Las duras cargas policiales marcan las movilizaciones por la huelga general entre críticas y denuncias sindicales El Ministerio del Interior rubricó hace un mes la compra de 790 sprays de pimienta como los utilizados por los antidisturbios de la Policía para rociar a manifestantes de la huelga general incluso cuando no hubo provocaciones previas, según denuncian los afectados y organizaciones como Amnistía Internacional. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado este jueves suprimir el empleo del gas pimienta en las actuaciones de las Unidades de Intervención Policíal (UIP), pese a que el pasado 5 de octubre su departamento firmó la adjudicación del contrato, que asciende a 71.656,20 euros, según consta en el expediente de contratación al que ha tenido acceso elDiario.es. Las imágenes de la actuación policial rociando con un bote de spray a los manifestantes apuntan al uso del modelo MK9, destinado específicamente a los antidisturbios. Se trata de un spray que incorpora como agente activo el OC o capsaicina, un compuesto natural que se extrae de los chiles o pimientos picantes. En una de las memorias del expediente de compra, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Policía defiende que la “concentración” de este agente en el MK9 es “óptima para incapacitar temporalmente a una persona sin causar daños permanentes, minimizando riesgos legales y sanitarios”. La Policía considera que se trata de un elemento disuasorio de “escasa peligrosidad”. La periodista María Barrier fue una de las personas que fue reducida por la mañana con el uso del MK9. Ante los medios, Barrier denunció este miércoles : “Estábamos en primera línea sin ejercer violencia y nos han empujado contra la acera (...)”Nosotras [en referencia a ella y a la artista Samantha Hudson, entre otras] no nos podíamos echar más para atrás y la gente se ha empezado a caer en el suelo y han empezado a pegar a la gente del suelo“. ”Estábamos en primera línea y nos han echado a Laura, a Samantha y a mí directamente el spray en los ojos, el oído y las vías respiratorias“, añadió. Las mujeres explicaron que tenían que haber sido atendidas por los servicios sanitarios porque quedaron cegadas por un espacio de tiempo. Por la noche, otro vídeo muestra a los agentes rociando con gas pimienta en plena Gran Vía a un sin techo que no participaba en la protesta. La Policía, en su memoria, insiste en que el MK9 “permitirá resolver incidentes violentos reduciendo el riesgo de lesiones graves y sin necesidad de recurrir a otros medios más agresivos o armas letales”. “Un equipamiento adecuado transmite confianza a la población, incrementando la legitimidad de las intervenciones policiales”. “En resumen, la compra de sprays de defensa MK9 no solo responde a una solicitud de las unidades operativas, sino también a una fundada necesidad funcional y operativa; a la vez que se asegura la actualización y adecuación de los recursos del cuerpo policial, fortaleciendo la seguridad y la confianza en el desempeño de sus labores”, remata el documento interno. El plazo de entrega de los 790 sprays acaba el próximo enero. Los sindicatos de clase denunciaron cargas “desproporcionadas” contra los piquetes a lo largo de la jornada de huelga general y Amnistía Internacional España criticó “actuaciones policiales preocupantes” en Madrid, Alicante, Castellón, Vitoria, Valencia, Málaga, Granada o Santiago. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró perplejo ante las cargas, y presentará una demanda penal por el uso de gas pimienta contra manifestantes pacíficos en Madrid. Por su parte, la organización defensora de los derechos humanos da cuenta de golpes con las defensas policiales a personas que protestaban pacíficamente“, el lanzamiento de spray pimienta ”de forma indiscriminada contra la multitud“ y ”numerosas personas atendidas por los servicios sanitarios y algunos traslados al hospital“. Otros gases pimienta y lacrimógenos que seguirán en uso El spray MK9 de los antidisturbios tiene otra modalidad, la MK3, con la misma composición, pero un tamaño menor que se destina a policías nacionales en funciones de seguridad ciudadana y que, por tanto, portan los miembros de las patrullas. Estos últimos se compran por miles frente a la adquisición de los cientos que se destinan a las UIP. El spray pimienta del MK3 seguirá siendo utilizado en intervenciones en la calle de seguridad ciudadana. Se trata de modelos similares al que introdujo la portavoz de Interior del PP en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez. En la jornada de huelga general se utilizó también una tercera modalidad, gases lacrimógenenos disparados con las denominadas bocachas, las mismas escopetas que se utilizan también para lanzar botes de humo. Estos gases lacrimógenos tienen la denominación técnica de ATL (Artificios Triple Lacrimógenos), de los que se adquirieron 24.000 unidades en 2025 a través de un contrato de 2.057.000 euros que también incluía 44.000 unidades de ATF (Artificios Triple Fumígenos), más conocidos como botes de humo. La utilización de gases lacrimógenos lanzados con escopetas no será sometida a revisión, precisan fuentes de Interior. Fuentes policiales explican que no es la primera vez que se utiliza el spray pimienta en funciones de orden público. En este sentido apuntan al uso del mismo durante los duros enfrentamientos entre manifestantes y policías con motivo de las movilizaciones de Rodea el Congreso de 2012 y años posteriores. A última hora de la tarde del jueves, Marlaska afirmó: “Ayer se produjo una cuestión compleja de orden público en toda España; dicho esto hubo alguna de las imágenes, algunas de las actuaciones, que en un principio no gustan y no coinciden con los principios de proporcionalidad”. Marlaska añadió que el uso del gas pimienta queda suspendido hasta que se revisen los protocolos de actuación de las UIP y anunció una “investigación interna específica” de lo ocurrido. Este viernes, Interior informó de que la Dirección General de la Policía modificará el protocolo que regula el uso del espray de defensa personal para que no sea utilizado en operaciones de orden público. Una adjudicataria próxima al PP El procedimiento para la adquisición de las 790 unidades de spray MK9 se anunció en junio pasado. Se presentaron cuatro empresas, pero el contrato se lo llevó Falken SAU, como viene ocurriendo en la adjudicación de material antidisturbios con distintos gobiernos. La empresa es propiedad de la familia Bardisa Jordá, vinculada al Partido Popular a través de uno de los hermanos, que no pertenece a la misma y que fue diputado nacional en tres legislaturas. Falken SAU se impuso gracias a ofertar el producto más barato, 35 euros por gas pimienta, 14,95 euros más barata que la segunda oferta más ventajosa de las cuatro presentadas. Ante la “apreciación de oferta anormalmente baja”, la empresa argumento que es referente internacional en la fabricación de material antidisturbios, que es fabricante y distribuidor y que eso le permite reducir mucho los costes. Falken SAU también presentó las adjudicaciones de contratos a otros cuerpos de seguridad del Estado a quien hizo ventas en rangos de precios similares. Las alegaciones fueron aceptadas por el Ministerio del Interior.
Al menos 47 detenidos, imágenes de agentes golpeando a manifestantes en la cabeza con sus porras y un uso indiscriminado de gases lacrimógenos . Es el balance de una jornada de huelga que, en su conjunto, se desarrolló pacíficamente. Estos episodios se suman a las cargas de las últimas semanas contra estudiantes de la Universidad Complutense, los profesores en la Comunidad de Madrid y algunos manifestantes en A Coruña. Los distintos escenarios tienen un denominador común: el uso de la fuerza contra personas que ejercen su derecho a manifestarse . La sucesión de intervenciones plantea una pregunta: ¿ha aumentado la violencia policial durante el periodo preelectoral? La respuesta no es sencilla. No existe un informe oficial público sobre agentes investigados o sancionados y rara vez se conocen las conclusiones de las investigaciones. Las organizaciones de derechos humanos coinciden en que la violencia policial no es nueva, aunque advierten de un aumento del uso de determinadas armas y de la dureza de las actuaciones policiales. Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, recuerda que la organización lleva “muchísimos años” alertando del uso de porras contra manifestantes pacíficos y periodistas, así como de pelotas de goma en situaciones que no cumplen los estándares internacionales. En las últimas movilizaciones, señala, se han visto disparos contra personas que se alejaban de la línea policial, incluso de espaldas. “Tienen que ser disparos precisos , pero solo contra personas que estén ejerciendo violencia”, defiende. La novedad de estas semanas es que se han desplegado diferentes reivindicaciones sociales, lo que ha puesto el foco en este tipo de actuaciones. Hay algo que sí consideran novedoso en este otoño de luchas sociales: la extensión del uso de herramientas represivas como el gas pimienta . Uno de los primeros episodios que recuerda Canales se produjo durante las manifestaciones en defensa de Palestina, en septiembre de 2025, y este año se han repetido episodios similares en Cataluña por parte de los Mossos d’Esquadra. “Yo veo la brutalidad de siempre , pero lo que sí me parece una novedad es el uso indiscriminado e injustificado de gas pimienta contra los manifestantes”, denuncia Eduardo Gómez, abogado de Red Jurídica. Anaïs Franquesa, presidenta de Irídia, considera que las últimas actuaciones reflejan un cambio en el uso de esta herramienta. Franquesa considera que las imágenes de las últimas cargas muestran un empleo del gas pimienta “de una forma totalmente antirreglamentaria y desproporcionada ”. También aprecia “mucha dureza” en las movilizaciones y advierte de que una intervención contundente puede generar “mucho más desorden del que pretende evitar”. Durante la huelga, varios agentes rociaron gas pimienta directamente en los ojos de personas que participaban en piquetes, cortes de carretera y manifestaciones pacíficas. Uno de los episodios más polémicos fue el uso de este producto contra una persona sin hogar en la Gran Vía de Madrid, sin provocación aparente. “Eso puede causar lesiones oculares graves”, denuncia Franquesa y recuerda que las directrices de Naciones Unidas y de la OSCE establecen que no debe utilizarse para disolver manifestaciones pacíficas ni contra la resistencia pasiva. Esta interpretación también encuentra respaldo en la jurisprudencia europea. En una sentencia del 17 de marzo de 2026, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Turquía por vulnerar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos tras el uso de gas pimienta contra una manifestante que no había mostrado ningún comportamiento violento y que incluso intentaba alejarse de la multitud. El agente la roció en la cara a menos de un metro de distancia, incluso después de que le diera la espalda. El tribunal concluyó que el uso de la fuerza no había sido estrictamente necesario y consideró insuficientes las sanciones impuestas al policía, al no garantizar un efecto disuasorio frente a futuras vulneraciones. Canales aclara que Amnistía Internacional no pide prohibirlo por completo, sino limitarlo a casos concretos: “En caso de usarse, solo se tiene que utilizar contra personas que están implicadas de manera directa en hechos violentos . Y únicamente para que cesen esos actos violentos”. Este jueves, Interior anunció que prohibirá esta herramienta, una decisión rechazada por los sindicatos policiales. Franquesa alerta de que los operativos pusieron en peligro a familias, niños y personas mayores . Destaca el embolsamiento de manifestantes en la Gran Vía de Madrid, que no podían acceder a la plaza de España y después sufrieron una carga policial. Canales considera especialmente preocupante el uso de armas antidisturbios contra personas que “no están representando una amenaza para la integridad, no hablemos ya para la vida de los policías”. Sobre la extensión del uso del gas pimienta, Canales apunta a la falta de órganos independientes que asesoren o evalúen qué armas deben utilizar las policías. Dejar estas decisiones en manos de los propios cuerpos, sostiene, dificulta que el uso de estas armas se ajuste a los estándares internacionales. Franquesa añade que la Policía Nacional no tiene un protocolo público sobre el uso del gas pimienta. Sin transparencia sobre sus condiciones de empleo, advierte, resulta más difícil fiscalizar las actuaciones. Para las organizaciones consultadas, el problema no se limita a las cargas o al armamento, también importa quién investiga los abusos y quién asume sus consecuencias. Franquesa rechaza que las decisiones dependan solo de los agentes desplegados: la planificación, la intensidad de las intervenciones y las instrucciones también corresponden a mandos y responsables políticos. La abogada considera que el Ministerio del Interior y las administraciones con competencias policiales son responsables del diseño de los dispositivos y de la investigación de posibles abusos. “Si cada vez que pasa algo, el Ministerio actuara inmediatamente, cortándolo de raíz, esto no pasaría”, afirma. La falta de respuesta, añade, transmite un mensaje de “impunidad total”. Amnistía Internacional denuncia que algunas causas se archivan porque no se identifica a los agentes o porque se considera que actuaron conforme a los protocolos. Canales cuestiona también la severidad de algunas condenas y los indultos concedidos a agentes condenados. La organización reclama reformar la ley mordaza , crear mecanismos independientes de supervisión policial y revisar los protocolos y la formación de los agentes. “El problema ha sido que no se han adoptado ese tipo de medidas”, lamenta Canales. Ante la falta de respuestas institucionales, Franquesa reivindica la presión de las organizaciones y de la ciudadanía . “Cuando la ciudadanía se organiza para dar respuesta a estos abusos, eso funciona y acaba influyendo a la institución”, sostiene. Recuerda la querella presentada tras el uso de gas pimienta en la estación de Sants el año anterior y destaca también la labor de los medios al documentar estos episodios. La cuestión no es solo si la policía utiliza más fuerza que antes, sino por qué se repiten determinadas prácticas, por qué cuesta conocer los criterios que las justifican y quién responde cuando una protesta pacífica acaba entre porrazos y gases. Como recuerda Franquesa, “los derechos se consiguen defendiéndolos” .
VÍDEO La Universidad de Jaén ha inaugurado esta tarde el curso de comunidades energéticas cohousing y coliving herramientas de economía social para solucionar el problema de la vivienda y los servicios básicos enmarcado en la Cátedra de Economía Social donde el delegado territorial de empleo Javier Carazo ha destacado la relevancia de estas fórmulas innovadoras que promueven la cooperación y la sostenibilidad reduciendo los costes de vivienda y consumo energético mientras que la codirectora ha subrayado la importancia de formar a los estudiantes mediante un programa transversal que cuenta con ponentes expertos en gestión energética hábitat cooperativo y nuevas tecnologías para avanzar hacia un modelo económico más inclusivo y resiliente en Andalucía. La inauguración se ha visto alterada por un piquete con motivo de la huelga general que se está llevando a cabo este 11 de noviembre en todo el país. El acto se ha reanudado tras el incidente.
Durante su visita a Ávila para inaugurar la quinta edición de la Feria de Empleo AvilaJobs, el consejero ha definido la convocatoria como “una huelga particular”, al considerar que responde más a motivaciones políticas que a reivindicaciones laborales. & ...
¿Para qué sirve una huelga general? Conviene hacerse esta pregunta antes de juzgar a quienes la convocan. Una huelga es mucho más que dejar de trabajar durante una jornada. Es una herramienta democrática, un derecho constitucional y, sobre todo, una expresión de la fuerza colectiva de quienes saben que individualmente tienen menos capacidad para cambiar las cosas. Porque cuando las personas trabajadoras se organizan, lo que parecía imposible puede convertirse en un derecho. La historia de nuestro país no se entiende sin el movimiento obrero y sin los sindicatos de clase. La jornada de ocho horas, las vacaciones pagadas, la negociación colectiva, la protección frente al despido o la seguridad en el trabajo no fueron regalos de ningún poder económico. Fueron conquistas sociales, fruto de décadas de organización, movilización y sacrificios. Desde la histórica huelga de La Canadiense de 1919 hasta las grandes huelgas generales de nuestra democracia, la clase trabajadora ha demostrado que el progreso social también se escribe desde las fábricas, los talleres, las oficinas y las calles. El presidente Pedro Sánchez lo tiene bien presente y así lo ha publicado. Los derechos que ahora consideramos normales fueron durante mucho tiempo inimaginables. Y ha lanzado una advertencia que deberíamos tener presente: "Lo que costó un siglo conquistar se puede perder en un instante". Una reflexión especialmente oportuna cuando algunos parecen olvidar cuánto debemos a quienes lucharon en el pasado no tan lejano. Porque los derechos no suelen caer del cielo. Se conquistan, se defienden y se amplían. Y ahí reside precisamente la importancia histórica de organizaciones como la Unión General de trabajadores y trabajadoras y las Comisiones Obreras, dos sindicatos de clase que han contribuido decisivamente a construir nuestra democracia y nuestro Estado del bienestar. El próximo 11 de noviembre, UGT y CCOO, junto a otras organizaciones sindicales y sociales, han convocado una huelga general con una reivindicación tan sencilla como poderosa: salarios dignos para poder acceder a una vivienda digna. No es una huelga contra nadie. Es una huelga a favor de millones de personas que trabajan, cumplen con sus obligaciones y, sin embargo, no pueden desarrollar un proyecto de vida con tranquilidad. Jóvenes que no consiguen emanciparse, familias que destinan buena parte de sus ingresos al alquiler y trabajadores que descubren que tener una nómina ya no garantiza llegar a fin de mes. Los sindicatos denuncian una contradicción cada vez más evidente: mientras la economía crece y aumentan los beneficios empresariales, demasiados salarios siguen sin permitir una vida digna. Reclaman desbloquear la negociación colectiva, mejorar las retribuciones, reducir la jornada laboral, combatir la precariedad y desarrollar políticas públicas que frenen la especulación inmobiliaria y amplíen el parque de vivienda asequible. Y tienen razón al situar la vivienda en el centro de las reivindicaciones laborales. Porque ¿de qué sirve mejorar un salario si cada subida termina absorbida por el alquiler? ¿De qué sirve tener empleo si no permite construir un hogar? La vivienda no puede seguir tratándose exclusivamente como una mercancía cuando nuestra Constitución, en su artículo 47, reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Esta movilización interpela a todas las administraciones públicas y también a quienes concentran buena parte de la riqueza que genera nuestro país. Porque defender mejores salarios, vivienda accesible y servicios públicos de calidad significa defender la redistribución de la riqueza, la igualdad de oportunidades y la fortaleza del Estado del bienestar. Por eso resulta tan reveladora la reacción de Alberto Núñez Feijóo , que ha pedido a los sindicatos reconsiderar la convocatoria. Lo verdaderamente extraño habría sido escucharle defenderla. No sorprenden las declaraciones de quien, en plena precampaña electoral, promete un Gobierno que pedirá sacrificios a la ciudadanía. ¿Sacrificios? ¿Otra vez? ¿Y a quién le tocará hacerlos? Porque conocemos demasiado bien ese modelo económico. El que considera que los grandes patrimonios necesitan incentivos mientras las familias trabajadoras deben apretarse el cinturón. El que convierte los recortes en responsabilidad y las reivindicaciones sociales en molestias. El que pide paciencia a quienes menos tienen y ofrece comprensión a quienes más acumulan. Nos suena demasiado. Nos suena a los años de austeridad, a las políticas de Mariano Rajoy y a Cristóbal Montoro. ¿Se acuerdan? Aquellos años en los que los sacrificios parecían tener siempre los mismos destinatarios. Frente a ese modelo existe otro: el que entiende que la prosperidad económica debe traducirse en bienestar compartido. El que ha impulsado la reforma laboral, la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y la revalorización de las pensiones. Avances importantes que no eliminan los problemas pendientes ni hacen innecesaria la movilización sindical. Al contrario, demuestran que el diálogo social, la acción política y la organización colectiva pueden transformar la realidad. Una democracia madura no teme a sus sindicatos. Los escucha, respeta su independencia y reconoce que el conflicto social también puede ser un motor de progreso. UGT ha elegido para esta convocatoria un lema que resume perfectamente el problema: "Que la vivienda no se coma tu salario". Y CCOO recuerda que la riqueza generada debe llegar también a quienes la hacen posible. El 11 de noviembre no debería interpretarse como una batalla entre partidos, sino como una llamada colectiva a defender algo elemental: que trabajar permita vivir dignamente. Porque una sociedad verdaderamente próspera no es aquella en la que unos pocos acumulan cada vez más, sino aquella en la que nadie tiene que elegir entre pagar el alquiler, llenar la nevera o construir su futuro. Las generaciones anteriores lucharon para conquistar el derecho a descansar. La nuestra no debería tener que luchar para conseguir el derecho a vivir bajo un techo.
El director coreano regresa gracias a Netflix con 'Un amor posible', una magistral exploración sobre la vampirización del cine y cómo retrata este a la clase obrera Rodrigo Sorogoyen, Alana S. Portero, David Uclés y más de 800 firmas apoyan la huelga del 11N: “La cultura también para” El cine siempre ha vivido en la contradicción. Desde aquella imagen fundacional de los trabajadores saliendo de la fábrica, la fricción entre quienes cuentan las historias y quienes las habitan está presente. En aquellos pocos segundos de imagen, eran sus jefes, los hermanos Lumière, los que decidieron usar a sus obreros como la materia prima de una de sus primeras creaciones. Aquella jerarquía ha persistido hasta la actualidad e incluso se ha acentuado con el alto precio de las escuelas de cine a las que pertenecen un gran porcentaje de los directores. Cuando suele manifestarse de forma más evidente es en el cine social. ¿Puede un director de una clase alta retratar de forma honesta y sin paternalismos a la clase obrera? ¿Hay un regodeo en el miserabilismo y la desgracia de quienes no conocen de primera mano esa realidad? Las dudas siempre están ahí. Eso no quiere decir que un director no pueda contar historias que no correspondan a su estatus, pero sí que debe pensar bien en cómo lo hace, en la ética de las imágenes. Eso que tan bien resume la frase atribuida a Godard sobre la puesta en escena: “Un travelling es una cuestión moral”. Uno de los cineastas que mejor ha entendido todo eso es el coreano Lee Chang-Dong (que además de director escribe poesía y fue ministro de Cultura de Corea del Sur ). La clase ha atravesado todos sus trabajos. Cómo enfrentaban los ricos el crimen que habían cometido sus hijos en la magistral Poetry no tenía nada que ver con cómo lo hacía aquella abuela que perdía la memoria. La clase anidaba en el triángulo amoroso de Burning, su soberbia adaptación de Murakami. Lo que antes estaba en su núcleo, palpitando, ahora se ha convertido en el centro de la historia en su nueva película, Un amor posible, León de Plata en el Festival de Venecia y una de las mejores películas del año. En ella, el cineasta cuenta la historia de una documentalista que está haciendo una película sobre una huelga de trabajadores que acabó en una violenta carga policial. Con sus mejores intenciones, la cineasta entablará una relación con la mujer de una de las víctimas. La película se plantea, desde su título, si esa relación de amor fraternal o amistoso es posible cuando hay una separación de clase enorme, y cuando una autora lo que quiere es sacar el mejor material posible. ¿Hay honestidad cuando todo se construye en torno a una explotación comercial, aunque sea en forma de cine de denuncia social? La directora vampira irá chupando poco a poco la sangre de esos trabajadores que dejaron su cuerpo en la calle mientras su marido se dedicaba a comprar empresas. Es una película inteligente, sutil, llena de capas y con una puesta en escena que nunca cae en lo que denuncia. Para realizarla han pasado ocho años. Desde 2018, cuando estrenó Burning, no había rodado ningún largometraje, unos tiempos a los que son habituales para él, pero que también dejan claro el cuidado con el que elabora cada obra. En el caso de Un amor posible la idea nació antes de su anterior filme, cuando una gran empresa coreana realizó una ola de despidos masivos que provocó una huelga que fue reprimida por el Estado. “Fue un impacto enorme para la sociedad coreana; yo mismo quedé profundamente conmocionado”, recuerda. Se puso a escribir el guion, pero no le convencía del todo. “No lograba encontrar la convicción necesaria para responder a ciertas preguntas: ¿qué significa abordar esto en un largometraje de ficción en lugar de hacerlo en formato documental? ¿Y hasta qué punto puedo ser honesto al narrar esta historia? Al no poder responder a estas cuestiones con plena convicción, decidí detener el proceso y dejar el proyecto en suspenso”, cuenta el director a elDiario.es. A veces actuamos como vampiros que codician esas experiencias. Por eso, la ética detrás de la cámara es algo que todos debemos tener presente Lee Chang-Dong — cineasta En 2024 fue cuando tuvo la idea de “incorporar la mirada y la perspectiva de un documentalista a la trama”. “Fue entonces cuando sentí que esta también podía ser una historia que yo mismo debía contar, aportando mi propia actitud, mi mirada y mi ética como la persona que sostiene la cámara. Al adoptar esa estructura narrativa, el proyecto cobró vida de nuevo, porque sentí que, efectivamente, era una historia que me correspondía contar a mí”, justifica. Para el cineasta, ese dilema no es solo el de su personaje, “sino el de cualquiera que sostenga una cámara”. “Esa es, en esencia, nuestra naturaleza cuando nos enfrentamos al dolor y al drama ajenos: a veces actuamos como vampiros que codician esas experiencias. Por eso, la ética detrás de la cámara es algo que todos debemos tener presente y sobre lo que debemos reflexionar. En la película, Ye-ji quiere capturar las vidas de trabajadores despedidos, y esa es, precisamente, la naturaleza de su mirada a través de la cámara. Aunque ella intenta querer de forma sincera a sus protagonistas, al mismo tiempo utiliza su dolor; llega incluso a dramatizarlo, provocando que ese sufrimiento se despliegue ante el objetivo”, cuenta sobre su filme. Por ello cree que ese es el desafío que tienen por delante, no solo los documentalistas, sino “los cineastas en general”. “Cuando se abordan temas como la guerra, las víctimas de la violencia o las minorías, el cine de ficción a menudo consume estas realidades como simple material, llegando incluso a la explotación. Como se trata de ficción, solemos escudarnos en la idea de que es producto de nuestra imaginación, lo que a veces debilita la conciencia ética. En cambio, los documentalistas, al trabajar de manera tan estrecha con personas en sus vidas reales, se enfrentan a cuestiones éticas de una forma mucho más directa”, subraya. Un fotograma de 'Un amor posible' Él procura pensar en la repercusión de la forma de rodar, pero cree que muchas veces “el cine no se detiene en este tipo de cuestiones y simplemente se centra en lo que resulta más dramático, provocador o entretenido”. “Esa es una manera de hacer cine. Sin embargo, creo que, para cineastas como yo, siempre llegan momentos en los que hay que tomar una decisión al respecto. Aunque algunas de estas elecciones puedan parecer decisiones puramente técnicas, considero que, en realidad, tienen mucho que ver con la ‘actitud’ de la cámara. Y es algo en lo que siempre pienso durante todo el proceso de rodaje e incluso a lo largo de la etapa de montaje”, añade. Si le tocara responder a la pregunta que plantea su película, si ese amor es posible, Lee Chang-Dong no se definiría como “optimista”. “No lo soy con respecto a la división de clases, porque la brecha entre clases solo aumenta con el tiempo. En el pasado, las clases parecían estar adyacentes entre sí, como si fueran pisos diferentes. Ahora no es así, la distancia es tan inmensa… Y no se trata solo de trabajadores que han sido despedidos. Muchas personas hoy en día se sienten muy inseguras acerca de su trabajo y sus empleos. Sienten que ya no se reconoce el valor de su trabajo y hay una sensación de crisis. Eso ha llevado a una gran ira que está consumiendo la vida de muchas personas. En esta época en la que vivimos ¿cómo hacemos para reclamar esa idea del sentido de uno mismo y de nuestra propia identidad?, ¿cómo seguimos luchando para proteger y conservar nuestra dignidad humana? Estas son preguntas en las que quería pensar con el público, por eso hice esta película”, confiesa. No soy optimista respecto a la división de clases, porque la brecha entre clases solo aumenta con el tiempo Lee Chang-Dong — cineasta Una de las peculiaridades de Un amor posible es que ha sido producida por Netflix, que ahora la estrena dentro de la plataforma. Un giro sorprendente para un filme del director coreano, famoso por sus tempos pausados que son lo contrario a lo que manda el logaritmo. La compañía salvó el filme en el último minuto. El propio Chang-Dong lo cuenta sin problema. Explica que Netflix ya se había interesado en el filme cuando leyeron el guion, pero que él decidió que no entraran para asegurar el estreno en cines. Cuando hasta el último minuto no lograron la financiación, tomó la decisión de decirles que sí. Ahora solo tiene palabras de agradecimiento, porque de alguna forma se ha producido gracias a ellos: “Netflix fue muy paciente con nosotros y esperó durante todo el proceso hasta que tomamos la decisión. Desde el primer momento sabía que no habría ningún tipo de interferencia ni obstáculo con respecto a mi proceso creativo. No me dieron ni siquiera una sola nota, de hecho. Así que sentí que mi libertad creativa era plenamente respetada”.
El consejero de Sanidad y Bienestar Social , Alejandro Vázquez Ramos , ha presentado este jueves en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 relativo a su departamento. Las cuentas ascienden a 6.882 millones de euros , lo que representa un 64,4 % del gasto social de la Junta, toda vez que el Ejecutivo autonómico busca consolidar un modelo más integrado y preventivo que resuelva de manera conjunta las necesidades sanitarias y sociales que confluyan en una misma persona. Según ha explicado el titular del ramo, la unión de estas dos áreas en una misma consejería ofrece una oportunidad notable para afrontar retos como el envejecimiento, la cronicidad, la dependencia, la discapacidad o la soledad no deseada. De este modo, durante la presente legislatura se reforzará la atención sociosanitaria y la coordinación entre los profesionales del Servicio Público de Salud y del Sistema Público de Servicios Sociales para reducir barreras entre ambos ámbitos. En el desglose de las grandes cifras, a la sanidad pública , que engloba la Consejería y la Gerencia Regional de Salud, se destinarán 5.604 millones , un 14,9 % más que en 2024 y con una inversión superior al 7 % del PIB autonómico, hasta alcanzar los 2.379 euros por habitante protegido. Por su parte, los servicios sociales asumidos esta legislatura contarán con 1.277 millones , destacando la evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que contabiliza 129.768 personas con grado reconocido, de las cuales el 99,9 % tiene prestación asignada. El consejero ha resaltado que estos resultados se apoyan en el Sistema Único de Servicios Sociales y en la colaboración entre la Junta, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y las entidades del tercer sector. Así las cosas, el Acuerdo Marco de Servicios Sociales 2024-2027 consolidará el próximo año una financiación de 218,7 millones , un 24,5 % más que en 2024, sin contabilizar la adenda anual con las entidades locales. Por lo que respecta a la provincia de Soria , el presupuesto de 2027 contempla actuaciones de calado tanto en el ámbito sanitario como en el asistencial. Una vez finalizada la obra de modernización y ampliación del Hospital Santa Bárbara , que incluyó la dotación de la Unidad Satélite de Radioterapia tras una inversión que superó los 100 millones, el próximo ejercicio comenzará la primera fase de la reforma del Hospital Virgen del Mirón , mientras que en el área de servicios sociales continuarán las mejoras en la residencia Los Royales de la capital para su adaptación al modelo de unidades de convivencia, con una inversión superior al millón de euros, además de ejecutarse allí las primeras obras de eficiencia energética junto con la residencia de Miranda de Ebro. Asimismo, las cuentas autonómicas recogen el avance de las infraestructuras de Atención Primaria en Soria , donde culminará la construcción del nuevo centro de salud de El Burgo de Osma ?incluyendo su plan de montaje de mobiliario, equipamiento y el avance de su nueva unidad de Emergencias Sanitarias?, progresará la ejecución del nuevo centro de salud Soria Norte y se iniciarán las obras del nuevo centro de salud de San Leonardo de Yagüe . A todo ello se sumará la redacción del proyecto de ampliación y reforma del centro de salud de Almazán , además de la inclusión de dos plazas de otorrinolaringología en Soria dentro de la primera declaración de puestos de difícil cobertura presentada a las organizaciones sindicales. Plantillas, formación y puestos de difícil cobertura La consejería integra a más de 50.000 profesionales , lo que se traduce en un capítulo de gastos de personal dotado con 2.975 millones , un 11 % más que en 2024, de los cuales 92,3 millones corresponden a la Secretaría General y a las direcciones generales de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación y de Salud Pública. En el ámbito de la Gerencia Regional de Salud , la partida alcanza los 2.663 millones , con un incremento del 12,2 %, lo que permitirá implantar el expediente único electrónico del profesional, denominado EXPEDIENT-E , una herramienta llamada a centralizar la información laboral, formativa y administrativa de cada trabajador de Sacyl para agilizar bolsas de empleo, procesos selectivos, traslados, carrera profesional, movilidad o sustituciones. De igual modo, se adaptarán las plantillas orgánicas ampliando las especialidades de enfermería, habida cuenta de que tras ofertar más de 9.200 plazas en la pasada legislatura ?2.000 de ellas para médicos?, en el primer trimestre de 2027 culminará la OPE de 2025 con 759 plazas , repartidas en 250 de Medicina Familiar y Comunitaria, 78 de licenciados especialistas hospitalarios y 329 de enfermería, incluidas 59 de enfermera especialista. También se negociará un nuevo modelo de bolsa de empleo vinculado al expediente electrónico y continuará el concurso de traslados abierto y permanente, que ya ha incorporado a 686 profesionales de otras comunidades y al que se suma la adjudicación de plazas de otras 88 categorías, incorporando tres nuevas: Licenciado Especialista en Laboratorio Clínico, Técnico Superior en Nutrición y Dietética y Técnico en Farmacia. En materia formativa, se destinarán 156 millones al Programa de Formación de Residentes, donde tras el inicio en mayo de 2026 de los primeros residentes de Medicina de Urgencias y Emergencias , en mayo de 2027 aumentará el número de residentes y de hospitales acreditados hasta alcanzar los ocho centros docentes. La Junta ha solicitado al Ministerio de Sanidad seis nuevas unidades docentes, seis nuevas plazas y la ampliación de otras catorce unidades con quince plazas adicionales, lo que permitiría sumar 21 nuevas plazas a los 2.425 residentes actuales ?284 de Enfermería Especializada?, todo ello apoyado en la plataforma digital FESCYL , en el Programa de Fidelización que ya ha sumado a más de 1.100 profesionales y en la nueva Escuela de Directivos, que estrenará en 2027 el Programa Integral de Formación en Liderazgo y Gestión Sanitaria. Para desarrollar la Ley 3/2025, de 22 de diciembre , sobre provisión de puestos de difícil cobertura, junto a las dos plazas de otorrinolaringología de Soria se han declarado como tales las de esta misma especialidad en El Bierzo (tres), Palencia (cuatro) y Miranda de Ebro (una), así como las de anestesia y reanimación en Ávila (tres), El Bierzo (cuatro), Miranda de Ebro (dos), Aranda de Duero (una) y Segovia (dos), iniciándose de forma inmediata la negociación de la movilidad voluntaria extraordinaria y de los concursos de méritos. Por su parte, la Gerencia de Servicios Sociales dispondrá de 220 millones para personal, orientados a reforzar plantillas en residencias y centros de día y a elaborar en 2027 una estrategia específica de prevención de agresiones a los profesionales junto a colegios profesionales y agentes sociales, económicos y judiciales. Suministros, farmacia e inversiones en la Comunidad El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios suma 2.168,6 millones , correspondiendo 1.677,3 millones a la Consejería y a la Gerencia Regional de Salud, donde más de 991 millones ?el 59 % del capítulo? se dedican a productos farmacéuticos hospitalarios y material sanitario, ampliando en 2027 la compra centralizada con 20 acuerdos marco por más de 213 millones para dos años en más de 900 lotes y la adjudicación centralizada de medicamentos exclusivos por más de 428 millones, mientras que la Gerencia de Servicios Sociales contará con 491,2 millones , un 73,3 % más que en 2024. Asimismo, las transferencias corrientes alcanzan los 1.432 millones ?el 21 % del total?, incluyendo 866 millones para recetas farmacéuticas (un 14,7 % más), 680.000 euros para 19 asociaciones de pacientes, 3,4 millones para investigación e innovación y 506,8 millones para la Gerencia de Servicios Sociales (un 34,3 % más, con 130 millones adicionales), que financian los 218 millones del Acuerdo Marco, la dependencia y programas como la Universidad de la Experiencia y el Club de los 60. En el apartado de inversiones reales y transferencias de capital, el presupuesto supera los 304 millones , un 13 % más que en las cuentas anteriores. Dentro de los 45 millones asignados a la Atención Primaria para obras en diez centros de salud y trámites en otros veinte ?además de 1,5 millones en subvenciones a ayuntamientos para consultorios locales?, en Ávila finalizarán las obras de Madrigal de las Altas Torres y Arévalo, concluirá el nuevo centro de Sotillo de la Adrada y se reformará el Punto de Atención Continuada de Ávila Estación, mientras que en Burgos comenzará la reforma del pabellón 4 del Hospital Militar para ampliar Las Huelgas, se iniciarán las obras de Roa de Duero y se redactarán los proyectos de Valle de Mena, Villadiego y Melgar de Fernamental. En la provincia de León finalizará el nuevo centro de Sahagún, se licitará el proyecto de la unidad de fisioterapia de Pinilla-San Andrés del Rabanedo, comenzará la primera fase de reforma de José Aguado y se prepararán los proyectos de Villaquilambre y Ponferrada I cuando haya parcelas disponibles; en Palencia se ejecutarán las obras de Venta de Baños, la ampliación de Torquemada y la reforma integral de Baltanás; en Salamanca se harán las obras de San José-Zurguén; y en Segovia seguirán las de Cuéllar y se licitará el proyecto de El Espinar. Por su parte, en Valladolid concluirá la reforma de Medina de Rioseco, empezará la construcción de Arturo Eyries, se redactará el proyecto de La Pilarica y se tramitarán los de Delicias II y la ampliación de La Cistérniga con unidad de fisioterapia, en tanto que en Zamora comenzará la ampliación de Villalpando y se tramitará el proyecto del nuevo centro Virgen de la Concha a la espera de parcela, sumando en la Comunidad nuevos equipos de radiología en Sotillo de la Adrada, Vitigudino, Peñaranda de Bracamonte y Aliste, así como el montaje de mobiliario y nuevas unidades de Emergencias Sanitarias, dotadas con 550.000 euros globales, en Medina de Rioseco, Sotillo de la Adrada, Madrigal de las Altas Torres, Sahagún y El Burgo de Osma. Las inversiones en Atención Hospitalaria contarán con 165 millones ?92 para obras, incluidos casi 19 millones de conservación, y más de 73 para equipamiento como cirugía robótica, exoesqueletos pediátricos o radiología digital?, lo que permitirá en Ávila estrenar el Hospital de Día Onco-Hematológico, finalizar el Servicio de Farmacia con salas blancas para iniciar la ampliación de Urgencias y sumar dos quirófanos de cirugía mayor ambulatoria en el Hospital Provincial; en Burgos , completar el nuevo Hospital de Aranda de Duero (más de 130 millones de inversión global), mejorar hospitalización y laboratorio e incorporar una resonancia magnética en el Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, y ejecutar el tercer búnker de Oncología Radioterápica y una sala de Hemodinámica en el Hospital Universitario de Burgos; y en León , continuar la unidad de Reanimación con una inversión superior a los 7 millones para ampliar la UCI e iniciar la Unidad Satélite de Radioterapia en El Bierzo. Del mismo modo, en Palencia seguirá la tramitación del contrato de proyecto y obra del bloque técnico y hospitalización del Nuevo Hospital Río Carrión por 250 millones; en Salamanca abrirá el edificio de consultas externas; en Segovia comenzará la infraestructura de 20.000 metros cuadrados y más de 45 millones para consultas externas, hospitales de día y unidad satélite de radioterapia; en Valladolid se tramitará la reanudación de las consultas externas del Clínico, la ampliación del Río Hortega y las obras para una resonancia magnética en Medina del Campo; y en Zamora se harán las obras para instalar otra resonancia magnética en el Virgen de la Concha. En cuanto a los 34,5 millones de inversión de la Gerencia de Servicios Sociales ?un 33 % más que en 2024 descontados los Fondos Europeos MRR, con 26,5 millones para infraestructuras, climatización y equipamiento?, además de la actuación soriana, se destinarán 11,5 millones en Ávila para la nueva residencia con 100 plazas más; 4,8 millones en Burgos para unidades de convivencia, equipamiento en Aranda de Duero y la nueva sede de la Gerencia Territorial y Unidad de Valoración; un millón en León para las residencias de la capital y Ponferrada y la nueva Unidad de Valoración; medio millón en Palencia para unidades de convivencia; más de un millón en Salamanca (más de la mitad en 2027) para los centros de discapacidad intelectual de la capital y Béjar; cerca de 100.000 euros en Segovia para la residencia de mayores y la de San Lorenzo; un millón en Valladolid para reconvertir plazas en las residencias de la capital y Parquesol; y 900.000 euros en Zamora para poner en marcha la nueva residencia de 180 plazas (152 más), adaptar la de Benavente y renovar el centro Virgen del Yermo. Salud pública, vacunas y planificación estratégica El programa de Salud Pública crecerá un 29,4 % respecto a 2024 hasta los 143,2 millones , impulsado por los más de 65 millones destinados a vacunación. En 2027, la inmunización frente al VRS ?recomendada ahora a mayores de 18 años en centros de mayores o de discapacidad y pacientes de muy alto riesgo? se extenderá a personas con enfermedades cardiorrespiratorias graves; la del Herpes Zóster sumará la cohorte de quienes cumplan 71 años a las de 65 y 80 años; seguirá la captación de varones hasta 18 y 25 años para el Virus del Papiloma Humano (VPH); se mantendrá la vacunación intranasal de otoño frente a la gripe estacional en niños ampliada de los ocho hasta los 11 años inclusive; la Junta asumirá íntegramente por más de 10 millones la compra de vacunas frente a la COVID-19 tras finalizar los contratos del Ministerio de Sanidad; y se incorporará la vacuna frente al virus chikungunya para viajeros internacionales. En materia de detección precoz, desde el 1 de enero de 2027 la Comunidad cribará hasta 29 enfermedades congénitas en el programa neonatal, superando la cartera común del Sistema Nacional de Salud, al tiempo que reforzará los cribados de cáncer de mama, cuello de útero y colorrectal, avanzará en la implantación del cribado de cáncer de pulmón e incrementará un 27 % el apoyo al diagnóstico genético del cáncer hereditario hasta los 460.000 euros , creando además una nueva red autonómica integral de atención al cáncer. Finalmente, el programa de Planificación y Desarrollo contará con cerca de 1,2 millones para desplegar herramientas como el Plan Integral de Enfermedades Raras 2023-2027, el V Plan de Salud 2032, el Plan Estratégico de Medicina Personalizada y de Precisión 2024-2030 y el Plan de Investigación e Innovación en Salud 2023-2027 junto a la Estrategia en Terapias Avanzadas 2025-2030. A ello se unirá la aprobación del Plan de Cuidados Paliativos , la futura Estrategia de Atención al Paciente Oncológico, el futuro Modelo de Atención Sociosanitaria y la Estrategia Integral de Abordaje de la Obesidad Infantil, coordinada con educación y deporte, además del Plan de Calidad y Seguridad del Paciente, el Plan Persona, la Estrategia Cardio-Metabólica-Renal, la Estrategia de Salud Digital, el II Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2024-2027 y la Estrategia de Cuidados de Larga Duración y Fomento del Envejecimiento Activo y Saludable 2025-2027, mientras que el programa de Asistencia Sanitaria incluirá en primer lugar el subprograma de Atención Primaria.
