Más de un siglo de huelgas generales con la vivienda como telón de fondo

Aunque las reivindicaciones por una vivienda digna han acompañado históricamente a las grandes movilizaciones sociales, será en las primeras décadas del siglo XX cuando las calles de los grandes núcleos industriales vean organizarse las primeras huelgas masivas contra el aumento de alquileres. Varias de ellas derivaron en huelgas generales como la que mañana tendrá lugar en España.

La huelga de Buenos Aires y otras ciudades argentinas como Rosario, La Plata y Bahía Blanca en 1907 fue una de las pioneras. Miles de habitantes de los conventillos (casas de alquiler precarias) dejaron de pagar la renta como protesta contra las subidas abusivas y las malas condiciones de vida. En ella, las mujeres y niños lideraron protestas simbólicas como la famosa «manifestación de las escobas». La protesta acabará en derrota organizativa y represión, pero conseguirá también algunas concesiones parciales.

Durante la Primera Guerra Mundial tiene lugar la Rents Strike de Glasgow. En esta movilización, las mujeres lideraron una huelga de alquileres contra los aumentos de los propietarios aprovechando el contexto bélico. Consiguieron forzar al Gobierno británico a aprobar la Rent Act de 1915, que congelará los alquileres a niveles anteriores a la guerra.

De igual manera, la masiva movilización de inquilinos en los barrios obreros de Nueva York, en 1919, impulsaría las primeras legislaciones de control de rentas en Estados Unidos.

España, con una tradición preñada de luchas sociales y huelgas generales, será también protagonista de algunas de las movilizaciones más multitudinarias por el derecho a una vivienda digna y la rebaja de alquileres.

Barakaldo prende la mecha

La primera huelga por la vivienda de la que tenemos noticia en España es la de Barakaldo en 1905. La chispa prende en esa localidad cuando el 16 de mayo de ese año, un grupo de unas 300 personas, lideradas fundamentalmente por mujeres, consigue frenar un desahucio en la calle de San Juan arrojando piedras a la comitiva judicial. Tras un segundo intento de desahucio el 22 de mayo, las vecinas montan barricadas con los muebles bloqueando las vías del tren y del tranvía y paralizan el tráfico entre Bilbao y Portugalete. El conflicto pronto se extiende a Sestao y acaba confluyendo con una huelga fabril y minera en toda la zona que secundan miles de familias. Frente al estallido social, la autoridad responde como era habitual en la época: declara el estado de guerra y despliega al ejército, cercenando violentamente una lucha que, si bien no consiguió rebajar las rentas de manera instantánea, marcó un hito extendiendo la protesta a la esfera pública e influyendo en futuras normas legales que buscarían paliar en cierta medida la situación.

Precisamente la Ley de Casas Baratas de 1911 fue la primera legislación estatal destinada a facilitar el acceso a la vivienda digna para la clase obrera y frenar los problemas de insalubridad y chabolismo provocados por la revolución industrial. El objetivo de la norma era promover la construcción y adquisición de inmuebles y habitaciones económicas y saludables. Las viviendas gozarían de una exención de impuestos durante 20 años y los contratos de compra de terrenos quedaban exentos del impuesto de transmisión de bienes. Además, impulsaba la creación de cooperativas y patronatos dando origen a diversas colonias obreras en grandes ciudades como Madrid.

La ley supuso el primer reconocimiento del papel del Estado en la vivienda, pero sus resultados iniciales fueron más bien limitados, debido principalmente a trabas burocráticas y a los problemas de financiación. El conflicto por la vivienda y los alquileres seguiría aflorando de manera intermitente en años posteriores.

El Comité Revolucionario de Defensa de los Inquilinos

Sevilla protagonizará la siguiente huelga masiva de inquilinos en 1919. La ciudad arrastra una crisis habitacional galopante, causada fundamentalmente por un déficit severo de vivienda asequible y unos precios de alquiler que absorben gran parte de los magros ingresos de la clase obrera y jornalera que lucha por encontrar un espacio donde vivir. En ese contexto, el médico anarquista Pedro Vallina Martínez funda la Liga de Inquilinos de Sevilla, que nace con el objetivo de «luchar contra los desahucios, mejorar las condiciones de vida de las familias que vivían de alquiler y frenar el gran poder de los propietarios y terratenientes».

Tal y como narra Vallina en sus memorias, «los abusos [eran] de tal índole que pronto germinó una cólera sorda en todas las clases sociales, pues hasta los empleados modestos, incluso sacerdotes pobres y militares de baja graduación, se gastaban un tercio del sueldo en el alquiler de una mala vivienda. Hasta que un día saltó la chispa y prendió fuego al polvorín de odios que se habían ido acumulando».

El Comité Revolucionario de Defensa de los Inquilinos, del que Vallina es nombrado secretario y tesorero, lanza un manifiesto llamando al pueblo de Sevilla a la rebelión. La iniciativa tiene un éxito extraordinario y pronto llega a los 33.000 adherentes, «no sólo de la clase pobre, sino también de la media». El Comité toma como primera medida la incautación de las viviendas por quienes las habitan y la decisión de no pagar renta alguna hasta que no se haga realidad una rebaja del 50% en los alquileres y se supriman los intermediarios. La lucha se prolongó durante meses y no faltaron los incidentes violentos con columnas de cientos de personas que, empuñando «toda clase de instrumentos de destrucción y con una celeridad pasmosa», iban recorriendo las calles de la ciudad arremetiendo contra las viviendas «de los propietarios recalcitrantes».

Según cuenta Vallina, pronto se formaría una «cola interminable de propietarios […] pidiendo una hoja sellada y firmada por el Comité, en la que se hacía constar que se había aceptado nuestra demanda». Dicha hoja se fijaba en la puerta de la casa del propietario para que la vivienda fuera respetada. En la victoria de la huelga influyó también la existencia de «un gobierno liberal que no se atrevió a derramar la sangre del pueblo de Sevilla para proteger el egoísmo de la peor clase de propietarios» y evitó que se quemara el «último cartucho» que tenía en reserva el comité, que había decidido que, «en caso extremo, cada inquilino […] prendiera fuego a su vivienda el mismo día y a la misma hora, y después irse a vivir al hermoso parque situado a orillas del Guadalquivir, que reúne condiciones excelentes de higiene».

Otras regiones y ciudades irán recogiendo enseñanzas de esas primeras movilizaciones por la vivienda: en la primavera de 1920 cientos de mujeres, inquilinas de viviendas humildes en la calle Embajadores de Madrid, se manifiestan en la Puerta del Sol para protestar contra la propietaria, que les había subido los alquileres tres veces en dos años. En 1921, las Sociedades Obreras asturianas y distintas ligas de concejos mineros y localidades como Sama, Mieres, Oviedo y Gijón organizan mítines y campañas amenazando con el impago generalizado de las rentas y la posibilidad de llegar a la huelga de inquilinos si no hay acuerdos con los propietarios. Y en 1923 se constituye una Liga de Inquilinos en Tenerife para frenar los abusos en los precios de la vivienda que, pese a su efímera existencia por la llegada de la dictadura de Primo de Rivera, va a dejar un poso organizativo en los conflictos posteriores de los años treinta en la isla. Son algunos ejemplos de una ola que se va extendiendo por los cuatro puntos cardinales.

100.000 familias dejan de pagar en Barcelona

A finales de la década de 1920, Barcelona vive una expansión sin precedentes gracias a las obras de la Exposición Internacional, la construcción del metro o la urbanización de la montaña de Montjuïc. Dicha actividad ha atraído a miles de inmigrantes de otras zonas de España y ha hecho que la ciudad pase de 600.000 habitantes a más de un millón en la década siguiente. Conforme van finalizando las obras y se sienten los efectos de la crisis provocada por el crac de 1929, la situación social se torna explosiva: el paro y el hambre se extienden por doquier y una ola de desahucios expulsa a decenas de familias de sus casas.

En 1931, recién estrenada la República, el Sindicato de la Construcción de la CNT, organización sindical hegemónica en la ciudad, decide crear un Comité de Defensa Económica (CDE), que busca unir luchas y negociar con la Cámara de la Propiedad y el Ayuntamiento para reducir el precio de los alquileres, paralizar los desahucios, atajar el paro y poner fin a la subida de precios de los alimentos. Ante la cerrazón institucional, el comité hará un llamamiento a la huelga de alquileres, exigiendo, entre otras cosas, la reducción del 40% del precio del alquiler o la exención del pago para los parados. La huelga, que daba comienzo el 5 de julio, era secundada por 45.000 inquilinos a finales de mes; y para agosto, la cifra había aumentado a 100.000 familias.

El CDE resultó crucial al incorporar las redes callejeras y de vecinos a un movimiento de resistencia colectiva que cuestionaba el modelo de ciudad existente en su totalidad. Tal y como cuenta el historiador e hispanista británico Chris Ealham en su fundamental La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto, 1898-1937, «gracias a la huelga de inquilinos, muchos obreros ganaron experiencia sobre el proceso decisorio comunitario y la democracia popular. En las asambleas populares los huelguistas intercambiaban opiniones sobre los problemas de barrio, incorporando las reivindicaciones específicas de los inquilinos de las diferentes barriadas a la lucha global por la rebaja de alquileres. Algunos inquilinos querían mejoras en la calidad de la vivienda, los parados exigían transporte público gratuito que facilitase su búsqueda de trabajo, mientras que en las Casas Baratas, uno de los baluartes de la huelga, la campaña de los alquileres se fusionó con las exigencias pendientes sobre la provisión de escuelas, servicios sanitarios, iluminación callejera y líneas de transporte al centro de Barcelona». La protesta de inquilinos había generado un nivel profundo de solidaridad popular, con vínculos y redes comunitarias, cajas de resistencia y reinstalación de desahuciados en los edificios de los que habían sido expulsados.

En agosto, coincidiendo con el momento álgido de la huelga, el Gobierno endurece la respuesta, reprimiendo las manifestaciones —las cifras oficiales hablan de 18 muertos y decenas de heridos— y para finales de año, los principales integrantes y dinamizadores del Comité de Defensa Económica se encuentran encarcelados. Aun así, la huelga se alarga en diferentes zonas a lo largo de todo 1932 y acaban produciéndose negociaciones con los propietarios para la rebaja de precios. Por su parte, el sindicato de la Construcción pactará con el Ayuntamiento y la Generalitat una serie de iniciativas —denominadas ‘suministros’— para proveer a las obras públicas de trabajadores necesitados, y así ir mitigando las listas del paro. La nueva situación ayudará a calmar los ánimos y se mantendrá de forma intermitente durante toda la República.

La chispa vuelve a prender en Tenerife

En 1933, cuando todavía no se han apagado los ecos de Barcelona, la revuelta salta a Tenerife, donde se repite el mismo patrón: la actividad asociada al puerto de la capital había atraído a miles de trabajadores de zonas rurales y de otras islas, provocando que se duplicara la población en poco tiempo. A la escasez de vivienda disponible y las precarias condiciones de habitabilidad se suma la subida de los alquileres, que llegan a suponer el 80% del sueldo medio —los arrendadores exigían entre 75 y 125 pesetas mensuales, mientras que el salario medio oscilaba entre las 120 y 130—.

El Sindicato de Inquilinos, cuya reciente reorganización le ha llevado a multiplicar enormemente su cifra de adherentes, la Federación Obrera y la Confederación Regional del Trabajo de la CNT deciden de manera unitaria que no se van a pagar los alquileres hasta que no se reduzcan en un 40%, exigen acabar con los desahucios y proponen la convocatoria de una huelga general si no se pone remedio a la situación.

La huelga de alquileres se materializa el 5 de julio, cuando las autoridades intentan ejecutar una serie de desahucios, y acaba desembocando en una huelga general de tintes revolucionarios en la que se atacan casas de los propietarios y administradores, se destrozan sus muebles y se llega a quemar la fábrica de salazones de Francisco Navieira, dirigente del Partido Republicano Radical que había despedido en días anteriores a varios sindicalistas.

El gobernador civil, asustado por la extensión que ha tomado el conflicto, prohíbe las manifestaciones, decreta el cierre de las sedes sindicales y ordena a la Guardia Civil disolver las reuniones de inquilinos… pero no apaga el fuego. A pesar de que, tras dos días de huelga general, la isla recupera su actividad habitual, la huelga de inquilinos continúa con una violenta dinámica: por cada desahucio, los inquilinos hacen estallar un cartucho de dinamita en la casa desalojada o en las propiedades del casero. Desde la Cámara de Propietarios se emiten comunicados pidiendo a sus asociados que no negocien, pero muchos acabarán aceptando rebajas para evitar males mayores. Cuando llegue la Guerra Civil, los grandes propietarios se aprovecharán de la nueva oportunidad para asesinar a decenas de personas implicadas en la lucha obrera y vecinal.

Sevilla, la última gran llamarada antes de la noche franquista

A pocos meses del golpe militar, Sevilla protagonizará la última gran movilización masiva por el derecho a la vivienda antes de que la dictadura arrase las libertades políticas y sociales: en la primavera de 1936 la Cámara de Inquilinos hispalense, impulsada por la UGT, inicia una intensa campaña denunciando la dramática situación de la vivienda —agravada a principios de año por unas fuertes inundaciones que habían dejado cientos de viviendas inhabitables—. El 30 de marzo la tensión sube con el multitudinario mitin en el Frontón Betis, donde miles de personas reclaman la rebaja del 50% de los alquileres, además de otras medidas como la prohibición de los desahucios en casos de paro o enfermedad, o la obligación de los propietarios de mantener las viviendas en condiciones dignas.

Ante el fracaso de las negociaciones, miles de familias dejan de pagar las rentas de forma coordinada en junio, lo que, sumado a la capacidad de movilización del sindicato de la Construcción de CNT, que impulsa un Comité de Defensa Económica –como habían hecho sus compañeros barceloneses años antes–, desborda por completo la inacción institucional y convierte la cuestión en uno de los mayores enfrentamientos sociales de la Sevilla republicana. El golpe militar del 18 de julio interrumpirá bruscamente la movilización y la posterior represión cerrará la Cámara de Inquilinos y desmantelará el movimiento obrero y social, asesinando, encarcelando o enviando al exilio a cientos de sus militantes.

Tras la larga noche de la dictadura, las masivas movilizaciones inquilinas volverán a resurgir con los estertores finales del franquismo y la restitución de las libertades democráticas, uniendo con un hilo reivindicativo luchas que se mantienen desde los inicios de la lucha social, tal y como nos recuerda Julián Vadillo, historiador que ha centrado su labor de investigación en el movimiento obrero y popular: «La vivienda ha sido siempre objeto de debate en distintos congresos obreros internacionales y nacionales: actividades como la Liga de Antipropietarios —impulsada por el sindicalista revolucionario Joseph Tortelier entre 1887 y 1894 en Francia—, las huelgas de inquilinos de Argentina en 1907 por la situación límite de los conventillos, la Unión de Inquilinos de finales de la década de 1910 en Barcelona impulsada por la CNT, las huelgas de inquilinos del periodo republicano o las luchas vecinales de los años 60-70, han puesto encima de la mesa un problema estructural irresuelto para la clase trabajadora».

La realidad social actual es diferente —aunque ciertas situaciones nos traigan ecos del pasado— y la lucha por la vivienda se ha dotado de nuevas estrategias, pero como nos recuerda Vadillo, hay una lectura histórica evidente en estos acontecimientos pretéritos: «La base organizativa y la unión de los afectados es clave para presionar y conseguir mejoras sustanciales en el acceso a una vivienda digna».

Con la huelga general convocada por el Sindicato de Inquilinas y los tradicionales sindicatos de clase para el 11 de noviembre tendremos una nueva oportunidad de comprobarlo.

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