El eurodiputado ultra tendrá que abonar una indemnización de 20.000 euros por difundir información “no contrastada” junto a una foto y datos personales
Una sociedad ligada a Cristian Corvillo envió 65.000 euros a la pareja del ex ministro de Transportes Leer
Llegar a un acuerdo individual con la empresa para una salida con indemnización pactada o adherirse voluntariamente a un plan de bajas incentivadas planteado por esta, principalmente en procesos de prejubilación, no garantizará el acceso a la exención fiscal de hasta 180.000 euros que el Impuesto sobre la Renta reconoce a las indemnizaciones por despido improcedente o despido colectivo que perciben los trabajadores. Una reciente resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), la máxima autoridad administrativa del Ministerio de Hacienda, ha sentado el criterio de que las cantidades percibidas por los trabajadores como consecuencia de la finalización de su vínculo laboral con la empresa constituyen con carácter general un rendimiento del trabajo y que solo corresponde aplicar esa exención fiscal... Ver Más
La criptomoneda más valiosa pierde la cota de los 70.000 dólares entre las dudas de los inversores y el panorama de una mayor regulación
El presidente del Gobierno asegura que Zapatero "lo último que querría" es tener las joyas El PSOE denuncia al PP, Eduardo Inda y Okdiario por los pagos de la defensa de Koldo García “Yo pongo la mano en el fuego por José Luis. Sí la pongo, creo en su inocencia”. Así de rotundo se ha expresado este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la situación procesal que atraviesa José Luis Rodríguez Zapatero. En una entrevista concedida al youtuber Jordi Wild, Sánchez ha asegurado que jamás el expresidente interfirió en ninguna gestión con Plus Ultra y que las joyas que tiene en su poder le suponen un problema del que desea liberarse. “Conociendo a José Luis, aunque no lo he hablado con él, pero conociendo a José Luis, yo estoy convencido de que lo último que quiere es tener esas joyas, pero ahora están bajo autoridad judicial”, ha asegurado a preguntas de Jordi Wild. “Yo creo en su inocencia, como creo también en el legado de un presidente que ha hecho grandes cosas por este país”, ha defendido antes de insistir en que, en todas las conversaciones que ha mantenido con Zapatero, “nunca” le ha preguntado por Plus Ultra “ni por ninguna empresa”, sino que han hablado de “políticas”. “No lo hubiera permitido”, ha apostillado. Sánchez ha recordado que durante la pandemia el Gobierno articuló un fondo de préstamos a través de la SEPI para “rescatar a empresas que, siendo competitivas y productivas” corrían “el riesgo de cerrar” en pandemia, como fue el caso de Plus Ultra, con el que se llegaron a salvar “casi 8.500 puestos de trabajo”. A preguntas sobre la crisis de Ceuta, el presidente del Gobierno ha asegurado que a día de hoy sigue sin tener información que certifique que Marruecos estuvo detrás de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes, y ha vuelto a defender que no se marchó de vacaciones, sino que estuvo trabajando en otra “residencia oficial”. Sánchez ha repetido que el Gobierno no tenía información de antemano de que se produciría una avalancha de esas características y ha defendido la labor tanto del CNI como de los cuerpos y fuerzas de seguridad. “Yo no tengo información para acusar a todo un gobierno de esto”, ha defendido, al ser preguntado si sigue sin responsabilizar a Marruecos, subrayando que la frontera de Ceuta es “difícil de gestionar” y que en aquel momento se planteó un “dilema”. “Nos liamos a tiros”, ha dicho, subrayando que había muchos menores entre quienes intentaban entrar, muchos de ellos “chavales desarmados”, “o tratamos de absorber a todos esos chavales para que posteriormente se puedan ir”. “Es evidente que el régimen marroquí, también viéndose superado y sobrepasado por esta realidad, lo que hizo fue facilitar en frontera el que se pudiera gestionar de esa manera esta crisis migratoria”, ha añadido.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que a día de hoy sigue sin tener información que certifique que Marruecos estuvo detrás de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes a Ceuta el 30 y 31 de julio, al tiempo que ha reivindicado que no se marchó de vacaciones sino que estuvo trabajando en otra "residencia oficial".
Aprecia indicios de un posible menoscabo de fondos públicos en el inmueble comprado por 6,3 millones de euros en la calle General Martínez Campos. Más información: Ayuso dará ayudas de 4.000 euros a todas las familias con hijos que contraten a empleadas del hogar para poder conciliar
Los expertos avisan de que los fallos en infraestructuras se han convertido en una crisis sistémica y ponen el foco en la elevada concentración de proveedores tecnológicos.
“Creemos firmemente en esta idea: formar para transformar”. Con estas palabras resumió Rosana Rodríguez, directora de proyectos de la Escuela de Unidad Editorial, la labor de este centro educativo que ha sido galardonado con el Premio Basf de Economía Circular en la categoría de Academia por su proyecto “Pyme Sostenible”, diseñado para la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y en el que se han matriculado más de 7.000 profesionales de la pequeña y mediana empresa.
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Una promoción en Sant Antoni ofrece varias viviendas de obra nueva por debajo de los 400.000 euros. Se trata de Cova Blanca, una promoción de nueva construcción que comercializa pisos y áticos de dos dormitorios con precios a partir de 345.000 euros, según un anuncio publicado en Idealista.
También enGenbetaInfoCLMEl Díay 1 másComparar
El Partido Popular se compromete a defender una Política Agraria Común (PAC) que garantice las ayudas que necesita el sector, impulsar un pacto nacional del agua con una inversión de 40.000 millones de euros, reducir la burocracia y los impuestos que soportan agricultores y ganaderos y favorecer el relevo generacional en el campo. Son los cuatro compromisos que la candidata del PP de Ciudad Real al Congreso de los Diputados, Carmen Fúnez , ha trasladado a Asaja en una reunión celebrada este viernes, en el primer día de la campaña electoral, y que ha presentado como parte del proyecto de Alberto Núñez Feijóo para llegar al Gobierno de España. Fúnez ha justificado que la candidatura popular haya elegido a Asaja como primera organización sectorial con la que reunirse por el peso de la a gricultura en la provincia , donde representa el 20% del producto interior bruto y sostiene más de 30.000 explotaciones agrarias y el empleo de más de 15.000 personas. “Era obligatorio. Es responsable que el primer sector con el que nos reuniésemos fuese con Asaja y con los agricultores y ganaderos de esta provincia porque para nosotros es nuestra prioridad”, ha afirmado. La candidata popular ha descrito una situación preocupante para el sector primario : “El campo está mal. El campo está preocupado. El campo está ahogado a impuestos”. A ello ha sumado el encarecimiento de los costes de producción, con subidas durante el último año del 39% en los carburantes y del 21,5% en los fertilizantes, mientras que los precios de los productos no evolucionan al mismo ritmo que los gastos y las inversiones que afrontan las explotaciones. También ha puesto el foco en los autónomos del sector agrario, a los que ha definido como “los grandes contribuyentes del sanchismo”, al considerar que no reciben servicios públicos acordes con los impuestos que pagan. Frente a esta situación, ha defendido un sector primario más fuerte, con menos obstáculos y mayor competitividad, como condición para garantizar el futuro económico de Ciudad Real. PAC El primero de los cuatro compromisos anunciados por Fúnez es la defensa de la PAC en las negociaciones europeas del próximo marco presupuestario, correspondiente al periodo 2027-2035. La candidata ha reclamado que España acuda a Bruselas con una posición firme y argumentos suficientes para garantizar unas ayudas de las que, según ha señalado, procede entre el 17% y el 20% de la renta de los agricultores. Para ello, ha asegurado que el PP contará con un ministro o ministra de Agricultura con experiencia y conocimiento del sector, siguiendo el ejemplo de anteriores responsables populares como Loyola de Palacio, Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina. Agua El segundo compromiso es un pacto nacional del agua que evite que este recurso siga siendo “un elemento de confrontación política y territorial”. Fúnez ha avanzado una inversión de 40.000 millones de euros para modernizar los regadíos, mejorar las infraestructuras y llevar agua a las zonas que la necesitan. La propuesta, ha explicado, se ha calculado con aportaciones de comunidades de regantes, agricultores, ganaderos e ingenieros vinculados a la obra pública. Sobre este asunto, ha precisado que un futuro Gobierno del PP realizaría primero una auditoría hídrica para conocer la situación de los recursos y de las instalaciones de regadío. Ha recordado que Feijóo ha anunciado auditorías en todos los ministerios durante los primeros cien días de Gobierno y ha defendido que, antes de concretar las actuaciones, es necesario conocer el estado de partida. Después, ha planteado un acuerdo en el que participen todas las comunidades autónomas y que esté coordinado por el Ejecutivo central, con el objetivo de aprovechar de manera eficiente los recursos disponibles. Burocracia La reducción de la burocracia y de la presión fiscal constituye el tercer compromiso. Fúnez ha criticado que los agricultores y ganaderos tengan que dedicar demasiado tiempo a realizar trámites administrativos y presentar reiteradamente la misma documentación en las oficinas comarcales agrarias. “No se puede pasar más tiempo en la oficina comarcal agraria que en tu explotación agraria”, ha señalado. En paralelo, ha defendido una bajada de impuestos para que quienes generan empleo y oportunidades dispongan de más recursos para mejorar sus explotaciones y crear puestos de trabajo. Dentro de este tercer eje, también ha reclamado más seguridad en el medio rural, con un refuerzo de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir los robos en sistemas de riego, naves, almacenes y otras instalaciones agrícolas y ganaderas. Relevo generacional El cuarto compromiso pasa por impulsar el relevo generacional. Fúnez ha considerado imprescindible conseguir que los jóvenes encuentren atractivo incorporarse a la actividad agraria y asumir el liderazgo de las explotaciones, como vía para mantener vivo el medio rural. “Sin agricultura tampoco seguirán vivos nuestros pueblos”, ha advertido. Asaja reclama soluciones Por su parte, el presidente provincial de Asaja, Emilio Cepeda , ha agradecido la presencia de la candidatura popular en las instalaciones de la organización y ha expresado su deseo de que este encuentro sea “el inicio de soluciones reales” para los problemas de la agricultura y la ganadería. Cepeda ha señalado la PAC y la burocracia como algunas de las cuestiones que preocupan al sector, aunque ha situado el agua como la principal necesidad. “Sin agua no hay futuro para la agricultura”, ha afirmado, antes de reclamar las infraestructuras necesarias para que agricultores y ganaderos puedan desarrollar su actividad. El sector más importante de la provincia El presidente provincial del PP, Miguel Ángel Valverde , ha defendido también el peso estratégico de la agricultura y la ganadería en Ciudad Real, al considerar que constituyen la base de una industria agroalimentaria que es uno de los principales valores económicos del territorio. Ha recordado que el sector genera directamente el 20% del PIB provincial y tiene además un importante efecto sobre otras actividades económicas y comerciales de los municipios. Valverde ha reclamado estabilidad y un Gobierno que defienda los intereses de los agricultores en Europa para garantizar la continuidad de la PAC, además de acabar con la burocracia que, a su juicio, está asfixiando a las explotaciones. También ha advertido del impacto de los elevados precios de los fertilizantes y los combustibles, que en ocasiones hacen inviables las explotaciones agrarias. En materia hídrica, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no haber tenido en cuenta las necesidades de territorios como Ciudad Real y ha reclamado una auditoría para conocer los recursos disponibles y las posibilidades de obtenerlos. Entre las actuaciones que considera necesarias ha citado las inversiones para llevar agua desde las zonas donde existe disponibilidad hasta aquellas que la necesitan, la recarga de acuíferos, especialmente en el Alto Guadiana, y la reutilización de aguas residuales para el riego. Por último, ha defendido un gran pacto nacional del agua que permita movilizar nuevos recursos y negociar con Europa teniendo en cuenta las diferencias entre los modelos agrícolas del norte del continente y los del Mediterráneo. “Sin agua, este sector que da vida a la provincia va a desaparecer y, si desaparece este sector, la provincia va a tener también un mal futuro”, ha concluido .
El regreso de la Fórmula 1 a Madrid el pasado septiembre, 45 años después, se ha saldado con un impacto económico superior al previsto. La primera […]
El alcalde, Miguel Ángel Ruiz, y el presidente de la Junta General de Cofradías, Federico San Millán, han firmado un convenio de colaboración para contribuir a la organización, promoción y difusión de los actos y actividades de la Semana Santa de Puertollano. El Ayuntamiento de Puertollano destinará 15.000 euros a la Junta General de Cofradías […]
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La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de garantía habitacional y función social de la vivienda en Andalucía ha superado este viernes un paso clave al publicarse su admisión a trámite en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA). La decisión, adoptada por la Mesa de la Cámara el pasado 4 de noviembre, desbloquea una propuesta registrada el 20 de abril de 2026 y abre ahora la fase decisiva de recogida de apoyos: será necesario reunir 40.000 firmas ciudadanas para que el texto pueda continuar su recorrido parlamentario y ser debatido en el Pleno. La medida nace impulsada por una amplia alianza de entidades sindicales, vecinales y de consumidores integrada por UGT Andalucía, CCOO Andalucía, FACUA Andalucía, Red Vecinal Andaluza, Plataforma de Barrios Vulnerables y 15M Stop Desahucios, como respuesta colectiva a la emergencia habitacional que atraviesa la comunidad autónoma. El texto legislativo parte de un diagnóstico compartido por las organizaciones promotoras: el encarecimiento de los alquileres y de la compraventa, la insuficiencia del parque público, la proliferación de viviendas de uso turístico y la expulsión de los vecinos de sus barrios están deteriorando gravemente las condiciones de vida y bloqueando la emancipación juvenil. Para revertir esta situación y situar la función social de la vivienda por encima de los intereses especulativos, la ILP plantea una batería de medidas centradas en garantizar una asequibilidad real. En concreto, el texto propone limitar el porcentaje de ingresos que las familias deben destinar al pago de su hogar, evitando así que el alquiler o la hipoteca absorban los salarios y comprometan la cobertura de otras necesidades básicas. Junto a este tope al esfuerzo económico, la iniciativa apuesta por ampliar y reforzar el parque público de vivienda protegida y en alquiler social en toda Andalucía, al tiempo que establece mecanismos legales para combatir la especulación inmobiliaria y frenar la expansión descontrolada de los pisos turísticos en los barrios. Asimismo, la propuesta endurece las garantías y medidas de amparo frente a los desahucios para proteger de manera efectiva a las familias en situación de vulnerabilidad. Se necesitan 40.000 firmas La publicación oficial de la admisión a trámite llega apenas dos días después de la jornada de huelga general del 11 de noviembre, en la que el acceso a una vivienda digna y el freno al encarecimiento residencial ocuparon un lugar central en las reivindicaciones sociales. Con el trámite parlamentario activado, la continuidad de la ley depende ahora directamente de la participación ciudadana. Las entidades promotoras hacen un llamamiento conjunto a la ciudadanía, al tejido asociativo y a las organizaciones sociales de toda Andalucía para sumarse a la campaña de recogida de firmas. Superar el umbral de los 40.000 avales es el requisito indispensable para trasladar estas demandas de forma vinculante al debate institucional y convertir la iniciativa en una herramienta legal efectiva.
El ultraderechista Vox , tercer partido en expectativa de voto para el 29N, cifró el crecimiento de votantes en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA, el de los electores en el exterior) desde las generales de 2023 en 375.027 . La formación extraparlamentaria Iustitia Europa –cuya única actividad conocida es pleitear contra el Gobierno– dio un incremento todavía mayor: 408.262 nuevos electores . Esas dos cifras fueron las que aceptó acríticamente el Tribunal Supremo para apreciar un "incremento extraordinario" en el censo "que no se había producido con anterioridad a la vigencia de la Ley 20/2022", la de Memoria Democrática para suspender el voto a todos aquellos nacionalizados con esa norma que no hubiera demostrado documentalmente ser hijos o nietos de exiliados. La Oficina del Censo Electoral , el organismo al que el Supremo ordenó analizar a quiénes en concreto correspondía prohibir cautelarmente el voto, ha rebajado en casi 300.000 nombres esas cifras dejado en 113.326 el número de españoles residentes en el extranjero afectados por la medida cautelar decretada el 10 de septiembre. Si se proyecta sobre esa cifra los datos de participación del CERA en 2023, el "peligro fundado, real y serio" de pucherazo que aprecia el Alto Tribunal se quedaría en menos de 10.000 votos emitidos. Al recurrir la suspensión del voto de los descendientes del exilio, el abogado del Estado ya reflejó en su escrito que el tribunal había caído en un error al dar por ciertas esas cifras. "Este incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA de españoles residentes en el extranjero y la circunstancia de que tal número está en constante aumento, con cifras de la extraordinaria dimensión expuestas", relataban los magistrados, "son circunstancias que ha de valorar esta Sala, ya que pueden afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados". Sin embargo, el servicio jurídico estatal le recordó que esos datos no se correspondían con los nacionalizados por la ley de nietos que estarían afectados. El letrado aportó un certificado de la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores en el que se afirmaba que los afectados serían, en realidad, 168.896 . En escritos posteriores, la representación de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística (el INE, en el que se encuadra la Oficina del Censo Electoral), redujo todavía más los votantes supendidos hasta los 163.020 . Finalmente, y a toda prisa, con los ministros de Exteriores y de Presidencia y Justicia, José Manuel Albares y Félix Bolaños, apercibidos de multas o la apertura de un proceso penal contra ambos, el Gobierno presentó el pasado 28 de octubre dos listas de supuestos afectados en el Alto Tribunal. En la de Exteriores, elaborada tras un enorme esfuerzo de los consulados que aún hoy conservan sus expedientes en papel, aparecían 163.355 personas . Desde Presidencia y Justicia aportaron los datos obtenidos del Registro Civil Digital, un listado con 76.600 identidades. Fuentes del Gobierno advirtieron del escaso rigor de ambas cifras, con repeticiones y personas residentes en España cuya participación no tendría por qué verse afectada. En sus primeros análisis, la Oficina del Censo Electoral ya advirtió sobre la mala calidad de los listados de datos proporcionados con tanta premura. En numerosas ocasiones, las identidades aparecían incompletos, duplicadas o presentaban errores de difícil solución. El resultado es que la cifra inicial de 408.262 votantes manejada por el Supremo al inicio ha quedado reducida a poco más de 113.000 "una vez finalizado el proceso de comprobación exhaustiva ejecutado sobre la información del Ministerio de Asuntos Exteriores", como relata la Oficina del Censo en su último informe, en el que explica que "el número definitivo de electores a los que resulta aplicable la suspensión del ejercicio de sufragio en las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026 queda establecido en 113.326 ". El organismo dependiente del INE lo elabora después de realizar las últimas comprobaciones que le han servido para eliminar del listado de votantes suspensos a otros 190 que ya aparecían inscritos en el CERA antes de que entrara en vigor la Ley de Memoria Democrática. Fuentes del Ejecutivo así como diplomáticos implicados en el proceso explican que la mayoría de estas personas no optaron a la nacionalidad española con la intención de votar, sino como una medida de reparación o por tener la posibilidad de instalarse en Europa. Esas 113.326 personas representan el 0,2% de los 38,5 millones de personas que componen el censo electoral del 29N . Si se proyecta sobre ellos el porcentaje de participación que los electores del CERA tuvieron en las últimas generales, el dato se queda en el 0,04% de los 24,6 millones de personas que efectuaron su voto en los anteriores comicios a Cortes . Así pues, el incremento real del censo, que demostraría el presunto fraude electoral que, de la mano de Vox y desoyendo al Ministerio Fiscal y a la Junta Electoral Central parece apreciar el Supremo, afectaría a unos 9.800 sufragios a repartir entre 52 circunscripciones y todas las candidaturas . Ese es el verdadero alcance del "peligro fundado, real y serio" de alterar "el resultado deseado por los españoles en unos futuros comicios", que aprecia la más alta instancia de lo Contencioso-Administrativo en España.
La sociedad de José Antonio Rovira que administra su mujer, histórica del PP de Alicante y asesora en la Diputación, ganó 60.800 euros en 2024 y está varios años sin repartir dividendos, por lo que dispone de un capital líquido de ejercicios anteriores de 235.000 euros que no hace falta declarar en su renta como miembro del Gobierno La inmobiliaria del polémico conseller de Educación de Mazón mejora sus beneficios y anota un patrimonio de 2,3 millones El conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, es lo que se llamaría en el actual debate sobre la vivienda un rentista. Tiene tres viviendas en propiedad al cien por cien, otra al 50%, dos garajes y un local comercial. Además, es propietario al 100 % de la empresa Rojo Inver SL, una sociedad de alquiler de inmuebles por cuenta propia que tiene un patrimonio que alcanza los 2,4 millones de euros. En las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil la pasada semana, las de 2024, la empresa del político ingresó 146.040 euros por esos alquileres: 1.000 euros menos que en 2023. Estos números le permitieron ganar a la compañía 60.800 euros, después de computar los gastos de gestión de esos inmuebles y pagar impuestos. La empresa, que está administrada por su esposa, Consuelo Maluenda Quiles, gana todos los años unas cantidades similares y hace prácticamente un lustro que no reparte dividendos entre sus socios, ni tampoco destina esos beneficios a reservas. Eso le permite disponer de 235.000 euros de líquido en la empresa, según las propias cuentas de la compañía, cantidad que tampoco tiene por qué incluir en su declaración como conseller de Hacienda ante Transparencia. En su última renta presentada ante la Generalitat, el político alicantino declaró haber ganado en 2022 poco más de 78.000 euros, de los que 523 euros fueron rendimientos de capital inmobiliario. José Antonio Rovira fue en la primera parte de la legislatura de Carlos Mazón conseller de Educación, muy criticado por los sindicatos por su reforma educativa y su impacto negativo en la enseñanza del valenciano. Tras la llegada de Pérez Llorca en diciembre de 2025, Rovira se convirtió en conseller de Hacienda y en el ariete de la reforma fiscal de PP y Vox. El actual conseller ha aplicado y defendido rebajas fiscales, entre ellas la exención del impuesto sobre el Patrimonio a las rentas superiores a los dos millones de euros —sin contar la primera vivienda ni las empresas—, cuando con el anterior gobierno de izquierdas el límite se situaba en los 500.000 euros. La compañía del conseller se está beneficiando de los buenos tiempos que corren y de la alta demanda de alquiler de vivienda. Además, no tiene gastos de personal y se gasta en explotar el negocio poco más de 37.000 euros. Las deudas también son bajas en comparación con los activos, de casi 2,5 millones de euros, ya que suponen 75.000 euros, 50.000 de los cuales son con entidades de crédito. La administradora de la sociedad, Consuelo Maluenda, también está vinculada al mundo de la política y del Partido Popular. Es asesora en el gabinete del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y ha sido trabajadora del partido durante años. Cobra un sueldo público de más de 65.000 euros al año. Rovira gana 83.000 euros al año.
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La Dirección de la Policía compró 790 sprays como el que rociaron los policías sobre manifestantes pacíficos y lo justifica en que se trata de "un compuesto natural que se extrae de los chiles o los pimientos picantes" y cuyo efecto tiene "escasa peligrosidad" Las duras cargas policiales marcan las movilizaciones por la huelga general entre críticas y denuncias sindicales El Ministerio del Interior rubricó hace un mes la compra de 790 sprays de pimienta como los utilizados por los antidisturbios de la Policía para rociar a manifestantes de la huelga general incluso cuando no hubo provocaciones previas, según denuncian los afectados y organizaciones como Amnistía Internacional. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado este jueves suprimir el empleo del gas pimienta en las actuaciones de las Unidades de Intervención Policíal (UIP), pese a que el pasado 5 de octubre su departamento firmó la adjudicación del contrato, que asciende a 71.656,20 euros, según consta en el expediente de contratación al que ha tenido acceso elDiario.es. Las imágenes de la actuación policial rociando con un bote de spray a los manifestantes apuntan al uso del modelo MK9, destinado específicamente a los antidisturbios. Se trata de un spray que incorpora como agente activo el OC o capsaicina, un compuesto natural que se extrae de los chiles o pimientos picantes. En una de las memorias del expediente de compra, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Policía defiende que la “concentración” de este agente en el MK9 es “óptima para incapacitar temporalmente a una persona sin causar daños permanentes, minimizando riesgos legales y sanitarios”. La Policía considera que se trata de un elemento disuasorio de “escasa peligrosidad”. La periodista María Barrier fue una de las personas que fue reducida por la mañana con el uso del MK9. Ante los medios, Barrier denunció este miércoles : “Estábamos en primera línea sin ejercer violencia y nos han empujado contra la acera (...)”Nosotras [en referencia a ella y a la artista Samantha Hudson, entre otras] no nos podíamos echar más para atrás y la gente se ha empezado a caer en el suelo y han empezado a pegar a la gente del suelo“. ”Estábamos en primera línea y nos han echado a Laura, a Samantha y a mí directamente el spray en los ojos, el oído y las vías respiratorias“, añadió. Las mujeres explicaron que tenían que haber sido atendidas por los servicios sanitarios porque quedaron cegadas por un espacio de tiempo. Por la noche, otro vídeo muestra a los agentes rociando con gas pimienta en plena Gran Vía a un sin techo que no participaba en la protesta. La Policía, en su memoria, insiste en que el MK9 “permitirá resolver incidentes violentos reduciendo el riesgo de lesiones graves y sin necesidad de recurrir a otros medios más agresivos o armas letales”. “Un equipamiento adecuado transmite confianza a la población, incrementando la legitimidad de las intervenciones policiales”. “En resumen, la compra de sprays de defensa MK9 no solo responde a una solicitud de las unidades operativas, sino también a una fundada necesidad funcional y operativa; a la vez que se asegura la actualización y adecuación de los recursos del cuerpo policial, fortaleciendo la seguridad y la confianza en el desempeño de sus labores”, remata el documento interno. El plazo de entrega de los 790 sprays acaba el próximo enero. Los sindicatos de clase denunciaron cargas “desproporcionadas” contra los piquetes a lo largo de la jornada de huelga general y Amnistía Internacional España criticó “actuaciones policiales preocupantes” en Madrid, Alicante, Castellón, Vitoria, Valencia, Málaga, Granada o Santiago. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró perplejo ante las cargas, y presentará una demanda penal por el uso de gas pimienta contra manifestantes pacíficos en Madrid. Por su parte, la organización defensora de los derechos humanos da cuenta de golpes con las defensas policiales a personas que protestaban pacíficamente“, el lanzamiento de spray pimienta ”de forma indiscriminada contra la multitud“ y ”numerosas personas atendidas por los servicios sanitarios y algunos traslados al hospital“. Otros gases pimienta y lacrimógenos que seguirán en uso El spray MK9 de los antidisturbios tiene otra modalidad, la MK3, con la misma composición, pero un tamaño menor que se destina a policías nacionales en funciones de seguridad ciudadana y que, por tanto, portan los miembros de las patrullas. Estos últimos se compran por miles frente a la adquisición de los cientos que se destinan a las UIP. El spray pimienta del MK3 seguirá siendo utilizado en intervenciones en la calle de seguridad ciudadana. Se trata de modelos similares al que introdujo la portavoz de Interior del PP en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez. En la jornada de huelga general se utilizó también una tercera modalidad, gases lacrimógenenos disparados con las denominadas bocachas, las mismas escopetas que se utilizan también para lanzar botes de humo. Estos gases lacrimógenos tienen la denominación técnica de ATL (Artificios Triple Lacrimógenos), de los que se adquirieron 24.000 unidades en 2025 a través de un contrato de 2.057.000 euros que también incluía 44.000 unidades de ATF (Artificios Triple Fumígenos), más conocidos como botes de humo. La utilización de gases lacrimógenos lanzados con escopetas no será sometida a revisión, precisan fuentes de Interior. Fuentes policiales explican que no es la primera vez que se utiliza el spray pimienta en funciones de orden público. En este sentido apuntan al uso del mismo durante los duros enfrentamientos entre manifestantes y policías con motivo de las movilizaciones de Rodea el Congreso de 2012 y años posteriores. A última hora de la tarde del jueves, Marlaska afirmó: “Ayer se produjo una cuestión compleja de orden público en toda España; dicho esto hubo alguna de las imágenes, algunas de las actuaciones, que en un principio no gustan y no coinciden con los principios de proporcionalidad”. Marlaska añadió que el uso del gas pimienta queda suspendido hasta que se revisen los protocolos de actuación de las UIP y anunció una “investigación interna específica” de lo ocurrido. Este viernes, Interior informó de que la Dirección General de la Policía modificará el protocolo que regula el uso del espray de defensa personal para que no sea utilizado en operaciones de orden público. Una adjudicataria próxima al PP El procedimiento para la adquisición de las 790 unidades de spray MK9 se anunció en junio pasado. Se presentaron cuatro empresas, pero el contrato se lo llevó Falken SAU, como viene ocurriendo en la adjudicación de material antidisturbios con distintos gobiernos. La empresa es propiedad de la familia Bardisa Jordá, vinculada al Partido Popular a través de uno de los hermanos, que no pertenece a la misma y que fue diputado nacional en tres legislaturas. Falken SAU se impuso gracias a ofertar el producto más barato, 35 euros por gas pimienta, 14,95 euros más barata que la segunda oferta más ventajosa de las cuatro presentadas. Ante la “apreciación de oferta anormalmente baja”, la empresa argumento que es referente internacional en la fabricación de material antidisturbios, que es fabricante y distribuidor y que eso le permite reducir mucho los costes. Falken SAU también presentó las adjudicaciones de contratos a otros cuerpos de seguridad del Estado a quien hizo ventas en rangos de precios similares. Las alegaciones fueron aceptadas por el Ministerio del Interior.
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El 19 de marzo de 1889, el ingeniero de montes Ricardo Codorníu y Stárico subió a pie al Morrón de Espuña, la cima de Sierra Espuña, en la Región de Murcia. El terreno estaba nevado y desnudo: "no vi ni un pino ni una sola encina. Deduje, por lo tanto, que había que repoblarlo todo", escribió después en sus 'Apuntes de la Repoblación de Sierra Espuña', un texto que todavía citan los ingenieros de montes del país. De aquel diagnóstico nació una intervención que dio origen a un parque de 17.804 hectáreas. La sierra no había llegado a aquella desolación por casualidad. La Marina había talado cientos de árboles para construir barcos, y la desamortización de mediados del siglo XIX pasó el monte a manos privadas, donde los aprovechamientos tradicionales de los vecinos perdieron el interés social que tenían. Sin cubierta forestal, el agua de lluvia bajaba por las pendientes arrastrando el suelo y alimentando avenidas cada vez más destructivas, como las de la Ascensión en 1884 o la de la Feria en 1888. El detonante institucional fue la riada de Santa Teresa del 15 de octubre de 1879. Las aguas del Segura provocaron 761 muertos en Murcia , a los que se sumaron trece en Lorca, dos en Librilla, uno en Cieza y otros trescientos en Orihuela. La tragedia llevó al gobierno a crear en 1888 la Comisión de Repoblación de la Cuenca del Segura, en la que Codorníu trabajó junto a los ingenieros José Musso y Juan Ángel de Madariaga. Morrón de Espuña, vía Wikimedia Commons Los trabajos en Sierra Espuña comenzaron en junio de 1891, y lo primero no fue plantar, sino construir. Antes de meter un solo árbol en tierra, los operarios levantaron 240 kilómetros de caminos y sendas, 11 casas para ingenieros, guardas y operarios, dos almacenes, 144 kilómetros de diques en ladera, 420.000 bancalitos para retener el suelo y dos grandes diques reguladores contra las avenidas. Estas cifras proceden del estudio 'Las Raíces del Bosque', del investigador Manuel Águila, publicado en 2024 y recogido por Murcia Plaza . La producción de plantas se concentró en siete viveros que ocupaban cinco hectáreas. El primero, el Vivero Central de Levante, en Huerta Espuña, suministró en sus cinco primeros años seis millones de coníferas y 850.000 frondosas, regadas por 1.400 metros de canales y acequias. Sembrando a tiros Para las laderas inaccesibles, los operarios cargaban piñones en los cañones de escopetas y trabucos y los disparaban en la dirección adecuada. Más del 90% de las semillas acababa devorado por pájaros, hormigas y roedores, pero en los barrancos donde no se llegaba a pie era la única opción. La especie principal fue el pino carrasco entre los 260 y los 700 metros de altitud; por encima se mezclaron pino negral y laricio, según detalla Águila. Wisdom, el albatros más viejo del mundo, ha sobrevivido a varias generaciones de sus propios investigadores. Es un caso extraordinario La repoblación se extendió casi doce años. En 1931, las cerca de 5.000 hectáreas repobladas por Codorníu fueron declaradas Sitio Natural de Interés Nacional. En 1992, la Ley 4/1992 de la Región de Murcia creó el Parque Regional de Sierra Espuña. Tres años después, la Ley 6/1995 fijó sus límites en las 17.804 hectáreas actuales, más de tres veces la superficie que repobló Codorníu. Codorníu, nacido en Cartagena en 1846 y fallecido en Murcia en 1923, no llegó a ver la declaración de espacio protegido. Su intervención sirvió de modelo para el Servicio Hidrológico-Forestal , creado en 1901, que extendió esta metodología por toda España. "Crecen nuestras esperanzas de tener repoblada esta sierra dentro de pocos años, una gran superficie que ejerza su influjo en la salubridad del país, que aumente notablemente el caudal de sus manantiales y que dé valiosos productos al Estado, a la par que empleo y sustento a aquellos jornaleros tan sobrios, tan virtuosos y tan buenos trabajadores", escribió en los mismos 'Apuntes'. Los diques de ladera que Codorníu mandó construir todavía sujetan la tierra. Algunos, como los de La Mezquita y El Aire, tienen carretera por encima, según el estudio de Águila. La reforestación de Sierra Espuña es uno de los ejemplos más antiguos de una tendencia que Xataka Ciencia ya señalaba en 2016: hay más árboles en España que hace un siglo. Foto | Generada con Google Gemini - La noticia En 1891, Murcia se reforestó a tiros. La idea de meter semillas en armas de fuego se ha saldado en casi 18.000 frondosas hectáreas fue publicada originalmente en Xataka Ciencia por Redacción Xataka Ciencia .
Así de contundente se ha mostrado el diputado Juanfran Serrano: “Hoy, en la provincia de Jaén, hay 21.000 parados menos que cuando gobernaba el Partido Popular (PP) en octubre del año 2018”. Lo ha dicho en rueda de prensa está mañana en la sede del Partido Socialista (PSOE) de la calle Hurtado, donde el diputado nacional ha puesto en valor los resultados de las políticas en materia de empleo de las últimas legislaturas: “Podemos hacer una afirmación rotunda, y es que Jaén trabaja más que nunca. Hoy más gente se incorpora al mercado laboral y se registra el paro más bajo de lo que llevamos de siglo”. “En octubre de 2018 —aún durante el Gobierno de Mariano Rajoy— casi 53.000 jiennenses estaban en el paro y hoy son poco más de 31.200”, ha subrayado Serrano, que indica que el pasado verano registró la cifra de desempleo “más baja de la historia de la provincia de Jaén”. “Son éxitos del Gobierno de España”, destaca el también secretario de Política Municipal del PSOE, que añade: “Hoy trabajan en Jaén 238.900 personas, 27.000 más que con el anterior Gobierno del PP”. Un hecho, ha precisado, que es posible gracias al impulso de proyectos como el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), que “ha despertado ya el interés de más de un centenar de empresas” vinculadas al sector de la defensa. En este sentido, el responsable de la Ejecutiva federal socialista ha puesto el foco en una reforma laboral, la del actual Gobierno del PSOE y Sumar, que “le ha venido muy bien a la provincia de Jaén”. “En estos últimos tres años y medio no solamente hemos bajado la tasa de paro a la menor que ha tenido la provincia de Jaén, sino que tenemos mejor empleo que cuando gobernaba el PP”, ha asegurado Serrano Martínez, que denuncia que, entonces, los jóvenes y las mujeres, fundamentalmente, “encadenaban contratos de días o semanas”. “Sufrían una inestabilidad laboral con empleos precarios que no les permitía tener una proyección de vida”, ha recordado el diputado, que incide en los efectos de la reforma laboral: “El Gobierno de España consolida empleo en la provincia de Jaén, lo dignifica y le quita la palabra temporalidad. La importancia de la reforma laboral se puede resumir en una pregunta: ¿Cuántos contratos indefinidos se han firmado en la provincia de Jaén en lo que va de año? Más de 86.000 por los 11.141 que se firmaron en el mismo periodo del año 2018 con un Gobierno del PP, casi ocho veces más. Hoy, más del 71% de los afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Jaén tiene un contrato indefinido”. Asimismo, afirma que todo lo logrado lo han hecho “sin la ayuda del PP y Vox”, dos partidos que “solo han puesto piedras en el camino hacia políticas que consolidan un empleo de calidad”, y que conviene a recordarlo a las puertas de una campaña electoral que comienza el próximo jueves y que, paradójicamente, coincidirá con la campaña de recogida de la aceituna y el trimestre en el que más empleo se genera en la provincia de Jaén.
La Junta de Castilla y León ha celebrado este lunes en Zamora la decimoséptima edición de los Premios al Cooperativismo y la Economía Social , una convocatoria con la que el Ejecutivo autonómico distingue la labor desarrollada por cooperativas, sociedades laborales y otras entidades del sector, así como la implicación de personas e instituciones en el impulso de este modelo productivo en la Comunidad. El acto de entrega ha estado presidido por el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones , quien ha hecho entrega de unos galardones que tienen carácter honorífico y consisten en un trofeo emblemático junto a su correspondiente acreditación oficial. Con ellos se valora la trayectoria empresarial, la innovación, el emprendimiento colectivo y la aportación al desarrollo económico y social del territorio, atendiendo también a la creación de nuevos productos, servicios y experiencias emprendedoras. En esta ocasión, los reconocimientos han recaído en la trayectoria de Alta Moraña Sociedad Cooperativa , la iniciativa empresarial de Mayuka Sociedad Cooperativa , la actividad de inserción de La Encina Servicios Integrados y la contribución académica e institucional de Enrique Cabero Morán . Dentro de la categoría de Mejor Empresa Cooperativa del Año, el jurado ha distinguido a Alta Moraña Sociedad Cooperativa , entidad constituida en el año 1980 en la localidad abulense de San Pedro del Arroyo. Con una trayectoria que supera las cuatro décadas en los ámbitos de la alimentación animal, los productos lácteos y la prestación de servicios a las explotaciones, esta agrupación ha rebasado en este 2026 la barrera de los 600 socios . Innovación formativa, inserción social y compromiso académico Por lo que respecta al premio a la Mejor Iniciativa Cooperativa, el galardón ha ido a parar a Mayuka Sociedad Cooperativa , centrada en la formación en educación animal mediante un método propio de enseñanza registrado. Esta entidad mantiene una estrecha vinculación con la Universidad de Valladolid a través de distintas colaboraciones, entre las que figura el proyecto Pet-Wallet para el desarrollo de credenciales digitales que acrediten la formación en tenencia responsable de animales, cuya propuesta universitaria ya obtuvo el Premio Especial Nuevos Emprendedores en el concurso Desafío Universidad-Empresa. Asimismo, la distinción a la Mejor Empresa con Otras Formas Jurídicas de Economía Social ha recaído en La Encina Servicios Integrados S.L.U. , nacida en el año 2000 bajo la promoción de Cáritas Diocesana de Salamanca . Dedicada a labores de jardinería, medio ambiente, limpieza y control de plagas, su plantilla supera los 160 trabajadores , orientando su actividad a la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social y a su acompañamiento hacia el mercado ordinario de trabajo. El cuadro de honor de esta decimoséptima edición se ha completado con el reconocimiento a Enrique Cabero Morán como la persona que más se ha distinguido por su contribución al desarrollo de este ámbito. Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León desde 2019 y profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Salamanca , Cabero ve así premiada su labor docente, investigadora e institucional en el estudio, la formación y la transferencia de conocimiento sobre el sector. El peso económico del sector en la Comunidad Durante su intervención en el acto celebrado en tierras zamoranas, Suárez-Quiñones ha puesto de manifiesto la dimensión que alcanza este tejido productivo en la Comunidad, toda vez que las estimaciones difundidas en 2025 situaban en cerca de 30.000 los empleos directos vinculados a la economía social en Castilla y León. De igual modo, el titular de la Consejería ha aludido al estudio de monetización del impacto socioeconómico elaborado por la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social de la Universidad de Valladolid . Dicho informe cifra en 1.067 millones de euros anuales los beneficios directos e indirectos asociados a los principios y valores de estas entidades, de los cuales 683,6 millones corresponden a rentas salariales netas percibidas por los hogares. Finalmente, el representante autonómico ha apuntado hacia los retos de futuro que afronta el cooperativismo en el territorio, señalando la necesidad de avanzar en el incremento de su dimensión y visibilidad, la incorporación de tecnología e innovación, la mejora de la competitividad y la apertura hacia nuevos mercados.
La Diputación de Jaén ha convocado las subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Jaén de municipios menores de 20.000 habitantes para la ejecución de programas de políticas sociales, así como para implementar los planes provinciales de juventud y de igualdad durante el año 2027. La Administración provincial ha dotado con más de 1,88 millones de euros estas ayudas, que también permitirán a los municipios el desarrollo de programas de intervención social con infancia y familia, de desarrollo comunitario, de atención a inmigrantes, el mantenimiento de centros de día para personas mayores o la realización de proyectos destinados al colectivo Lgtbiq+. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el próximo 13 de noviembre. “Con estas ayudas facilitamos que los ayuntamientos puedan llevar a cabo actuaciones muy importantes con diversos colectivos como la infancia y las familias, los migrantes, las personas mayores o los trabajadores temporeros. Por eso, los consistorios nos solicitan y participan en todas estas líneas que les permiten atender las necesidades de muchas personas en sus municipios”, señala la vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina. Así, esta convocatoria destina más de 180.000 euros para apoyar la implementación por los ayuntamientos de las actuaciones contempladas en sus planes municipales de juventud, la elaboración de estos planes o la puesta en marcha de algunas iniciativas con carácter local contempladas en el Plan Provincial de Juventud. Además, se reserva una partida similar para la ejecución de los planes municipales de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o la elaboración de los mismos. La línea más cuantiosa de esta convocatoria de ayudas es para el programa de intervención social comunitaria con infancia y familia, dotada con 891.000 euros. En este apartado se encuentran los programas de prevención sociosanitaria en familias con menores de 0 a 4 años; los de apoyo para el buen funcionamiento familiar; los dirigidos al fomento de la participación de la infancia; el programa aulas abiertas; las acciones de promoción e inclusión social de las personas con diversidad funcional y su familia en el entorno comunitario; y los programas de atención a hijos e hijas de trabajadores temporeros. Esta convocatoria de ayudas también cuenta con un presupuesto de 185.000 euros para impulsar programas sociales orientados al desarrollo comunitario. En esta línea se pueden incluir acciones, proyectos e iniciativas dirigidas a mejorar la vida de la comunidad mediante la participación activa de sus habitantes. Entre ellos, los ayuntamientos podrán solicitar financiación para programas de intervención comunitaria en situaciones de soledad no deseada, para actividades de mentoría social o para proyectos intergeneracionales. Otra de las líneas de actuación de estas subvenciones son los programas de intervención social con inmigrantes, que cuenta con una partida económica de más de 244.000 euros. Los ayuntamientos pueden solicitar estas ayudas para ofrecer una atención integral en los albergues municipales, así como para iniciativas que promuevan la inclusión sociolaboral y la convivencia intercultural de las personas inmigrantes. Por último, para el mantenimiento de los centros de día municipales para personas mayores se contempla una partida de 103.500 euros, mientras que para la realización de proyectos destinados al colectivo Lgtbiq+ se reservan otros 100.000 euros.
